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Comentarios (5)

Pablo | 16.07.2020
La forma en que disfracen la validación de la expropiación no afecta el resultado, y este se comprueba siempre, se pierde la iniciativa que mantiene activas las fuentes de empleo y riqueza, en otras palabras, nos pegamos un tiro en los zapatos. Para qué decir de las redes políticas que se van tejiendo en todas estas empresas estatales con una resultante ineficiencia para generar los bienes e imposibilidad de que aislar las pérdidas en caso de que dichas empresas ya no sean solventes (ver TVN). A Friedman lo demonizan porque bien saben que él los atacó y desenmascaró (a los políticos), mostrando que actúan solamente cuidando sus propios intereses y aún cuando suenen bonachones no hacen lo que a veces, sonando impopulares, es necesario hacer.
Jaime Hernández | 19.01.2020
La mayoría de nuestra oligarquía empresarial utilizaron la dictadura para expropiar y apropiarse de las empresas del estado, no pagando o pagando precios irrisorios por ellas, eso lo sabe la ciudadanía, y que la Concertacion cuando estuvo en el gobierno remediaria, sin embargo nunca lo hizo. La dictadura asesorados por la oligarquía y sus chicago boys entregó nuestros recursos naturales a ellos mismos y a empresas trasnacionales, es hora que las empresas y recursos naturales vuelvan al Estado de Chile y a su ciudadanía. ¡Basta del saqueo!
Lucas Andrés Figueroa Lira | 17.01.2020
Ciper ha hecho más por Chile que muuuchos gobiernos. Muchísimas gracias!!
Mario | 16.01.2020
Parece efectivo el dicho "pastelero a tus pasteles". J.P Matus, prestigioso penalista, pretende abrir, como lo hiciera Eduardo Novoa Monreal en su momento, algunos resquicios legales destinados a justificar y amparar una "nueva fórmula" para hacer procedentes unas impropias y eventualmente ilegales (además de inconstitucionales) expropiaciones, asegurando que no se harán "a la venezolana", como si ello fuera alguna garantía especial: lo que propone Matus es peor, ¡Se harán a la chilena!. Es menester señalar que, sobre todo desde el punto de vista de país receptor de inversión que detenta Chile, el análisis del penalista es de una pobreza franciscana. Los tratados sobre protección de inversiones (Bits y bitts en Inglés, de acuerdo a si son de primera o última generación), aparte de comprometer la responsabilidad internacional de nuestro país, vienen asociados a contratos de inversión entre Estado receptor e inversionista, en donde en el 99% de los casos se contempla una cláusula de opción de jurisdicción, que les permite "sacar" los conflictos desde el fuero nacional y llevarlos, casi siempre, a Ciadi (Icsid en Inglés, creado por la Convencion de Washington de 1965, de la cual Chile es Estado Parte), centro especializado en resolución de conflictos entre Estados e Inversores, dependiente del Banco Mundial. La Jurisprudencia de Ciadi es clara, profusa y unívoca: el tipo de expropiación propuesto por Matus es sancionado con dureza y se traduce en el pago de sumas que nuestro país, dado el escenario actual, no debe ni puede pagar. No se confunda, Sr. Matus: las folklóricas leguleyadas que en nuestro Chile pueden tener algún efecto NO pasan la prueba de la blancura en el extranjero, mucho menos en un Tribunal tan especializado (e institucional, por cierto) como Ciadi, a quién ud dedica apenas la última oración de su columna. La Convención que crea al Ciadi y sus procedimientos, tuvo por objeto principal evitar la "protección diplomática" que Estados poderosos otorgaban a sus nacionales frente a los atropellos de que eran sujetos por parte de Estados receptores de inversión. Dicha protección(diplomacia de cañón)se traducía en apoyo militar e incluso, invasiones a países, transformando el conflicto ya en una cuestión entre Estados y no entre inversionista y receptor. Por lo tanto, verá también J.P Matus que no es tan simple la solución propuesta y que tampoco basta con "salirse" de la Convención, como tantas veces hemos escuchado pregonar a algunos en Chile.
Alvaro | 16.01.2020
Debe haber escritos sobre experiencias de este tipo. No somos el primer país que se propone escribir una nueva Constitución. No es fácil tampoco escribir un texto así sin pisar callos. Creo que todo aquello es parte de la discusión que debe hacerse pata lograr una hoja de ruta al momento de sentarse a constituir una nueva carta. Interesante planteamiento.
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