La empresa Limpieza Industrial, del empresario antofagastino Pablo Ormeño, fue creada el 25 de marzo y dos semanas después estaba firmando contratos por $1.648 millones con el Servicio de Salud de Antofagasta. Ormeño es cercano a dirigentes de RN. No es el único caso en Antofagasta, otras empresas sin mayor experiencia que recibieron contratos tenían relaciones personales con políticos y funcionarios de las entidades contratantes.

Este artículo, difundido por CIPER, fue realizado para Salud Con Lupa, El Mercurio de Antofagasta y CONNECTAS, dentro del programa Lupa del Centro Internacional para Periodistas

El 6 de abril del 2020, el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) adjudicó vía trato directo a Limpieza Industrial SpA una compra de mascarillas por $1.648 millones. Una de las adquisiciones más cuantiosas durante la emergencia por la pandemia de Covid por parte de ese organismo.

Limpieza Industrial nació como sociedad solo un par de semanas antes, el 25 de marzo. Su dueño es el empresario de origen antofagastino, Pablo Ormeño.

El SSA dividió las adquisiciones en cuatro órdenes de compra, aunque todas están fechadas el mismo día. Pese a que al momento de la toma de razón la Contraloría Regional rechazó los contratos, finalmente los terminó aprobando el 27 de junio con observaciones sobre una de las cláusulas que trataba sobre un anticipo.

Ormeño es un reconocido empresario de la región, sobre todo por sus negocios en el rubro de la entretención nocturna. Ha sido dueño de pubs, discotecas y en 2019 instaló un nightclub en un barrio residencial de Antofagasta, lo que levantó protestas de vecinos. Paulina Núñez, diputada de RN, sería una de sus más cercanas. En mayo de 2018, Ormeño asistió al matrimonio de la vicepresidenta de RN con Cristián Monckeberg, exministro en el actual gobierno de Sebastián Piñera.

Edgar Blanco —exintendente regional de Antofagasta y actual subsecretario de Minería— también reconoció un vínculo con Pablo Ormeño. Fueron compañeros en el Colegio Universitario Antonio Rendic, uno de los más exclusivos de esa ciudad del norte.

Además de su contrato con el SSA para adquisición de mascarillas, Limpieza Industrial fue elegida -vía trato directo en mayo de este año- para sanitizar espacios públicos por $350 millones. El contratante fue la Intendencia Regional, mientras Edgar Blanco era el intendente. Para ello se utilizaron los recursos del 5% de emergencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Precisamente estas compras vinculadas al FNDR han sido cuestionadas por Contraloría debido a que se adjudicaron a una serie de empresas sin experiencia en los rubros para los que fueron contratadas o a algunas de reciente creación, como el caso de Limpieza Industrial.

Para la consejera regional Sandra Pastenes, la selección y contratación de proveedores resultó altamente cuestionable, a pesar de haber contado con el apoyo del Consejo. De los siete proveedores elegidos, dos tenían menos de un mes de creación y otros dos ampliaron sus giros comerciales un día antes de firmar los respectivos contratos.

«Cuando nos presentaron el avance nunca nos pudieron explicar por qué la selección de empresas que habían ampliado su giros a servicios totalmente distintos a los de su constitución. Ni tampoco los criterios de evaluación con los que fueron seleccionados. En vista de lo cuestionable de toda la situación, decidimos enviar todos los antecedentes a la Contraloría para solicitar una investigación», sostuvo.

Por ejemplo, las empresas Ingeniería EDS JCM Spa y Need Solutions modificaron sus giros comerciales poco antes de adjudicarse los contratos con la Intendencia Regional, para venderle cajas de alimentos bajo el plan “Alimentos para Chile”.

En el caso de Ingeniería EDS JCM, cambió su giro el 3 de mayo de 2020, un día antes de que la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Antofagasta la invitara a participar —junto a otras tres empresas— en una licitación para comprar 40 mil canastas familiares, proceso que terminó adjudicándose por $1.665 millones de pesos.

Por su parte, Need Solutions, sociedad que se dedica principalmente a la asesoría financiera, modificó su giro el 4 de mayo, el mismo día que se le solicitó cotización por parte de la Intendencia. Ambas incluyeron el rubro “venta al por mayor de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos”.

Cajas «Alimentos para Chile», adjudicadas por el GORE de Antofagasta.

Limpieza Industrial ha seguido obteniendo contratos con organismos del Estado, principalmente para venta de guantes y mascarillas. Hasta octubre había realizado ventas al Ministerio de Vivienda, Instituto de Previsión Social, Corfo, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Ciencias. Pero, sus contratos más importantes fueron con la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), el máximo comprador estatal de medicamentos y artículos sanitarios.

El 5 de junio hubo una orden de compra desde Cenabast a favor de Limpieza Industrial por $2.300 millones para 6.250.000 mascarillas y el 19 de octubre hubo otra orden de compra por $2.456 millones para la adquisición de 23 millones de guantes médicos de uso no quirúrgico.

Al consultársele a Limpieza Industrial respecto a sus contratos con el Servicio de Salud y la Intendencia al poco tiempo de haber sido creada, el abogado de la empresa, Carlos Claussen, afirmó que con la pandemia se desató una demanda de productos para prevenir el contagio, “la que fue advertida por el empresario Pablo Ormeño como una oportunidad de negocio (…) decidió crear una nueva empresa para cubrir este nuevo nicho de mercado”.

Claussen negó que alguno de los socios de Limpieza Industrial tuviera vínculos familiares o de amistad con funcionarios públicos, a pesar de la conocida cercanía de Ormeño con el exintendente Blanco.

Por su parte, desde la Intendencia de Antofagasta en un primer momento descartaron algún tipo de irregularidad, pero luego anunciaron un sumario interno para revisar el proceso de licitaciones durante la emergencia.

Patricio Ormeño con el ex Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco (RN).

COMPRA DE TEST RÁPIDOS

De acuerdo a la información revisada en Mercado Público, la empresa BDP Solutions vendió 10 mil test del tipo Rapid Test Device COVID-19 lgC/lgM por un monto de $161 millones al Hospital Regional de Antofagasta.

BDP Solutions fue constituida en mayo de 2017 por Angela Alburquenque, quien actualmente es funcionaria del Servicio de Salud de Antofagasta y hermana del subdirector administrativo en el mismo organismo, Gonzalo Alburquenque, militante de Renovación Nacional y ex candidato a consejero regional por ese partido en la Región Metropolitana. Ambos llegaron a sus cargos en la actual administración.

En diciembre del año 2019, Angela Alburquenque vendió la propiedad de BDP a José Contreras Reyes. La empresa tenía como giro  “servicios de ingeniería y consultora de gestión”. El 2 de junio de 2020, BDP Solutions amplió su giro en el SII y cerró la venta con el Hospital Regional de Antofagasta, dependiente del Servicio de Salud de Antofagasta. Es la única venta con el Estado de BDP Solutions que figura en el portal Mercado Público.

Tanto el Hospital Regional como el Servicio de Salud, aseguran que no hubo irregularidades en la adquisición y señalan que los actos administrativos de la compra fueron aprobados por la Contraloría Regional.

«Tajantemente decimos que la posición del SSA es que el funcionario (Angela Alburquenque) no tiene relación con esa empresa. Ella en agosto 2019 vende esa empresa. El resto de información debería contestarla el Hospital Regional, porque ellos son un establecimiento autogestionado. Pero reitero que la funcionaria no tiene relación con ello. Soy tajante en eso», sostuvo Rodrigo Sánchez, vocero del Servicio de Salud.

Pero Sánchez no aclara por qué una empresa que nunca tuvo contratos con el Estado y que no se dedica al rubro sanitario, de un momento a otro es contactada por el hospital dependiente del SSA para que le venda test rápidos y, coincidentemente, esta empresa hace menos de un año era propiedad de una funcionaria de esa entidad.

Se intentó contactar a BDP Solutions para que diera su versión, pero la casa matriz que declara esta empresa en el presupuesto que envió al Hospital de Antofagasta, es una casilla en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Se dejó una carta con las preguntas correspondientes en esa casilla, pero hasta el cierre de este reportaje no fueron respondidas.

24 DE JUNIO 2020/ANTOFAGASTA
Frontis de Urgencias Respiratorias del Hospital Regional de Antofagasta, durante el primer dí’a de cuarentena total de la regiónn debido al virus COVID-19
FOTO CAMILO ALFARO/AGENCIA UNO

ONG CUESTIONADA

En la última sesión del Consejo Regional de Antofagasta fueron aprobados cinco proyectos denominados de «interés regional» que buscan apoyar a distintas comunidades de la región afectadas por la crisis sanitaria. Dentro de las iniciativas seleccionadas resultó adjudicada la ONG Renovar para la adquisición de 1.600 «morrales solidarios», un mix entre caja de alimentos e insumos para sanitización.

En 2016, una auditoría de la Contraloría determinó que la ONG Renovar debía devolver $17 millones al municipio, recursos que habían sido transferidos por la Municipalidad de Antofagasta para la entrega de lentes ópticos a población vulnerable. Según Contraloría, no se acreditó la entrega de lentes ópticos a la totalidad de los beneficiarios contemplados en el proyecto. Además, los lentes fueron adquiridos a una empresa del cónyuge de la presidenta de la ONG (Carla Navarro Monardez).

Recientemente además, la Contraloría  cuestionó un contrato de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta con la empresa Medical Services SpA, que también tiene participación de socios de la ONG Renovar. El organismo fiscalizador determinó que hubo más de $91 millones pagados sin respaldo de prestaciones realizadas en 2017 y pagos de $56 millones sobre el monto original de los contratos de 2018,  luego de la revisión de los convenios que suscribió la Corporación Municipal con la citada empresa. La empresa había sido contratada por la Corporación para realizar evaluaciones médicas a estudiantes de colegios municipalizados.

Frontis Contraloría Regional de Antofagasta.

La ONG tiene vínculos con políticos de la región. De hecho, fue muy cercana a la administración de la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien acaba de ser condenada por fraude al fisco. La presidenta de la ONG, Carla Navarro, tuvo una sociedad comercial para venta de lentes con el esposo de la alcaldesa, Luis Canessa. Además, en su directorio figuró hasta hace algunos años Vladimir Meza, actual presidente regional de Evópoli.

El tesorero de la ONG Renovar Chile, Francisco Avendaño, contestó sobre estos cuestionamiento que “el proyecto de Morrales Solidarios lo presentamos al fondo de interés regional. Es un fondo concursable donde podía participar cualquier persona a este tipo de iniciativas”.

Sobre la investigación efectuada por Contraloría, en el caso que involucró a la ONG con el municipio de Antofagasta y la exedil Karen Rojo, Avendaño dijo que «nosotros judicializamos la situación, porque nosotros hicimos la entrega de los lentes. Nosotros tenemos los respaldos. En su oportunidad mostramos todos los respaldos que se realizaron con respecto a eso. Y está judicializado, está en el tribunal en este minuto. Hay una causa en el tribunal civil, que se está discutiendo esa situación. Es la única situación que tiene la ONG Renovar Chile. No tiene otra situación”.

Este reportaje fue actualizado el 26 de enero del 2021 a las 12:43 hrs. Inicialmente, señalaba que Vladimir Meza integra el directorio de ONG Renovar. Tras la publicación de este artículo, el señor Meza envió a CIPER un documento que acredita que ya no forma parte de ese directorio.