El 18 de enero pasado el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, presentó ante la Comisión Investigadora sobre Seguimiento del Proceso de Reconstrucción Nacional el resultado de las auditorías sobre los gastos en que ha incurrido el gobierno a raíz del terremoto. De las 40 revisiones hechas a distintas reparticiones públicas que debieron desembolsar recursos para enfrentar la emergencia o la reconstrucción, Mendoza sólo pudo dar cuenta de los resultados de 26, que eran las que ya estaban cerradas con sus respectivos informes finales. Y de estas últimas, sólo dos no presentaban observaciones mayores (Subsecretaría de Salud e Indap).

La mayor parte de las observaciones no objetan el uso del dinero ni los montos. El cuestionamiento más reiterado es no haber cumplido con la obligación de publicar las compras por trato directo -sin licitación- en el sistema de Mercado Público. En general, las reparticiones que incurrieron en este error actuaron bajo el criterio de que el estado de catástrofe las facultaba a saltarse este trámite para agilizar las compras.

No obstante, hay otras situaciones más delicadas, en las que se objeta la falta de control para determinar si los dineros se destinaron efectivamente al uso declarado por la autoridad, pagos improcedentes, sobrepagos, trabajos incompletos o defectuosos. Y, en algunos casos, suman miles de millones.

Respecto de los recursos utilizados en asistencia directa a damnificados en los días posteriores a la emergencia, los montos objetados suman a lo menos $13.840 millones (cerca de US$28 millones). Esto no significa que el dinero haya sido efectivamente mal utilizado, sino que los fiscalizadores consideran que su uso no está suficientemente respaldado, que la ejecución de los servicios adquiridos no está del todo acreditada o que el desembolso no se ajustó a criterios propios de una emergencia.

Se trata de una cifra que surge de la revisión de los 26 informes de auditoría que la Contraloría ya había cerrado al momento en que Mendoza se reunió con los diputados. Ese monto se desagrega en más de $7.985 millones destinados a raciones alimenticias (Junaeb), cerca de $5.351 millones en compras de mediaguas (Onemi-Interior), $324 millones para crear el Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofes (Mideplan) y $180 millones para despejar escombros en la zona costera del Maule (Subdere).

DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS

El informe de la Contraloría sobre los gastos efectuados por la Junaeb está fechado en septiembre de 2010 e indica que esa repartición “el 28 de abril del presente año rindió la suma de M$9.055.779, por gastos realizados hasta el 31 de marzo de 2010, siendo el ítem de alimentación el más importante, con un 88,18%, correspondiente a las raciones de alimentos compradas a las empresas concesionarias que participaron en la emergencia con la preparación y distribución de éstas”. El gasto en alimentación ascendió, según esa rendición de la Junaeb, a $ 7.985.716.635.

La auditoría estableció que la Junaeb no pudo acreditar que las cantidades solicitadas en las órdenes de compra a las empresas concesionarias fueron efectivamente entregadas a damnificados. Aunque la repartición argumentó que no pudo ejercer controles por la situación de emergencia, la Contraloría desestimó esa explicación y en las conclusiones del informe indicó que “procederá a incoar un proceso disciplinario, con la finalidad de precisar las eventuales responsabilidades que de los hechos pudieran determinarse, en atención al volumen de recursos involucrado”.

En sus visitas a terreno, los fiscalizadores se encontraron con situaciones que desmentían los informes aportados por Junaeb respecto del número de raciones que se estaban entregando en los albergues:

-Efectuado el cruce de datos entre las certificaciones enviadas desde regiones, con la información obtenida por esta Contraloría General en las fiscalizaciones efectuadas en albergues, se constató que las primeras informan un número superior de raciones despachadas, el que en el caso del Estadio Víctor Jara de la Región Metropolitana, alcanzó a un 100%, debido a que al momento de la visita no se encontraba operativo –dice el informe.

Efectivamente, la auditoría indica que la Junaeb certificó que el 30 de abril se entregaron 60 desayunos, almuerzos, onces y cenas en el Estadio Víctor Jara de Santiago. Pero, los fiscalizadores constataron que ese día el recinto ya no funcionaba como albergue y que cuando estuvo habilitado como tal, cobijó sólo un promedio de 35 personas diarias. Más compleja es la situación que se detectó en la Escuela República de Croacia, de Cerro Navia, donde la Junaeb certificó que los días 21, 22 y 23 de abril se entregaron 500 almuerzos y desayunos, en circunstancias que el recinto ya no operaba como albergue desde el 20 de abril.

En tanto, en la Escuela Movilizadores Portuarios, de San Antonio, Junaeb certificó que del 23 al 30 de abril se entregaron 45 desayunos, almuerzos, onces y cenas, pero en su visita los fiscalizadores comprobaron que el 27 de ese mes en ese recinto sólo se repartieron 30 almuerzos y cenas.

Además, la Contraloría estableció que Junaeb rindió entre sus gastos la compra de 251 toneladas de “pouch” (carne de vacuno y pollo en cubos) por un total superior a $ 942 millones. Al revisar la documentación de respaldo, los fiscalizadores determinaron que la compra real fue por 180 toneladas, con un costo de casi $673 millones: “Lo que se traduce en M$269.482 que recibiría la Junaeb sin motivo justificado. Al respecto, es necesario indicar que la Junaeb, no obstante disponer de las 16 facturas desde el día 10 de marzo, tal como lo indica el timbre estampado en cada una de ellas, declaró al Ministerio del Interior la orden de compra sin incluir los documentos antes indicados”, se lee en el informe.

La Contraloría indica también que Junaeb pagó $22 millones a la Red de Psicólogos Voluntarios de Chile para que realizaran evaluaciones sicológicas a comunidades escolares de 349 escuelas municipales pertenecientes a 23 comunas. El trabajo sería efectuado por 62 psicólogos voluntarios en 15 días y de manera simultánea en tres regiones. Pero Junaeb no pudo acreditar que ese servicio efectivamente se haya concretado, pues sólo presentó un “informe de avance” del trabajo. Dicho documento, por lo demás, indicaba que al 7 de junio el programa sólo se había ejecutado en 16 comunas y 137 establecimientos, es decir, un 40% de lo inicialmente pactado.

Finalmente, el informe establece que Junaeb pagó un sobreprecio de $2.586.000 por la compra de mil polerones rojos, poleras y jockeys en el mismo tono, destinados a identificar a los funcionarios que trabajaban en terreno (Ver recuadro)

MEDIAGUAS DE $820 MIL

El flamante subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, es uno de los afectados por la auditoría practicada a la Onemi. Lira, que también integra el Consejo Asesor que administra las donaciones que recibe el Fondo de Reconstrucción Nacional del Ministerio de Hacienda, era el jefe del Comité de Emergencia nombrado por la Presidencia de la República para coordinar la asistencia a los damnificados.

La Contraloría indica en su auditoría a la Onemi que la Circular Nº 13, del 19 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, instruyó que las compras derivadas de la emergencia debían ser determinadas en forma conjunta por la Onemi, el comité que dirigía Lira y la Jefatura de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, la auditoría estableció que las compras realizadas por Onemi (que en el periodo examinado ascendieron a $10.503 millones) fueron determinadas exclusivamente por el comité de Lira y que no hay documentación que respalde la participación con poder de decisión de funcionarios de Onemi, transgrediendo lo dispuesto en la Circular 13.

La Contraloría detectó que los integrantes del Comité de Emergencia que decidieron las compras estaban contratados a honorarios, por lo que no le son aplicables las normativas de responsabilidad funcionaria en caso de que finalmente se detecten irregularidades por su proceder. Una situación que puede tornarse grave, toda vez que el informe se cerró con observaciones a compras de mediaguas que se pagaron con sobreprecio –debido a un incentivo económico por pronta entrega– a proveedores que no cumplieron con ese requisito, con lo que se vulneró “el principio de igualdad de los oferentes”.

En efecto, la Circular Nº 28 del Ministerio del Interior detalló que las mediaguas para los damnificados debían tener las especificaciones técnicas de las que construye un Techo para Chile (UTPCh) y estableció un precio base de $440.000, más $25.000 por flete (valores sin IVA). Para apurar a los proveedores, a este precio base de $465.000 se le agregó un “incentivo por pronta entrega”: $100 mil si las mediaguas eran entregadas en la primera semana de abril; $65 mil en la segunda semana de ese mes; $40 mil en la tercera semana y $15 mil en la última.

El diputado Patrio Hales, quien participa en la comisión de la Cámara que recibió al contralor, cuestiona que se ofreciera un premio por entregar en la última semana: «En la construcción de pagan incentivos por entregar de manera adelantada, no por hacerlo en el plazo acordado, para eso está el precio base».

La auditoría estableció que en la última semana se mantuvo el monto que correspondía a la tercera semana, lo que se tradujo en un sobreprecio de cerca de $38.140.000 por la cantidad de mediaguas que se pagó a $505.000 cuando se deberían haber cancelado a $480.000. Esta información fue publicada originalmente por el diario electrónico El Mostrador el 3 de enero pasado y, tras la polémica, Cristóbal Lira dijo que no existía sobreprecio, pues además de tener mejores estándares el precio de mercado de los materiales había subido. Sin embargo, hasta ahora, ni la Onemi ni Interior han exhibido documentos que respalden el mayor gasto. CIPER solicitó entrevistas con los responsables de la adquisiciones en la Onemi y con Cristóbal Lira –hoy a cargo de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior–, pero no obtuvo respuestas.

Lo mismo ocurre con las compras que el Comité de Emergencia hizo a Forestal Tromen y a la empresa Techo para Cristo (TPC). En ambos casos, se pagó un precio muy superior a los establecidos en la Circular Nº 13. A Tromen se le cursó una orden de compra por 4.600 mediaguas a $820.000 cada una (lo que totaliza $4.488 millones, con el IVA) y TPC recibió una orden de compra por mil unidades a $693.000 cada una (lo que suma, agregando el IVA, $825 millones). En el caso de TPC hubo otra orden con valores superiores a los establecidos originalmente, pero que no fue pesquisada por la Contraloría porque se emitió fuera del período auditado. Esta orden fue por 288 mediaguas a $695.000 (con un monto total de $235 millones, con IVA).

El gerente de Forestal Tromen, Cristián Yussem, aseguró a CIPER que los $820 mil pagados por cada una de sus mediaguas se deben a que éstas son de mayor calidad que las de UTPCh y con mejores materiales aislantes porque debían ser instaladas en el borde costero. No obstante, ni Onemi ni el comité de Lira agregaron en la orden de compra documentos que respalden esta afirmación. Por el contrario, la orden de compra remite a los mismos anexos con que se hicieron las restantes adquisiciones, los que establecen las características técnicas genéricas de las mediaguas que utiliza UTPCh.

En el caso de TPC acontece lo mismo. Ni Onemi ni el Comité de Emergencia añadieron a sus órdenes de compra especificaciones más complejas que las de las mediaguas de UTPCh, por lo que la explicación que entregó a CIPER su gerente, Gloria Abusleme, en orden a que se trata de unidades de mejor calidad para soportar el clima de la costa, no tienen respaldo en documentación oficial.

Finalmente, la Contraloría manifiesta que “en reiteradas oportunidades las guías de despacho que sirvieron de respaldo para pagos efectuados a proveedores presentaban ilegible la confirmación de la recepción de los bienes adquiridos”. Esto resulta particularmente grave en el caso de la recepción de mediaguas, pues se requería corroborar la fecha para comprobar si correspondía el pago del incentivo por pronta entrega.

En relación a esta última observación, la Onemi respondió a Contraloría que la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior está preparando “un nuevo catastro de recepción de viviendas, pero con información entregada desde las municipalidades”. Esto, a juicio de los fiscalizadores, sólo “permite confirmar que dicha oficina (Onemi) no mantiene control sobre la distribución y recepción de bienes adquiridos con Fondos de Emergencia”.

LA FICHA ÚNICA DE EMERGENCIA

De acuerdo con la auditoría hecha por la Contraloría a los gastos de la Subsecretaría de Planificación , la preocupación que ha mostrado el ministro de Mideplan, Felipe Kast, en orden a focalizar correctamente los recursos destinados a planes sociales, contrasta con el rendimiento de los $324 millones que su cartera dispuso para el Programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe.

En el contexto del mencionado programa, Mideplan entregó los recursos a 150 municipalidades para que aplicaran la “Encuesta Ficha Única de Emergencia, EFU”. Según el informe de los fiscalizadores, dicha encuesta tenía por objeto “obtener un registro con información fidedigna completa y precisa, de la situación de vulnerabilidad de las personas damnificadas por el terremoto (…) determinando el número de familias y personas afectadas, fallecidas, el grado de daño de las viviendas y el detalle de las respectivas soluciones de emergencia (que requerían esas familias)”. La ficha, en resumen, debía ser clave para orientar a las autoridades en la resolución de las necesidades de los damnificados.

Al margen de diversos reparos formales por rendiciones de fondos no efectuadas a tiempo por los municipios, por gastos que debían ser pagados por las municipalidades y que fueron endosados a Mideplan y por recursos no ocupados que no se devolvieron a la cartera, la Contraloría abordó el fondo del asunto y detectó que un alto porcentaje de las fichas no cumplía con los objetivos previstos para apoyar a los damnificados.

Al revisar la base de datos que resultó de la aplicación de la encuesta, los fiscalizadores determinaron que el 71% de los registros obtenidos no tenían información acerca de las soluciones de emergencia que requerían las familias. Del total de 274.484 fichas ingresadas (correspondientes a 802.785 personas afectadas), 195.022 estaban en esta situación (573.180 personas).

En relación a las prioridades para atender a las familias (albergado y/o vivienda destruida; damnificado y/o vivienda con daño mayor, damnificado y/o vivienda con daño menor), el 20,65% de las fichas no tenía información. Es decir, 56.675 fichas, correspondientes a 163.250 personas, estaban en esta condición.

Además, la Contraloría efectuó visitas en terreno para validar los datos contenidos en las fichas. En este ejercicio constató un alto número de registros con inconsistencias en relación con los datos obtenidos en terreno.

En la Región de Valparaíso, por ejemplo, se examinaron 216 fichas, de las cuales 129 fueron validadas y a 87 se les hicieron observaciones. En la VI Región, se revisaron 108 fichas y a 38 de ellas se les formularon observaciones. En el caso de la Región Metropolitana, el examen arrojó un alto número de fichas en las que se omitió el número de integrantes del grupo familiar. Esta situación resultó extrema en los municipios de Melipilla y San Bernardo, donde 2.241 y 613 fichas, respectivamente, presentan ese problema.

Los argumentos respecto de que la situación de emergencia conspiró para obtener mejores resultados, se diluyen al observar que en las regiones del Maule y Bío Bío, donde el terremoto azotó con más fuerza, la encuesta se aplicó casí sin problemas. En Maule, la Contraloría examinó 146 fichas y planteó reparos sólo a diez. En Bío Bío, finalmente, se revisaron 105 fichas y todas fueron validadas sin observaciones.

DESPEJANDO ESCOMBROS

El informe de la auditoría realizada a la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (Subdere), indica que se revisó la totalidad de las transferencias efectuadas por dicha cartera para enfrentar la emergencia, las que ascienden a $412.518.038. Con este dinero se financió la compra de generadores eléctricos, motobombas, contenedores para ser usados como bodegas u oficinas de emergencia, flete de contenedores, arriendo de maquinaria para despejar escombros, herramientas para facilitar el despeje y fletes en general. Todo ese significó un desembolso de $ 395.493.039.

En cuanto a las compras, la Contraloría sólo hizo un par de observaciones relacionadas con la adquisición de contenedores. En este item el gasto se excedió del presupuesto establecido, sin contar con autorización del Ministerio del Interior, en $6.667.901. Además, se constató en terreno que tres de los 40 contenedores entregados a 24 municipalidades, no estaban siendo usados. Dos de ellos corresponden a Hualpén y uno a Pedro Aguirre Cerda.

Respecto al despeje de escombros, la Contraloría detectó que la Subdere contrató por trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Limitada para el arriendo de maquinaria. El acuerdo consistía en que la empresa trabajaría para tres municipios de la zona costera del Maule: Pelluhue, Chanco y Constitución. El servicio incluía operadores, alimentación, hospedaje, combustible y traslado de maquinaria.

El 2 de marzo el contrato se estimó en la suma de $108.723.000, para contar con ocho camiones tolva, dos retroexcavadoras, una motoniveladora, dos excavadoras, gastos operacionales y fletes. Pero el 6 de marzo se amplió la suma en otros $71.526.301, según consta en la “orden de compra urgencia-007”, debido a que se requerían más horas de trabajo en terreno que lo previsto al inicio. Finalmente, bajo la orden de compra Nº 761-404-SE10 se dio cuenta del valor total de la contratación: $180.249.301.

Al examinar los antecedentes del contrato, la Contraloría interpretó que la empresa debía trabajar 450 horas en cada municipio: “La Subdere (…) contrató mediante trato directo a la empresa Ruiz y Blanco Ltda. el arrendamiento de maquinaria y ejecución de obras de despeje, consistentes en 450 horas de trabajo por municipio”. No obstante, al examinar los certificados emitidos por los tres municipios, constató que en Pelluhue se trabajaron 100 horas, en Chanco 200 y en Constitución 250: “Dejando de manifiesto el incumplimiento de lo contratado por falta de control”, dice el informe.

La Subdere respondió que el arriendo era “por un total de 450 horas trabajadas en aquellas ciudades”, dando a entender que incluía a los tres municipios. La subsecretaría, además, adjuntó documentos para probar que en Pelluhue se trabajaron 200 horas, en Chanco otras 200 y en Constitución 250, por lo que el total ascendería a 650 horas trabajadas por el mismo precio de $180 millones.

Finalmente, la repartición anunció que dictaría una resolución complementaria para enmendar la situación. Sin embargo, dicha corrección se hizo recién el 20 de enero de 2011, cinco meses después de que el informe de los fiscalizadores estuvo terminado (se cerró en agosto) y poco después de que el contralor Mendoza se sentara frente a los diputados para entregar el detalle de la revisión a los gastos originados por el terremoto. Está por verse si, en la próxima revisión, el órgano fiscalizador acepta la enmienda de la Subdere.