Recientemente el Consejo para la Transparencia acogió completamente un reclamo de Oceana por la denegación de un importante documento sobre una cuestionable solicitud de pesca de investigación de atún en Isla de Pascua. Esta decisión reviste gran relevancia y nos deja lecciones en dos ámbitos: la manera en que nuestro país está administrando sus recursos pesqueros, y el rol que la sociedad civil puede jugar en el escrutinio y mejoramiento de dicha tarea.

En marzo de 2011 la Universidad del Mar solicitó a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) un permiso para realizar pesca de investigación de atún en la zona económica exclusiva (ZEE) de Isla de Pascua y Salas y Gómez (excluyendo el parque marino creado en esta zona el año pasado) y en otras zonas del país donde se encuentra este recurso.

La pesca de investigación en Chile, por definición legal es sin fines de lucro. Sin embargo, ha sido habitualmente una forma encubierta de otorgar o aumentar arbitraria y artificialmente las cuotas de pesca comercial.

Apenas tuvimos conocimiento de dicha gestión, Oceana realizó una solicitud de acceso a la información pública a Subpesca, pidiendo todos los permisos de pesca de investigación solicitados por la Universidad del Mar y sus respectivos expedientes de tramitación durante el último año. Se nos hizo entrega de varios permisos concedidos a dicha Universidad, especialmente sobre jurel. Sin embargo, en relación con la solicitud hecha sobre el atún se nos dijo que no nos podían entregar el expediente ya que estaba aún en trámite y que sólo nos podían entregar una reseña o extracto. Asimismo, nos informaron que la Universidad se había desistido de la solicitud para pesca en Isla de Pascua y Salas y Gómez y que ahora querían efectuar su pesca de investigación en las islas San Félix y San Ambrosio durante un año en vez de los 6 meses solicitados inicialmente.

Luego de hacerle ver la ilegalidad en la negación de esta información, la Subpesca accedió a mandarnos el expediente sobre el atún. De los documentos entregados, se demuestra que se habrían usado cuatro barcos factoría, con palangres de más de 100 km. de largo con hasta 2.900 anzuelos cada uno. Sin embargo, se excluyó un documento muy importante: el convenio entre la empresa japonesa y la Universidad del Mar. Este contrato es obligatorio según la ley y podría probar que la Universidad está lucrando con la pesca de investigación. Oceana presentó un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por la negación de dicha información, solicitando que se obligue a Subpesca a entregar el contrato señalado. La decisión del Consejo reconoce nuestro derecho y dispone que la Subsecretaría debe darnos acceso a este contrato.

Estamos frente a la punta de iceberg de un gran fraude que se ha tolerado por años, beneficiando al sector pesquero. En buena parte de los casos no hay ninguna investigación real que se haya hecho en relación con estos permisos.

En primer lugar, llama la atención el uso que ciertos actores –empresas pesqueras nacionales y extranjeras- le han dado a la pesca de investigación en Chile que, por definición legal, es sin fines de lucro. La pesca de investigación ha sido habitualmente una forma encubierta de otorgar o aumentar arbitraria y artificialmente las cuotas de pesca comercial. Estamos frente a la punta de iceberg de un gran fraude que se ha tolerado por años, beneficiando al sector pesquero. En buena parte de los casos no hay ninguna investigación real que se haya hecho en relación con estos permisos.

Este abuso es particularmente grave si se da, como se intentó, sobre el atún de Isla de Pascua. Este es el recurso pesquero más importante para el pueblo Rapa Nui desde tiempos ancestrales. Hoy sigue estando en la base de su alimentación y representa una gran fuente de ingreso a través del turismo. Su escasez los tiene en una situación muy desesperada y, de hecho, han tenido que importarlo desde Tahití.

El atún de aleta amarilla, que es el que más se encuentra en esta zona, presenta claros signos de sobreexplotación y, según organismos internacionales, ha sufrido una disminución sustancial en los últimos años. El primer llamado es a adoptar urgentemente medidas de conservación para evitar que la escasez de atún siga empeorando. Oceana ya ha propuesto la ampliación del parque marino en Salas y Gómez a la totalidad de su Zona Económica Exclusiva y el reconocimiento del uso exclusivo de los recursos marinos de Isla de Pascua para los isleños, entre otras razones, por el preocupante estado del stock de atún.

La opacidad que rodea las decisiones relativas a la explotación de los recursos naturales en Chile es grave y está profundamente enquistada.

En segundo lugar, este caso demuestra que una sociedad civil alerta y activa puede cambiar el curso de los acontecimientos y contribuir positivamente a la administración y cuidado de los recursos naturales. Este reclamo y las demás acciones desplegadas en torno a esta situación fueron determinantes para se detuviera un intento por pescar masivamente un recurso como el atún en Isla de Pascua, con las implicancias ya descritas.

La opacidad que rodea las decisiones relativas a la explotación de los recursos naturales en Chile es grave y está profundamente enquistada. Esto ha favorecido el surgimiento de una trama de relaciones indebidas entre reguladores y regulados, palos blancos para burlar la ley, conflictos de interés y captura de las agencias públicas que, en definitiva, ha permitido saltar los ya exiguos controles legales destinados a brindar un mínimo de responsabilidad a las actividades económicas que se sirven de estos recursos, la mayoría de las veces, de manera gratuita.

La ley de transparencia ha significado un salto cualitativo enorme al poner a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas para conocer mejor qué pasa dentro del Estado y con las empresas reguladas. Si bien falta mucho camino por recorrer, los espacios de transparencia existentes ya están dando como resultado un mayor control sobre los gobiernos y los actores económicos que se relacionan con ellos, lo que, en el mediano a largo plazo, dará más confianza a la sociedad sobre las decisiones que se adopten en distintos asuntos de interés público. El segundo llamado es, entonces, a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades para tener recursos naturales más saludables.

*Vea reportaje de CIPER que detalla el vínculo que tiene la Universidad del Mar con la “pesca de investigación”.