El invisibilizado costo del frenesí por el hidrógeno verde

Parece ser un nuevo El Dorado energético para nuestro país. Pero la lógica de su explotación arriesga seguir la senda de otras industrias extractivas y su innegable daño ambiental. En columna para CIPER, un periodista especializado en energía y medioambiente explica el por qué de la atención internacional hacia Chile como fuente de hidrógeno verde, la venia que el gobierno de Gabriel Boric les está dando a esos proyectos y la total ausencia de las comunidades en la discusión: «Si bien es cierto que el relato verde está enfocado, esencialmente, en reducir los gases de efecto invernadero —aspecto fundamental—, no está tan claro que tal esfuerzo no sea a costa de destruir la biodiversidad local y replicar fórmulas que se imponen por intereses externos. Así, bajo la suposición de un win-win, una parte importante de estas iniciativas impulsadas por organismos del Estado, empresas y centros de investigación obvia la necesidad de motivar una discusión que considere el más amplio espectro de visiones.»

El hidrógeno verde (H2V) es el último chiche del tecno-optimismo: podemos salvar el planeta, y de paso a nosotros mismos, sin transar un ápice en el paradigma que pone al ser humano en la cúspide de la evolución. El que ha heredado la divina potestad de enseñorearse sobre las otras especies (Génesis 1:26), el que se siente con el derecho de estrujar hasta la última gota de los elementos que generan vida; la nuestra y la de los demás.

El gobierno ecológico de Gabriel Boric se ha sumado al carro que ve esta tecnología como la panacea a los problemas ambientales y sociales generados por el modelo de desarrollo global y nacional. Fundamento sólo válido si concordamos en la gravedad de la crisis climática y ecológica. Como en el sillón de don Otto, se insiste en confiar en que el dilema sustentado en nuestra forma de habitar, acumular y transformar se dejará atrás simplemente cambiando un cable negro por uno verde.

En esta columna aporto luces sobre una serie de iniciativas recientes, descuidos institucionales y datos en el contexto internacional que a mi juicio obligan a levantar banderas de alerta frente a un tema cuyos perjuicios —en alguna medida silenciados hasta ahora— pueden terminar por superar sus supuestos beneficios, si no se les pone atención desde un inicio.   

I. VIENTOS DE LA PATAGONIA: ¿OPORTUNIDAD O FATALIDAD?

Aunque suene paradójico, uno de los aspectos fundamentales para producir el energético H2V es contar con disponibilidad suficiente de energía renovable; la que permita almacenar el hidrógeno resultante del proceso de electrólisis del agua, que no es más que separar el hidrógeno del oxígeno presente en ella. Es por esto que el actual gobierno, y siguiendo la senda trazada por la administración previa, ha enfocado sus esfuerzos en promover esta industria en Antofagasta (solar) y Magallanes (eólica). La hidroeléctrica, quizás por los cuestionamientos de los últimos años, no está dentro de las fuentes priorizadas.

«LA QUINTA SESIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO DEL COMITÉ PARA HIDRÓGENO VERDE SE REALIZÓ EN MAGALLANES» tituló recientemente la prensa para informar sobre la reunión que el Consejo Interministerial del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde programó a mediados de diciembre en Punta Arenas. En la cita participaron «el ministro de Energía, el de Economía, Nicolás Grau; la de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz, el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente», según se informó en fuentes oficiales.

Fue ésta, en cierta forma, la continuación de la gira que poco antes había realizado a la zona la Embajada de Francia junto a un grupo de empresas de capitales galos, con el fin de fortalecer la alianza franco-chilena para impulsar esta tecnología en la Patagonia, por su potencial eólico e hídrico y en sintonía con el objetivo declarado de que Magallanes produzca el 13 % del H2V del mundo.

Pero no está sólo esa región en la mira de los inversionistas sino también su vecina, Aysén. El 16 de diciembre se realizó en Coyhaique un seminario («Hidrógeno verde en Aysén:‘Las potencialidades para su desarrollo en la región») con el apoyo de ProChile y recursos FNDR del Gobierno Regional de Aysén, más el respaldo del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, la fundación IDEAysén, la Multigremial, y la Corporación Aysén por Aysén (estas dos últimas, antaño férreas promotoras del proyecto HidroAysén).

Ya en el formulario de inscripción quedaba claro el público objetivo: las empresas. Al margen quedaba la ciudadanía que habita los territorios-foco de las potenciales nuevas megainversiones. Los títulos en el programa daban cuenta de la forma en que estos temas se enfrentan: «Potencialidades, ventajas competitivas del país respecto a la oferta y demanda en economías de escala»; «El rol del hidrógeno verde en la transición hacia sistemas energéticos 100% renovables en Chile y la región de Aysén»; «Resultados y avances de estudio de prefactibilidad Proyecto de H2V en piscicultura Aysén»; e «Hidrógeno verde y sus derivados, una oportunidad para Magallanes-Avances y Desafíos» fueron algunas de las presentaciones.

Ésta fue la segunda ronda relevante en la que el tema se aborda a nivel regional. La primera se dio durante el pasado gobierno, cuando en noviembre de 2020 aterrizó por estas tierras la «Misión Cavendish Patagonia», orientada al impulso del H2V.

En tales instancias, la discusión sobre los posibles impactos sociales y ambientales de tecnologías (y los subproyectos asociados) dirigidas a promover el modelo exportador es desplazada por sus eventuales beneficios económicos. Si bien el relato verde está enfocado, esencialmente, en reducir los gases de efecto invernadero —aspecto fundamental—, no está tan claro que tal esfuerzo no sea a costa de destruir la biodiversidad local y replicar fórmulas que se imponen por intereses externos. Así, bajo la suposición de un win-win, una parte importante de estas iniciativas impulsadas por organismos del Estado, empresas y centros de investigación obvia la necesidad de motivar una discusión que considere el más amplio espectro de visiones. El espíritu crítico es lo que no se aprecia en la ofensiva pro H2V, siguiendo similar derrotero de otras utopías desarrollistas (minería, forestales, termoeléctricas, represas), cuyos pasivos socioambientales aún pagan ecosistemas y comunidades vulnerables, transformadas en zonas de sacrificio del modelo industrial y exportador. Chuquicamata, la Araucanía, Quintero-Puchuncaví, Alto Bíobío son trágicos ejemplos de aquello. 

II. LA FALACIA DE LA INOCUIDAD

Como lo sabemos en Aysén, todo megaproyecto contempla megaimpactos.

A mediados de 2022, la administración de Gabriel Boric lanzó la Agenda Energía 2022-2026, en la que se plantea orientar la Política de Hidrógeno Verde «para avanzar en un ordenamiento territorial, que asegure un uso sostenible del territorio para garantizar que la industria del hidrógeno verde se materialice armónicamente con el medio ambiente». Pero en los portales de los organismos del Estado, incluido el del Ministerio de Medio Ambiente, no se alude con suficiente profundidad a los eventuales impactos territoriales de esta tecnología, como sí se hace con los beneficios proyectados. Lo más concreto en este aspecto es el documento que en enero de 2022 presentó el Servicio de Evaluación Ambiental como una orientación dirigida a los titulares para viabilizar sus iniciativas. En éste, los principales componentes identificados son los relacionados con el uso del agua, la generación y transmisión de la energía eléctrica, el almacenamiento y el transporte.

En otros antecedentes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ya había publicado en mayo de 2021 una «Guía para la Solicitud de Autorización de Proyectos Especiales de Hidrógeno», con el objeto de «apoyar en la elaboración de la carpeta de documentos a presentar, y por consiguiente facilitar la tramitación de las solicitudes de autorización presentadas». Sernageomin hizo lo propio en octubre siguiente, con su «Guía de Hidrógeno Verde en Minería», la que «establece un marco de acción para el desarrollo de este combustible limpio en las faenas mineras, otorgando certeza a las empresas, eliminando barreras y facilitando una adopción segura del H2v en la industria». Y a fines de ese año, el gobierno de Sebastián Piñera presentó «El nuevo mapa del hidrógeno verde en Chile», que consigna más de veinticinco proyectos de producción. En paralelo, la «Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde» declara que en el país existen «más de 1.800+ GW de potencial energético renovable, que equivalen a 70 veces la demanda de Chile […]; el desarrollo sostenible de una nueva industria debe considerar una adecuada integración en el territorio, tomando en cuenta los intereses, actividades, grupos, imaginarios colectivos, necesidades, anhelos y fortalezas presentes en el territorio».

Un ejemplo paradigmático de las omisiones en este debate se dio cuando, en un webinar organizado en 2020 por la Cámara Minera de Chile, el representante de H2Chile y del Colegio de Ingenieros, Erwin Plett, ante la consulta sobre los efectos en la biodiversidad por el uso de agua de mar en grandes cantidades respondió lo siguiente: «El impacto en la vida marina es igual a cero, ya que es muy, muy poca el agua que se necesita para acumular electricidad renovable en forma de hidrógeno verde».

Se trataba, claramente, de una exageración, pues no existe industria alguna que no afecte el medioambiente, siendo parte del debate técnico la capacidad de carga y resiliencia de los ecosistemas. Pero entonces Plett agregó: «Para reemplazar todo el diésel en la minería se requiere aumentar en un 1% el agua que se utiliza en minería, por lo que si al mar llega sólo el 99% no impacta al mundo marino». Su comparación tiene sentido, pero lo que no señala el ingeniero es que las instalaciones de producción estarían concentradas en específicos territorios, transformándolos en verdaderas zonas de sacrificio (más aún en un contexto de interés exportador).

En línea con este limitado debate sobre los impactos, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional (marzo 2022) muestra las cifras sobre costos de producción, eficiencia energética, competencia internacional y las perspectivas económicas para el país. Pero nada sobre sus efectos medioambientales o en las comunidades, más allá de su vínculo con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).

Pero los números no mienten: cualquier política que pretenda exportar setenta veces lo que demanda Chile en energía involucrará seguir transformando los territorios y maritorios en artefactos mecánicos de producción a gran escala.

Claramente el H2V es una opción para descarbonizar la matriz y enfrentar la crisis climática actual. No se discute aquello. Sin embargo, al día de hoy el proceso repite la lógica que nos condujo hasta acá: no asimilar que el cambio climático es fuente de una crisis superior, la ecológica. Destruir ecosistemas para emitir menos GEI es una contradicción —literalmente— biológica.

Así lo comprendió un grupo de científicos, profesionales y activistas ambientales que en junio envió una carta al Presidente solicitándole «avanzar en una transición energética justa y no repetir los mismos errores del pasado reciente, donde hemos visto profundas desigualdades territoriales y el sacrificio de diversas zonas de Chile en nombre de un modelo de desarrollo que nos ha conducido a la profunda crisis multidimensional que atravesamos: climática, de biodiversidad, hídrica, social y de legitimidad».

Su preocupación tenía fundamentos: que Magallanes produzca el 13% del H2V mundial significaría cubrir 13.000 km2 de la Patagonia con centrales eólicas. Ejemplo de ello es el «Parque Eólico Faro del Sur», proyecto que consistía en la construcción y operación de 65 aerogeneradores de 250 metros, en 3.800 hectáreas a unos 30 kilómetros al norte de Punta Arenas. En octubre pasado las empresas HIF Chile y Enel Green Power Chile se desistieron de la iniciativa, argumentando que «las observaciones de algunos organismos públicos en el proceso de evaluación sobrepasan el estándar habitual».

Un punto crítico esencial es el uso del agua. Porque para producir hidrógeno verde se requiere, lógicamente, agua. Y mucha: los cálculos indican que generar una tonelada de H2V demanda entre 9 y 12 toneladas. Y si ésta no proviene de las cuencas, deberá recurrirse a complejas y grandes plantas desaladoras, ya que por las características del proceso el agua debe tener altos grados de pureza, lo cual consecuentemente aumentará aún más el volumen necesario. Y esto sin mencionar toda la infraestructura asociada, como son los puertos, caminos para la instalación y mantención de cada aerogenerador, las líneas y torres de alta tensión, las plantas de hidrólisis en las costas o riberas de ríos. O el impacto demográfico por la migración masiva durante el proceso de construcción de la infraestructura habilitante, con sus respectivos campamentos, viviendas, etc. 

III. PINTANDO DE VERDE LAS REGIONES… DESDE SANTIAGO

Cuando durante el pasado mes, Chile y la Unión Europea (UE) concluyeron las negociaciones para suscribir un Acuerdo Marco Avanzado, se señaló que éste hará que Chile reduzca «los aranceles sobre todas las importaciones procedentes de la UE, excepto el azúcar, y facilitará a las empresas europeas la inversión en el país».

Aunque se informa que el aceite de oliva, carnes y el salmón, entre otros, serán parte del 99,6% de los productos de exportación que tendrán preferencias arancelarias en su comercialización en Europa, lo claro es que hay tres elementos fundamentales: cobre (somos el mayor productor mundial), litio (somos el segundo, aunque más bien lo son las empresas privadas que lo controlan) e hidrógeno verde: «Mayor acceso a materias primas y combustibles limpios cruciales para la transición a la economía verde, como el litio, el cobre y el hidrógeno» aclara la página oficial de la Unión Europea. El tratado entraría en vigor en 2024, ya que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, los de cada país integrante de la UE y los legisladores chilenos.

De materializarse, este Acuerdo Marco Avanzado tendrá importantes consecuencias para Chile. Ya el sueño agrícola de ser «potencia agroalimentaria» bajo el prisma de que «Chile tiene una oportunidad única de abastecer al mundo con sus alimentos», según señalara hace un tiempo el ex ministro de Agricultura Antonio Walker, involucra sobreexplotar al máximo ecosistemas y comunidades.

Porque allá afuera, en Europa, hay 450 millones de habitantes. Un continente desesperado por despercudirse de la dependencia del gas ruso, por las implicancias político-económicas que tiene hacer tratos con tan incómodo socio. Y esto no es paranoia, lo han reconocido públicamente los europeos: «El cambio de combustible debe ocurrir de una manera que no ponga en riesgo nuestros objetivos climáticos. Acelerar el despliegue de las energías renovables es la mejor solución, y hoy, con el enfoque general sobre la Directiva de Energías Renovables, hemos dado una fuerte señal en esa dirección» señaló en junio la Comisaria europea de Energía, Kadri Simson (el titular del artículo era claro: «EUROPA FIJA SEIS MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA ENFRENTAR LA DISMINUCIÓN DE GAS DE RUSIA EN EL PRÓXIMO INVIERNO»).

Todo esto en coherencia con el Pacto Verde Europeo, que busca «la neutralidad climática de aquí a 2050», y para lo cual se apoyará «el desarrollo y la adopción de fuentes de energía más limpias, como la energía marina y el hidrógeno». Tal es el origen de la presión para que Chile sea puntal de la apuesta energética europea, ofensiva que ha encontrado en Alemania un aliado esencial luego que en 2021 ese país «actualizara sus planes para conseguir 10 gigavatios de capacidad de hidrógeno verde para 2030». Son políticas que cuentan con la venia del Partido Verde, desde 2021 integrante del gobierno federal y que en Chile acciona a través de la Fundación Heinrich Böll.

Una señal que apunta a revertir la falta de involucramiento ciudadano y énfasis en los impactos socioambientales se dio precisamente en Magallanes hace algunas semanas durante la mencionada cita del Consejo Interministerial del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde.  Se anunció, entonces, la puesta en marcha de <www.planhidrogenoverde.cl>, donde hasta el 3 de marzo la ciudadanía puede inscribirse en talleres relacionados con el Plan de Acción 2023-2030 (que se desarrollarán de marzo a junio 2023).  En julio, el documento se someterá a consulta pública, y, en paralelo, en Magallanes se impulsará la generación de «información de la biodiversidad marino-terrestre y una propuesta para el sistema de monitoreo a largo plazo que genere capacidades instaladas en la región», según ha dicho el subsecretario Proaño.

Son indicios positivos,  ausentes hasta ahora de un debate en el que la  articulación Estado/empresa/consultoras no ha permeado a la ciudadanía que habita los territorios en disputa, lo que al igual que otras opciones, que en sus inicios se promocionaban como «limpias», involucra el riesgo de terminar sacrificando naturaleza y comunidades. Si no se pone el énfasis en sus impactos sociales y ambientales, esta tecnología podría acabar siendo una falsa solución a la crisis climática. La señal que el planeta nos está dando con el dilema actual no se restringe sólo a emitir menos CO2, metano o cualquier gas de efecto invernadero; sino que, como especie, hemos tenido una relación inarmónica entre nosotros y con quienes convivimos. Si no entendemos aquello, no habremos comprendido nada y cualquier alternativa de solución será más de lo mismo, pero con otro nombre. La utopía full electric y, asociada a ella, del hidrógeno verde como panacea son parte de este predicamento.

Porque no todo lo verde es necesariamente positivo. Mal que mal, en El mago de Oz,  la Bruja Mala del Oeste también lo era.