La tarde del 18 de enero de 2014, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, Héctor Pérez Farías observó con detención el cuerpo de José Emanuel, su hijo de 12 años. Numerosos granos de color rojo se extendían por la zona abdominal, lumbar y por las extremidades del niño, provocándole una picazón que lo llevó a pedir ayuda a sus padres.

Al preguntarle qué había hecho, dónde había estado, José Emanuel contó que por la mañana había ido a bañarse al Río Cruces junto a unos amigos. Lo hacía de forma habitual, pero ese día le llamó la atención la temperatura del agua, que estaba más alta de lo normal. Con el correr de las horas los padres de José Emanuel se enteraron a través de unos vecinos que ese día había aparecido una gran cantidad de peces muertos en el mismo sector.

José Emanuel se había bañado en las cercanías del Puente Rucaco, 800 metros río abajo del lugar donde descarga sus Residuos Industriales Líquidos (RILes) la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del Grupo Angelini. La misma planta fue condenada en 2014 con $5.200 millones de multa por derramar residuos contaminantes en el Río Cruces, lo que derivó en la muerte de miles de cisnes de cuello negro.

Celulosa Nueva Aldea (Fuente: biobiochile.cl)

La denuncia de Héctor Pérez por las lesiones que sufrió su hijo se sumó a las de otros vecinos y organizaciones como Acción por los Cisnes, lo que gatilló el inicio de una investigación de  la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Por esos mismos días, unos 400 kilómetros al norte, en la comuna de Ránquil, región del Biobío, se acumulaban las denuncias de los vecinos de otra de las plantas de Celco, Nueva Aldea. Desde 2013 acusaban derrames, malos olores y ruido excesivo, por lo que la SMA también abrió un expediente en su contra.

Los resultados de ambas investigaciones se dieron a conocer entre enero y febrero de este año, cuando la superintendencia formuló cargos contra las plantas Nueva Aldea y Valdivia. Por el tenor de las faltas –calificadas de graves y gravísimas, respectivamente- además de millonarias multas ambas plantan arriesgan perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que las obligaría a dejar de funcionar. Sería otro duro golpe para este gigante forestal que en 2014 obtuvo utilidades por US$ 437 millones y desde la muerte de los cisnes es uno de los símbolos de la magnitud del daño ecológico que puede producir la industria de la celulosa.

Además de los cuestionamientos ambientales, el Grupo Angelini está actualmente en el ojo de dos investigaciones penales por el financiamiento irregular de la política. Celco, junto a Copec, Siemel, Cruz del Sur y Corpesca entregaron fondos a la pre-campaña electoral de Michelle Bachelet por fuera de las normas del Servel (ver reportaje: La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet). Además, Corpesca es la protagonista de una investigación en que se indagan los delitos de cohecho y fraude al fisco, por los pagos realizados a la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje) y al senador Jaime Orpis (ver reportaje) en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca

PLANTA VALDIVIA OTRA VEZ BAJO LA MIRA

A raíz de los daños que sufrió el pequeño José Emanuel, el 12 de febrero de 2014 su padre interpuso una querella por lesiones menos graves contra Celco en la Fiscalía Local de Mariquina, a la que se sumaron dos adultos y un niño que también sufrieron las consecuencias de bañarse en el río (ver querella).

Un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó los antecedentes del caso en Fiscalía y en octubre de 2015 citó a declarar a siete trabajadores de la empresa, que ya habían prestado su testimonio ante el Ministerio Público.

Roberto Angelini, vicepresidente de Celco

La fiscal instructora de la SMA a cargo de las preguntas era Carolina Silva Santelices. Frente a ella, los trabajadores –junto a sus abogados– negaron reiteradamente recordar los hechos, hasta que la fiscal los enfrentó a las declaraciones que ellos mismos prestaron en la causa penal que lleva la Fiscalía Local de Mariquina.

Uno de los últimos en declarar fue Mauricio Ceverio Hidalgo, operador que estuvo a cargo de los residuos líquidos de la empresa un día antes de las lesiones de los bañistas y la aparición de los peces muertos, el 17 de enero de 2014.

Ese día un peligroso líquido, conocido en la industria de la celulosa como licor verde, llegó a la zona de tratamiento de efluentes de la planta. En este lugar, los trabajadores se encargan de recibir, controlar y tratar los residuos líquidos del proceso de producción y verterlos al Río Cruces una vez que estén dentro de los parámetros que exige la normativa chilena.

Este líquido de color verde es una solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas o daños en los pulmones si se inhala. Los trabajadores que estuvieron a cargo del tratamiento de efluentes ese día reconocieron la presencia de licor verde en el flujo de RILes, pero las declaraciones se contradicen al momento de responder cómo procedieron.

El operador de efluentes Mauricio Ceverio aseguró ante la Fiscalía que cuando se percató de la presencia del líquido, le ordenó realizar una “inspección visual” y mediciones al volante de efluentes Juan Echeparreborde. Según Ceverio, los controles indicaron que los parámetros estaban dentro del rango exigido, por lo que no fue necesario derivar el flujo a la laguna de derrames, un sector donde es enviada el agua para tratarla cuando hay parámetros alterados.

Para terminar, el trabajador abrió el estanque TK 15.000, que contiene agua de río, para “aumentar el caudal” de los residuos y el resto del proceso siguió normalmente, enviando el flujo hacia el Río Cruces.

La declaración se contradice con la versión que entregó el aludido, Juan Echeparreborde. En su testimonio el trabajador reconoce la llegada del licor verde, pero asegura que no realizó ninguna medición, ya que no recibió ninguna instrucción al respecto (ver declaraciones).

Este hecho es la acusación más grave y lidera las 11 infracciones que detalló la SMA en la formulación de cargos que realizó el 8 de enero de este año contra la planta (ver documento).

Según la normativa que regula el funcionamiento de la planta, la empresa debió activar sus sistemas internos para controlar el derrame de licor verde e informar inmediatamente, en un máximo de 24 horas desde que ocurrió el accidente, a la autoridad ambiental, lo que habría podido mitigar el daño.

Ninguna de esas cosas ocurrió y la SMA catalogó ambas infracciones como “gravísimas”. Además de las acusaciones de dos adultos y dos niños de haber sufrido lesiones en la piel, entre los miles de peces que murieron ese día había dos especies en conservación, catalogadas como vulnerables desde 2008.

La empresa ya presentó sus descargos ante la SMA, alegando vicios formales en el procedimiento y negando cada una de las acusaciones. Respecto a la más grave, la empresa asegura que no debía reportar el derrame del lictor verde porque no afectó al efluente, ya que se trató sólo de una contingencia operacional y se recuperó prácticamente la totalidad de la sustancia, cumpliéndose los límites de descarga permitidos.

Las infracciones detectadas por la SMA vuelven a poner sobre la mesa los daños ambientales que ha provocado Celco en Valdivia, luego de que en 2004 las descargas de la planta provocaran la muerte de miles de peces y cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en el Río Cruces.

Tras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que  Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.

La SMA también consideró que la planta cometió infracciones al superar el límite de descargas de algunos parámetros, además de cuestionar la forma en que se realizan las muestras. Este punto es crítico para Celco, pues actualmente se encuentra enfrentada con el Ministerio de Medio Ambiente en el Tribunal Ambiental de Valdivia, intentando detener la nueva norma de la calidad del agua que rige sobre el Río Cruces. Según la empresa, con los nuevos parámetros es imposible que una planta opere en la zona (ver reportaje de CIPER: Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua).

Ahora, con las faltas graves y gravísimas de las que la acusa la SMA, la empresa arriesga la revocación de la RCA, la clausura o multas de hasta 40.000 unidades tributarias anuales (UTA), unos $21.600 millones. El dictamen de la superintendencia debiera conocerse antes de seis meses, tras lo cual tanto la autoridad como la empresa pueden recurrir al Tribunal Ambiental.

EL OTRO FOCO CRÍTICO

Más al norte, Celco mantiene abierto otro foco de acusaciones graves por daños medioambientales. A 50 kms. de Chillán, en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, se encuentra otra de sus plantas más importantes: el complejo Nueva Aldea, que produce más de 1 millón de toneladas de celulosa kraft al año.

En octubre de 2013, la oficina de la SMA en la Región del Biobío recibió numerosas denuncias de los habitantes del sector donde se encuentra emplazado el complejo por derrames en el ducto que transporta los residuos líquidos de la empresa hasta el mar. Los vecinos acusaron pestilencia, dolores de cabeza y animales enfermos por consumir el líquido, el que terminó cayendo en un estero del lugar, además de posibles filtraciones en tierras agrícolas y contaminación de napas subterráneas.

Funcionarios de la Seremi de Salud, de la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Capitanía de Puerto Lirquén realizaron inspecciones ambientales a raíz de las denuncias, con las que se pudo verificar dos derrames -el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2013- y fallas en los sistemas de alerta instalados en el ducto para reaccionar a tiempo frente a este tipo de emergencias.

En las mismas pericias se comprobó que la temperatura de los residuos líquidos depositados por la empresa en el mar superaba en más del doble a la temperatura que debe tener el efluente al entrar en contacto con el medio marino según la norma vigente. Además de otras infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como inexistencia de cerco vegetal que aísle el perímetro del depósito de residuos industriales no peligrosos y la deficiente construcción del ducto de descarga al mar, que es visible desde la playa a pesar de que la norma exige que no lo sea.

Con el paso de los meses las denuncias continuaron, esta vez por permanentes ruidos molestos en las inmediaciones de la empresa y malos olores en el sector de Quillón y Ñipas, donde los vecinos manifestaron dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas e irritación en ojos y nariz. Además se detectó contaminación atmosférica producto de la disposición no autorizada de cal.

La SMA recopiló e investigó las denuncias que se extendieron hasta 2015 y el 17 de febrero de este año formuló cargos contra Nueva Aldea, resumiendo en ocho puntos las graves falencias que descubrió en el funcionamiento de la planta (ver documento).

Además de los derrames, la empresa fue acusada de emitir en septiembre de 2015 una cantidad indeterminada de dióxido de cloro sin tratamiento, el que al contacto con el aire se transforma en cloro gaseoso, catalogado como gas tóxico según la normativa chilena

Otra de las acusaciones apunta al origen de los malos olores denunciados por los vecinos. La SMA determinó que la emisión de gases pestilentes sin tratamiento -gases TRS- directamente a la atmósfera supera los límites impuestos por la norma, que permite estos “venteos” solo en situaciones de emergencia.

Para tener una idea, solo en enero de 2015 la empresa informó 85 venteos, alcanzando un promedio de 38 venteos mensuales entre enero y septiembre de ese año.  La SMA calificó estas emisiones como “condiciones operacionales que se reiteran numerosa y temporalmente y que van más allá de una situación de emergencia”.

Los hechos son catalogados como “graves” por la superintendencia, debido al daño que implican para la población aledaña, ubicada a menos de un kilómetro, y por el incumplimiento de las medidas que exige la RCA para minimizar y reparar estos problemas.

El proceso sancionatorio está recién comenzando, pero al igual que en Valdivia, podría implicar la revocación de la RCA, la clausura o la multa de hasta 36.000 unidades tributarias anuales, casi $19.400 millones. Celco tiene hasta el 2 de marzo para presentar un programa de cumplimiento y hasta el 9 de marzo para presentar sus descargos, para luego seguir el mismo camino que la investigación en Valdivia.

Este reportaje fue actualizado el 1/3/2016