Dentro del sumario abierto al magistrado Luis Barría, la entonces fiscal judicial Natalia Rencoret firmó el pasado 20 de octubre un documento donde dio por acreditada la veracidad de las denuncias realizadas por tres funcionarias. También señaló como efectivo un cuarto caso, pero la afectada no hizo la denuncia. CIPER tuvo acceso al sumario, que aún está en curso y a la espera de los descargos del juez. Rencoret formuló cargos en contra del magistrado solo por dos de las acusaciones. De los casos restantes, uno quedó fuera porque la agredida no hizo la denuncia y el otro porque estaría prescrito. La Corte Suprema resolvió suspender de sus funciones a Barría por dos meses como medida cautelar.

Durante la tarde del 27 de julio de este año, entró al correo de la ministra Gloria Ana Chevesich y otras personas más de la Corte Suprema una denuncia anónima por acoso sexual en contra del magistrado Luis Barría Alarcón, juez titular del Juzgado de Garantía de Rancagua. Prontamente, se remitieron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Rancagua y comenzó un sumario administrativo encabezado por la entonces fiscal judicial Natalia Rencoret Oliva, quien a lo largo de la investigación administrativa –que aún sigue abierta– dio por acreditados cuatro casos de acoso sexual que se atribuyen a Barría en contra de cuatro funcionarias.

El Poder Judicial informó a CIPER que en la tarde de este miércoles 18 de noviembre la Corte Suprema adoptó la decisión de suspender de sus funciones al juez Luis Barría por dos meses, como medida cautelar, mientras se desarrolla la investigación.

Versiones iniciales de las denuncias fueron publicadas por Canal 13 y La Voz de los que Sobran. CIPER accedió ahora al sumario que contiene los testimonios formales que distintos trabajadores del Juzgado de Garantía de Rancagua prestaron durante el proceso, donde están incluidas las declaraciones de las denunciantes. Los relatos describen conductas de acoso atribuidas al juez Barría a lo largo de años.

El sumario fue llevado inicialmente por la ex fiscal judicial Natalia Rencoret, quien dejó el caso porque fue ascendida a ministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, cargo que asumió la semana pasada.

Dentro de los antecedentes recopilados en el proceso, se cuenta un documento firmado por la ex fiscal donde dio por acreditadas las conductas del juez relatadas por dos de las denunciantes. También consideró veraz el relato de una tercera funcionaria, pero como los hechos que acusó esta última ocurrieron en 2006, los estimó prescritos. Asimismo, consideró acreditados los episodios que declaró una cuarta funcionaria, pero esta última decidió no sumarse como denunciante en la investigación. De esta forma, la ex fiscal Rencoret formuló cargos por dos de las acusaciones. Quedaron fuera el caso que consideró prescrito y aquel en que no se presentó denuncia.

En relación a las dos denuncias por las que se formularon cargos, la entonces fiscal acusó al juez Barría por “haber acosado sexualmente a las funcionarias del Juzgado de Garantías de Rancagua doña (…) y a (…), a quienes mediante distintas acciones, que de manera explícita o implícita se referirían a requerimientos de carácter sexual no consentidos por la ofendida, tales como tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas”.

Corte de Apelaciones de Rancagua

La investigación sumaria no ha concluido y, por lo mismo, el juez aún puede demostrar su inocencia. El proceso se encuentra a la espera de su respuesta a los cargos que se le formularon. La ex fiscal Rencoret le dio un plazo de ocho días hábiles, a contar del 20 de octubre, para responder, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Sin embargo, en su última declaración, prestada el 21 de septiembre pasado, Luis Barría rechazó la veracidad de los testimonios que la ex fiscal consideró “antecedentes probatorios suficientes” y que, entre otras acusaciones, indican que le tocó el trasero a una funcionaria y que forzó a otra a darle un beso en la boca.

CIPER se comunicó con el magistrado Barría para consultar su versión, pero no contestó. Su abogado, Ángel Valencia Vásquez, afirmó que estas investigaciones administrativas deben guardar “estricta reserva de todas y cada una de las actuaciones registradas en la misma (…). En consecuencia, mi representado se encuentra -lamentablemente- impedido de responder preguntas o conceder una entrevista”.

En el sumario, además, se tomaron declaraciones a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Uno de ellos, Pedro Caro Romero, afirmó en esa instancia que en 2019, en el marco de otro sumario, fue advertido sobre las conductas de Luis Barría. Es evidente que Caro no informó de esta situación, pues el proceso interno contra Barría fue abierto finalmente en virtud de la denuncia anónima que llegó a la Corte Suprema.

Aparte del ministro Caro, otros funcionarios del Juzgado de Garantía de Rancagua podrían verse complicados por la investigación, pues, según las denuncias recopiladas en el proceso, habrían estado al tanto de los comportamientos del magistrado Barría y no informaron o denunciaron los hechos.

LOS CARGOS FORMULADOS

Desde la presentación del mensaje anónimo a la Corte Suprema, a fines de julio de 2020, y luego del inicio del sumario, distintas funcionarias y una ex funcionaria del Juzgado de Garantía de Rancagua solicitaron hacerse parte como denunciantes en el proceso.

Uno de los casos más graves es el que finalmente no dio pie a cargos contra Barría porque estaría prescrito. No obstante, sobre esta acusación la ex fiscal Rencoret estableció que “existen antecedentes probatorios suficientes para establecer la efectividad de los hechos (…) consistente en la tocación del trasero, masajes y hostigamientos, el primero de ellos, según sus propios dichos, ocurrió en diciembre de 2006, y los demás en años anteriores a la fecha fijada para esta investigación, por tanto, encontrándose prescritos, no serán considerados en esta formulación de cargos”.

El relato de esta denunciante indica que Barría la comenzó a tocar por el cuello, “luego bajo la mano por su espalda, luego llegó a su cintura y después le tocó el trasero con toda su mano”. Además, describió situaciones similares a las que también cuentan las otras afectadas: “Tocaba el tirante del sostén, eso fue desde el 2005 en adelante, hasta el año pasado aún seguía poniendo sus manos en la espalda”.

Otra de las denunciantes relató ante la ex fiscal Rencoret que Barría recurrentemente se paraba cerca de su escritorio, la rozaba o intentaba manipular su reloj de muñeca. “Ella le decía que la dejara tranquila porque le incomodaba que le moviera el reloj, era un juego para él. Acota que le tocaba el brazo, los hombros, se colocaba atrás y empezaba hacer masaje en los hombros, luego tocaba el pelo, le comentaba que andaba chascona, ‘uy que tienes harto pelo’”, se describe en la declaración.

El testimonio indica que la denunciante se ponía nerviosa y mostraba su incomodidad moviendo la cabeza, los hombros y los brazos. En cuanto a la recurrencia de estos hechos, la denunciante dijo que ocurrían al menos una vez por semana, con una duración máxima de cinco minutos. “Él era muy inteligente, buscaba la oportunidad en que el pasillo estaba solo, en la hora de colación empezaba a darse vueltas, desde las dos en adelante”, agregó.

Su relato indicó que el hecho de mayor gravedad ocurrió en agosto de 2018. En una de las salas del tribunal, mientras la denunciante cumplía con labores de acta, el magistrado empezó a tocarle la espalda, pero otra funcionaria, al advertir esta conducta, se acercó a hacerle algunas consultas para evitar el episodio. “El magistrado sacó la mano, se hizo el loco y se fue”, dijo la denunciante.

Sin embargo, indicó que Barría regresó a la sala: “Le preguntó si había algo pendiente, a lo que la declarante le contestó que seguía transcribiendo, pero urgente nada, que si quería podía irse, le dijo ok y en eso le tomó la cara con sus manos y le dio un beso, ella al tratar de esquivarlo, porque el ocupó la fuerza con su mano, fuerte la dirigió hacia él, hacia su boca, y ella haciendo el quite, le alcanzó a dar un beso en la mitad del labio, no dijo nada y se fue”. La denunciante relató que después de eso se puso a llorar en la sala, lo que fue ratificado por otros funcionarios del Juzgado de Garantía de Rancagua.

En la formulación de cargos presentada al pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua por Natalia Rencoret el 20 de octubre pasado, la entonces fiscal judicial aseguró sobre los testimonios relacionados con esta denunciante:

“Las probanzas rendidas en la instrucción, consistentes en el testimonio de las tres funcionarias denunciantes y de funcionarios del Tribunal de Garantía de Rancagua, que refrendan los dichos de las primeras, permite sostener que en el año 2018 y 2019 y hasta antes de comenzar el teletrabajo en marzo de 2020, el Juez Luis Hernán Barría Alarcón, en reiteradas oportunidades, especialmente a la hora de almuerzo y estando de turno, concurría a la sala de audiencia (…) y en dicho lugar, cerciorándose previamente de encontrarla sola, se ubicaba al lado de su escritorio, prácticamente sin espacio entre su cuerpo y el de la funcionaria, que permanencia sentada transcribiendo actas, para comenzar a tocar su espalda, los brazos, el reloj, el pelo”.

Corte Suprema de Justicia

Así, la ex fiscal acreditó que “el hecho más grave, ocurrido en agosto de 2018, es el contacto físico que ocurrió cuando el sumariado forzó el rostro de (…) y roza la mitad de su labio obteniendo sin su consentimiento un beso”.

Una tercera denunciante narró en el sumario que a principios de 2019 ella iba saliendo de la sala de audiencias y Barría venía entrando. Entonces, relató, el juez “le agarró la puerta y la arrinconó, agarrándole el pañuelo y venían sus colegas, frente al acorralamiento su reacción fue empujarlo, y le dijo ‘ya déjeme’”.

La declarante indicó que “fueron varios episodios así desde que llegó hasta antes de la pandemia”, detallando que constantemente debía esquivar el saludo del magistrado Barría, para que éste no la besara en los labios. También señaló que el juez le tocaba la espalda, “el cabello, el hombro y haciendo como jugarreta, porque para él era como un juego, haciéndose el chistoso, le sacaba los lápices, cajetilla de cigarros”. Añadió que, estando en la sala 4, ella se levantó y Barría empezó a tocar un pañuelo que llevaba puesto alrededor del cuello, “uniendo ambos extremos y tomándolo varias veces desde lo más lejos de su cuerpo a lo más cercano, describe que se lo agarraba acercando las manos a su cuerpo”.

El último caso consignado en el sumario corresponde a una funcionaria que, si bien declaró en el proceso, no quiso ser denunciante. Fueron los testimonios de sus colegas los que permitieron a la entonces fiscal Rencoret determinar que esta persona también había sufrido acoso. Pero, aunque la ex fiscal dio por acreditado que en este caso hubo acoso sexual, los antecedentes no fueron considerados en la presentación de cargos porque la afectada no presentó la denuncia.

Finalmente, la formulación de cargos indicó:

“Los hechos establecidos, constituyen un actuar permanente y sostenido en el tiempo, que incluye varias conductas que calzarían en el tipo de acoso sexual, que prohíbe de manera taxativa el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo, constituyéndose de esta manera una contravención a lo que establece, en primer lugar el numeral 8 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, por infringir una prohibición que establece la ley, sin perjuicio de que por sí sola, dicha conducta además se enmarca dentro de los casos que señala el numeral 2 y 4 del mismo artículo. Primero por faltar gravemente a las consideraciones debidas a otros funcionarios o empleados del orden judicial; y por irregularidades de su conducta moral, que comprometieren el decoro de su ministerio, infracción que en términos generales, se considera muy grave, por cuanto del contexto de los hechos, además, posee las agravantes de la superioridad del cargo existente entre ofensor y víctimas y por las consecuencias de salud que dichas acciones provocaron en estas últimas”.

CIPER consultó a la Corte de Apelaciones de Rancagua si se amplió el plazo para que el magistrado responda los cargos, y desde esa entidad dijeron que “los plazos actualmente se encuentran suspendidos hasta que el nuevo fiscal instructor reanude la investigación”. Además, desde el tribunal de alzada indicaron que el pleno de la Corte Suprema resolvió “suspender al juez Barría por dos meses”.

Respecto al estado en el que se encuentra el sumario, la Corte dijo que éste se encuentra “suspendido hasta que el nuevo fiscal instructor ordene su reanudación, debiendo formularse los descargos, abrir término probatorio, y luego de ello el fiscal instructor debe remitir el informe final que debe conocer el órgano resolutor (Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones) que debe dictar el fallo. La causa fue remitida a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Talca según artículo 216 del Código Orgánico de Tribunales”.

CIPER también preguntó qué ocurrirá con los hechos que la ex fiscal judicial acreditó, pero por los cuales no formuló cargos. Desde la Corte de Apelaciones de Rancagua respondieron que “la formulación de cargos solo se notifica a los intervinientes, desconociendo el órgano resolutor (Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones) el contenido de dichos cargos”.

LOS QUE YA SABÍAN

El pasado 4 de septiembre, a eso de las 14:30, la ex fiscal judicial Natalia Rencoret le tomó declaración al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero. La razón para preguntarle sobre este caso era que la denuncia anónima que había llegado a la Corte Suprema, mencionaba que los episodios de acoso sexual habían sido informados a Caro Romero y a Michel González Carvajal, ambos ministros del tribunal de alzada de la Región de O’Higgins.

En su declaración, Pedro Caro afirmó que el 15 de noviembre de 2019, en el marco de otro sumario, le tomó declaración a Carlos Alberto Alarcón Delgado. En esa ocasión, según el relato del ministro Caro, Alarcón ejerció su derecho a guardar silencio, pero de igual modo  expresó que la denuncia por la que estaba siendo sumariado se debía a una operación del juez Luis Barría, agregando que tenía antecedentes respecto de que Barría habría acosado sexualmente a funcionarias. El ministro Pedro Caro dijo que le respondió que no podía recibir tal declaración, en vista de que había ejercido su derecho a guardar silencio.

A partir del relato del ministro Caro, se desprende que nunca recibió una denuncia formal sobre las conductas atribuidas al juez Barría. Pero, persiste la duda respecto de si, de igual forma, debió informar los antecedentes de los que tomó conocimiento. CIPER le consultó a la Corte de Apelaciones de Rancagua si el ministro Caro tomó alguna medida a partir de la información que recibió. El tribunal de alzada dijo que cuando Alarcón frente a Caro “señaló que quería hacer una denuncia contra el juez Barria, se le indicó que ya no podía hacerla en esa misma ocasión –por haber ejercido su derecho a guardar silencio– pero que sí podía efectuarla por escrito y presentarla en la oficina de pleno, para que la Corte de Apelaciones decidiera si correspondía iniciar o no una nueva investigación administrativa, todo lo cual fue entendido y aceptado por los abogados del Sr. Alarcón presentes en la audiencia”.

“No obstante lo anterior, el Sr. Alarcón no presentó la denuncia que anunció, lo que impidió tomar alguna decisión al respecto. El ministro Caro no recibió la denuncia, porque el señor Alarcón se negó a declarar. Solo se le expresó la intención de denunciar y el ministro explicó el conducto regular para hacerlo, dado que el señor Alarcón no prestó declaración en el sumario contra él. Todo esto consta el en el acta del sumario que llevó el ministro Caro”, añadieron.

Por su parte, el ministro Michel González, declaró en el sumario contra el magistrado Luis Barría el 4 de septiembre, diciendo que no tenía antecedentes sobre esta denuncia y que solo supo de ella “cuando llegó al Pleno y lo enviaron a la Fiscalía para la investigación”.

La denunciante que acusó que el magistrado Barría le tocó el trasero, indicó en el sumario que ante ese episodio había recurrido al entonces administrador subrogante del tribunal, Carlos Gordon Olave. Según su testimonio, tras contarle lo ocurrido, él le dijo que lo iba a conversar “pero después nunca dijo nada, jamás se acercó”. En el sumario, consultado respecto de si sabía de algún incidente entre esta funcionaria y el juez, Gordon respondió que “formalmente” no le habían dicho nada, y sobre el episodio específico de 2006 dijo que “no lo recuerda”.

“Consultado sobre si ha escuchado algún comentario respecto de que don Luis tendría alguna conducta impropia con las funcionarias, fuera de los cánones normales. Indica que no se puede hacer cargo de todos los comentarios que escucha de todas las chiquillas y chiquillos, recalca que formalmente nadie la ha hecho una denuncia respecto de conducta de un juez”, se lee en la declaración prestada por Gordon el 20 de agosto de este año.

Carlos Gordon Olave se desempeña ahora como jefe de unidad en el Juzgado de Garantía de Rancagua. CIPER intentó contactarlo a través de correo electrónico, sin obtener respuesta.

La misma denunciante que mencionó a Gordon, dijo que tampoco recibió apoyo del actual administrador del tribunal, Rodrigo Valenzuela Correa. CIPER intentó contactar a Valenzuela, pero no hubo respuesta.

Paralelamente a la investigación administrativa, en octubre pasado también se abrió una arista penal, luego de que a fines de ese mes se presentaran denuncias ante el Ministerio Público.