A inicios de 2022 la Municipalidad de San Bernardo firmó un contrato con Gestión Global por asesorías financieras, a pesar de que el director de control municipal advirtió que era ilegal. Ahora, la Contraloría ordenó rescindir el contrato. Se trata del mismo tipo de asesorías relacionadas con las cuentas corrientes municipales que investiga la Fiscalía de Ñuble, indagatoria que ya suma dos alcaldes procesados. Uno de esos jefes comunales, al igual que el dueño de Gestión Global, están en prisión preventiva.

El negocio consiste en que Gestión Global Spa asesora a una municipalidad en la contratación de servicios financieros con un banco. Como pago, la empresa obtiene una parte de los intereses que se generan por la mantención de las cuentas corrientes municipales. En el caso de la Municipalidad de San Bernardo, los tratos con Gestión Global comenzaron en 2021, y fueron dos.

El primero -fechado el 9 de agosto de 2021-, lo firmó con Gestión Global la Corporación Municipal de Educación y Salud. Y el segundo -del 24 de febrero de 2022- fue entre la empresa y la municipalidad. Pero, la Contraloría ordenó rescindir este último contrato. 

Ese negocio partió mal. Cuando a inicios de 2022 el municipio encabezado por el alcalde Cristopher White (PS) echó a andar los trámites de la licitación  (decreto alcaldicio, bases administrativas, informe de comisión evaluadora, adjudicación) y luego al firmar el contrato, el director de Control de la municipalidad, Pedro Uribe, objetó el acuerdo que se había hecho público en el concejo municipal del 3 de febrero de ese año. 

En concreto, San Bernardo abrió una licitación para “mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros para la municipalidad”, que buscaba incrementar las arcas municipales gracias a los retornos que se obtienen por los dineros que se mantienen en las cuentas corrientes bancarias. Lo que encendió las alarmas fue que el acuerdo con Gestión Global determinaba un pago de apenas $1 (un peso) por los servicios. Pero, en realidad, el pago era mucho mayor y dependía de cuánto rendirían los fondos que la municipalidad mantiene mensualmente en el banco y que generan intereses. 

Según Uribe, la licitación era ilegal porque decía que era “a suma alzada” (es decir, con un pago fijo e invariable), siendo que el pago para Gestión Global dependía de los intereses bancarios generados por las cuentas corrientes del municipio. Y también porque el pago no dependía de una prestación específica, sino que de la cantidad de intereses que pague el banco.

Uribe lo planteó directamente en el documento de advertencia que le envió al alcalde White el 9 de febrero de 2022. Allí indicó que según el retorno en intereses que le pagaría el banco a la Municipalidad, el pago total a Gestión Global podría variar en una escala que iba de $34.560.000 a $172.800.000: “Lo anterior permite apreciar con mayor nitidez que el precio a pagar a la consultora no dice relación con la prestación del servicio, consistente en realizar un estudio, sino con factores ajenos al mismo y que a mayor abundamiento podrían hacer variar aquel precio en un 400%”, señaló Uribe en el documento. 

A pesar de esa advertencia, la Municipalidad de San Bernardo siguió adelante con el trámite y el 24 de ese mes firmó el contrato. Ante eso, el director de Control envió un informe a la Contraloría, que la semana pasada emitió su dictamen final: el municipio debe invalidarlo (ver aquí).

La empresa Gestión Global es la misma que está involucrada en el escándalo de corrupción que remece a la Región del Ñuble, y que ya suma a dos alcaldes en ejercicio procesados por la justicia: Manuel Pino (UDI), de Ñiquen, está con arresto domiciliario total; y César Figueroa (ex UDI), de San Ignacio, en prisión preventiva. A Pino le imputan dos delitos de cohecho, mientras que a Figueroa lo acusan por cohecho, soborno, malversación de fondos, falsificación de instrumento público y fraude al fisco.

El dueño de Gestión Global, Rodrigo Carmona Olivarez, y su colaborador, Rodrigo Sandoval Teran (exconcejal UDI de Chillán), también están procesados, al igual que otros directivos municipales. En San Ignacio lo están el jefe de gabinete, tesorero municipal y el director de salud. En Ñiquen está formalizado el jefe administrativo del Departamento de Administración de Educación Municipal.

San Ignacio y Ñiquen no son los únicos municipios bajo la lupa de la Fiscalía. Las sedes municipales de Bulnes, Portezuelo, Cobquecura y Graneros fueron allanadas por la Policía de Investigaciones a inicios de mayo. En el caso de Graneros (Región de O’Higgins), el medio local El Rancagüino informó que el Ministerio Público investiga las actuaciones de la exjefa jurídica de ese municipio, Ivonne Mangelsdorff (RN), quien fue electa como consejera constitucional en las elecciones del pasado 7 de mayo. 

Según publicó el periódico La Discusión, de la Región de Ñuble, la indagatoria de la Fiscalía detectó que el dueño de Gestión Global, Rodrigo Carmona, sostuvo conversaciones con una ejecutiva de un banco que estaba participando en una licitación en el municipio de Portezuelo para ofrecer el servicio de cuentas corrientes. En esa conversación, Carmona le habría revelado cuáles eran las tasas de retorno que estaba ofreciendo un banco competidor. Por ello, la Fiscalía le imputó al dueño de la empresa el delito de violación de secreto. “Gracias por avisar”, habría sido la respuesta de la ejecutiva. 

CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD

A pesar de las advertencias del control interno, la Municipalidad de San Bernardo terminó por sellar el contrato con Gestión Global el 24 de febrero de 2022. Pero, el contrato no lleva la firma del alcalde White. Lo rubricó otro militante socialista: Mauricio Muñoz, actual presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Muñoz ejercía como administrador municipal y ese día reemplazó a White como alcalde subrogante.  

La empresa de Rodrigo Carmona hizo su propuesta el 17 de enero de 2022, la que fue aceptada por la comisión evaluadora el 1 de febrero de 2022 y posteriormente aprobada por el Concejo Municipal el 3 de febrero. 

El contrato contemplaba dos etapas. La primera consistía en realizar un estudio de viabilidad de mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros para la municipalidad, el que tendría un valor de “suma alzada, sin reajustes ni intereses, por un valor total que asciende a la suma de $1.- IVA incluido”. Para cumplir con el encargo, se determinó un plazo de 35 días corridos. 

En la segunda fase, Gestión Global debía hacer una “asesoría de proceso licitatorio”. Ese proceso sería comandado por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio:

“Específicamente se requiere que el consultor elabore una propuesta de respuestas a las consultas de los Bancos interesados y eventuales aclaraciones a las Bases, en un plazo máximo de 03 días corridos desde la fecha de cierre de las consultas en el portal www.mercadopublico.cl. Asimismo, el Consultor, en su condición de experto, deberá asesorar a la Municipalidad en el proceso de evaluación de ofertas en un plazo máximo de 05 días corridos desde la fecha de cierre de las ofertas”, detalla el contrato (vea aquí ese documento). 

En su punto 8 el contrato señala que “el pago se entenderá exclusivamente respecto a los beneficios monetarios obtenidos del nuevo contrato por concepto de mantención de cuenta corriente, específicamente del pago de intereses mensuales que la entidad bancaria entregará a la Municipalidad”. Y agrega que el pago podría extenderse en un tiempo promedio de cuatro años. 

A pesar de que en el contrato no se especifican los porcentajes a pagar, en la sesión del 3 de febrero de 2022, el alcalde White y Jennifer Ayala, secretaria comunal de planificación, defendieron el sistema de cobro en base al interés generado. “Nosotros vamos a recibir X plata y vamos a darles un porcentaje a ellos. Si no llegamos a esa X plata, no pagamos nada. Por eso, en esta asesoría no se requieren recursos municipales, porque esta se paga por sí sola una vez que adjudiquemos después las cuentas corrientes”, explicó Ayala ante el Consejo.

Mientras que el alcalde White reforzó: “Podríamos, en el peor de los escenarios, si se proyecta lo que estamos trabajando, tener ingresos mensuales de $30 millones a una cuenta especial para poder utilizar en distintas cosas, como construcción de lomos de toro, construcción de luminarias, es decir, cosas que se puedan hacer a propósito de la necesidad de la misma ciudadanía”, señaló.

Luego, Ayala explicó que realizaron una proyección en función del promedio de otras licitaciones de cuentas corrientes, destacando que San Bernardo, es “la séptima comuna más grande, que tenemos bastantes recursos”:

“En la tabla dice, si nosotros recibimos mensualmente un pago de interés entre 10 a 12 millones, le vamos a pagar a esta empresa que trabajó en toda la parte técnica $950 mil, que ahí está la tabla, que el monto ofertado en el fondo. Y eso, eso se va a certificar con el ITS de la DAF, en el fondo le va a decir al administrador ‘este mes recibimos $10 millones o $12 millones. Ahora podemos pagarle a la empresa 950 mil pesos. Luego, si nosotros, como si recibiéramos entre 32 millones a 34 millones para arriba, nosotros le pagaríamos lo que ellos ofertaron, que es $2.860.000.- pesos. Pero si nosotros en un mes no recibimos ni un peso en interés, no le vamos a pagar nada”.

En el requerimiento ante la Contraloría, Uribe presentó una tabla que proyecta el valor a pagar por el servicio de realización del estudio y asesoría. Allí señala que:

“La consultora podría percibir un precio distinto que podría variar en sus extremos entre los $34.560.000 y los $172.800.000 (ver tabla 1). En efecto, si el municipio licita la mantención de sus cuentas corrientes por el mínimo de 3 años, durante los cuales en cada uno de los 36 meses el banco paga intereses por $10.000.000, la consultora recibirá mensualmente $960.000, lo que da un total de $34.560.000. En cambio, si el municipio licita por el máximo comprometido de 5 años durante los cuales en cada uno de los 60 meses el banco paga a título de intereses una cifra de $34.000.000 o superior, la consultora recibirá un precio total de $172.800.000. Incluso, podría darse el caso hipotético de que no pagándose intereses por parte del banco, la consultora no reciba pago alguno por el servicio prestado”.

Desde la Municipalidad de San Bernardo no respondieron las preguntas enviadas por CIPER. Durante la tarde de este jueves la cuenta de Twitter “Aquí Radio Moscú” publicó un video del concejo municipal del 18 de abril pasado, donde el director jurídico de la municipalidad, Jorge Álvarez, se refiere a las objeciones planteadas por la Contraloría. Según él, el organismo fiscalizador solo está objetando el contrato de manera parcial, en lo referido a la fórmula de pago. En esa misma intervención, se refiere al acuerdo con Gestión Global.

“Efectivamente, se llevó a cabo un contrato con esa empresa, que era la viabilidad de cuentas corrientes, para obtener una cuenta corriente donde los fondos que se depositaran, generaran intereses, y eso está ocurriendo. Se llegó a tomar la cuenta corriente con el BCI”, indicó el director jurídico de la municipalidad.

ADVERTENCIAS DE CONTROL INTERNO

El 14 de marzo de 2022, el director de Control Interno, Pedro Uribe, envió el oficio ordinario N°670 al contralor regional metropolitano, debido a que el alcalde no había enmendado la adjudicación a Gestión Global SpA de la licitación para un “estudio de viabilidad de mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros«. En el documento el funcionario destacó que el contrato no cumplía con ser “a suma alzada” (precio fijo) sino que el pago correspondía a un monto variable el que debía ser pagado a Gestión Global en función de los intereses obtenidos de la administración bancaria de las cuentas corrientes.

También advirtió que el sistema de pago propuesto por el trabajo de la consultora atenta “contra un principio fundamental de proporcionalidad entre las prestaciones en un contrato, que en la esfera del derecho administrativo tiene además una proyección en la probidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

En su requerimiento, Uribe también recordó que en 2016 la Contraloría emitió el dictamen N° 70.961 sobre una licitación en La Pintana para idéntico propósito y adjudicada a la misma empresa, concluyendo que: “Dadas las particularidades del convenio en análisis, especialmente en lo relativo al precio pactado y la forma en la que fue determinado, aparece que las condiciones en las que aquel se celebró implicaron una contravención a los principios de eficiencia y ahorro que debe observar la Administración en sus contrataciones, vulnerando con ello el interés público”. Por ése contrato La Pintana pagó $250 millones a Gestión Global SpA.

Según fuentes del municipio, las cuentas corrientes de la Municipalidad de San Bernardo habían sido históricamente administradas por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en virtud de un contrato previo al sistema de Compras Públicas, por lo que la Contraloría ya había advertido que se debía actualizar. Así consta en un informe de auditoría que data de 2018. 

Según da cuenta la denuncia que se presentó a la Contraloría el 14 de marzo de 2022, el mismo Uribe ya había alertado en 2020 al entonces concejal Leonel Cadiz (PS) acerca de la advertencia del organismo contralor. 

CIPER encontró la licitación de mediados de 2022 en que el municipio le entregó ese servicio al Banco BCI. El acta de adjudicación la firmó el alcalde White el 2 de agosto del año pasado. El banco ofreció una tasa de retorno del 4,3%, frente al 4,005% que propuso el Scotiabank, que terminó quedando fuera de competencia.

Los contratos entre las municipalidades y los bancos para alojar los dineros públicos ha sido un tema controvertido desde hace tiempo. En 2014 CIPER publicó un reportaje que reveló que entonces los bancos le ofrecían dinero a los alcaldes para que los usaran a discreción, lo que también generó objeciones de la Contraloría (vea aquí “Los millones que entregan los bancos a los alcaldes para adjudicarse las cuentas municipales”).

LA CORPORACIÓN HA PAGADO $17 MILLONES

El primer acercamiento de Gestión Global SpA con San Bernardo fue a través de la Corporación de Salud y Educación. El 9 de agosto de 2021 la empresa firmó un contrato de asesoría financiera con la corporación que entonces era dirigida por Gustavo Ruz, actual presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista (vea aquí ese contrato). Ese acuerdo estableció el pago de hasta $1,7 millón mensual por “honorarios”, en función de la rentabilidad que entregara el nuevo contrato para la administración de las cuentas corrientes. Entonces, Christopher White había asumido el hace un par de meses, en reemplazo de Leonel Cádiz que estaba como interino*.

Entre julio de 2022 y abril de 2023, la empresa Gestión Global emitió a la corporación diez facturas por un total de $17 millones. Cada una correspondía a $1,7 millones por los honorarios de Rodrigo Carmona, por la “asesoría financiera para maximizar los beneficios derivados de la mantención de las cuentas corrientes”. En cada mes la corporación obtuvo intereses por sobre los $8 millones, llegando incluso hasta los $17,4 millones en noviembre de 2022, por lo que Carmona obtuvo el máximo pago mensual según el contrato firmado. 

Un exfuncionario de la corporación dijo a CIPER que a mediados de 2022 era común ver a Carmona en las oficinas de ese organismo, quien asistía con el objetivo de presionar para que liberaran sus pagos. Estos habrían sido liberados luego de que el entonces jefe del área jurídica, Mauricio Muñoz (PS), actual presidente del CNTV y cercano al ministro Álvaro Elizalde, escribiera un informe en derecho que autorizaba el pago. CIPER se contactó con Muñoz, pero no respondió.  

CIPER tuvo acceso a los correos y facturas que enviaba Rodrigo Carmona a los directivos de la corporación para solicitar el pago de sus honorarios. El primer correo, enviado bajo el asunto “Gestión Global SpA solicita pago cuota N°1 de asesoría”, informa que se adjunta la factura electrónica N°766 y que el valor de la misma es de $1,7 millón, debido a que la corporación había obtenido $10.023.250 en intereses en mayo de 2022, “derivados del nuevo contrato bancario suscrito con Banco de Crédito e Inversiones”.

En el último mensaje enviado por Carmona el 10 de abril de 2023, pide el pago de las cuotas N°8, 9 y 10, cada una por $1,7 millones, además de solicitar que se le informe el monto de los intereses obtenidos en el mes de abril de este año, para poder emitir la factura por la cuota N°11 (ver aquí). Cinco días después la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble detuvo a Carmona, junto a su colaborador Rodrigo Sandoval Terán, en el marco de la investigación que lleva a cabo la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro, por cohecho, soborno y fraude al fisco por los contratos entre Gestión Global y la Municipalidad de San Ignacio.

Según el contrato firmado con la corporación de San Bernardo, Gestión Global asesoraba en cada etapa del proceso de apertura y mantención de cuentas corrientes, y en servicios relacionados con el giro bancario. La empresa debía entregar propuestas de “respuestas a las consultas elaboradas por los Bancos interesados” y hasta responder a “eventuales aclaraciones a las Bases”, para lo que tenía un plazo de cinco días. También debía asesorar a la corporación “en el proceso de evaluación de ofertas” y elaborar un estudio en un plazo de cinco días.

Los honorarios mensuales de Gestión Global dependen directamente del pago efectivo de intereses mensuales que recibe la municipalidad o la corporación. En el caso de esta última, la comisión iba desde $300 mil (en caso de obtener entre $1 millón a $1,5 millones en intereses de las cuentas corrientes), hasta $1,7 millón (por un interés mayor a los $8 millones) mensuales. El pago podría ser extendido durante un tiempo promedio de tres años, aunque podía llegar a los cuatro. 

Además, el contrato establecía multas por hasta $40 mil, el pago de una garantía de $500 mil, más la confidencialidad de los datos entregados por dos años. Por último, en la cláusula novena ambas partes establecieron que se podía poner término de forma anticipada al contrato “si el Consultor fuere declarado reo por algún delito que merezca pena aflictiva” o declarado en quiebra.

* Este reportaje fue actualizado a las 08:35 horas del 26 de mayo de 2023.