Violaciones a los DDHH: en dependencia institucional de la PDI velan a condenado por desaparición de regidor socialista de San Fernando

El prefecto (r) Carlos Yáñez Campos, fallecido el jueves 4 de mayo, fue condenado a diez años de cárcel por el secuestro y desaparición del exregidor de San Fernando, hecho ocurrido el 20 de noviembre de 1973. La condena fue ratificada por la Corte Suprema en marzo de este año. El oficial era padre del prefecto general Carlos Yáñez Villegas, miembro del Alto Mando de la PDI en 2021, y tío del actual director general de la institución, Sergio Muñoz Yañez.

Mediante una circular interna, la Jefatura de Asuntos Públicos de la Policía de Investigaciones (PDI) comunicó a sus filas el fallecimiento del prefecto(r) Carlos Yáñez Campos, quien murió cerca de las seis de la mañana del jueves 4 de mayo, en el Hospital Dipreca.

El documento, firmado por la Jefa Nacional de Asuntos Públicos, Silvia Barra, señala que los restos del oficial serán velados en la Capilla Jesús Señor de la Paz, ubicada al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (Estación Central, en Santiago). Según la circular, en ese mismo lugar “se ofrecerá una misa” en nombre del fallecido exoficial durante la mañana del viernes 5 de mayo.

Tal como se indica en el documento, el fallecido es padre del prefecto general Carlos Yáñez Villegas, miembro del Alto Mando de la PDI en 2021, en calidad de subdirector de Investigación Policial y Criminalística.

El exoficial también era tío del actual director general de la PDI, Sergio Muñoz Yañez. Todos, oriundos de San Fernando.

Un dato que quedó fuera de la comunicación interna de la policía de civil es que, hace apenas dos meses, la Corte Suprema había ratificado la condena de diez años de presidio efectivo en contra del prefecto(r) recién fallecido, en calidad de autor del secuestro y desaparición del exregidor socialista de San Fernando, Luis Vásquez Muñoz.

La investigación de ese delito, perpetrado el 20 de noviembre de 1973, quedó en manos de ministro en visita Mario Carroza. En primera instancia, Yáñez fue absuelto de las acusaciones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ese fallo y lo declaró culpable en 2020.

Como querellantes en la causa aparecen el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado.

El fallo definitivo fue pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Dahm, Roberto Contreras (en calidad de suplente) y la ministra María Teresa Letelier.

El máximo tribunal ratificó que Yáñez fue parte de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que, bajo las instrucciones del capitán del Ejército, Ricardo Manríquez Pearson, actuaron de forma concertada para reprimir a civiles contrarios al régimen en San Fernando. En ese contexto, de acuerdo con el tribunal, Yáñez participó del secuestro de Luis Vásquez a poco más de un mes del golpe de Estado.

CIPER le consultó a la PDI bajo qué criterios prestó sus dependencias para velar a un exfuncionario de la institución condenado por un caso de violación a los derechos humanos, y si tenía considerado efectuar otros actos o ceremonias institucionales bajo este contexto. Hasta el cierre de este artículo,  la PDI no envió respuestas a esas preguntas.

De todas formas, CIPER corroboró presencialmente que el velorio del prefecto(r) se realizó, al menos durante la jornada del jueves, en la Capilla ubicada dentro de la Escuela de la PDI.

Capilla Jesús Señor de la Paz.

SECUESTRO

La condena de diez años de cárcel en contra de Yáñez Campos fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 8 de marzo.

El fallo del máximo tribunal (véalo aquí) recogió los puntos más importantes que prueban la participación del exoficial de la PDI en el secuestro de Vásquez, quien a la fecha del delito tenía 34 años, era regidor de San Fernando, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), militante del Partido Socialista, profesor de educación básica y contador.

El 20 de noviembre de 1973, Vásquez, como todos los días, partió a las ocho de la mañana a su lugar de trabajo, la Escuela Polonia. Según la declaración de varios testigos de la causa, la víctima había manifestado desde hace algunos días que era seguido por un vehículo de color blanco, el que era ocupado por personas de “pelo corto” y “de civil”.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que se detallan en el fallo, esa mañana Vásquez fue “interceptado por terceros vestidos de civil, quienes le obligan a subirse a un vehículo en el cual circulaban, para luego ser trasladado hasta un lugar desconocido, perdiendo desde ese momento contacto con sus familiares e ignorando su paradero a contar de esa fecha”.

Por entonces, en San Fernando operaba el Comité de Inteligencia Provincial (CIP), que era liderado por el capitán del Ejército, Ricardo Manríquez Pearson.

Para cumplir sus objetivos de inteligencia, Manríquez “intervino el Cuartel de la Policía de Investigaciones de San Fernando e impartió instrucciones destinadas a represión de civiles que hubiesen estado vinculados con el gobierno anterior al golpe militar y de esa forma, mantenía el control absoluto de la ciudad de San Fernando”, señala el fallo de la Suprema.

En ese contexto, se estableció que “el actuar de los agentes operativos –entre ellos Yáñez Campos- lleva a concluir que éstos planearon y ejecutaron cada etapa del actuar ilícito, como fue el seguimiento, el secuestro y la desaparición de la víctima”.