CDE decide querellarse por falsificación de documentos en fallida licitación del litio

Los derechos de explotación que SQM se adjudicó el 25 de septiembre 2012 al obtener el primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), y que la convertirían en la titular de una cuota de 100 mil toneladas del mineral por los siguientes 20 años, se esfumaron rápidamente.

Desde que la empresa minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, ganó el concurso público con una oferta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones), comenzó a develarse una serie de inconsistencias e irregularidades que obligaron al gobierno a invalidar toda la operación. El proceso acabó oficialmente el 22 de noviembre del año pasado y no sólo le costó el cargo a Pablo Wagner, el subsecretario de Minería que estuvo a cargo de la licitación, y a la jefa de la División Jurídica de esa misma cartera, Jimena Bronfman, sino que también significó la apertura de una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Centro Norte por perjurio y fraude al Fisco en contra de SQM y los dos ejecutivos que la representaron en la subasta pública: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, este último hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

Entre las inconsistencias del proceso que CIPER reveló en detalle en noviembre de 2012, se encuentran las dos declaraciones juradas que SQM presentó para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación. Ambos documentos, que llevan la firma de Ramos y de De Solminihac, resultaron clave para que el concurso público se viniera abajo. El motivo: SQM habría entregado información falsa para poder participar en el proceso licitatorio. Y no sólo eso, sino que además habría cambiado el documento por otro en un procedimiento completamente fuera de las normas.

Si a pesar de las irregularidades, el proceso continuó y SQM terminó adjudicándose la primera licitación del litio organizada por el gobierno, fue porque nunca se realizó la sesión que debía efectuar el Comité Especial de Licitación (CEL) para certificar la veracidad de las declaraciones de las tres empresas que se presentaron al concurso público –SQM, SLM NX Uno de Peine y Posco Consortium–, como lo estipulaban las bases.

Aún así, el CEL –un organismo que dirigía Wagner en su calidad de subsecretario y en el que participaban otros dos funcionarios del Ministerio de Minería (entre ellos Bronfman), uno de Cochilco y otro de Sernageomin–, emitió el 12 de septiembre de 2012 un oficio donde aseguraba que los antecedentes presentados por las tres mineras para competir por el CEOL eran acordes a lo exigido en las bases de la licitación. El documento sólo lleva la firma de dos de los cinco miembros del CEL.

Al mes siguiente, cuando se acreditó el incumplimiento por parte de SQM a las normas de la subasta, el organismo encargado de velar por el correcto cumplimiento de las normas de la licitación sesionó nuevamente, abriendo un nuevo flanco. Las actas de esas sesiones, si bien indican que contaron con la presencia de todos los miembros del CEL, no cuentan con todas sus firmas. Y de hecho, la sesión del 1 de octubre, acabó con dos documentos oficiales diferentes entre sí y con firmas distintas. Un hecho grave si se considera que fue precisamente en esa reunión donde se decidió invalidar el concurso público y que dicho acto requería por reglamento la firma de todos sus miembros.

Todo lo anterior se tradujo en que el proceso volvía a fojas cero, ya que se había anulado la adjudicación a SQM y la aceptación de las demás ofertas. Pero lo más grave fue que, en vez de cobrarla, la boleta de garantía por US$ 4.000.000 (unos $1.900 millones) que debió presentar SQM al momento de la adjudicación para garantizar la seriedad de su oferta, le fue devuelta.

Precisamente por eso es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella –que aún no se ha materializado– contra quienes resulten responsables de la falsificación de las actas del CEL. De esta manera, el CDE pasaría a ser parte activa de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

DOS DECLARACIONES JURADAS

De acuerdo a las bases del concurso, las empresas interesadas debían entregar una declaración jurada y protocolizada donde indicaran si cumplían los cinco requisitos mínimos para participar como oferente: a) no tener prohibición para contratar con el Estado; b) no estar inhabilitado por sentencia judicial para ello; c) no tener litigios pendientes con el Estado; d) no estar en quiebra o liquidación ordenada por la autoridad competente, y e) haber entregado información fidedigna en sus Requisitos Administrativos y Oferta Económica.

La primera de las declaraciones juradas de SQM fue entregada al Comité Especial de Licitación (CEL) el 12 de septiembre de 2012. En ella, la empresa minera que ya antes de la licitación dominaba el mercado mundial de litio, habría falseado información al señalar que no tenía litigios pendientes con el Estado, uno de los cinco requisitos para competir. El dato pronto fue desmentido al comprobarse que SQM, al momento de presentar el documento, mantenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de aguas y la Seremi de Salud lo que según el reglamento del concurso público la habría imposibilitado de participar. Lo extraño es que luego SQM presentó una segunda declaración jurada, donde en vez de negar la existencia de esos procesos judiciales, simplemente omitió la información.

CIPER  tuvo acceso al segundo de esos documentos, donde los dos ejecutivos (Ramos y De Solminihac) incluyen una respuesta a cada uno de los puntos indicados en las bases de la licitación. Todo estaría en regla, de no ser porque en los puntos c) y d), las preguntas referidas a si la empresa estaba en proceso de quiebra y a la existencia de litigios pendientes con el Estado, los ejecutivos registraron la misma respuesta:

“(SQM) No está en estado de quiebra o liquidación ordenada por la autoridad competente, ni afecta a procesos de quiebra, insolvencia o convenios judiciales o extrajudiciales con acreedores”.

Sobre la existencia o no de procesos judiciales abiertos con el Estado, ni una sola palabra. Lo que la fiscalía ha estado investigando no sólo tiene que ver con la omisión de la información, sino que también con la sustitución de los documentos. La modificación de los datos entregados inicialmente al CEL no estaba contemplada como una posibilidad en el proceso. Por lo tanto, si la primera declaración fue sustituida, eso ya constituye una ilegalidad. Un hecho que sería aún más grave es que SQM podría haber destruido la declaración original, que es una de las aristas que ha investigado la fiscalía.

En octubre pasado SLM NX Uno de Peine, una de las tres empresas que participaron en la licitación (además de SQM y Posco Consortium), presentó una querella por perjurio en contra de Ramos y De Solminihac por haber entregado información falsa que le permitió a SQM obtener el millonario contrato. Desde entonces el Ministerio Público ha estado investigando los hechos que podrían constituir también el delito de fraude al Fisco por parte de la empresa de Ponce Lerou.

CONSEJERA INHABILITADA

El CDE evaluó los antecedentes y decidió redactar una querella contra quienes resulten responsables por la falsificación de las actas del CEL que no sólo permitieron que SQM participara en la licitación en base a información falsa, sino que además incurrieron en varios errores formales que significaron una pérdida al Fisco por la devolución de la boleta de garantía. Aunque uno de sus miembros optó por no participar en la discusión.

El voto de Clara Szczaranski era el que generaba mayores dudas, ya que desde septiembre de 2012 que es socia del estudio de abogados de Darío Calderón (Calderón & Cía. Abogados), que representa a SQM en varios procesos judiciales. Ante la posibilidad de incurrir en conflicto de intereses, Szczaranski decidió inhabilitarse.