Los altos precios del metal rojo han acumulado entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones en excedentes originados por la Ley Reservada del Cobre destinada a financiar las adquisiciones de armas y otros suministros de las Fuerzas Armadas. Los principales beneficiados con ese dinero son bancos locales que reciben cuantiosos depósitos a plazos a través de licitaciones vía e-mail. El sistema lo administra una mesa de dinero operada por el Consejo Superior de Defensa Nacional, entidad cuestionada por su falta de experiencia en gestión financiera. El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, niega que existan riesgos, pero anuncia cambios para aumentar la rentabilidad.

De las normas secretas que aún existen en Chile, la Ley Reservada del Cobre es sin duda la más importante. A través de ella se captura un 10 % de las ventas del cobre chileno, se financian las compras de armamento y suministros para las Fuerzas Armadas y, por el secretismo que rodea este tipo de adquisiciones, hay un punto del que poco o nada se ha hablado: la administración de los cuantiosos excedentes que se han acumulado desde que el cobre iniciara su escalada alcista.

Desde 2005, cuando el gobierno del Presidente Ricardo Lagos decidió repatriarlos, estos fondos han beneficiado principalmente a un selecto grupo de bancos locales, los que captan ese dinero en depósitos a plazo que son licitados vía e-mail. Para el 2009, por ejemplo, el Banco de Chile podía recibir hasta $300 mil millones (unos US$ 680 millones a diciembre de ese año).

Puede que el adjetivo cuantioso se quede corto a la hora de dimensionar los montos. Aunque la reserva de la ley impide conocer la cantidad exacta, la cifra revelada por fuentes que han tenido acceso a ella oscila entre los US$ 2.500 y US$ 3.000 millones. Esto aún después del terremoto, cuando el gobierno acordó con las Fuerzas Armadas el retiro de US$ 1.200 millones, la mitad de los cuales se gastarían en reparar daños sufridos por infraestructura castrense y el resto en la reconstrucción general.

El manejo de estos recursos es responsabilidad del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), ente asesor presidencial que, en palabras de distintas autoridades que conocen su funcionamiento, opera una verdadera mesa de dinero donde se decide la forma en que se invierten los excedentes de la Ley Reservada del Cobre. Las mismas fuentes alertan sobre el riesgo de que el manejo no esté en manos especializadas ni bajo una supervisión al nivel que exige la magnitud de esos recursos del Estado.

Los montos se han multiplicado desde el 2003, cuando la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet consiguió que a través de un dictamen la Contraloría reinterpretara la ley y la cuenta de excedentes recibiera todos los ingresos sobre el piso mínimo establecido para cada rama armada. El cambio coincidió con el periodo de bonanza del cobre, que de 80 centavos de dólar la libra llegó a superar los 4 dólares en 2007.

Otro cambio relevante tuvo lugar en 2005, cuando los fondos, hasta entonces invertidos en instituciones extranjeras, fueron repatriados. Algunos bancos nacionales resultaron ser los grandes beneficiados por esa decisión del gobierno de Lagos, con cientos de millones de dólares fiscales invertidos en ellos. Para minimizar el riesgo, dijo a CIPER el ministro de Defensa Jaime Ravinet, el Ministerio de Hacienda estableció normas: el dinero sólo puede ser depositado en bancos de bajo nivel de riesgo y el monto no puede superar el 30% de su capital, con la excepción del BancoEstado.

No obstante los nuevos requisitos, éstos no impiden que las grandes instituciones bancarias reciben altos montos, como lo corrobora el límite al que podía aspirar el Banco de Chile en 2009 (los ya mencionados $300 mil millones). Aún así, un alto personero de la administración Bachelet revela que el año pasado los límites se coparon y hubo que incluir un nuevo banco entre los que reciben los depósitos. Si bien se trata de información clasificada, una fuente vinculada al sector Defensa que ha tenido acceso a los datos oficiales asegura que quienes actualmente reciben los depósitos de dichos fondos son, además de la institución estatal, los bancos de Chile, BCI, BBVA, Corpbanca e Itaú.

De acuerdo a la versión de un alto funcionario de la administración Lagos, la decisión de repatriar los fondos se adoptó tras la alerta generada por el llamado “caso Azeta”, cuando la empresa del mismo nombre solicitó el embargo de la cuenta de la embajada en Holanda para asegurar el pago originado en ese país por un litigio contra el Estado chileno. Otros juicios por causas de derechos humanos -donde se solicitó el embargo de cuentas del fisco chileno en Europa- habrían terminado por convencer al gobierno de Lagos de que los excedentes de la Ley del Cobre estaban en riesgo fuera del país.

El actual ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien ocupó el mismo cargo en parte de la administración Lagos, asegura que la decisión se tomó sólo considerando criterios de rentabilidad financiera: las tasas estaban más altas en Chile.

La mesa de dinero que licita vía e-mail

Son varios los personeros que ocuparon cargos de gobierno y autoridades en ejercicio que aseguraron a CIPER que la mesa de dinero del Consudena es una de la que maneja más fondos en el país. Exagerado o no, al menos tres fuentes especializadas en defensa que han conocido de cerca su funcionamiento expresaron también sus reparos por la forma en que ésta opera.

La responsabilidad recae sobre el secretario del Consudena, que por ley debe ser un ex alto oficial de las Fuerzas Armadas. Actualmente el cargo es ejercido por el brigadier de Ejército Jorge Pantoja, quien entre 1990 y 2000 fue subsecretario de Investigaciones. Lo secunda en la gestión Carlos Gómez, ingeniero politécnico militar en Economía y Administración. El ministro Ravinet agrega que además, cuentan con la asesoría de dos economistas nombrados por el Ministerio de Defensa.

Para el diputado y ex subsecretario de Guerra, Jorge Burgos (DC), “la forma en que se administran esos miles de millones de dólares dista de ser ideal”. A su juicio, no existe “accountability” o rendición de cuentas. El parlamentario asegura que “las decisiones se toman entre cuatro paredes por personas sin mucha experiencia en materia financiera”. Burgos agrega que no se sabe si hay grabaciones que respalden las decisiones, como se hace con las conversaciones de las mesas de dinero de todas las instituciones financieras, o si se toman las medidas de seguridad necesarias.

El martes 27 de julio pasado, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citó a Ravinet para tratar el tema. CIPER solicitó una versión oficial sobre lo discutido en esa reunión, pero no la obtuvo. La respuesta fue que el ministro de Defensa solicitó que la sesión se declarara secreta.

El ministro Ravinet rechaza cualquier riesgo en la gestión de los fondos del Consudena. Y se molesta cuando se le menciona la existencia de una mesa de dinero:

-Eso es una caricatura, no es una mesa de dinero como Larraín Vial. Estamos extraordinariamente limitados respecto de en qué se puede invertir y la única variable es la tasa de interés y que el banco esté calificado por Hacienda -afirma.

Ravinet se molesta aún más cuando se le recuerda lo ocurrido con la polémica mesa de dinero de Corfo, víctima de la estafa de Inverlink por los manejos inadecuados de sus depósitos a plazo y la inexistencia de resguardos.

-Aquí no hay jarrón -dice Ravinet, haciendo alusión a la figura que usó el ex Presidente Lagos para graficar el robo de los depósitos de Corfo.

El ministro explica que no existen grabaciones porque todas las comunicaciones se hacen vía e-mail. Y describe el convenio marco suscrito con las instituciones bancarias calificadas y que los dineros están invertidos en depósitos a plazo, los que se asignan a través de licitaciones convocadas vía e-mail. Gana la mejor tasa ofertada.

Aunque el ministro insiste en que existe total confianza en ese sistema, ex altos funcionarios de esa cartera coinciden con la opinión del diputado Burgos:

-Confío plenamente en el brigadier Pantoja, pero no se trata de confianza. Es como una mesa de dinero que se maneja negociando mes a mes y en esos casos el pecado está en la puerta -afirma un ex personero de Defensa.

La Contraloría realiza auditorías periódicas a la forma en que opera el Consudena. Sin embargo estas fiscalizaciones no son públicas. Un oficio enviado el año pasado por el ente contralor a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados da cuenta de las limitaciones legales de su labor fiscalizadora. Cuando se le consultó por las atribuciones sobre los gastos autorizados por el Consudena (no específicamente las inversiones), el contralor Ramiro Mendoza fue claro:

-Los gastos cuya situación se analiza presentan algunas características especiales, tanto en lo que dice relación con la mayor discrecionalidad de la autoridad para su empleo, como por la forma de rendir las cuentas, que no permite en el hecho verificar los objetivos reales de tal inversión y, consecuencialmente, si estos objetivos están o no vedados por la ley.

Por ser secretos, los gastos en defensa sólo requieren “certificados de buena inversión” que no detallan el objeto o destino de los recursos.

Pese a las limitaciones, el diputado Burgos se ha reunido dos veces últimamente con el contralor Mendoza para solicitar una auditoría especial al manejo financiero del Consudena, la que según le dijo, ya está en curso.

La nueva voz de Hacienda

La preocupación por la administración de los fondos comenzó a fines del gobierno pasado, cuando el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, se reunió con el presidente del Banco Central, José de Gregorio. Consciente de que el volumen de dinero acumulado era excesivo para el tipo de manejo que realizaba el Consudena, Vidal analizó junto a De Gregorio la posibilidad de que fuera el Banco Central el que realizara esa tarea. Pese a la buena acogida inicial, el tema se diluyó y desapareció definitivamente de la agenda tras el terremoto de febrero.

El nuevo gobierno planea una fórmula algo distinta. En entrevista con CIPER, el ministro Ravinet anunció que a través de un decreto se le entregará al Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en la administración de los fondos soberanos, la misión de revisar los parámetros de inversión y aconsejar sobre la diversificación de los instrumentos. “No se va a ir a jugar a la Bolsa”, advierte Ravinet, quien dice que se garantizará que las inversiones sean seguras, pero es posible que al menos parte de los fondos sean invertidos en el extranjero o en instrumentos más rentables que los actuales depósitos a plazo. La ejecución de las inversiones será delegada al Banco Central.

-No es un problema de confianza o de temer una cierta vulnerabilidad. Creemos que se puede buscar inversiones seguras y de mejor rendimiento que las actuales con la expertise de Hacienda. Ha sido una decisión del Presidente -asegura Ravinet.

En opinión de expertos del sector, hay otros dos factores que apuran una decisión sobre el manejo de los fondos. En marzo entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, la que determina que a partir de febrero de 2011 se deroga la ley que crea el Consudena y éste pasa a ser un departamento de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Para algunos, la nueva normativa termina tácitamente con el fondo.

El segundo factor es el inminente cambio del sistema de financiamiento de la defensa nacional, el que reemplazará a la actual Ley Reservada del Cobre. En septiembre de 2009 se envió al Congreso un proyecto que incorporaba a la administración financiera general el gasto en material bélico, a través de un presupuesto plurianual. Sin embargo, la constante tensión entre los ministerios de Hacienda y Defensa generó un proyecto que no satisfizo a nadie. Mientras el primero buscaba garantizar el equilibrio fiscal y la facultad de visar anualmente los gastos, el segundo quería velar por la estabilidad en el tiempo de los compromisos contraídos por las Fuerzas Armadas en sus adquisiciones.

El resultado: el proyecto se estancó en el Congreso a la espera de que el nuevo gobierno enviara otra iniciativa legal, lo que aún no ocurre. El ministro Ravinet anuncia que el nuevo proyecto estará listo en noviembre y garantizará los presupuestos plurianuales, con planificación a 12 años y planes cada 4, coincidiendo con cada gobierno: Asegura que esta vez no habrá “pillería” de Hacienda y que el tema ya está conversado con el ministro de esa cartera, Felipe Larraín.

Desde Hacienda confirman que, por instrucción del Presidente, existe la voluntad política de que el manejo del gasto bélico pase al Tesoro Público y que haya plurianualidad. “Efectivamente ha sido una pelea bastante liviana”, dice un personero de ese ministerio, haciendo un contraste con los problemas que hubo al interior de la administración Bachelet. Sin embargo, aclara que de todas maneras debe haber algún grado de revisión anual ante eventuales contingencias. Está por verse si los criterios de estabilidad fiscal y gastos bélicos logran compatibilizarse esta vez.