Análisis comparativo de la política social económica chilena durante la pandemia

La columna compara las políticas implementadas por Chile, Argentina, Colombia, Australia, Estados Unidos y Reino Unido en contextos de pandemia en tres temas clave: trabajo, hogares vulnerables y empresas. El análisis muestra que, en todas las áreas, el gobierno chileno privilegió el uso de ahorros individuales y el endeudamiento de las personas y empresas para cubrir el menor ingreso. Comparativamente, sin embargo, los chilenos hemos vivido esta crisis con más apoyo que otros países de América Latina.

La crisis económica y social agudizada por el COVID-19 ha implicado una reducción o pérdida de los ingresos de individuos, hogares y empresas en distintos países del mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el PIB mundial en 2020 tendría un crecimiento negativo de -4,9% (la cifra es aproximada y varía dependiendo del tipo de economía^[1]). A su vez, la OCDE presentó un análisis de los efectos de la pandemia sobre los empleos, revelando un aumento explosivo en las tasa de desempleo durante este año, la cual impactará en mayor medida a mujeres, jóvenes y trabajadores de menor calificación. Estas cifras dan cuenta de una crisis económica mundial incluso peor que la experimentada en 2008, cuando se perdieron 17 millones de empleos entre los países OCDE, alcanzando una tasa de desempleo del 8%^[2].

En este contexto, el objetivo de esta columna es analizar comparativamente las políticas implementadas en Chile, Argentina, Colombia, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido para mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. El análisis gira en torno a tres grupos fundamentales: medidas que los gobiernos adoptaron para ayudar a trabajadores dependientes e independientes; individuos y hogares vulnerables; y empresas (ver recuadro metodológico para más detalles del ejercicio realizado y sus limitaciones).

Entre los países seleccionados se encuentran, por una parte, aquellos con regímenes de bienestar liberales^[3]  -Chile, Australia, Estados Unidos y Colombia- caracterizados por contar con programas sociales con una baja cobertura, con una alta focalización en individuos de bajos ingresos y con estrictas barreras de elegibilidad. El caso del Reino Unido es paradójico, pues transitó desde un Estado de Bienestar universalista después de la Segunda Guerra Mundial, hacia una reducción en la cobertura de sus programas sociales, poniendo en marcha políticas de austeridad, principalmente promovidas por gobiernos de derecha liberal en las últimas décadas. Estas políticas buscan disminuir el déficit fiscal mediante la reducción de gastos y aumento de impuestos; y se promueve el ingreso del sector privado en áreas que anteriormente eran de responsabilidad estatal^[4].

En América Latina, Chile y Colombia comparten una agenda económica de fomento al sector privado y apertura al mercado internacional. Este año, Colombia se transformó en el segundo país de América del Sur, después de Chile, en ser miembro de la OCDE. Ambos países poseen también realidades contrapuestas: tienen un desempeño positivo en algunos indicadores macroeconómicos con respecto a otros países de la región. Al mismo tiempo, los caracteriza una profunda desigualdad de ingresos, de acceso a la educación, a la salud y el transporte. De hecho, antes de la pandemia, ambos países experimentaron fuertes protestas sociales. En el caso de Argentina, al igual que Chile y Colombia, en los 90’ giró hacia una economía liberal de mercado. Sin embargo, se mantuvieron muchos beneficios característicos de un estado de bienestar robusto. Por ello, clasificamos a la Argentina como un sistema de bienestar conservador con orientación de mercado^[5].

Considerando la posición de Chile en materia económica internacional, reconocido como país de altos ingresos por el Banco Mundial y país miembro de la OCDE, nos parece que la comparación con países anglosajones es útil para analizar ejemplos factibles (es decir, políticas que pueden ser consideradas y expandidas tomando en cuenta las consecuencias de la pandemia). Esto no quiere decir que los países elegidos sean el mejor ejemplo de políticas implementadas durante la crisis. La comparación tiene como objetivo más bien presentar las medidas que se han tomado en otros contextos y evaluar qué elementos pueden ser considerados para fortalecer el apoyo entregado hasta ahora a los chilenos.

TEMA 1: ¿QUÉ MEDIDAS SE IMPLEMENTARON PARA AYUDAR A LOS TRABAJADORES?

1.1 Trabajadores dependientes

La mayoría de los países analizados implementaron programas para asegurar el salario a los trabajadores dependientes formales, es decir, trabajadores cuyas actividades laborales se subordinan a las condiciones que fija un empleador a cambio de un salario, que cuentan con un contrato de trabajo con una empresa registrada y que se rigen bajo la normativa laboral vigente, incluyendo el acceso al sistema de seguridad social.

Los países anglosajones otorgaron subsidios directos a las empresas para que continuaran pagando los salarios de sus empleados e implementaron seguros de desempleo. En Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Colombia y Argentina, las medidas para complementar el pago de salarios se financiaron con recursos del Estado. En cambio, en Chile, el gobierno utilizó principalmente los fondos de ahorro individual del seguro de cesantía. Es decir, los trabajadores que vieron suspendidos sus contratos producto de la pandemia, están gastando sus ahorros para pagar sus propios salarios. En la Tabla 1 se resumen algunas de las medidas adoptadas por cada país. Para una discusión detallada de las medidas aplicadas, ver Anexo 1.

Tabla 1. Resumen de los principales programas para pagar salarios a trabajadores dependientes durante la pandemia COVID-19

¿Qué diferencia a Chile?

Primero, todos los países analizados aumentaron el gasto para financiar programas que permitieran mantener los ingresos de las personas afectadas por la crisis de la pandemia. A excepción de Chile y en menor medida Colombia, los países utilizaron fondos fiscales para financiar el 100% de los programas de apoyo económico a trabajadores dependientes. El gobierno chileno decidió utilizar el ya existente programa de seguro de cesantía para cubrir los salarios de los trabajadores que vieron suspendidas sus actividades producto de la pandemia. Sin embargo, el origen de los fondos para cubrir los salarios proviene mayoritariamente de los ahorros individuales de los trabajadores. Si bien el gobierno comprometió el aporte de $2.000 millones USD para el fondo solidario, este comienza a funcionar recién en caso de que el monto del fondo individual sea insuficiente para cubrir los topes o porcentajes definidos para cada afiliado. El problema central que genera la utilización de los fondos individuales para cubrir los salarios es la desprotección futura de los trabajadores en caso de desempleo. De esta forma el programa presentado por el gobierno chileno funciona como un subsidio indirecto a las empresas financiado por los propios trabajadores.

Según las proyecciones económicas realizadas por organismos nacionales e internacionales respecto a un aumento del desempleo en un corto y mediano plazo, los trabajadores que se vieron obligados a hacer uso de sus ahorros individuales verán gravemente afectados sus ingresos en caso de desempleo. El gobierno chileno debe plantear una medida paliativa que busque restituir los fondos utilizados, o bien aumentar los recursos para el fondo solidario establecido durante la pandemia, de tal manera que proteja tanto el presente como el futuro de los trabajadores.

Una segunda diferencia es el tamaño monetario de los beneficios. Reino Unido, Australia, EE.UU. y Colombia mantienen el mismo porcentaje de pagos por al menos tres meses. Mientras que Chile es el único país que aplica una disminución progresiva del beneficio después del primer mes; la cual no toma en consideración una posible extensión de la situación de emergencia sanitaria. Reino Unido y Australia mantuvieron altos porcentajes de cobertura y topes de los salarios durante los meses de confinamiento. En cambio, en Chile, los porcentajes de cobertura fueron disminuyendo progresivamente para aquellos trabajadores que aún no han podido volver a sus lugares de trabajo. Para los trabajadores con contrato indefinido que tuvieron que suspender su contrato de trabajo desde marzo, durante el mes de agosto les corresponderá recibir un 35% de su salario o entre $175.000 a $326.478 CLP si hacen uso del fondo solidario. Es decir, los trabajadores no solo están quedándose sin los ahorros destinados a protegerlos en caso de desempleo, sino que también experimentan una drástica reducción de sus ingresos en el corto plazo.

Tercero, respecto a la duración de los beneficios, encontramos importantes diferencias entre países. Solamente el Reino Unido y Australia han considerado la extensión de los beneficios manteniendo las mismas condiciones hasta agosto, y realizando una disminución progresiva hasta octubre de 2020 (Reino Unido) y marzo de 2021 (Australia). A la fecha, los demás países analizados no han anunciado la extensión de los beneficios.

Y cuarto, Chile es el único país del grupo en donde el gobierno delegó el pago de salarios a una entidad independiente creada para la administración del fondo de cesantía. En los países anglosajones y Colombia, los fondos destinados a pagar o complementar los salarios de los trabajadores fueron entregados por el Estado directamente a los empleadores, quienes luego se los entregaron a los trabajadores. A su vez, en el caso de los seguros y subsidios de cesantía, la administración depende directamente de entidades estatales. En Chile, la administración de los fondos de cesantía se encuentra en manos de una sociedad anónima cerrada (Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A), de propiedad de las AFP Provida S.A. (48,60%), AFP Capital S.A. (29,40%), AFP Cuprum S.A. (16,70%) y AFP Planvital S.A (5,30%). Esta sociedad administradora se encuentra regulada por la Ley No. 19.728, estipulando que la Sociedad tendrá derecho a una retribución establecida sobre la base de comisiones, de cargo de los aportantes, la que será deducida de los aportes o de los Fondos de Cesantía como del Fondo Solidario de Cesantía. De acuerdo con su balance al 30-06-2020, la sociedad declaró utilidades por más 2 mil millones de pesos en el último año. Otra de las particularidades de esta ley es que prohíbe el ingreso al mercado de otros actores, impidiendo de esta forma que los trabajadores consigan mejores condiciones en términos de comisiones y rentabilidad de sus fondos.

1.2 Trabajadores independientes

En los países anglosajones analizados, los beneficios para trabajadores independientes^[6] consideran la extensión de los programas de subsidio destinados a trabajadores dependientes. Mientras que, en América Latina, los beneficios se centraron en facilitar el acceso al crédito para trabajadores independientes, con tasas preferenciales y plazos de pago extendidos (ver Anexo 1, para una discusión detallada de las medidas de cada país).

En Chile, el apoyo del Estado para este grupo de trabajadores es bastante menor comparado con el de los países anglosajones. Cabe destacar que los trabajadores independientes están altamente expuestos a perder sus fuentes de ingresos, especialmente cuando representan un costo directo para empresas que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia y en especial porque el término de contrato con estos trabajadores no representa costos adicionales. En los países anglosajones, se privilegió la extensión de subsidios para trabajadores dependientes, a los trabajadores independientes, a diferencia de lo realizado por el gobierno chileno, quienes entregaron un subsidio por un máximo de $100.000 CLP para trabajadores independientes con ingresos promedio mensuales menores a $500.000 CLP, y un crédito por hasta $650.000 CLP para todos los trabajadores que hayan percibido una reducción de al menos el 30% de su salario de los últimos meses. El anunciado “Bono Clase Media” puede ser una ayuda para trabajadores que han visto disminuido sus ingresos, pero es insuficiente para paliar la disminución o pérdida total de los ingresos en los últimos meses.

TEMA 2: ¿QUÉ APOYOS SE ENTREGARON A PERSONAS Y HOGARES MÁS VULNERABLES?

2.1 Bonos y transferencias monetarias a los beneficiarios de programas sociales y población vulnerable

En este tema, la primera distinción entre los países analizados radica en cuán amplios y extendidos eran los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable antes de la pandemia, comparado con países con sistemas de protección social más restringidos, altamente focalizados y con mayores barreras de selección, como es el caso de Chile.

Basado en ello, durante la pandemia, un primer grupo de países (Reino Unido y Australia) amplía y fortalece los beneficios sociales y económicos ya existentes, otorgando bonos y transferencias monetarias a los beneficiarios de programas sociales, y reduciendo las barreras de ingreso a programas ya existentes. Reino Unido y Australia, por ejemplo, contaban con programas de subsidio de desempleo como parte del sistema de protección social, dirigido a personas que habían perdido su trabajo, estuvieran buscando uno o que, por alguna razón, no pudieran trabajar. Durante la pandemia, los beneficiarios de estos programas pudieron acceder a la extensión de beneficios para paliar la disminución o pérdida de ingresos.

Un segundo grupo de países (Chile, EE.UU., Argentina y Colombia), en tanto, crean bonos y transferencias monetarias con una cobertura extendida no sólo a quienes se encuentran en situaciones límite de pobreza, sino también a grupos sociales, individuos y hogares que cayeron en condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia (ver tabla a continuación). Todos los países analizados utilizaron la información ya existente para clasificar a los grupos más vulnerables y así focalizar la entrega de beneficios sociales durante la pandemia (para un detalle de los beneficios entregados revisar Anexo 1).

Tabla 2: Resumen principales programas de transferencia monetaria enfocados en la población vulnerable durante la Pandemia COVID-19

2.2 Apoyo al pago de servicios básicos y vivienda

En EE.UU. y el Reino Unido otro grupo de medidas destinadas a proteger a la población más vulnerable fueron las prohibiciones de embargo y desalojo por deudas hipotecarias. En la misma línea, en el Reino Unido se aumentó el tope del monto otorgado para cubrir los arriendos a los beneficiarios de programas sociales.

En Colombia, se ofreció diferir el pago de servicios básicos hasta por 36 meses, sin interés. Y en Chile se suspendió el corte de servicio por deudas impagas en cuentas de luz y se permitió la postergación en el pago de las cuentas de agua para el 40% de los hogares más vulnerables.

2.3 Apoyos económicos a población vulnerable y no vulnerable

Un tercer grupo de iniciativas otorgan apoyo económico a un grupo más amplio de la población. En Chile, el programa de Ingreso Mínimo Garantizado beneficia a trabajadores dependientes que reciben salarios menores a $380.000 brutos ($481 USD) para complementar sus sueldos y alcanzar un ingreso mínimo líquido por este mismo monto. El tope del beneficio es de $59.200 CLP ($75 USD), complementando el ingreso mínimo líquido del país que alcanza los $301.000 CLP ($381 USD) mensuales.

Finalmente, un último set de medidas son para un grupo de la población no necesariamente clasificado como vulnerable, pero que también han sido impactados por la pandemia. Ejemplo de estas iniciativas son la flexibilización para el retiro de fondos de pensiones (contribuidas mayoritariamente mediante ahorro individual) en Australia y en Chile. En EE.UU., en tanto, se suspendió el pago de préstamos federales por estudios hasta septiembre. Colombia aumentó el período de gracia para los deudores de créditos hipotecarios, y en Chile se permitió postergar el pago de la primera cuota de contribuciones de bienes raíces. Recientemente Chile anunció la creación de un “Bono Clase Media”, destinado a trabajadores (dependientes e independientes) que percibieran en promedio más de $400.000 ($503 USD) mensuales y que hayan visto disminuidos sus ingresos en un 30% o más durante la pandemia, otorgando hasta $500.000 CLP ($629 USD) a través de un pago único.

¿Qué se puede concluir del apoyo entregado por Chile a la población más vulnerable?

Chile, mediante el “Subsistema Seguridades y Oportunidades” cuenta con un sistema de protección social restringido, con altas barreras de selección, y focalizado en hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema, otorgando transferencias monetarias directas y condicionadas y acompañamientos para ayudar a los hogares a superar la línea de pobreza extrema. Durante la pandemia, los programas de apoyo económico entregaron recursos a un grupo más extenso que los beneficiarios normales de programas sociales. Por el contrario, Reino Unido y Australia, con sistemas de protección social más amplios, con transferencias monetarias directas e indirectas que pueden sostener a un hogar sin otro tipo de ingresos, incluyen dentro de los beneficiados hasta a los desempleados. Este elemento es relevante dado el aumento del desempleo durante la pandemia. En Chile, al igual que en el resto de los países latinoamericanos estudiados, los montos otorgados son insuficientes para cubrir los costos durante un período de confinamiento sin recibir otro tipo de ingresos. Esto es lo que probablemente ha llevado a un grupo de la población a buscar ingresos mediante empleos informales, debiendo incumplir las medidas de confinamiento para complementar los escasos ingresos durante este período.

Un segundo elemento que llama la atención en la comparación es la ya anunciada extensión de los plazos de los principales programas de apoyo económico y social en los países anglosajones. En el Reino Unido, el subsidio para el pago de los salarios fue extendido hasta octubre de 2020, mientras que, en Australia, hasta marzo de 2021 (con disminuciones progresivas de contribución fiscal desde agosto y septiembre, respectivamente). Asimismo, el bono de suplemento dirigido a pensionados y beneficiarios de programas sociales australiano fue extendido hasta diciembre de 2020. En EE.UU., incluso, se está discutiendo la posibilidad de entregar un segundo pago de impacto económico. Ninguno de los países latinoamericanos ha anunciado la extensión de sus programas, los cuales cada mes son evaluados para su continuación (para aquellos programas que han considerado más de un pago). Considerando que los efectos económicos de la pandemia no terminan con los procesos de desconfinamiento, es necesario planificar y comunicar con antelación la extensión o creación de programas y así reducir la incertidumbre generada por la disminución de los ingresos.

En tercer lugar, respecto al retiro limitado de fondos de pensiones en Chile y Australia, la OCDE recomendó a los gobiernos evitar alivios económicos de corto plazo que pudieran tener repercusiones en el largo plazo en las jubilaciones de las personas. Esta medida es evaluada como último recurso, privilegiando antes el fortalecimiento de programas de ayuda a desempleados, así como a personas en situación de estrés económico. La aprobación y popularidad de esta medida en Chile da cuenta, en parte, de la escasa ayuda por parte del Estado hacia la gran mayoría de la población, debiendo las personas recurrir a sus ahorros personales y destinados a la jubilación para paliar los efectos de la Pandemia.

TEMA 3: ¿QUÉ APOYOS SE OTORGARON A LAS EMPRESAS?

3.1 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

La emergencia sanitaria ha afectado las actividades de muchas empresas de manera parcial o total, generando una disminución en sus ingresos. Las políticas para apoyar a las empresas durante la pandemia en los países analizados se enfocan principalmente al acceso a créditos con garantía estatal. Sin embargo, el Reino Unido y Australia consideran subsidios directos a PyMEs de sectores más golpeados. A su vez, Chile es el único país que no contempló subsidios o apoyos para el pago de las obligaciones previsionales por parte de, al menos, las PyMEs. Dado que muchas de las obligaciones financieras y previsionales no han sido suspendidas, las empresas han recurrido a formas de endeudamiento para cubrir estos pagos, lo cual puede significar una carga mayor e impactar aún más en la crisis económica y en el desempleo una vez finalizada la pandemia. En la tabla 3 se presenta un resumen de las principales medidas implementadas por los países para apoyar a las PyMEs en materia de acceso a créditos (para una revisión detallada de éstas, ir al Anexo 1).

Tabla 3: Resumen principales programas enfocados en las PyMEs durante la Pandemia COVID-19

Postergación de impuestos y obligaciones financieras y previsionales

Junto con otorgar un mayor y más rápido acceso a créditos, un segundo mecanismo de apoyo a las empresas es la postergación, disminución o eliminación de impuestos. En Chile se flexibilizó el pago de deudas tributarias y se postergó el pago de impuestos de PyMEs entre los meses de abril a junio de 2020. A su vez, se permitió suspender el pago del impuesto a la renta (PPM) por estos mismos tres meses, con el fin de inyectar liquidez a las PyMEs. En el Reino Unido, se postergó el pago de impuestos entre marzo y junio de las empresas que lo solicitaron, con fecha límite de pago en marzo 2021. Colombia presentó un programa similar a los países anteriores, permitiendo la postergación del impuesto a la renta hasta diciembre de 2020.

Australia presentó un programa enfocado a PyMEs y empresas sin fines de lucro que permitió utilizar como capital de trabajo un monto equivalente a los impuestos retenidos de los salarios de los trabajadores por hasta $50.000 AUD ($35.942 USD). Inicialmente este programa estaba vigente hasta junio 2020, pero fue extendido hasta septiembre 2020. En Estados Unidos se alivió la deuda de pequeñas empresas a través de préstamos y descuentos en el pago de impuestos asociados a sueldos; y, en Argentina, las PyMEs fueron eximidas del pago de impuestos relacionados a créditos bancarios. En Colombia y Argentina se liberó en gran medida a las empresas del pago de obligaciones previsionales, por dos y tres meses, respectivamente.

Transferencias directas

Por último, en sólo dos países se otorgaron transferencias directas, sin necesidad de devolución, a empresas de los sectores más afectados por la pandemia. En el Reino Unido se otorgaron subsidios directos a PyMEs y empresas del sector de la cultura, las artes y el entretenimiento y hospitalidad (restaurantes, pubs y turismo). Australia otorgó un paquete de ayuda económica directa al sector de las culturas, las artes y el entretenimiento para financiar la pérdida de ingresos y salarios de organizaciones culturales y del sector creativo.

El caso de EE.UU. es paradójico, dado que gran parte de los créditos ofrecidos a las empresas pueden ser condonados si los fondos son utilizados para financiar los salarios de los trabajadores. Esta medida busca evitar el despido o reducción de los salarios por parte de los empleadores.

¿Qué diferencia a Chile?

El gobierno chileno enfocó las medidas de apoyo económico a las PyMEs en la facilitación de créditos con garantía estatal y la postergación de algunos tipos de impuestos. En relación a la primera medida, el acceso a créditos por parte de estas empresas queda a disposición de la evaluación comercial de las entidades financieras, por lo que muchas PyMEs no podrán beneficiarse de esta medida, especialmente aquellas que arrastran dificultades económicas con anterioridad. En los países anglosajones se complementaron estas medidas con la transferencia directa de fondos, o de créditos directos desde entidades estatales a las PyMEs por montos inferiores, pero de mayor rapidez, dada la negativa o tardanza de las instituciones financieras en otorgar y aprobar los créditos.

Adicionalmente, en Chile no se consideraron medidas concretas para ayudar a las PyMEs más afectadas por la pandemia en el cumplimiento de las obligaciones previsionales. Considerando que muchas empresas han visto afectadas sus operaciones de manera parcial o total, el endeudamiento ha surgido como la única alternativa para cubrir estos y otros costos. En los países anglosajones, los subsidios para financiar los salarios de los trabajadores incluyeron también las obligaciones previsionales. En Argentina y Colombia se suspendió el pago de obligaciones previsionales por parte de las PyMEs por un período acotado.

Por último, Chile no ha considerado el apoyo directo y focalizado a PyMEs de los sectores de las culturas y las artes, el entretenimiento y hospitalidad (restaurantes, pubs y turismo). Consideramos que los ejemplos de las medidas tomadas por el Reino Unido y Australia, con la postulación de fondos de transferencia directa para capital de trabajo y salarios de empresas, son una vía a utilizar dada la extensión de las consecuencias económicas en estos sectores.

3.2 Grandes Empresas

Si bien todos los países consultados centraron sus medidas en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, algunos extendieron parte de estos programas también a las grandes empresas, en especial los referentes al acceso al crédito.

En el Reino Unido se implementaron dos programas de financiamiento para grandes empresas, el “Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme (CLBILS)”, financiando préstamos de hasta £300 millones GBP ($393.589.000 USD) y el “COVID-19 Corporate Financing Facility” que otorga financiamiento de hasta £1 billón GBP ($1.308.060.000 USD). Australia ofreció apoyo en el pago o diferimiento de impuestos, siendo evaluado caso a caso.

Estados Unidos implementó un programa de crédito de impuestos para la retención de empleados, el cual entrega a empleadores un crédito correspondiente al 50% de los impuestos de las remuneraciones con un tope de salario de $10.000 USD por empleado.

En Chile, las grandes empresas con ventas hasta 1.000.000 UF fueron incorporadas de manera transitoria al programa de garantía estatal FOGAPE. Con esto, las empresas pueden optar a financiamiento de créditos con un 60 al 70% de garantía estatal, dependiendo del tamaño de la empresa, manteniendo las mismas condiciones crediticias que las PyMEs (tasas y plazos).

En Colombia, la línea de créditos “Colombia Responde” también incluyó a las grandes empresas y está enfocada en los sectores de turismo, aviación y espectáculos públicos, en conjunto a las empresas proveedoras de suministros relacionadas a estas industrias. Este programa entrega créditos por hasta $5.000 millones COP ($1.291.080 USD).

Argentina presentó una serie de medidas principalmente enfocadas a las PyMEs, algunas de las cuales incorporaron a las  grandes empresas. Dentro de ellas se encuentra el pago complementario de salarios con un tope de $10.000 ARG ($136.5 USD) por persona, la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

REFLEXIONES FINALES: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER PARA EL DISEÑO FUTURO DE POLÍTICAS?

De acuerdo al FMI y la OCDE, las políticas fiscales son de vital importancia para salvar vidas, así como para proteger a los individuos, hogares y empresas más afectados por esta pandemia. Es por esta razón que, considerando las condiciones financieras de cada país, los gobiernos deben promover estímulos fiscales para reactivar la economía y así proteger a quienes se han visto más afectados.

Según datos del FMI, las medidas que los gobiernos han tomado para enfrentar los desafíos sociales y económicos producidos por la pandemia tienen diferentes impactos en el corto y mediano plazo en el balance y deuda fiscal. Por ejemplo, el gasto adicional destinado a financiar programas temporales de apoyo a los salarios de los trabajadores, subsidios de desempleo y transferencias monetarias a la población más vulnerable generan un aumento inmediato del déficit y la deuda fiscal presente, que no debiera arrastrarse mayormente en el futuro dado el carácter temporal de las medidas. Las medidas de postergación de impuestos también pueden impactar en el déficit y la deuda fiscal presente debido a la menor recaudación, lo cual se ve mejorado en el futuro una vez que los impuestos sean pagados por los contribuyentes. A su vez, las garantías estatales de los créditos no significan un mayor gasto fiscal en el presente, pero podrían tener consecuencias para el balance y la deuda fiscal en el futuro, en caso de que los créditos no puedan ser pagados por los deudores.

En términos de apoyo a las personas y hogares vulnerables, en la mayoría de los países, el aumento del gasto fiscal presente para financiar las políticas destinadas a paliar la disminución de los ingresos de los trabajadores y la población más vulnerable considera principalmente la creación de nuevos programas, realizando un esfuerzo adicional en recursos económicos, administrativos y burocráticos. En países con sistemas más robustos de protección social, como es el caso del Reino Unido, son los programas existentes los que se han expandido para incorporar a las personas, trabajadores y hogares afectados por la Pandemia.

Por otro lado, las medidas para apoyar la liquidez de las empresas y trabajadores independientes, mediante el aumento de la garantía estatal de los créditos, presentan un desafío para los deudores en un mediano plazo. Frente a la incertidumbre y extensión de períodos de confinamiento ya experimentados en algunos países, es necesario repensar las consecuencias que pueda tener este endeudamiento especialmente en trabajadores y empresas de los sectores más afectados. Medidas para ampliar, flexibilizar o condonar la devolución de estos créditos deberán ser consideradas especialmente entre las PyMEs de los sectores económicos más afectados. Ejemplo de esto son las iniciativas que han adoptado el Reino Unido y Australia, creando programas de apoyo mediante subsidios directos a la industria hospitalaria (restaurantes, pubs y turismo), de la cultura, las artes y el entretenimiento, y la construcción.

Al comparar a Chile con los otros países, destaca la decisión de utilizar los ahorros individuales del seguro de cesantía para financiar los salarios de trabajadores dependientes. El gobierno chileno traspasa la gran mayoría del gasto, que es 100% fiscal en el resto de los países analizados, a los propios trabajadores. Además, es el único país de la OCDE en tomar una medida de este tipo. El principal problema de esta decisión radica en que el seguro de cesantía, con un componente mayoritario de ahorro individual, está creado para apoyar a los trabajadores en situaciones de desempleo. Tomando en cuenta las proyecciones de la economía para el corto y mediano plazo, es probable que una parte de estos trabajadores deba hacer uso del seguro de cesantía, pero para entonces no contarán con los fondos ahorrados previamente. Es frente a este escenario que el gobierno chileno debe diseñar alternativas que permitan restituir los fondos utilizados, aumentar los recursos del fondo solidario o crear un subsidio de desempleo como el existente en Reino Unido, Australia y EE.UU. A su vez, así como se debiera evitar el uso de los fondos individuales del seguro de cesantía para cubrir salarios, debería implementarse un programa de retención de empleos para disminuir el riesgo de despidos, en base a subsidios que permitan a las empresas contar con recursos y generar un alivio real de sus costos. La flexibilidad de estos programas debe ser tal que permitan adaptarse a los posibles escenarios esperados para la etapa de desconfinamiento y posibles rebrotes.

Un segundo aspecto relevante respecto al seguro de cesantía chileno se relaciona con la caída gradual en los porcentajes de cobertura respecto del salario percibido en los últimos 3 meses. Originalmente (y en tiempos normales), la caída gradual en la cobertura tiene como objetivo incentivar a los trabajadores cesantes a buscar un nuevo empleo con rapidez. Sin embargo, considerando la situación actual, es necesario replantear estas caídas graduales, dada la imposibilidad de los trabajadores de buscar otras alternativas para complementar la disminución de sus salarios y tomando en cuenta que la extensión en la suspensión de empleos puede ser más larga de lo proyectado.

Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de la tardanza en la implementación de programas de transferencia monetaria focalizadas a la población más vulnerable, las políticas económicas implementadas para mitigar las consecuencias de la pandemia en Chile han cubierto a un mayor porcentaje de la población y, en comparación con Argentina y Colombia, han sido más generosas en los montos otorgados. Sin embargo, los montos y alcances de los programas presentados por el gobierno chileno no alcanzan a cubrir los costos mínimos para subsistir sin otra fuente de ingresos, como sí lo aseguraron los programas del Reino Unido y Australia.

Tomando en cuenta la posición económica actual de Chile, y el aumento proyectado del déficit fiscal de 3,5% del PIB (cíclicamente ajustado)^[7] debido al mayor gasto durante la pandemia, es que consideramos que aún hay espacio para ofrecer ayudas económicas a la población que se ha visto más afectada durante este período. La reciente propuesta de impuesto a los “super ricos” es una alternativa rápida y efectiva de recaudación de ingresos fiscales, la cual puede contribuir al alivio económico de una gran parte de la población que se seguirá viendo afectada por las consecuencias de esta pandemia en una etapa de post confinamiento.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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