Contraloría identifica graves omisiones y vacíos en el monitoreo de contaminantes en Quintero, Puchuncaví y Concón

El estudio, que revisó el actuar de organismos como las subsecretarías de Medio Ambiente y Salud entre 2010 y 2020, concluyó que han tenido una política reactiva y que aún no hay análisis consolidado de los contaminantes presentes en agua, aire y suelos de la zona, ni una metodología que mida cómo han afectado la salud de las personas. También estableció que no hubo seguimiento a los niños de la escuela de La Greda que sufrieron intoxicación en 2011 y que a la fecha no se han creado normas para medir la calidad del suelo, ni fijar límites a la emisión de compuestos orgánicos volátiles. La auditoría concluyó que el Estado no ha mantenido una acción preventiva en la zona, identificó vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial.

A principios de junio volvieron a ser portadas las intoxicaciones masivas en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón (Región de Valparaíso). Decenas de niños se vieron afectados por la emisión de contaminantes cerca de su escuela, lo que obligó a que se suspendieran las clases. La imagen en los centros de salud de urgencia con personas intoxicadas es un déjà vu constante en la zona. Hace diez años pasó lo mismo con los estudiantes de la escuela de La Greda, la que terminó siendo cerrada en 2015 por los altos niveles de toxicidad en el lugar.  

Los últimos episodios trajeron consigo el anuncio de otro cierre: el 17 de junio el directorio de Codelco y el gobierno de Gabriel Boric confirmaron el fin de la fundición Codelco Ventanas, en un plazo de cinco años. Una señal política que ha generado un fuerte debate respecto a su impacto ambiental y económico, y que llevó a los trabajadores de Codelco a iniciar un paro nacional este miércoles 22 de junio. 

Un mes antes de que ocurrieran los nuevos episodios de intoxicación, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final N°27 de 2022, el que advirtió que a diez años de la crisis ambiental de la escuela de La Greda, los organismos del Estado aún no han consolidado un análisis claro respecto de los contaminantes presentes en el agua, aire y suelos de la zona, y tampoco han determinado cómo la exposición a estos elementos podría haber afectado la salud de las personas que habitan en Quintero, Puchuncaví y Concón. La auditoría concluyó que el Estado ha mantenido una acción reactiva y no preventiva en la zona, identificó vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial.

La Contraloría revisó actos, medidas y resoluciones, tomadas entre enero de 2010 y octubre de 2020, por los organismos del Estado a cargo de la salud y medio ambiente de la zona, lo que incluye a las subsecretarías y Seremi de ambas áreas, y la Superintendencia de Medioambiente. El objetivo de la investigación era determinar por qué, a diez años de la intoxicación en La Greda, la gestión del Estado no ha logrado solucionar la crisis en un área declarada como saturada y en la que existe un cordón de industrias que emiten distintos contaminantes.

Entre los principales hallazgos está que el país no cuenta con una norma para la calidad de suelos que establezca los límites para metales y contaminantes que ya han sido identificados en la zona, como el cobre, arsénico, cadmio y plomo. Estas mediciones son la base, según el informe, para poder determinar su impacto en la salud de los vecinos. 

La auditoría también advierte que las estaciones de monitoreo de aire ubicadas en Puchuncaví, Quintero y Concón no evalúan todos los contaminantes atmosféricos que ya están normados, dejando fuera en algunas estaciones elementos como el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO). CIPER pudo constatar que, según los registros en línea del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA), efectivamente estos contaminantes no son medidos por todas las estaciones de la zona. Según los especialistas, en un área saturada sería preferible tener todos los antecedentes de los posibles contaminantes.

El informe estableció que, durante los gobiernos de Sebastián Piñera y la segunda administración de Michelle Bachelet, los organismos del Estado no priorizaron “la vigilancia epidemiológica” de contaminantes en el aire que afectan la salud de las personas, dejando a un lado la prevención y mostrando una “acción reactiva” ante episodios de contaminación. Un ejemplo de esto es el Material Particulado Fino Respirable (MP2,5), el que, a pesar de que fue normado en 2012 y de haber sido la causa del cierre de la escuela de La Greda, hasta la realización de la auditoría no contaba con un sistema o metodología de vigilancia de su impacto en la salud de las personas.

Otro ejemplo de esta falta de vigilancia epidemiológica es la ausencia de seguimiento a los 128 niños de la escuela de La Greda que sufrieron intoxicación en 2011 y que fueron parte de un estudio encargado por la Subsecretaría de Salud a la Pontificia Universidad Católica. Uno de sus principales hallazgos fue que estos estudiantes tenían una mayor exposición al plomo que alumnos de otros sectores de la zona. La razón entregada por la Subsecretaría de Salud para no realizar el seguimiento, fue que no contaba con la nómina de los niños. 

NORMAS Y MONITOREO DEFICIENTE

Uno de los hallazgos de la auditoría que llama la atención de los especialistas, es que, en una zona saturada como esta, las estaciones de monitoreo de aire no evalúen todos los contaminantes atmosféricos normados en Chile, y que dejen fuera elementos como el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO). 

La calidad del aire en esta área es medida por la Superintendencia del Medio Ambiente desde 2014, y es monitoreada a través de las estaciones Quintero, La Greda, Puchuncaví, Los Maitenes, Valle Alegre, Concón, Colmo y Junta de Vecinos, entre otras, que pertenecen a empresas como Codelco Ventana, AES Gener y ENAP Refinería Aconcagua. La Contraloría constató que en estas estaciones sí se mide material particulado respirable (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2) y plomo. 

Según la Superintendencia del Medio Ambiente es la subsecretaría de esa área la que indica anualmente las redes de calidad del aire priorizadas para la evaluación de las normas. Además, la superintendencia indicó que hasta la fecha en que se realizó la auditoría la subsecretaría no había “definido un programa de medición y control de la calidad ambiental para el componente aire” y que no contaban con el universo de todas las estaciones de monitoreo. Ante esto, la Subsecretaría del Medio Ambiente aclaró que en febrero de 2021 fijó los parámetros para la red de monitoreo de calidad del aire en la zona (vea acá esa respuesta), los que efectivamente excluyen algunos materiales contaminantes. 

CIPER revisó la información disponible en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) y pudo identificar que en las estaciones de Valle Alegre, Colmo y Junta de Vecinos (ambas de ENAP) no hay información disponible para MP2,5. Mientras que en las estaciones de La Greda, Puchuncaví y Valle Alegre (de Codelco y AES Gener) no hay datos para las emisiones de monóxido de carbono (CO). Según el registro en línea del SINCA, la estación de Ventanas tampoco mide la emisión de CO, a pesar de que su monitoreo fue instruido por la Subsecretaría del Medio Ambiente en febrero de 2021 (vea aquí el detalle).

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron a CIPER que los contaminantes medidos dependen de lo que establezcan las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs) que le aplican a cada titular, por esta razón “no todas las estaciones deben medir los mismos contaminantes”. Agregaron que recientemente revocaron la resolución de febrero de 2021 para la nueva red de monitoreo de calidad del aire para la zona, y que iniciaron un proceso de diseño de la nueva red que incluye la participación ciudadana. “Luego de ello, el ministerio realizará las acciones necesarias para implementar la nueva red de monitoreo de calidad del aire en la zona”, afirman desde la cartera del Medio Ambiente.

Para el bioquímico y doctor en salud ambiental, Pablo Ruiz, en las zonas saturadas y bajo contexto de episodios de intoxicaciones se requiere “tener toda la información sobre la mesa”. Explica que “uno de los problemas es considerar que la red (de monitoreo) es solo para determinar cumplimiento de normas”, ya que esta puede servir para otros objetivos, como “estudios epidemiológicos de salud, estudios de composición y contribución de fuentes, y para la validación de modelos de dispersión y pronóstico”.

La auditoría también determinó que los organismos del Estado no han cumplido con la revisión periódica -cada cinco años- de las normas de calidad del aire, e identificó que los procesos de revisión, que sientan las bases para la actualización de la norma, pueden tardar casi una década en arrojar resultados, como ocurrió con el dióxido de nitrógeno.

Un caso que destaca el organismo es el de la norma de calidad primaria para medir plomo en el aire, creada en 2001. La Contraloría confirmó que durante los años auditados nunca se inició un proceso de revisión ni fue actualizada. La Subsecretaría del Medio Ambiente aseguró que esto se debe a que los niveles normados concuerdan con los índices internacionales, incluida la OMS. 

Otro ejemplo es la medición de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5), cuya norma fue creada en 2012, tras la intoxicación en La Greda. Durante ocho años no se registró ninguna revisión a los límites establecidos en ella, hasta noviembre de 2021. En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), inició su proceso de revisión en 2010 y terminó recién en 2019, y actualmente se trabaja en su actualización. La norma para el dióxido de azufre (SO2) fue la única revisada y actualizada en los periodos establecidos por reglamento. 

En su informe, la Contraloría explica que es importante la revisión periódica y actualización de las normas de contaminantes, ya que los estándares fijados en Chile “se mantienen alejados de los valores de concentración máxima recomendados por la Organización Mundial de la Salud”. Pablo Ruiz explica que las guías de la OMS establecen niveles óptimos, basados en métricas para países más desarrollados que Chile.

SIN MEDIR EL IMPACTO EN LA SALUD

La Contraloría concluyó que ni la Subsecretaría de Salud, ni su par de Medio Ambiente, han establecido mecanismos claros y periódicos para monitorear el impacto en la salud de las personas que viven en Puchuncaví, Concón y Quintero, de la contaminación presente en aire, agua y suelo. Es el caso del MP2,5, uno de los principales contaminantes en el aire y responsable del aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad. Según el informe de la Contraloría, se le asocia a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables. 

En 2015 las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón fueron declaradas “zona saturada” por la presencia de MP2,5 y otros contaminantes en el aire. Incluso, se determinó el cierre de la escuela de La Greda. La emisión de este elemento fue normada en 2012, pero, aún no se cuenta con un sistema que mida el impacto de su circulación en la salud de las personas que viven en el área.

Durante el proceso de auditoría, la Subsecretaría de Salud dijo a la Contraloría que implementar un sistema de medición solo para un tipo de contaminante sería costoso y difícil de aplicar, y destacó que en 2019 el Ministerio de Salud evaluó el impacto del MP2,5 en los vecinos de la zona, pero dicho estudio fue una reacción ante un nuevo caso de intoxicación en 2018. Este reporte confirmó que en esta área los niños tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias que en el resto del país. En 2020, la Subsecretaría del Medio Ambiente presentó una propuesta de medición para ser incluida en la minuta técnica de la norma.

La falta de medición de la presencia de plomo en la sangre de la población de la zona es otra de las preocupaciones del informe de la Contraloría. La auditoría concluyó que los organismos públicos no han “priorizado la vigilancia epidemiológica”, en especial entre los residentes más vulnerables a este contaminante: los niños y niñas de Puchuncaví.

Fundición Ventanas de Codelco

Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica tras el episodio de intoxicación aguda por dióxido de azufre de marzo de 2011, que afectó a alumnos de la escuela de La Greda, concluyó que en los 128 niños de ese establecimiento que fueron estudiados “existe exposición crónica a plomo ambiental superior a la esperada para una población infantil chilena de esas características”. Y, aunque estaban bajo los niveles que requieren tratamiento médico, el informe destacó que los análisis “reflejan exposición crónica a un elemento dañino para la salud de la población infantil”.

La Contraloría advirtió que, tras estos hallazgos de 2011, no se hizo seguimiento a los niños evaluados, tampoco se implementaron más estudios para identificar la presencia de otros metales. Al ser consultada respecto a esta situación, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a la Contraloría con un informe de 2017, en el que se señala -según la auditoría- que “se intentó encontrar el listado con los niños que en ese minuto fueron evaluados, pero no se tiene nada de información”.

Tampoco se ha implementado un sistema de medición de índices de plomo en la sangre en menores de dos años, a pesar de que un decreto de la Secretaría General de la Presidencia del año 2000 lo estableció como medida de vigilancia. En su respuesta a la Contraloría, la Subsecretaría de Salud señaló que hacer dicho monitoreo tiene un costo muy elevado, de $60 mil pesos por examen. Agregó que, a su juicio, no existen antecedentes medioambientales que justifiquen hacer dichos estudios para plomo.

En febrero de 2022, la Subsecretaría de Salud agregó que “no existen fuentes activas de emisión de plomo ni matrices ambientales afectadas por plomo en Quintero – Puchuncaví, por lo que no hay ningún tipo de justificación científica ni respaldo bioético que apoye la aplicación de este tipo de análisis de muestras de sangre en los niños”. También destacó que en mayo de 2021 la Pontificia Universidad Católica se adjudicó la licitación para implementar un nuevo estudio que mida el impacto de distintos contaminantes en la población de la zona.

NORMAS PENDIENTES

La auditoría de la Contraloría calificó la falta de una norma para medir la calidad del suelo como una de las materias pendientes por parte de los organismos del Estado. El informe destaca que sin esos estándares claros no es posible “calificar a un terreno contaminado de conformidad con los parámetros y elementos evaluados que considere los potenciales riesgos para la vida y salud”. A pesar de que se invirtieron más de $80 millones, entre 2010 y 2020, en consultorías encargadas a privados por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente, hasta el cierre de la auditoría ese organismo no había elaborado las bases para dicho marco normativo. Aunque hubo algunos intentos, como la creación en 2011 de la «Guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes», tras seis años de su aplicación se determinó que la guía no permitía medidas correctivas. 

La Subsecretaría del Medio Ambiente ha desarrollado estudios orientados a la creación de estas normas, algunos adjudicados en 2020. También ha impulsado la articulación de entidades públicas, como la creación en 2015 del Comité Operativo Interinstitucional de Gestión y Regulación del Suelo, integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Minería, Agricultura y Vivienda, iniciativa que fracasó.

La auditoría también destaca que no se ha priorizado la evaluación de riesgo de los suelos contaminados. Por ejemplo, la Subsecretaría del Medio Ambiente identificó 47 sitios con potencial presencia de contaminantes en la zona, pero, no los priorizó “para la ejecución de la evaluación de riesgos”. Según la subsecretaría, esto se debe a falta de recursos y a que gran parte de los sitios son privados. Tampoco se hicieron convenios con empresas como Codelco y ENAP para continuar con la implementación de la “Guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes”.

Para el académico y ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, hay dos normas fundamentales que también siguen pendientes: la de arsénico respirable y la de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). Esta última también fue incluida en el informe de la Contraloría como una de las prioridades.

“Los problemas que van quedando en la zona son hacer la norma de calidad de aire de arsénico respirable, esta norma se hizo en 1994 y se derogó ese mismo año, la promulgó Aylwin y la derogó Frei al poco tiempo de haber llegado. La norma de compuestos orgánicos volátiles también hay que hacerla. Entiendo que esas dos cosas están en camino a realizarse”, dijo Mena a CIPER. Y agregó que con el cierre de la fundición de Codelco Ventanas se abre una nueva tarea: “Debe haber un proceso de recuperación de la zona, en cuanto a la remediación posible, para que no haya problemas de contaminación”.