Después de siete años de polémica, la centésima modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS-100) fue finalmente aprobada por la Contraloría. En todo este tiempo, las demandas sociales, tendencias demográficas y contexto político han sufrido cambios importantes, de modo que este instrumento de planificación parece obsoleto aun antes de su promulgación.

Matías Garretón

El próximo año asumirá la primera generación de consejeros regionales (CORE) electos por voto directo. Aunque sus funciones no están del todo claras y tienen escasa visibilidad, deberán asumir un rol creciente en la definición de políticas regionales. Considerando que responde a un mandato político local, es de esperar que en la Región Metropolitana este consejo territorial promueva activamente la elaboración de un plan que esté a la altura de las necesidades del Gran Santiago.

Lo anterior puede ser no sólo una oportunidad de consolidación política para los CORE, sino que también un mecanismo de fomento de prácticas participativas en la planificación urbana y un proceso de elaboración de un PRMS integral.
El problema de fondo del PRMS-100 es que no tiene ambición ni coherencia respecto al conjunto urbano. Es cierto que si se compara con los instrumentos anteriores, es un mejor mecanismo para regular la expansión del mercado de suelo urbanizable, pero ignora todo el resto de la ciudad. Por ejemplo, el anillo peri-central al este y sur de la comuna de Santiago está desaprovechado, tanto en densidad de vivienda como en capacidad de transporte público y no motorizado. Si hay déficit de suelo para vivienda social, ¿por qué no construir en eriazos de ferrocarriles o en terrenos militares en desuso? Planificando para intensificar e integrar socialmente la ciudad, necesitaríamos sacrificar menos hectáreas periféricas de terrenos agrícolas. Una medida que tendría varias funciones urbanas, siendo una de ellas que los trabajadores de menores ingresos puedan vivir mucho más cerca de sus empleos. Así, se podría preservar a largo plazo una ciudad a escala peatonal y ciclista, menos dependiente del auto.

Este diagnostico es casi unánime entre la OCDE, la PNDU y organizaciones civiles. Pero, ¿qué nos impide realizarlo?

Básicamente, el desmantelamiento organizacional y financiero del sector público. Dentro del largo proceso de privatización de bienes sociales, junto a educación y salud, Chile ha perdido las capacidades de planificación y de orientación de las inversiones urbanas.

El MOP, históricamente el más poderoso constructor del territorio nacional, hoy externaliza hasta el diseño de las licitaciones de autopistas. Transantiago fue modelado por un consultor privado. La reconstrucción después del terremoto fue organizada por grandes inmobiliarias. Esto ha significado una pérdida de la capacidad de regulación democrática de la inversión urbana, poder local indispensable para controlar la segregación de la ciudad.

Muchas comunas carecen de recursos mínimos para garantizar salud y educación. Muy pocas tienen capacidades autónomas para planificar sus territorios. Como las finanzas locales dependen demasiado del ingreso de los vecinos, se produce un proceso de autoselección de la riqueza y de profundización de la pobreza, debido al acceso por solvencia a mercados inmobiliarios donde el precio del suelo y la calidad de servicios públicos aumentan en paralelo.

Entonces, en el contexto de reformas estructurales del modelo chileno, es razonable exigir mayor equidad en la distribución de los recursos municipales. En complemento, necesitamos más capacidades de planificación y de gestión urbana administradas por autoridades regionales electas por voto directo. Y en ambos niveles, el mayor desafío para este tipo de reformas es recuperar el capital humano crónicamente insuficiente a nivel comunal y regional.

Un buen ejercicio para ver cómo podemos enmendar este rumbo sería empezar un PRMS 2.0, integral y participativo, promovido por el mandato político de los nuevos CORE. Mejorando la coordinación entre el Gobierno Regional (GORE) y las secretarías ministeriales, en la Región Metropolitana existiría el capital humano y financiero necesario para desarrollar un plan metropolitano asociado a programas de inversión pública. Porque además de regular la expansión, necesitamos una estrategia de desarrollo para el Gran Santiago en su conjunto.

Las comunas, actores esenciales para la canalización de demandas ciudadanas, deben ser reforzadas para participar en este proceso. La ley de asociaciones municipales permitiría destinar fondos a eventuales unidades de planificación intercomunal, que pueden formarse a partir de iniciativas locales. Por ejemplo, sería concebible un proyecto de Gran Santiago planificado por cinco o más actores intercomunales equilibrados y un CORE electo, apoyados por capacidades técnicas interministeriales y regionales.

Es un proceso largo, en el que un futuro Intendente electo o un eventual Alcalde Mayor tendrían buen lugar. Pero no podemos esperar a que todos los actores estén consolidados. Se requiere que iniciemos cuanto antes una consulta ciudadana organizada por el GORE, implementemos los instrumentos necesarios y reforcemos las capacidades que sean necesarias a medida que el proyecto tome forma.

En una metrópolis compleja como el Gran Santiago nadie conoce todas las respuestas. Solo la reflexión y acción colectiva simultáneas sobre el futuro de la ciudad permitirán construir progresivamente una gobernanza metropolitana democrática, participativa y estratégica.