Una mujer de 35 años llegó el pasado martes 10 de febrero a pedir trabajo a las oficinas de Segaer, una de las cuatro empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a distintas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB). Quería desempeñarse como guardia de seguridad. Con apenas dos semanas como empleada en Global Airport Security, una compañía de la competencia, ella no tenía mucha experiencia, pero sí algo que la mayoría de las personas que llegan en busca de trabajo a este tipo de empresas no tiene: todas sus acreditaciones al día.

Para la empresa era una gran noticia. Con las acreditaciones vigentes de la mujer, no sólo se ahorraban tiempo, sino que además la inversión que significa capacitar al guardia para el trabajo en el sector aeronáutico y hacer los trámites que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Le preguntaron dónde había hecho el curso de capacitación, obligatorio para cualquier persona que se quiera desempeñar en el área de la seguridad en un recinto aeroportuario. Si ella ya estaba trabajando en el rubro, debía haberlo cursado sí o sí. Pero no supo de qué le estaban hablando. Le pidieron entonces sus credenciales. Ella se las mostró. Fue entonces que se descubrió el fraude.

Todo quedó plasmado en una carta que envió al día siguiente el gerente general de Segaer, Sergio Sierra, a la DGAC y al Ministerio de Defensa. CIPER obtuvo copia de ese texto, que tiene el sello de recepción de la DGAC.

Lo que dice la carta es que la Tarjeta de Identificación de Seguridad Privada Aeroportuaria (TISPA) de la mujer tenía su foto, su nombre y su rut, pero no era legítima. Al parecer, ella no lo sabía. Dijo que se la dio personalmente el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, tres días después de su primera entrevista de trabajo, sin curso de capacitación, sin documentación ni nada. Consultado por CIPER, Llancaqueo asegura que no fueron tres días, sino que hacía al menos 20 que había enviado toda su documentación, a través de un asesor –a quien responsabiliza de las irregularidades–, para obtener la TISPA correspondiente. Lo que sí es un hecho es que en dos partes de la credencial dice “Zebra Card Studio Demo Version”, lo que demuestra que fue hecha con una versión de muestra del software original. Lo grave es que todo indica que el documento no es falso, sino que fue emitido por personal de la misma DGAC sin que se cumplieran los requisitos legales. Gracias a ello, la mujer pudo acceder a una segunda credencial emitida por la DGAC, esta vez original, que le permite la libre circulación por áreas de acceso restringido en el principal terminal aéreo del país. La denuncia insinúa que habría más casos como este.

De esa forma, la mujer, y probablemente otros empleados, habrían tenido acceso liberado a áreas restringidas del aeropuerto –desde las zonas de revisión de equipaje hasta los mismos aviones– sin contar con la capacitación necesaria y sin que se hayan verificado sus antecedentes. Lo anterior resulta grave por dos motivos. Primero, porque viola todas las normas de seguridad aeroportuarias vigentes en el país. Esto ocurre tan sólo meses después del millonario asalto a un camión de transporte de valores en plena plataforma, lo que ya había significado una completa reestructuración de los protocolos de seguridad (ver reportaje de CIPER). Y segundo, porque también implica una infracción a las normas internacionales de aviación.

CIPER solicitó formalmente una entrevista con el director general de la DGAC, el general Maximiliano Larraechea, pero declinó emitir comentarios ya que, el mismo día que ingresó la carta firmada por Sierra, se instruyó la apertura de un sumario administrativo, el segundo en menos de un año por serias fallas de seguridad en el aeropuerto. Al ser materia de investigación, la DGAC no emitirá comentarios.

Por otro lado, CIPER conversó con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, quien corroboró que la primera noticia sobre la irregularidad fue recibida el martes 10 de febrero, cuando Sierra denunció vía telefónica a la DGAC la existencia de un documento fraudulento y vigente. Según Gaspar, Global Airport Security –que opera con Air Canada y Aerolíneas Argentinas– no habría tenido más de una docena de empleados trabajando en el aeropuerto, y que a todo su personal se le habría revisado la documentación. A una semana de iniciada la investigación, ya se detectó otro caso. El proceso sigue abierto y se extenderá a las demás empresas de seguridad.

Aún no se sabe con certeza si la entrega por parte de funcionarios de la DGAC de documentación obtenida irregularmente para ingresar y trabajar al aeropuerto es una práctica nueva o si se viene realizando desde hace tiempo. Si se comprueba que es una práctica antigua, los nuevos antecedentes podrían servir a los fiscales Emiliano Arias y Eduardo Baeza, quienes investigan el robo de los $6.000 millones de un camión de la empresa Brink’s en la losa del aeropuerto internacional de Santiago en agosto de 2014. Entre las autoridades que han manejado el tema, siempre ha existido la sospecha de que quienes idearon el asalto recibieron información desde alguien que conoce por dentro el funcionamiento del aeropuerto. La posible presencia de personal que no pasó los filtros de seguridad acrecienta las dudas. Sobre todo, porque los asaltantes habrían tenido credenciales falsas y uniformes de guardias de seguridad (ver reportaje de La Tercera).

LA TARJETA QUE NO SE REQUISÓ

El subsecretario Gabriel Gaspar aseguró a CIPER que a partir del 11 de febrero “se efectuó una auditoría de todos los procesos de estos documentos y se le retiraron todas las credenciales de la empresa Global Airport Security”. Pero eso no habría sucedido con la tarjeta de la mujer que gatilló la investigación

La carta de denuncia de Segaer dice que el mismo martes 10 de febrero, luego de que los encargados de selección detectaran la anomalía en la credencial de la mujer, se notificó por teléfono a la DGAC. Quien respondió fue Joel Belmar, un asesor en seguridad de la autoridad aeronáutica con contrato de planta desde 2002, que se desempeña en el servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC). Lo primero que habría hecho Belmar fue revisar la base de datos y corroborar si la TISPA de la mujer estaba en los registros. No figuraba en la nómina. 15 minutos después, ya estaba junto a Loreto Contreras, una colega de la Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA) –la unidad a cargo de la entrega de las credenciales–, en las oficinas de Segaer, en Providencia.

Los funcionarios de la DGAC entrevistaron a la mujer, quien les volvió a decir que no tenía idea siquiera de que existía el curso DAN 1702, requisito obligatorio para trabajar como guardia de seguridad aeroportuario, y que varios de sus compañeros en Global Airport Security tampoco lo habrían cursado.

Belmar y Contreras habrían verificado que su Tarjeta de Ingreso Controlado en Aeródromo –más conocida por sus siglas: TICA– sí era original. Esa credencial es de uso obligatorio para todo el personal del aeropuerto. Ella tenía una de nivel 5, con lo cual tenía acceso libre a casi todos los sectores del área. El problema es que la única forma de conseguir esa credencial es con la TISPA, que la certifica como personal de seguridad calificado. Esa última credencial, según corroboraron los funcionarios de la DGAC, es la que había obtenido saltándose todos los procesos exigidos por la autoridad. Aun así, no se la requisaron. Aunque se verificó que la mujer contaba con credenciales fraudulentas, al día siguiente podría haber ingresado nuevamente y sin problemas a zonas restringidas del aeropuerto, vulnerando todas las medidas de seguridad.

Según dice la carta con la denuncia, Belmar habría dicho ese mismo día (10 de febrero) al gerente general de Segaer que la credencial de la mujer “no es falsa, y que fue emitida por un funcionario de esa repartición, que ya no trabaja en esa oficina, y que están en proceso de investigación”. CIPER intentó conversar con Joel Belmar, pero éste rechazó dar su versión, ya que la información es parte del sumario interno de la DGAC.

EL ASESOR BAJO SOSPECHA

Distintas fuentes consultadas por CIPER indicaron que las pistas preliminares apuntan a un antiguo funcionario de la DGAC, hoy instructor externo de guardias de seguridad aeroportuarios, quien gestionaba los permisos para la empresa Global Airport Security. Su nombre: René Schwarzenberg González. Su especialidad: el manejo de mercancías peligrosas y la operación de máquinas de Rayos X e interpretación de las imágenes (ver cursos OTEC que ofrecía). Junto a él, en la entrega irregular de las acreditaciones también habrían participado al menos dos funcionarios activos de la DGAC que habrían tenido acceso a la máquina para emitir credenciales.

Consultado por CIPER, el gerente general de Global Airport Security, Hipólito Llancaqueo, se desliga de cualquier participación en las irregularidades y apunta a Schwarzenberg:

-René Schwarzenberg era mi asesor y capacitador. Los certificados los emitía mal, a nombre de mi empresa, sin ninguna firma de él. Por eso quedaron inválidos. Trabajé cuatro años con estas certificaciones y recién ahora, con la auditoría de esta semana, me doy cuenta de estas falencias. Él tenía todo los contactos en la DASA (la unidad a cargo de la entrega de las credenciales). Hacía y deshacía, y manejaba información, y así me conseguía las credenciales.

No fue posible ubicar a Schwarzenberg para conocer su versión. Llancaqueo asegura que no sabe cuántos otros casos similares podría haber, ya que comenzó a trabajar con él hace cuatro años, y que posiblemente durante todo ese tiempo se hayan cometido las mismas irregularidades. Agrega que Global Airport Security tiene a ocho personas trabajando en el aeropuerto, pero que Schwarzenberg además trabajó con otras empresas que cuentan con mucho más personal operativo en el aeropuerto.

Lo anterior podría ser clave para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el llamado “Robo del Siglo”. De ser cierto lo que dice Llancaqueo, es posible que al momento del asalto haya habido en el aeropuerto personal de seguridad sin las capacitaciones necesarias y sin que hayan pasado por los filtros de idoneidad para el cargo.

A través de su departamento de Comunicaciones, la DGAC informó a CIPER que tras el atraco de agosto de 2014, “las 12 medidas que el gobierno le exigió a la DGAC, para mejorar la seguridad del terminal aéreo después del robo ocurrido el 12 de agosto, se cumplieron cabalmente”. La institución señaló además que se implementó un nuevo protocolo para el proceso de ingreso, traslado y embarque de remesas de dinero, entre los vehículos de transporte de valores y los aviones. También que desde inicios de febrero está operativo el grupo AVSEC (seguridad aeroportuaria), que fue instruido para el uso de armas –salvo aquellos que tienen contacto con público y pasajeros–, los que se encuentran realizando tareas de seguridad en el control de pórticos y rondas permanentes. Además la DGAC adquirió casi un centenar de cámaras termales de vigilancia de largo alcance, capaces de distinguir cualquier objeto en movimiento.

Los antecedentes recopilados en esta investigación dan cuenta de que todas esas medidas resultan inútiles si no hay un correcto control de quiénes ingresan y trabajan en la seguridad aeroportuaria.