La electricidad en Chile: propuestas para cambiar el rumbo

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Tenemos una matriz energética sucia, vulnerable y de alto costo. Chile posee una de las matrices de generación con mayor huella de carbono, y uno de los precios de electricidad más elevados en América Latina. Nuestro objetivo como país debiese ser transformarla en sustentable, robusta y competitiva. Esta transformación, evidentemente, no es inmediata y no ocurrirá de forma espontánea; se requiere de un plan que gradualmente modifique las carencias del sistema eléctrico actual y que lo potencie para enfrentar de mejor forma el futuro.

Así como hemos sido claros en señalar las causas y problemas que enfrentamos en el tema eléctrico, somos igualmente claros en señalar que los desafíos en el corto y mediano plazo no se resolverán solamente con energías renovables no convencionales (ERNC) o eficiencia energética (EE). Centrales térmicas e hídricas, operativas y bajo proceso de planificación y evaluación, seguirán siendo parte de nuestra matriz en el corto y mediano plazo. Es necesario entonces impulsar un plan de transición de un periodo de 8 a 12 años, plasmado en una política de Estado, que se consagre como una de las prioridades del próximo gobierno.

El plan entregará las directrices para lograr un suministro confiable a precios razonables, minimizando los impactos medioambientales a partir de la matriz que poseemos, revisando los proyectos contenidos en los planes de obra y teniendo un rol activo en la pre-evaluación de nuevos proyectos. Tal plan deberá establecer las bases de una matriz con menos carbón, menos mega centrales, mayor descentralización, más EE y ERNC y más opciones sustentables.

Paralelamente a asegurar el suministro, el plan de transición debe ser el impulsor de una real política energética impulsando cambios profundos al modelo actual.  Dentro de esos cambios es fundamental modificar el esquema imperante: rol subsidiario del Estado, el abandono de la planificación de largo plazo y la delegación del desarrollo eléctrico a la iniciativa privada en base a señales de precios.
El diseño de los mercados eléctricos fue conceptualizado bajo la premisa de tratar los mega watts-hora (MWh) de igual manera que cualquier otro commodity, como petróleo, cobre o maíz. En el papel, los precios serían capaces de entregar las señales oportunas para las nuevas inversiones. Sin embargo, a diferencia de éstos, la electricidad tiene una serie de características derivadas de la realidad física propias al proceso de generación, transmisión y distribución que imposibilita que muchos de los resultados económicos y de diseño de mercados aplicables a mercados estándares de commodities sean extrapolables al caso eléctrico[i]; amén de la cuestión estratégica de seguridad de fuentes y aprovisionamiento oportuno, que incluye aspectos geopolíticos, físicos, tarifarios  y ambientales. Por lo tanto, se hace fundamental redefinir el rol del Estado de modo de asegurarse que la estrategia energética socialmente óptima se refleje en la expansión del sistema en el largo plazo. Somos claros que este rol no implica volver a un desarrollo centralizado: la iniciativa privada seguirá siendo un motor del desarrollo eléctrico. No obstante, ella reaccionará a señales que complementen el rol del mercado y consideren una visión de país, tomando en cuenta los diversos actores, complejidades y escalas de tiempo involucradas y en donde el bienestar social tenga un rol central.

Similarmente, la serie de desafíos descritos en la primera entrega de esta columna y la actual realidad energética chilena son evidencia que un modelo deficientemente regulado como el imperante en Chile debe ser reemplazado. Lo mismo es reconocido en otras latitudes como el Reino Unido, que se ha embarcado en un proceso de cambios profundos a sus mercados eléctricos, reconociendo la necesidad de incorporar una visión coordinadora para la expansión y operación de sus sistemas eléctricos.

Finalmente, la política energética debe apuntar imperiosamente a cambiar el actual paradigma basado principalmente en expansión física de las redes y de la oferta. Debemos modificar “el más vendo, más gano” por el “mejor usamos la energía, más ganamos todos”.

Lineamientos, medidas y propuestas que nos parecen fundamentales, sin ser todas las posibles, que dicho plan de transición debiese hacerse cargo, incluyen:

1. Rol del Estado La naturaleza del proceso de generación, transmisión y distribución de la electricidad, así como los desafíos asociados a la seguridad de suministro, acceso a la energía y cambio climático, impone grandes desafíos en el diseño de los mercados eléctricos; exige además un ente regulador con el poder de crear, diseñar y regular adecuadamente los mercados, participando en la incorporación denuevas tecnologías y proyectos demostrativos. El Estado debe asumir un rol decisivo en la definición de la matriz eléctrica mediante instrumentos de mercado que sean claros, eficientes y un diálogo fluido y de cooperación con el sector privado.De igual manera, es fundamental que los centros de despacho de carga operen de manera independiente de las empresas participantes, siguiendo el ejemplo de los Operadores Independientes de Sistema (ISO) en Estados Unidos, Europa y parte de América Latina.
2. Comité Público-Privado Se propone la creación de un comité público-privado para definir las inversiones en transmisión, generación y EE, con decisiones vinculantes, replicando los beneficios de una planificación con elementos centralizados como Brasil, México, Costa Rica. Los proyectos de generación y transmisión serán licitados de forma competitiva y ejecutados de forma coherente, simultánea y supervisada por el Ministerio de Energía. Esto asegurará retornos adecuados para los inversionistas y la obtención de objetivos en términos de suministro confiable, eficiente y sustentable. Este comité público-privado liderará el diseño e implementación del plan de transición previsto para enfrentar los desafíos de los próximos años.
3. Ordenamiento Territorial: Se requiere de una propuesta de ordenamiento territorial que en función de vocaciones, capacidades y recursos locales, viabilice la instalación de centros de generación y reduzcala incertidumbre a inversionistas. Será también rol del ente regulador establecer los mecanismos y metodologías adecuadas y efectivas que consideren en etapas tempranas la participación ciudadana.
4. Mercados Energéticos Eficientes y Competitivos: Nuestros mercados energéticos son altamente concentrados, lo que genera barreras de entrada a nuevos actores y permite que se ejerza poder de mercado con la consecuente distorsión de señales de precio y asignación. Se deben establecer nuevas reglas que los regulen, por ejemplo, estableciendo cuotas máximas de participación para proteger la competencia. Los mercados se deben diseñar alineados con la nueva realidad tecnológica; por este motivo, es imperiosa una nueva definición de los productos energéticos de manera de valorar (y pagar) los diversos atributos de las nuevas tecnologías. Este nuevo diseño del mercado también debe considerar un rol activo de la demanda, fomentado el uso de la energía en horas de bajo consumo, el uso de la generación distribuida mediante ERNC, cogeneración y de redes inteligentes.
5. La EE y las ERNC como punta de lanza de una verdadera política energética plena de I+D (Innovación y Desarrollo): Se requiere de mecanismos efectivos, sectoriales, anuales y monitoreables para la promoción de la EE. Los consumidores intensivos de energía tendrán la obligación de implementar medidas de mitigación para reducir pérdidas y mejorar el uso del agua y energía. Una línea vital para el fomento tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico en materia energética. Chile es un laboratorio natural a gran escala para el desarrollo de nuevas tecnologías, sistemas de operación y modelos de negocios asociados a las ERNC. En esta misma línea, resulta fundamental crear nuevos instrumentos para fortalecer la cooperación industria-academia.
6. Subastas para ERNC: Un instrumento exitoso en América Latina para impulsar las energías renovables es el de las licitaciones por tecnologías (Brasil, Perú, Uruguay). Chile debe reformar la Ley 20.018, Ley Corta II y Ley 20.257 de impulso a la ERNC, para estandarizar las bases de licitación de suministro eléctrico y asegurar productos específicos por tecnología. Las metas de energía renovable deben incrementarse sustancialmente y el Estado debe invertir directamente, posiblemente en cooperación con privados, en la exploración de nuevas fuentes comola geotermia, hidrógeno, energía mareomotriz y almacenamiento. Se deben licitar proyectos con potenciales de explotación establecidos, servidumbres para unidades y líneas de transmisión pre-definidas y productos de licitación determinados acorde a las características de las ERNC y licitados de forma oportuna.

Epílogo: el apocalipsis eléctrico no será cierto, a condición de adoptar opciones menos onerosas, más democráticas y amigables para todos.

Chile no enfrenta un apocalipsis eléctrico, enfrenta una situación energética compleja producto de la falta de innovación sobre un modelo imperante en los últimos 30 años.  Salir de esta compleja situación exige agilizar el cambio en las reglas de juego de los mercados eléctricos donde el Estado vuelva a tener un rol relevante en las definiciones de largo plazo. Las rentabilidades, moderadas esta vez, deben ir de la mano de cambios en que gane la sociedad y que fomenten y propicien nuevos competidores y opciones tecnológicas en las cuales poseemos ventajas competitivas enormes, cambios en que las energías limpias y renovables, y la eficiencia energética no sólo constituirán una respuesta a los desafíos energéticos sino que se transformarán en una verdadera vocación de un nuevo perfil de desarrollo nacional.