Ministerio de Justicia sólo entregó parte de los documentos de millonaria asesoría a Gendarmería

Con fecha 3 de abril de 2013, Fundación CIPER solicitó a la Subsecretaría de Justicia el informe final del diagnóstico del sistema penitenciario que el ministro Felipe Bulnes le había encargado a la consultora norteamericana Altegrity Risk International. Bulnes había celebrado el contrato el 8 de noviembre de 2011. Los documentos fueron solicitados para confeccionar la serie de investigaciones que finalmente CIPER publicó entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre de 2013 (vea los reportajes “Altegrity: la millonaria asesoría para modernizar las cárceles que quedó incompleta”, “El ambicioso plan para reformar las cárceles que el gobierno ya puso en marcha” y “El plan para modernizar la Escuela de Gendarmería que el ex ministro Ribera desechó”).

La respuesta de la subsecretaria fue recibida el 17 de mayo, luego de que esa repartición pidiera una prórroga de plazo el 2 de ese mismo mes. En ella se entregaron todos los documentos suscritos por la empresa Altegrity con el diagnóstico del sistema penitenciario chileno, los que incluyen un informe preliminar, un informe de avance y un informe final. La subsecretaría suprimió o tachó algunos párrafos del informe final, amparada en el artículo 21, número 3, de la Ley de Transparencia, el que indica que “las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes (…) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública”.

Además, el mismo 3 de abril, CIPER solicitó a la misma subsecretaría todos los informes entregados por Altegrity fruto del segundo contrato que celebró con esa empresa el ministro Felipe Bulnes el 18 de febrero de 2011. De acuerdo a este nuevo contrato, la consultora debía elaborar un plan de reingeniería del sistema penitenciario y prestar asesoría para el diseño, construcción y puesta en marcha de cuatro nuevas cárceles. En particular, CIPER solicitó los informes de cada una de las cinco fases de trabajo que se establecieron en este nuevo contrato:

Fase 1: se solicitaron los planos y detalles de las cuatro nuevas cárceles; el informe con la infraestructura y operación de estos recintos y el informe con las especificaciones técnicas que debían ser incluidas en la licitación para el diseño y construcción de los mismos penales.

Fase 2: se solicitó el informe de avance sobre el plan maestro para el sistema penitenciario y sobre la asesoría a realizar en los cuatro penales. Además, se pidió el informe con la evaluación de las instalaciones e infraestructura de Gendarmería para la formación de oficiales y suboficiales y sus programas de formación.

Fase 3: se solicitó el informe de avance sobre el Manual de Operaciones para Gendarmería elaborado por Altegrity.

Fase 4: se solicitó el manual de entrenamiento y el manual de buenas prácticas para Gendarmería elaborados por Altegrity.

Fase 5: se solicitó el informe final de la asesoría a desarrollar en los cuatro penales y el informe con la evaluación de la implementación de la nueva malla curricular de Gendarmería.

La subsecretaría respondió el 17 de mayo, denegando el acceso a gran parte de la información solicitada. Los documentos de la Fase 1 fueron totalmente denegados: “No resulta factible, por ahora, acceder a la entrega de los documentos asociados a la Fase 1, puesto que ellos son parte de los antecedentes que serán tenidos a la vista al materializar el llamado a licitación correspondiente. De acuerdo con lo anterior, se debe invocar a este  respecto, las causales legales de denegación del derecho”, dice la respuesta.

En la Fase 2 fueron denegados los planos y detalles de diseño básico de las nuevas cárceles, el informe con las especificaciones técnicas que deberán ser incluidas en las Bases de Licitación para el diseño y construcción de estos penales y el plan maestro. La decisión se basó en los mismos motivos esgrimidos para la denegación de los documentos de la Fase 1.

En la Fase 2, la subsecretaría sí accedió a entregar información parcial del informe de avance sobre la asesoría en los cuatro recintos modelo y el informe con la evaluación sobre la formación de los gendarmes.

De la Fase 3, la subsecretaría entregó el informe de la asesoría a realizar en los cuatro nuevos penales y algunas de las políticas que componen el Manual de Operaciones (*) elaborado por Altegrity para Gendarmería. Sobre este último punto, fue denegado el acceso a las políticas relativas a seguridad en los recintos penitenciarios en virtud del artículo 21, número 3, de la Ley de Transparencia.

Bajo el mismo argumento, en la Fase 4 fue denegado el acceso al Manual de Entrenamiento. Pero, sí se dio acceso al Manual de Buenas Prácticas (*).

Finalmente, la Fase 5 fue totalmente denegada. La subsecretaría argumentó que los antecedentes de esta fase “se encuentran actualmente en revisión de Ia contraparte técnica del Ministerio de Justicia, de modo que su aprobación aún no se ha producido (…), aI no encontrarse concluida dicha etapa, no es posible acceder a su petición”.

(*) Por su extensión y complejidad los documentos contenidos en el Manual de Operaciones y en el Manual de Buenas Prácticas pueden ser descargados como archivos comprimidos en formato zip en los siguientes links:

– Manual de Operaciones
– Manual de Buenas Prácticas