A favor del voto migrante

Aunque los inmigrantes no nacionalizados tienen en Chile derecho a voto en todo tipo de elecciones políticas, su participación efectiva es aún baja y enfrenta diferentes trabas. Esta columna de opinión para CIPER destaca el tema como parte del fortalecimiento democrático: «Si al pensar en cómo queremos convivir parte de nuestra respuesta es desarrollar una democracia con equidad, entonces es necesaria la participación de todos quienes forman parte de la comunidad, incluyendo políticamente a quienes migran a Chile».

Sobre los desafíos migratorios que enfrentamos, el proceso constituyente sostiene hoy una ventana que en otros momentos de nuestra historia la xenofobia e ignorancia política han buscado cerrar. Uno de estos son los derechos políticos de las personas migrantes. La participación política es un derecho humano, clave para «la gobernanza, Estado de derecho, inclusión social e incluso para la progresión de los otros derechos humanos» [ACNUDH, 2021]. En un contexto globalizado y transnacional, la inclusión política de los migrantes es necesaria para aportar al desarrollo de una democracia que sea capaz de representar la diversidad de personas y colectivos que construyen una sociedad.

De acuerdo a la encuesta Voces Migrantes 2021, quienes migran a Chile «siguen concentrándose en posiciones independientes, despolitizadas o en el centro», entre las cuales un grupo importante, y cada vez mayor, prefiere no contestar (22,4% en 2019 y 34,8% en 2021). El derecho a voto es la herramienta política básica de la democracia representativa. El aumento efectivo de la participación electoral de las personas inmigrantes es importante para que partidos políticos y candidatos las consideren como parte del grupo de votantes y formulen propuestas orientadas a su inclusión. A su vez, aporta a su empoderamiento colectivo como actores de cambio en pro de sus derechos.

Chile es uno de los cinco países del mundo que otorga el derecho a voto en elecciones nacionales a personas inmigrantes no nacionalizadas [Finn, 2020]. En 1925 fue el primer país en la región en darles el voto para elecciones municipales. Y en el año 1980, durante la dictadura cívico-militar, este derecho se amplió a votaciones de carácter nacional [Escobar, 2015]. Era una época de baja migración, cuando el imaginario del inmigrante seguía siendo el europeo, independiente de la llegada de inmigrantes racializados de otros lugares.

Actualmente, a pesar de que el padrón electoral de los extranjeros ha aumentado por el aumento de inmigrantes en el país y por la inscripción automática que rige desde 2012, el nivel de participación de éstos es comparativamente bajo respecto a las personas con nacionalidad chilena.

Aún no contamos con cifras oficiales sobre su participación en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, las estadísticas de votaciones previas dan cuenta de esta diferencia: en las elecciones presidenciales de 2017 votó un 19,7% de la población inmigrante habilitada, comparado con un 47% de participación de nacionales [SERVEL, 2021], diferencia que también se vio plasmada en el plebiscito de octubre de 2020, con 51,6% de participación de personas chilenas y 20,9% de inmigrantes [SERVEL, 2021].

Esto demuestra que el que este derecho esté promulgado en la Constitución tal como está, no significa necesariamente que se desarrolle de manera equitativa.

La desigualdad de derechos sociales, económicos y políticos afectan negativamente la participación electoral de personas migrantes en Chile. Lo anterior se complejiza considerando, desde una mirada interseccional, factores sociales y culturales, tales como el nivel socioeconómico, el género y el país de origen, entre otros.
 

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La Constitución vigente indica que los inmigrantes internacionales mayores de 18 años pueden sufragar si tienen cinco años de avecindamiento en el país y no han sido condenados a pena aflictiva (artículo 14). Como el término ‘avecindamiento’ no está definido genera confusión, no permite desarrollar una difusión clara sobre quiénes pueden ejercer este derecho e incluso ha dado pie a decisiones arbitrarias, dependiendo de la visión política de quien ejerce el poder. Las siguientes son palabras de quien ejerciera como director del Departamento de Extranjería durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet [todas las citas que siguen han sido tomadas de ROBLES, 2021]:

«Según algunos, se requiere contar con cinco años de residencia definitiva, nosotros identificamos residencia legal con avecindamiento, contabilizamos la residencia con independencia de si estaba interrumpida o si tenían o no permanencia definitiva… según otros, debería bastar con la residencia, sin importar que fuese legal. En mi época fuimos abiertos sin vulnerar la ley, ya que los sistemas electorales deben permitir que las personas que se ven afectadas por las decisiones participen en las resoluciones y, por lo tanto, mientras más extranjeros voten, más democrático será el padrón…pero después se han ido cambiando los criterios y aplicado algunas restricciones».

La ambigüedad del término además da pie a subjetividades en elecciones extraordinarias. En un principio las personas migrantes con derecho a voto y no nacionalizadas no estaban consideradas para votar en el proceso constituyente por no ser «ciudadanos». Fueron las organizaciones migrantes y promigrantes las que generaron presión para revocar esta interpretación.

Por otra parte, quienes son migrantes en Chile no pueden inscribir candidaturas ni tienen derecho a ser elegidos en cargos de elección popular. Solamente pueden ser candidatos quienes se han nacionalizado como chilenos y luego de cinco años de recibir la carta correspondiente (artículo 14 CPR). La espera de cinco años es un elemento discriminatorio y contradictorio, ya que la definición de ciudadano implica la inclusión de los derechos en igualdad de condiciones, y esto hace justamente lo contrario, no respetando tal categoría, en contra de los reglamentos internacionales firmados por Chile [INDH, 2012]. Pero esto no es todo, ya que la norma constitucional se contradice con lo indicado por otras leyes, como las de elecciones municipales: 

«Mi postulación fue objetada porque no tenía cinco años de nacionalizado chileno, a pesar de que para la fecha llevaba más de treinta años viviendo en Chile… Yo solamente había leído la Ley Orgánica de Municipalidades, que decía que bastaba ser mayor de 18 años y ser ciudadano con derecho a voto. Apelé reclamando que Chile es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no me dieron la razón. El Informe Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese año recogió mi caso y mencionó que efectivamente aquí había una incongruencia que a futuro sería importante resolver.» (Manuel Hidalgo, migrante peruano, vocero Coordinadora Nacional de Inmigrantes y candidato a constituyente).

Adicionalmente a esta falta de definiciones jurídicas, contradicciones y disparidades en términos de derechos políticos, las desigualdades en otros derechos afectan también a su participación electoral:

«Por una parte se les niega a muchos la vacuna, y en este mismo lugar hay otros migrantes que pueden votar… es muy difícil que un migrante al que no se lo dice explícitamente, no se le educa, pueda imaginar que tiene derecho a voto.» (Catalina Bosch, migrante cubana, candidata a constituyente y vocera Coordinadora Nacional de Inmigrantes).

Las personas inmigrantes no sólo deben lidiar con políticas mal diseñadas de entrada y regularización que les afectan en la obtención del derecho a voto, sino que también con la desigualdad de derechos y discriminación institucional y social que viven en Chile. Ante similares preguntas, quienes son inmigrantes declaran haber sido discriminados o tratados injustamente en mayor proporción (32,2%) que las personas nacionales (12,7%) [Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018]. Lo anterior se expresa en diferentes dimensiones: la obtención de una visa y en los tipos de estatus migratorios; segmentación laboral; educación, salud y nuevas acciones institucionales mediatizadas contra la migración. Todo ello dificulta el proceso de integración y socialización en el país de acogida, sobre todo para quienes son racializados o de un estatus económico inferior. Lamentablemente, el actual gobierno ha creado un discurso migratorio simplista y xenófobo [Guizardi, Stefoni, Gonzálvez-Torralbo y Mardones-Charlone, 2021], que ideológicamente justifica las acciones discriminatorias en su nueva política migratoria —como las expulsiones masivas—, lo que a su vez alimenta el rechazo de la población hacia ciertos colectivos.
 

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Son las personas peruanas el mayor colectivo inmigrante habilitado para el voto en Chile —representan al 41,8% de los extranjeros en el país—, pero quienes votan son sólo el 16,4%. Son nuestros vecinos, comparten el castellano y en su país de origen tuvieron niveles de participación electoral sobre el 75% en sus últimas elecciones presidenciales [IDEA, 2021]. Las elecciones peruanas son obligatorias y con multas asociadas en dinero y limitación al acceso de procesos administrativos públicos, mientras que en Chile el voto es, hasta ahora, voluntario; esto podría ser un foco de desincentivo en términos comparativos [Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena y Baquerizo, 2020]. Hay que considerar además otras variables de exclusión social, tales como su mayor porcentaje de mujeres migrantes, racialización y nivel socioeconómico, entre otras.

Entre personas haitianas residentes se observan niveles de votación en torno al 24%. A pesar de que son el tercer grupo inmigrante más grande en el país, la cantidad de inscritos haitianos en el padrón es de las más bajas, lo que podría responder no solo a haber llegado hace poco tiempo, sino también a la dificultad para encontrarse en situación regular en el país. Hablan otra lengua, el creolé, factor que incide en su menor participación, como indica la literatura. Hay que considerar también su socialización política previa. Pese a ser la primera nación en independizarse en América, Haití tuvo sus primeras elecciones democráticas recién en 1990, y actualmente se caracteriza por su inestabilidad política [Mejías, 2005] y bajo nivel de participación electoral (en 2016 solo un 18% de la población participó de sus elecciones presidenciales) [IDEA, 2021]. A estas experiencias se añaden en Chile las de discriminación social e institucional, lo que incide en el desconocimiento de sus derechos y en su opción voluntaria por restarse de participar:

«Yo siento que nos empujan a un lado, en el caso de la comunidad haitiana, que últimamente reciben malas noticias, y aquí la comunidad haitiana trabaja mucho, mucho… estamos viendo la televisión y dicen son todos pobres y todos vienen a buscar trabajo y a quitarle los trabajos a los chilenos. Esos chilenos que ven las noticias el día de mañana van en la micro, en el metro, y ese haitiano que está en ese mismo metro está recibiendo todas esas malas vibras. Esas cosas no nos están acogiendo, no. No dicen son una cultura nueva, tenemos que conocernos entre nosotros, ellos hablan otro idioma que es interesante. No nos sienten parte, yo siento que nos tienen a un lado.» (Steevens Benjamin, migrante haitiano, actor e influencer).

Por último, a pesar de que las personas venezolanas habilitadas para votar son relativamente pocas, dado su llegada reciente al país, sí serán un colectivo con mayor peso en unos años más. Cabe destacar que  los venezolanos son el colectivo con mayor nivel de participación en Chile (43,2%). Además de compartir nuestra lengua, tienen los niveles de educación más altos dentro de los grupos migrantes [INE, 2018]. Como se demuestra en otro estudio de la región, la percepción negativa del sistema político actual de su país de origen, en contraposición con el de su país de acogida, podría ser un incentivo para ejercer el voto [Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena y Baquerizo, 2020].

Necesitamos co-crear derechos políticos de las personas migrantes que superen el concepto de ciudadanía tradicional. Deben ser derechos políticos claros, inclusivos y enmarcados en el trato igualitario y no discriminatorio, como parte de una estrategia de política pública basada en la declaración constitucional de Chile como Estado intercultural y plurinacional. Así podrán generarse programas de fomento al voto inmigrante con un enfoque intercultural desde su génesis, considerando las características de los diversos colectivos, visibilizando en la agenda sus preocupaciones y sus derechos para elaborar propuestas que combatan las desigualdades.

Considerando el momento histórico que vive el país, es ahora el momento de reconocer la diversidad de quienes formamos parte de Chile, como lo están promoviendo las organizaciones migrantes,  promigrantes y de personas chilenas en el exterior, a través de la Plataforma Chile Migra,  con una iniciativa popular de norma.

No tiene sentido que quien reside en un lugar y desarrolla allí su vida —trabajando, estudiando, criando y por supuesto pagando impuestos— sea excluido de la acción democrática, sobre todo si su situación migratoria se encuentra regularizada.

Como nos enseña Humberto Maturana, la democracia es un modo de convivencia. Si al pensar en cómo queremos convivir parte de nuestra respuesta es desarrollar una democracia con equidad, entonces es necesaria la participación de todos quienes forman parte de la comunidad, incluyendo políticamente a quienes migran a Chile.