*Ayudante de investigación: Yanara Barra, estudiante de periodismo UDP.

VEA LISTA COMPLETA DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON BENEFICIO TRIBUTARIO POR DONACIONES CON FINES POLÍTICOS ENTRE 2005 Y 2013

Los cuatro meses que duró la aventura presidencial de Evelyn Matthei, desde su proclamación de emergencia por la UDI y RN el 10 de agosto de 2013 hasta su estrepitosa derrota frente a Michelle Bachelet en la segunda vuelta del 15 de diciembre, estuvieron marcados por un fantasma: el de Arturo Alessandri Besa.

Proclamado de urgencia en 1993 por la derecha, Alessandri terminó su aventura en soledad, abandonado por los financistas de su sector y sin fondos para hacer campaña.  Fue derrotado sin apelación al obtener el 24% de los votos.

Matthei vio desde el principio que corría un riesgo similar. Los recursos empresariales se volcaban hacia las competitivas campañas parlamentarias de su sector, y también a su rival de la Nueva Mayoría, que todos daban por descontado que ganaría la elección: Michelle Bachelet.

Sebastián Piñera y Evelyn Matthei

Tanto en privado como en público, una frustrada Matthei dejaba ver su angustia por la falta de fondos para hacer campaña. “Mi contendora tiene mucho, mucho, mucho dinero, y se nota en sus comandos, en su publicidad”, dijo el 28 de septiembre de 2013 en El Mercurio.  “Los gastos de Bachelet han sido tres o cuatro veces más que los nuestros”, afirmó en Puente Alto el 10 de noviembre. “Esa cantidad increíble de dinero que están mostrando desde Arica a Punta Arenas, es una cosa de no creerlo, y no le creo que digan que eso se ha recaudado con comidas y con donaciones de cuadros y de esculturas… no es así, no es posible”, completó Matthei quien incluso calculó en “US$15 millones” el gasto de la campaña de Bachelet.

Las cifras oficiales del Servel le dan la razón en que Bachelet gastó mucho más en su campaña presidencial: $5.300 millones versus $3.400 millones de Matthei. Pero no así respecto de los montos de los aportes reservados que recibió cada una: $1.400 millones para Bachelet y $2.300 millones para Matthei. 

Matthei se sentía en desventaja. Sus pedidos de auxilio llegaron a lo más alto: al Presidente de la República. “Hablé con Piñera varias veces, unas cuatro o cinco”, le explicó la ex candidata al autor de esta investigación. “No le pedí directamente que me donara ni le pedí un monto específico. Sí le dije que estábamos súper complicados y que no había plata para nada. Hubo un momento en que ya no se podía seguir con la campaña”.

Y Sebastián Piñera actuó. Según información recabada para esta investigación, el aporte se concretó por la vía legal de los aportes reservados canalizados por el Servel. Inversiones Santa Cecilia, la sociedad que es uno de los vehículos de inversión preferidos de Piñera, fue la elegida para materializar la donación del Presidente a la candidata.

-No sabía que la donación se había concretado. Tampoco sé si fue poco o mucho.  Pero me alegro de que me haya donado -dice hoy Evelyn Matthei.

LA CAJA CHICA DEL PRESIDENTE

Durante esa campaña parlamentaria y presidencial cuesta arriba para la derecha, Inversiones Santa Cecilia se convirtió en una caja chica para ayudar a candidatos en problemas. No era la primera vez. Según el listado de empresas que pidieron franquicias tributarias por donaciones políticas, obtenido para esta investigación mediante una solicitud por Ley de Transparencia, Santa Cecilia hizo aportes secretos en 2008 y 2012 (elecciones municipales), 2011 (año no electoral), y 2013 (parlamentarias y presidenciales). En los tres últimos casos, se trata del período en que Sebastián Piñera ejercía la Presidencia de la República, e Inversiones Santa Cecilia estaba bajo la administración de un fideicomiso ciego.

Desde el entorno del ex presidente explican que ese fideicomiso ciego cubría la administración de la cartera de inversiones de Santa Cecilia, pero no a la sociedad propiamente tal. Las decisiones sobre financiamiento político, por lo tanto, no habrían sido tomadas por los administradores del fideicomiso, sino por un comité ejecutivo formado por el abogado Fernando Barros, el empresario José Cox y el hijo del dueño, Sebastián Piñera Morel. El gerente general de Inversiones Santa Cecilia es Nicolás Noguera.

Distintas fuentes de la Alianza confirman que en las campañas de 2012 y 2013 era una práctica habitual pedir financiamiento al Presidente de la República, y que esas solicitudes se canalizaban a través de sus colaboradores más cercanos, especialmente los ministros del Interior, Andrés Chadwick (además, primo hermano de Piñera), y el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, militantes ambos de la UDI.

Uno de los criterios establecidos por el piñerismo para entregar o negar aportes fue el de la eficacia: los fondos se concentraron en las circunscripciones y distritos en que la Alianza disputaba voto a voto con la Nueva Mayoría para no ser doblada. En cambio, en los lugares en que no se corría riesgo de doblaje, o en que la derrota del oficialismo era un hecho inevitable, las peticiones de fondos generalmente fueron rechazadas.

En el listado de donantes aparece también Bancard, el otro vehículo de inversiones del ex Presidente, que se acogió a franquicias tributarias por donativos en 2008, año de elecciones municipales, cuando Piñera era el más seguro candidato a la Presidencia para la elección del año siguiente.

De esta información surgen varias dudas, más allá de que el aporte sea legal: ¿qué candidatos y partidos fueron beneficiados por los aportes de Piñera? ¿Corresponde que un Presidente de la República financie ciertas campañas electorales bajo secreto, sin transparentarlo a la ciudadanía, y que se beneficie de una franquicia tributaria por ese dinero?

Consultados para esta investigación, desde el entorno del ex presidente se excusaron de entregar detalles, aduciendo que tienen el deber legal de resguardar la reserva de los aportes vía Servel.

LAS PLATAS DE CHILEVISIÓN

Además de Bancard y Santa Cecilia, Sebastián Piñera usó una tercera vía para financiar la política: Chilevisión.

El canal de televisión fue comprado por Piñera a Claxson Interactive Group, a través de Bancard, en abril de 2005. Lo mantuvo hasta agosto de 2010, cuando ya siendo Presidente, lo vendió al grupo estadounidense Turner Broadcasting System.

Chilevisión no entregó aportes reservados a campañas ni con Claxson ni con Turner, pero sí lo hizo durante el período en que Piñera fue propietario, específicamente en 2008 y en 2009. En este último año, el propio Piñera fue candidato presidencial, en la campaña que lo llevó a La Moneda.

Los aportes de Chilevisión son un hecho inédito. En el listado de más de mil empresas no aparece ningún otro medio de comunicación entregando donaciones políticas. ¿Quién decidió que un canal de televisión, obligado por la ley del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a respetar el principio del pluralismo, debía involucrarse en la entrega de dinero a ciertos políticos?

La práctica habitual en las grandes empresas que donan a campañas es que la definición global sea tomada por el directorio. En 2005, al hacerse cargo de Chilevisión, Piñera nombró como directores a sus amigos Andrés Navarro (con vínculos con la Concertación) y Pedro Pablo Díaz (a quien luego designaría embajador en Australia), a su hermana Magdalena Piñera, al ex presidente de la Sofofa y la CPC Juan Claro, y al ex secretario general de Gobierno de Eduardo Frei, José Joaquín Brünner (PPD).

Luego entraron otros dos colaboradores habituales de los negocios de Piñera: Fabio Valdés y Santiago Valdés. A ellos se sumó Carlos Hurtado, ex ministro de Obras Públicas de Patricio Aylwin. Este último tiene experiencia en la materia. Cuando Molymet, la mayor procesadora de molibdeno del mundo, decidió entregar $50 millones a campañas en 2013, Carlos Hurtado fue designado para determinar qué candidatos serían los beneficiados.

El aporte a la política de Chilevisión abre otra interrogante: ¿Entregó Piñera aportes a su propia campaña presidencial, aprovechando la franquicia tributaria en 2009? 

POLÍTICOS Y MECENAS

Sebastián Piñera no es, sin embargo, el único que aparece en ambos lados del mesón, ejerciendo al mismo tiempo como actor político y como mecenas de candidatos y partidos.

También aparece en la nómina del SII el ex ministro de Vivienda de Frei, Edmundo Hermosilla (DC), el mismo que debió renunciar al cargo en 1997, tras hacerse público que había recibido dos caballos de regalo de Francisco Pérez Yoma, dueño de la Inmobiliaria Copeva, quien protagonizó un bullado escándalo por la construcción defectuosa de viviendas sociales. La empresa Wisetrack Chile, cuyo directorio es presidido por Hermosilla, realizó aportes a campañas en 2013.

Al ex ministro Hermosilla se le dejaron varios mensajes en su oficina, pero nunca respondió.

El ex ministro Fernando Echeverría es uno de los dueños de Echeverría e Izquierdo. Su empresa constructora aparece haciendo donaciones políticas en 2005 y 2009, después de que Echeverría fuera presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, entre 2002 y 2004. Luego, en el gobierno de Piñera, Echeverría fue intendente de Santiago y, fugazmente, ministro de Minería. En ese puesto duró sólo tres días, debido a sus conflictos de interés por tener participación en una empresa del rubro energético. Fernando Echeverría recibió nuestros llamados pero respondió que no deseaba hacer ningún comentario sobre esas donaciones.

El ex ministro de Deportes Gabriel Ruiz-Tagle es dueño de Inversiones III limitada. A través de esa compañía comenzó a donar a la política en 2008, aporte que repitió en 2009 y 2013, todos años electorales. Militante de la UDI, Ruiz-Tagle fue jefe de campaña de Pablo Longueira en las elecciones senatoriales de 2005. Fue presidente de Blanco y Negro y socio de Sebastián Piñera en la propiedad de la concesionaria de Colo-Colo, acciones que ambos mantuvieron por varios meses tras asumir en 2010 la Presidencia de la República y la subsecretaría de Deportes, respectivamente.

Consultado acerca del monto de sus aportes y del o los destinatarios, Ruiz-Tagle respondió que no deseaba referirse a ese tema “ya que esa información es privada y, en su carácter legal, prefiero que siga de esa forma”.

Así, Gabriel Ruiz-Tagle es el segundo ministro del pasado gobierno que entregó platas políticas por medio de una sociedad mientras ejercía el cargo.  A ellos se suma el que fuera canciller de Piñera, Alfredo Moreno, quien, a diferencia de los otros dos ministros, financió a políticos utilizado el ya conocido método del pago de supuestos servicios vía boletas de honorarios.

Manuel José Ossandón

Según antecedentes recogidos en esta misma investigación y que publicó el 9 de abril CNN Chile, las empresas AMC Consultores y Agrícola Río Claro, de propiedad de Moreno, declararon al menos tres boletas emitidas durante el segundo semestre de 2013 por la secretaria y el jefe de campaña del entonces candidato a senador, Iván Moreira (UDI). Andrea Schultz y Javier Billiard entregaron boletas a las sociedades del entonces ministro de Relaciones Exteriores por al menos $15 millones. Moreira ya es investigado por el Ministerio Público por haber  recibido pagos del Grupo Penta –también a través de colaboradores- por trabajos que nunca se realizaron.

Un caso particular es el del actual senador Manuel José Ossandón Irarrázabal (RN). Uno de sus hermanos, Roberto, es considerado como uno de los recaudadores históricos de Renovación Nacional, de cuyo think tank, el Instituto Libertad, es presidente. Pero es otro de sus hermanos, Ignacio Ossandón, quien aparece haciendo donaciones políticas, y por partida triple.

En 2013, el año en que su hermano Manuel José enfrentó una durísima batalla senatorial contra tal vez la campaña mejor financiada de Chile (la de Laurence Golborne), Ignacio Ossandón hizo aportes políticos vía Servel a través de tres sociedades: Asesorías Igma, Inversiones Igma y Asesorías Nayén. Ninguna de las tres registra donativos en otros años electorales.

Durante la investigación, se le pidió a Ignacio Ossandón que nos informara sobre el monto de la donación que le hizo a la campaña de su hermano Manuel José. Y lo hizo: “Claro que le hice una donación a la campaña de mi hermano. Sobre los montos…, de Asesorías Igma fueron $7 millones, Inversiones Igma pasó  $11 millones y Asesorías Nayén, $10 millones. En total, $28 millones”.

Aunque Carlos Larraín ya no es socio del estudio de abogados que fundó en 1994, los actuales socios sí realizaron donaciones reservadas a campañas parlamentarias en 2013. Según explica Carlos Larraín hijo, cada uno de los diez socios tuvo la libertad de optar al candidato que quisiera apoyar. El más favorecido fue el partido Renovación Nacional, que recibió el “voto” de ocho de los socios, con lo cual obtuvo $ 4 millones. Un noveno socio estaba de viaje, así es que no participó. Y el décimo destinó sus recursos al candidato a senador por Santiago Oriente del Partido Socialista, Carlos Montes ($250 mil) y al candidato a diputado de la DC por Providencia y Ñuñoa, Sebastián Pavlovic ($250 mil). No es muy difícil adivinar que ese socio fue Pablo Ruiz-Tagle, actual candidato al decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y reconocido concertacionista.

“Hay que ayudar a la política”, es la explicación del socio Carlos Larraín H. para que el estudio destinara fondos para las campañas pese a que la decisión sobre el destino de éstos fuera individual. De todos modos, el grueso terminó en RN, en línea con la tradición del fundador del estudio, el ex senador Carlos Larraín Peña, uno de los principales financistas de ese partido.

EL GOLAZO DE AUDAX

Entre los 1.123 nombres de empresas que aparecen en el listado de mecenas de la política, hay una que llama inmediatamente la atención: Audax Italiano La Florida SADP, la sociedad que controla ese club de fútbol profesional.

En una nómina repleta de mineras, inmobiliarias, bancos, isapres y sanitarias, todas empresas con un obvio interés por influir en el proceso político al estar sujetas a regulación o legislación que las afecta directamente, sobresale un club de fútbol como una rareza. Audax Italiano es la única sociedad anónima deportiva profesional que aparece.

Sería más esperable encontrar a Blanco y Negro (controlada en su momento por Sebastián Piñera y su futuro ministro Gabriel Ruiz-Tagle), o Azul-Azul (por donde pasó el dueño de Penta y financista de campañas Carlos Alerto Délano, junto a sus correligionarios de la UDI, Federico Valdés y José Yuraszeck). Pero ninguna de esas dos sociedades está en la lista.

Estadio Bicentenario

Audax Italiano, sí. Y, más llamativo aún, en un solo año electoral: la municipal de 2008.

¿Pasó algo importante para Audax Italiano durante esa campaña municipal? Sí: el 8 de septiembre, menos de dos meses antes de las elecciones, el municipio de La Florida y Audax Italiano firmaron un addendum al acuerdo que, desde 2002, permitía al club utilizar el estadio municipal de esa comuna como base de operaciones y sede de sus partidos como local.

Por decreto alcaldicio 1506, el entonces alcalde Pablo Zalaquett (UDI) aprobó el addendum que en la práctica cambiaba totalmente la situación del estadio. De un simple “convenio de uso y administración”, se pasó a ceder el recinto “en comodato o préstamo”. Así, se entregó al club de fútbol atribuciones para arrendar las instalaciones, vender publicidad, e incluso recaudar derechos municipales, tal como si el estadio fuera de su propiedad.

Tales beneficios se entregaron justo cuando terminaban las obras en que se había demolido el antiguo estadio para construir uno nuevo: el Bicentenario Municipal La Florida, sede del Mundial Femenino Sub 20. Las obras habían tenido un costo de US$25,2 millones, nada tan fuera de los márgenes si se consideraba que, a partir de noviembre de 2008, el estadio de La Florida sería uno de los más modernos de Chile, cumpliendo con todos los estándares FIFA.

Negocio soñado para Audax Italiano: una empresa con fines de lucro se quedaba, sin concesión ni oferta pública, con todos los derechos de la nueva joya del deporte chileno, construida con platas fiscales, por un plazo de 30 años.

Mientras en Audax Italiano ya celebraban los frutos del acuerdo, el otro firmante, el alcalde Pablo Zalaquett, trabajaba en su exitosa campaña para pasar de la Florida a la jefatura comunal de Santiago, derrotando al ex edil Jaime Ravinet (entonces representando a la DC y luego ministro de Sebastián Piñera).

Pero la celebración fue anticipada, porque el acuerdo se hizo apresurado y terminó siendo irregular. Tres años después, en 2011, la Contraloría dictaminó que el convenio “no se ajusta al ordenamiento jurídico”, ya que este comodato sólo puede hacerse “previa licitación pública cuando el valor de los bienes involucrados exceda de 200 unidades tributarias mensuales”. Y allí estaba el error, porque sólo la construcción del Estadio Bicentenario, sin contar el valor del terreno, tuvo un costo de aproximadamente 273.000 UTM, o sea, más de mil veces el tope establecido por ley para hacer obligatoria la licitación.

Al momento de firmarse el contrato con Zalaquett y decidirse el aporte electoral , el directorio de la sociedad anónima Audax Italiano estaba formado mayormente por empresarios sin gran figuración pública. Uno de ellos era Laurence Golborne, entonces sólo conocido como un ejecutivo del retail, y quien luego saltaría a la fama como ministro de Minería de Piñera con el rescate de los 33 mineros

Pablo Zalaquett

Las carreras políticas de Golborne y Zalaquett quedarían más tarde íntimamente entrelazadas. Primero, con el respaldo del alcalde a la abortada candidatura presidencial del ex ministro; y luego con sus postulaciones paralelas como candidatos UDI al Senado por Santiago. Finalmente, en la derrota: ambos perdieron. Sólo considerando los gastos declarados ante el Servel, ambas campañas fueron las más caras de la elección parlamentaria de 2013. Ahora, Golborne y Zalaquett han quedado nuevamente unidos en un expediente del Ministerio Público al figurar ambos como beneficiarios de los aportes ilegales entregados por los dueños del Grupo Penta y SQM a distintos políticos.

Consultados por el autor de este reportaje, dos de los entonces directores de Audax SADP reconocieron los aportes. Uno de ellos recuerda: “Se apoyó con dinero a Pablo Zalaquett, pero también a otros candidatos a alcalde y concejal, tanto de la Alianza como de la Concertación”. Otro de los directores de la época explicó: “Las donaciones fueron una forma de identificar al club con La Florida y generar arraigo con las autoridades de la comuna”. Ambos descartaron alguna vinculación entre los pagos y la firma del convenio por el estadio.

Lo concreto es que la donación de Audax SADP a esa campaña parlamentaria se hizo efectiva ante el Servel el 8 de octubre, justo un mes después de la firma del convenio entre el entonces alcalde Pablo Zalaquett y Audax Italiano. Consultada esta sociedad anónima sobre los destinatarios y el monto del aporte político, la respuesta oficial fue que por ley “está prohibido a los administradores o representantes de Audax Italiano La Florida SADP, divulgar la identidad del partido o candidato donatario”.

EL ECONOMATO DE LA CÁRCEL

Tal vez el más insólito de todos los nombres del registro de Impuestos Internos es el Economato del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, con un aporte político en 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias.

Los economatos son quioscos que operan dentro de las cárceles, administrados por los mismos gendarmes, y que venden a los presos productos como champú, desodorantes, bebidas y cigarrillos.

¿Por qué un negocio como este haría una donación política? Gendarmería respondió que revisaron la información contable y administrativa y no encontraron traspasos desde el economato.

No es la primera vez que el Economato de Concepción es cuestionado. El 29 de julio de 2013, un dictamen de la Contraloría comprobó la sustracción de especies por $26 millones desde el recinto, hecho que fue denunciado a la Fiscalía.

* Nota de la Redacción: La cantidad de empresas a través de las que cada grupo económico hizo donaciones políticas, fue calculada considerando el año en que se realizó el aporte y la propiedad de la empresa en ese momento.