Una investigación liderada por la Fiscalía Especializada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Región de Valparaíso incautó más de 70 armas, entre 2020 y 2021, provenientes de una red que involucró a un carabinero y al propietario de una armería. La organización también está compuesta por “captadores”, principalmente vinculados al narcotráfico, que buscaban “palos blancos” para inscribir armas a sus nombres, las que después vendían a personas con antecedentes penales. También falsificaban certificados médicos requeridos para comprar armamento.

Pasadas las diez de la noche del 28 de abril de 2018 una llamada anónima a la Central de Comunicaciones de Carabineros alertó sobre un grupo de sujetos que estaban disparando, desde sus autos, en la Villa 250 en la comuna de San Felipe. Carabineros llegó hasta el lugar e inició la persecución de uno de los vehículos, el que se detuvo en la entrada de la Villa Industrial. Uno de los ocupantes del auto se dio a la fuga, mientras que otro se bajó y apuntó a uno de los policías con un arma y un láser. Uno de los carabineros disparó al suelo y, tras esto, lograron detenerlo. J.H. llevaba consigo tres armas distintas más municiones: dos pistolas Glock calibre 40, una Steyr calibre 9 milímetros y más de 110 cartuchos. Ninguna estaba a su nombre.

Así se describe la detención de J.H. en la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral de San Felipe el 13 de septiembre de 2019. El hombre fue condenado a siete años de cárcel por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Su caso fue la primera pista de la causa denominada Operación Alemania, una investigación por tráfico de armas que dejó al descubierto una red que -según la investigación del Ministerio Público- operaba en Constitución, Talca, San Felipe, Los Andes y Santiago, y en la que estaban involucrados un carabinero y el dueño de una armería.

Dos de las armas que portaba J.H. estaban inscritas a nombre de sendos jóvenes de San Felipe (Valparaíso). Ambos declararon ante la Policía de Investigaciones que recibieron un pago de entre $100 mil y $200 mil por inscribirlas y que nunca las tuvieron en su poder. Según los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa, habrían sido contactados por “el Alemán”, quien a su vez, trabajaría con el dueño de la armería La Adriana, de Constitución (Maule). Este último proveía las armas y mantenía contacto con un cabo de Carabineros de la misma ciudad, encargado de entregar las autorizaciones para la inscripción de armamento. Entre la documentación periciada por la policía se identificaron certificados de antecedentes e informes sicológicos falsificados, que permitieron a personas con antecedentes penales acceder a armas inscritas legalmente.

Según la investigación que lleva el fiscal Benjamín Santibáñez, estas armas tenían el fin de proteger otras actividades delictivas. Esa indagatoria indica que algunas fueron a parar a manos de personas condenadas por homicidio, a sujetos ligados al contrabando y a otros con antecedentes por narcotráfico. Uno de los imputados, que tiene antecedentes por homicidio frustrado y tentado, tenía siete armas inscritas a su nombre, “situación que de acuerdo a los protocolos no puede ocurrir”, destaca un informe de la Fiscalía Especializada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Región de Valparaíso.

Los dos jóvenes con los que partió la investigación “ni siquiera fueron a la armería, no fueron ni siquiera a la autoridad fiscalizadora. Es decir, ellos no hicieron absolutamente nada y apareció un arma inscrita a su nombre”, explicó a CIPER el fiscal Benjamín Santibáñez. Respecto del número de imputados, indicó que “son 20 que están por tenencia y hasta el momento hay nueve aproximados que están por el delito de tráfico de armas”.

La última información que figura en la carpeta sobre el funcionario policial involucrado, señala que fue separado de sus funciones. CIPER consultó a Carabineros en qué situación se encuentra actualmente, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Operación Alemania es la indagatoria que concentra la mayor cantidad de armas incautadas entre enero de 2017 y octubre de 2022, según cifras del Ministerio Público, a las que tuvo acceso CIPER vía Ley de Transparencia. En total, el caso lleva 72 armas incautadas: 33 escopetas, 21 pistolas, 11 rifles y fusiles. Le siguen causas con 30 y 20 incautaciones. En total, entre 2017 y 2022 se recuperaron 2.261 armas. De ellas, el 41% son pistolas, 25% son revólveres y 24%, escopetas.

Para el fiscal Santibáñez “no es menos importante la cantidad de munición que se ha incautado. Calculo que en munición de pistola, fusil y escopeta, deben haberse incautado sobre 40 mil cartuchos”.

MODUS OPERANDI

La red habría operado en distintos niveles. El primero era el de los “palos blancos” que entregaban sus datos para inscribir armas. Les seguían los “captadores”, que se distribuían en distintas regiones (Maule, Metropolitana y Valparaíso). Y finalmente estaba el armero de Constitución, quien mantenía la relación directa con carabinero que autorizaba la inscripción. 

Armero: Le tengo una pega, se acuerda del RUT que vimos los otros días, un cabro que no tenía ningún detalle.

Cabo: Ya.

Armero: Tengo los documentos acá, así que voy hacer que el C. me los haga pa’ mandárselos por WhatsApp.

Cabo:  Ah, yapo, no hay problema, sipo.

Armero: Listo ok, estamos al habla.

Cabo: Yapo, sipo, yapo, tranquilo no más. 

Este es un extracto de una conversación telefónica entre el armero C.V. y el cabo A.R. el 18 de enero de 2019.

Sobre la base de este tipo de diálogos, el informe policial de febrero de 2019 indica que es necesario extender el tiempo de interceptaciones telefónica, ya que los antecedentes daban cuenta de que el carabinero de la unidad fiscalizadora de Constitución “es quien le facilita la tramitación a C.V. para la adquisición de armamento y munición para sujetos que no reúnen los requisitos legales para su adquisición y sin verificar la autenticidad de los antecedentes aportados por los supuestos interesados”. El mismo informe indica que el carabinero habría permitido que algunas personas superaran el límite de dos armas que la ley permite para la defensa personal.

La defensa del cabo A.R. planteó que él “sólo eventualmente participó en los actos previos a la transferencia y facilitación ilegítima de las armas y municiones” y que “todas las conductas de coordinación para la adquisición ilegal de armas y municiones realizadas por el co imputado C.V. y los otros civiles formalizados, son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores, imposibilitando desde lo subjetivo y objetivo la comunicación de responsabilidad de nuestro defendido por dichos actos”. 

En otra de las las interceptaciones telefónicas, fechada el 29 de octubre de 2018, el armero le destaca a uno de sus “captadores” que las entregas dependen en gran medida de la disposición del cabo:  

A.M.: Oiga, jefazo, una consulta de un millón y medio, ¿se acuerda del último mono que le sacamos la glock 17?

Armero: Cómo sabe.

A.M.: El último mono que le sacamos la glock 17, ¿se acuerda o no?

Armero: Sí, sí me acuerdo.

A.M.: El último cabro estaba limpiecito, que no tenía ningún problema. El mono tiene cualquier plata. La cuestión es que el hombre quiere otra Glock 17 y quería ver si se podían ocupar los mismos papeles. Esta pregunta se la hago a usted, porque el hombre quiere un descuentito, como nos va a comprar a nosotros la misma cuestión, y todo lo de él está y se podían ocupar los mismos papeles, me entiende, como no ha pasado ni un mes.

Armero: Yaa.

A.M.: Pero ud. es el que corta el queso ahí, yo tengo que, todo depende de usted, po jefe ¿Qué me dice usted?

Armero: Es que yo no soy el que corta el queque, el cuento es el amigo que trabaja en la guarnición.

A.M.: Sipo, por eso usted es el que la lleva, el que dice sí o no, a eso voy yo.

Armero: ¿Cómo era que se llamaba este tipo?

A.M.: La verdad es que tenía la foto del hombre, pero yo borro todos los archivos, borro todas las boletas y toda la cuestión. Ahora, si quiere me consigo el nombre y ahí lo vemos, pero era un joven que tenía 21 años.

El diálogo termina con el armero confirmando que sí se puede hacer la transacción de la pistola, pero que solo el informe psiquiátrico se puede rebajar. 

El 28 de junio de 2018, uno de los “palos blancos” declaró a la PDI que en febrero de ése año lo contactó “Juan Alemán”, quien le ofreció $200 mil por facilitar un certificado de antecedentes y una fotocopia de su cédula de identidad para comprar un arma. Según su versión, se trasladaron hasta Putaendo, al domicilio de D.A., el hombre que compraría las armas, y luego viajaron hasta una armería en Constitución, donde entregó sus documentos. Nunca vio un arma, dijo, y tampoco los $200 mil. 

E.A.L., otro “palo blanco”, declaró que también fue contactado por el sujeto al que llamaban “Alemán”, quien le señaló que “las armas las iban a comprar al sur, donde un exfuncionario de Carabineros o del Ejército, quien le daba la mano para comprar”. Así quedó establecido en la orden de detención contra E.A.L., quien se encuentra en prisión preventiva.

El psiquiatra que figura en los certificados de salud mental que estaban a nombre de ambos “palos blancos”, aseguró que nunca emitió esos documentos.

Otro hombre, de iniciales J.B., declaró ante la policía que uno de los miembros de la red le ofreció dinero a cambio de su certificado de antecedentes, residencia y fotocopia del carnet para comprar armas. A su nombre se inscribieron dos pistolas. Tras entregar la documentación recibió $450 mil y un sobre con la documentación que acreditaba la inscripción del arma. “Le indicó que después de un tiempo fuera a hacer una denuncia por robo de las mismas”, destaca el informe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Valparaíso, del 18 de abril de 2019. 

Otro sujeto declaró que de paseo por Constitución pasó hasta la armería, en donde, tras el pago de $700 mil, accedió a una pistola Taurus, la que le fue entregada en el acto . Recién al día siguiente recibió la documentación. Nunca realizó un examen psicológico, ni asistió ante la autoridad fiscalizadora. Por último, una mujer que figura con un arma que habría sido adquirida en la misma armería, aseguró que “jamás ha adquirido armas de fuego” y que tampoco ha hecho entrega de sus papeles a otras personas.

En cuanto al tráfico de municiones, el informe de la fiscalía señala que el armero habría presentado a la autoridad fiscalizadora órdenes de compra por el máximo de cartuchos que autorizaba la ley, pero que entregaba a los clientes un número menor:  “El saldo lo vende a otros sujetos que no reúnen los requisitos legales para su adquisición, todo ello con la participación del funcionario de Carabineros, que se desempeña en la autoridad fiscalizadora”, señala el documento.

La defensa del dueño de la armería argumentó que su representado comercializaba los productos cumpliendo todos los requisitos de la ley, “se falta a la verdad cuando afirman que efectuaba adquisiciones, ventas, traspasos y entregas (…) sin la competente autorización y burlando la ley de control de armas”, destacaron en un escrito. Además, sus abogados destacaron que hace más de 20 años que cuenta con autorización para la compra y venta de armas y municiones.

LA BANDA DE LOS HERMANOS

La fiscalía identificó a cuatro miembros de la red cuyo rol habría sido captar “palos blancos”, trasladarlos hasta Constitución, falsificar documentación -como certificados de antecedentes- y vincularse con bandas dedicadas a otro tipo de delitos, como el narcotráfico. Entre ellos, destacan tres hermanos que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Uno de ellos por el tráfico de armas y los otros dos por tráfico de drogas.

Entre las pruebas que ha exhibido la fiscalía están los constantes viajes de estos hermanos a Putú, sector aledaño a Constitución, donde habrían adquirido armas junto al dueño de la armería involucrado. En esa zona hay un inmueble que ha sido investigado por infracción a la Ley de Drogas, vinculado a un pariente de estos hermanos. Y en esa residencia al menos tres personas figuran con armas inscritas. Una mujer de esta familia, que también tiene antecedentes por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, registra una pistola Davis inscrita a su nombre.

Uno de los hermanos tiene a su nombre siete armas, “lo que unido con su prontuario penal nos lleva a la conclusión lógica y precisa que dichas inscripciones fueron realizadas de manera ilícita, ya que no cumple con los requisitos para solicitar la inscripción de armas de fuego”, señala un informe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de octubre de 2018.

Uno de los hermanos, junto a su pareja, habría falsificado “certificados de antecedentes, solicitando a las personas un certificado legítimo, el cual modifican borrando los antecedentes penales, utilizando las mismas series y números a objeto de no ser advertida dicha modificación”, destaca un informe de la PDI de febrero de 2019.

Dos de estos hermanos figuran con antecedentes por homicidio. Uno de ellos fue condenado en 2018 a cinco años por homicidio consumado y tiene una causa pendiente por tráfico de drogas, ambos hechos ocurridos en la comuna de Puente Alto. El otro fue condenado por homicidio frustrado. Ambos registran armas a su nombre.

FINES DELICTUALES

Respecto de para qué se utilizan este tipo de armas, el Ministerio Público apunta al servicio de seguridad para otros delitos, como el narcotráfico. “Esto está claramente asociado con otras estructuras criminales y, fundamentalmente, con bandas que se dedican al tráfico de droga, pero también hay otros delitos, (como) prestar protección a otro tipo de bandas que se dedican a delitos violentos, (como) los portonazos. Así que todas estas armas que se obtienen de esta forma están siendo destinadas a este tipo de bandas criminales”, explicó el fiscal Santibáñez.

Un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior es  el de A.M.E., quien fue detenido el 12 de agosto de 2020 en esta causa y formalizado por tenencia de armas. En su casa se encontraron 2.714 cajetillas de cigarrillos provenientes del contrabando.

El fiscal Santibáñez explicó a CIPER que el proceso investigativo sigue en curso y que el juicio oral podría entrar en fase de preparación a mediados de 2023. El persecutor recalcó que falta personal y escasean los recursos para investigar este tipo de causas, en las que actualmente las pericias pueden tardar hasta meses, lo que retrasa la resolución de los casos y juega a favor de quienes quebrantan la ley. 

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.