Dos de los cuatro integrantes del Consejo para la Transparencia no seguirán en sus cargos. Uno de ellos es el presidente del organismo, el abogado y ex diputado (RN) Raúl Urrutia Ávila. El otro consejero, cercano al PPD, es el abogado Juan Pablo Olmedo. Ambos concluyen su periodo a fines de este mes y su eventual continuidad debía ser propuesta por el presidente Sebastián Piñera al Senado, el que -por los dos tercios de sus miembros- tiene la llave para visar las nominaciones. Pero el presidente ya resolvió que no quiere ni a Urrutia ni a Olmedo en el Consejo, decisión que fue comunicada ayer por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.

La noticia no fue bien recibida en el Senado, donde ya se vislumbraba una transversal mayoría favorable a que ambos consejeros siguieran en la entidad que garantiza el acceso de los ciudadanos a los documentos del Estado. Uno de los que alzó la voz fue el senador y presidente de RN, Carlos Larraín, quien sostuvo que el gobierno tendría que haber actuado con más “consideración”. Desde la oposición, el diputado PPD Felipe Harboe estimó que esta decisión del Presidente menoscabaría la “brillante” labor que han venido realizando los consejeros.

En defensa de Urrutia, el senador Carlos Larraín dijo que hay sectores del oficialismo que ven con recelo el sello inquisitivo que el ex diputado le ha dado al Consejo. El tema fue abordado en una columna editorial de El Mercurio del jueves 5: “(la decisión de La Moneda) ha despertado críticas de algunas voces de oposición y también de la Alianza, pues se ha interpretado la no renovación en sus cargos como una suerte de sanción para estos consejeros”. Los comentarios se fundan en que Urrutia, aunque milita en el mismo partido que el Presidente de la República, ha votado en varios casos contra los intereses del gobierno.

Al interior del Consejo para la Transparencia confirman que hay dos procesos “emblemáticos” que demuestran el celo e independencia con que ha actuado Urrutia y que sellaron su “distanciamiento” con el gobierno. El primero fue una resolución que afecta a la Fundación Integra, encabezada por la esposa del Presidente Piñera, Cecilia Morel, entidad que se negó a entregar documentos relacionados con los ingresos de su plana ejecutiva y el destino de fondos que recibió para la reconstrucción de jardines infantiles, entre los cuales se cuenta US$100 mil donados por el cantante Ricardo Arjona.

El segundo caso también se refiere a documentos sobre dineros destinados a la reconstrucción y afecta a la Subsecretaría del Interior. En este proceso, el Consejo marcó un precedente, pues determinó que la subsecretaria que dirige Rodrigo Ubilla (RN) está obligada a entregar copia de los correos electrónicos de algunos de sus funcionarios.

LOS CORREOS DE LA RECONSTRUCCION

El caso que puso de punta al subsecretario Ubilla con el Consejo para la Transparencia lo inició el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer Bringas (PPD), quien el 16 de febrero de 2011 requirió de la subsecretaría los documentos que permitieran establecer por qué más de $300 millones destinados a cubrir la emergencia del terremoto fueron devueltos por la Gobernación Provincial de Melipilla sin haberse gastado.

Gebauer solicitó oficios y memorándums, pero también los “correos electrónicos institucionales remitidos desde el Ministerio del Interior a la Gobernación Provincial de Melipilla y, desde la Gobernación Provincial de Melipilla al Ministerio del Interior”, incluyendo los e-mails de las cuentas del propio subsecretario Ubilla y de la gobernadora, Paula Gárate.

La subsecretaría respondió el 10 de mayo de 2011 al edil, proporcionando la rendición de gastos, entre otros documentos, pero descartó de plano entregar copia de los correos electrónicos. A juicio de esa entidad, aquello vulneraría la vida privada y honra de las personas involucradas y sus familias.

El alcalde recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia el 30 de marzo de 2011. Adujo que la información que contienen esos correos es de suma importancia para la comuna de Melipilla y que no corresponden a la esfera de la vida privada por tratarse de comunicaciones entre autoridades, emitidas desde cuentas institucionales que son financiadas con fondos públicos y no desde correos privados.

El Consejo admitió a tramitación el amparo, por lo que la subsecretaría debía exhibir los correos a los consejeros para que estos ponderaran si efectivamente vulneraban aspectos de la vida privada de los funcionarios. En sus descargos, el 28 de abril de 2011 la subsecretaría del Interior argumentó su negativa a divulgar los e-mails señalando que afectarían la privacidad, que es parte de las garantías que asegura la Constitución. En segundo término, estimó que no estaría dentro de las atribuciones del Consejo acceder a los correos de funcionarios o autoridades públicas.

A pesar de las objeciones de la subsecretaría, el Consejo determinó el 14 de julio de 2011 que debía enviar copia de todos los correos que el alcalde Gebauer solicitó. Este es el primer caso en que se estima que los correos electrónicos institucionales contienen información de interés público: “Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, enfatiza el informe elaborado por el Consejo. De esta manera, estima que los correos reemplazan a los “actos administrativos contenidos en formato papel”.

El 12 de agosto de 2011 el Consejo para la Transparencia finalmente resolvió acoger el recurso (vea el documento oficial con los argumentos de la subsecretaría y la decisión del Consejo) y requirió al subsecretario Ubilla que entregara la información. La resolución contó con los votos favorables de los consejeros Ubilla, Olmedo y Alejandro Ferreiro, y con el voto disidente de Jorge Jaraquemada.

Como último recurso para anular lo obrado por el Consejo, la subsecretaría de Ubilla presentó un “reclamo de ilegalidad” ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 23 de septiembre, el que se encuentra en trámite bajo el Rol Nº 6704-2011.

DIFERENCIAS CON LA PRIMERA DAMA

El 25 de marzo de 2011 el concejal de Calera de Tango, Marco Jofré Muñoz, pidió a la Fundación Integra documentos referidos a la planta de personal y remuneraciones de los principales cargos ejecutivos de la entidad al 28 de febrero de 2010 y al 28 de febrero de 2011. También solicitó conocer los gastos realizados con la donación de US$3 millones entregados por el gobierno australiano a la Fundación, al igual que el destino y beneficiarios de los US$100 mil que el cantante guatemalteco Ricardo Arjona aportó para la reconstrucción del jardín infantil “Chacra Alicia” de Dichato.

La Fundación, cuyo Consejo Nacional es presidido por la Primera Dama Cecilia Morel, se negó a revelar estos documentos, afirmando que “es una institución de derecho privado” que no está bajo el alero de la Administración del Estado, por lo que no está sujeta a la Ley de Transparencia. Además sostuvo que se violaría la privacidad de los trabajadores si se publican sus ingresos.

Tras la respuesta negativa, el concejal Jofré -quien trabajó durante 14 años en Integra y fue despedido en enero pasado- interpuso el 13 de abril de 2011 un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. El 31 del mismo mes el organismo admitió a tramitación el recurso y el 9 de mayo la Fundación hizo sus descargos. Entre los principales argumentos utilizados se reafirmó que Integra es “una corporación y fundación de derecho privado”. Asimismo recalcó que no cumplía una función administrativa, sino de bien común, ya que su propósito es “otorgar educación inicial de calidad a niños y niñas que vienen en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”.

El Consejo descartó que Integra fuera una institución privada y la consideró parte de la Administración Pública, pues a su juicio tiene “un carácter instrumental”, es decir, se trata de “un órgano de colaboración del Gobierno en el área social”. Asimismo, hace una reseña histórica del organismo, la que incluye actas de sesiones realizadas en las oficinas del gabinete de la Primera Dama en La Moneda, que hacen que “no pueda aceptarse que quienes constituyen esta fundación lo hagan como particulares que ejercen la libertad de asociación, sino que debe entenderse que la creación de esta fundación fue realizada a instancias del poder público”.

El amparo de Jofré fue acogido por el Consejo el 31 de agosto, cuando resolvió que la Fundación Integra debía entregar al concejal en diez días hábiles la nómina de gastos hechos con las donaciones y en 45 días hábiles debía actualizar en su sitio toda la información que contempla la Ley de Transparencia para las instituciones públicas, incluyendo la planta y remuneraciones (vea el documento oficial con los argumentos de la Fundación y la decisión del Consejo). Sin embargo, el 20 de septiembre pasado la Fundación Integra jugó su última carta y presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un “reclamo de ilegalidad” para tratar de anular la decisión del Consejo. El reclamo se tramita bajo el Rol Nº 6569-2011.

Con la decisión anunciada por el ministro Larroulet, de no prorrogar la gestión de Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo, a pesar de que ambos contaban con respaldo transversal en el Senado, se creó un clima de desconfianza respecto de la independencia con que ejercerán su rol los reemplazantes. A esto se agrega la premura con que debe resolverse el relevo. Urrutia y Olmedo abandonan sus puestos el próximo viernes 28 de octubre. Pocos días para decidir dos nombramientos clave para la fiscalización del aparato público y el combate a la corrupción