El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz  junto al suizo Mark Pieth, experto en Derecho Penal, se lanzaron de frente contra los paraísos tributarios y su efecto nefasto en la economía mundial. En un estudio publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reproducido por importantes medios del mundo, ambos expertos reclaman que la guerra contra el terrorismo muestra que Estados Unidos y Europa tienen herramientas legales y tecnológicas para poner freno a estos paraísos; y que si los gobiernos no las usan es por el enorme poder que tienen quienes se benefician de esas opacas estructuras financieras (ver estudio en inglés).

El estudio de Stiglitz y Pieth está basado en los hallazgos de la investigación periodística internacional -que encabezó el ICIJ y en la que participó CIPER- conocida como los “Panamá Papers”. Uno de sus argumentos es que la evidencia actual ha despejado cualquier duda sobre el negativo impacto que estas jurisdicciones tienen en la economía del mundo: sirven para lavar dinero (desde el que se origina en el narcotráfico al negocio de las armas); para que los ricos del mundo no paguen los impuestos que deben en los países donde generan sus utilidades; y por último, sirven para que la desigualdad crezca a niveles altísimos en todo el planeta.

Stiglitz y Pieth afirman: “En un mundo globalizado, si hay un bolsillo secreto, los fondos se van a dirigir hacia él. Esa es la razón por la que se necesita un sistema de transparencia global”.

Joseph Stiglitz

Tal vez lo más relevante del estudio es que ofrece una serie de propuestas concretas para terminar o al menos reducir el impacto de los paraísos tributarios. Entre ellas, sugiere que se declare ilegal para cualquier ciudadano o empresa tener una cuenta en un país o una jurisdicción que no coopere con el resto de las naciones; también convertir en ilegal ya sea para individuos o corporaciones ser accionistas, directores y/o fideicomisarios de una sociedad establecida en un paraíso tributario. Su propuesta también apunta a los bancos al proponer declarar ilegal a aquellos que tengan vínculos o interactúen de cualquier manera con otras instituciones financieras de países con jurisdicciones opacas.

Stiglitz y Pieth agregan: “El castigo para la violación de estas prohibiciones debe ser severo. Un banco u otras instituciones que violen estos principios deben perder sus permisos para operar; lo mismo para abogados que operen con esas jurisdicciones”. Y sobre las empresas que se transan en la bolsa y que no informan a las autoridades quiénes son sus reales beneficiarios (esconder quien es el dueño efectivo de una empresa o un bien es uno de los principales servicios de estos paraísos), proponen que deben perder la facultad de transar sus acciones en la bolsa.

El ataque contra los paraísos tributarios, según Stiglitz y Pieth, debe incluir tanto a las empresas como a los asesores, principalmente a los abogados, que diseñan los entramados jurídicos que permiten la elusión. A esa estructura global de consultoría y asesoría el cientista político Jeffrey Winters la bautizó “la industria de la defensa de la riqueza”.

El economista estadounidense y el criminólogo suizo afirman en su estudio: “Cualquier abogado, u otro actor legal que a sabiendas cree una corporación con el propósito primario de evadir o eludir impuestos o facilitar el lavado de dinero, debe ser objeto de una suspensión y en caso de reiteración de la conducta, objeto de revocación de su licencia”.

Ambos expertos recogen también una propuesta que hace el  economista Gabriel Zucman en su libro La riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015). Zucman sostiene un hecho obvio: que aunque las autoridades tributarias frecuentemente no saben quiénes son los propietarios de muchas compañías, o de muchos bienes, pues estos se pierden en un entramado de redes de sociedades, es evidente que esa información existe, que los bancos y, sobre todo, los paraísos tributarios la conocen. Lo necesario dice entonces Zucman, es obligar a estas instituciones y países a que esa información se dé a conocer.

En ese sentido, sugieren que cada país debe establecer un registro público que identifique a los directores y propietarios finales de todas las compañías,  fundaciones y fideicomisos que operan dentro de sus fronteras. Lo mismo debiera exigirse para las transacciones inmobiliarias: se tiene que conocer  siempre la identidad del verdadero propietario.

SUIZA Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS

El duro foco del último estudio de Joseph Stiglitz y Mark Pieth es similar a la crítica ya formulada a los paraísos fiscales, y especialmente a Suiza, de Zucman. En esa investigación de 2015, Zucman describe cómo Suiza se transformó en el principal paraíso tributario mundial  y calcula el daño económico que ese país ocasiona a los países vecinos. Zucman afirma que al ofrecer estrategias para que los ricos de Alemania, Francia e Italia oculten sus fortunas, Suiza genera pérdidas que equivalen a imponerle a ese país una barrera comercial del 30%.

Mark Pieth (Foto: playthegame.org)

Stiglitz y Pieth van más allá de los daños meramente económicos.  Y resaltan el hecho de que la investigación de los “Panama Papers” (que reveló el trabajo interno del bufete de abogados panameños Mossack  Fonseca) mostró que los paraísos tributarios son usados para todo tipo de “actividades nefastas, desde la evasión tributaria y la corrupción, hasta incluso la pornografía infantil”.

En ese sentido, el Premio Nobel y el académico de la Universidad de Basel (Suiza) apuntan a los banqueros y abogados que construyen las redes societarias que llevan dineros hacia esas jurisdicciones. Y afirman que si bien “ellos pueden mirarse a sí mismos como personas que sólo hacen negocios y ayudan a sus clientes”, en la práctica –por el efecto de sus operaciones y la cantidad de leyes que vulneran- “pueden ser vistos como cómplices en la comisión de estos crímenes”.

El estudio -titulado Overcoming the Shadow Economy (Superando a la economía sumergida)- es el resultado de la participación de Stiglitz y Pieth en un comité de expertos independientes que el propio Presidente de Panamá convocó  luego del escándalo mundial que provocó la publicación en más de 130 países de los archivos secretos del bufete Mossack Fonseca. El objetivo de ese comité era proponer reformas legales e institucionales para que Panamá “se vuelva un buen ciudadano global y luche contra la evasión fiscal”. En agosto pasado ambos expertos renunciaron a ese comité argumentando que los funcionarios panameños se rehusaron a garantizar que el comité de expertos tendría completa independencia para realizar su investigación. Luego de su renuncia, el economista y el experto anti-corrupción elaboraron este estudio.

“PANAMA PAPERS”: UN HITO

La pregunta obvia que Stiglitz y Pieth intentan responder en su estudio es por qué países, como Panamá, que hasta ahora se han beneficiado con esas prácticas, deberían cambiar.

Según muestran las cifras del Banco Mundial, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en el mundo: 7,2 % anual entre 2001 y 2013. Este crecimiento le ha permitido reducir la pobreza y establecer sistemas universales de educación y salud gratuita. A diferencia de lo que puede pensarse, Stiglitz y Pieth dicen que la opacidad  tributaria no es tan relevante en ese crecimiento. Lo clave ha sido que el país ha sabido explotar las ventajas del Canal de Panamá que lo ha transformado en un centro logístico para las operaciones comerciales de Estados Unidos y ha sabido diversificar sus negocios.

El estudio puntualiza  que Panamá carga con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la década de los ‘80 cuando fue gobernado  por el dictador Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció revivir  ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países desarrollados.

Del estudio se desprende que a Stiglitz y a Pieth les importa mucho buscar una solución razonable para los paraísos tributarios. Señalan que para ello es necesario que dentro del grupo de países y jurisdicciones que mantienen esas prácticas, aparezcan países líderes “que muestren modelos alternativos que les permitan seguir creciendo y desarrollarse”.

Dirigiéndose a las naciones en desarrollo que coquetean en sus normativas con la opacidad bancaria o financiera,  sugieren que “cada país debe seriamente considerar si quiere quedarse atrapado en una lucha sin fin por seguir el ritmo de los estándares internacionales o si quiere servir de modelo, estableciendo los estándares que eventualmente otros se verán forzados a emular”.

Si esas jurisdicciones –afirman Stiglitz y Pieth- no cooperan con la transparencia, no cambian sus políticas opacas, entonces Estados Unidos y Europa tienen la obligación de hacer que estos territorios cumplan con los estándares de transparencia internacional. Esto obliga a Estados Unidos y al Reino Unido a revisar sus propios “bolsillos secretos” y comenzar a tratarlos como los ve la opinión pública: “portadores de enfermedades contagiosas”.