Considerado uno de los ejecutivos más ortodoxo y reacio a las regulaciones del sistema de Isapres, Luis Romero dejó la subgerencia general de Colmena en febrero pasado y a partir del 8 de julio próximo será el encargado de fiscalizarla. En el camino queda el hasta ahora superintendente de Salud, Vito Sciaraffia, quien tenía una tensa relación con el ministro del ramo, Jaime Mañalich. Éste defendió ayer el nombramiento de Romero, argumentando que no intervendría en la regulación del sector ni en el diseño de la nueva ley corta de Isapres y que precisamente por conocer el sistema por dentro, sería un duro fiscalizador. El hecho cierto es que la Ley de Probidad le impediría fiscalizar a su ex empleador por dos años.

Difícil tarea tendrá el nuevo superintendente de Salud, el ingeniero Luis Romero Strooy, si quiere cumplir con la Ley de Probidad. Según el artículo 12 de la misma, Romero deberá abstenerse de intervenir en los procedimientos en que tenga interés cualquier persona natural o jurídica a la que haya prestado servicio en los últimos dos años. El problema es que hasta febrero pasado, era el subgerente general de Colmena, Isapre que controla el 16% del mercado que debe fiscalizar.

¿Cómo lo hará? El ministro de Salud, Jaime Mañalich, tiene una explicación simple: “El superintendente no debe tomar decisiones regulatorias en ningún caso, él simplemente debe atenerse a la legislación”. Específicamente, dijo el ministro, no participará del diseño de la Ley Corta de Isapres II, que comenzará a redactarse a partir de julio, si es que el Tribunal Constitucional (TC) anula la tabla de factores que fija los precios de los planes según edad y sexo.

Sin embargo, quienes conocen cómo funciona dicha repartición pública hacen ver que aún si Romero no interviene en el diseño de los cambios legales, el superintendente de todos modos se verá obligado a hacerlo después, cuando firme las circulares administrativas que permitan su puesta en marcha. Así ocurrió tras las dos últimas modificaciones a la Ley de Isapres, cuando el superintendente emitió más de 20 circulares que regularon en los hechos la ejecución de la ley.

El perfil que según el sistema de Alta Dirección Pública debe cumplir el superintendente detalla entre sus funciones que deberá “liderar y conducir a la institución para que en su rol de reguladora y fiscalizadora colabore en la satisfacción de las necesidades de salud de los chilenos”, “liderar el funcionamiento de la regulación” y “supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional”.

En ese cuadro, también se le consultó a Mañalich cómo se respetaría el principio de abstención cuando Romero tenga que fiscalizar a la isapre en la que fue gerente, a lo que el ministro respondió con un dicho: “No hay astilla más afilada que la del mismo palo, aquí el que conoce el sector y sus deficiencias es el que puede ser un fiscalizador mucho más duro”.

El gobierno parece creer en serio en ese dicho. Así lo demostró cuando nombró a la fiscal de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. (COPSA), Loreto Silva, como subsecretaria de Obras Públicas, y al director del mismo gremio y ex gerente de la concesionaria Rutas del Pacífico, Mauricio Gatica, como coordinador de Concesiones. Luego vino la designación de Felipe Irarrázabal a la cabeza de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pese a que él y su estudio defendían emblemáticas causas en el lado contrario de dicha institución.

Un superintendente al que no le gustan los controles

Los temores de que se avecina una gestión pro isapre no son sólo formales. Quienes conocen a Luis Romero lo describen como uno de los más ortodoxos de la industria, que siempre ha reclamado porque la superintendencia la hostiga y vigila en exceso, exigiendo que los dejen “trabajar tranquilos”.

“Somos duros de matar” dijo en 2006 para responder a las críticas a las aseguradoras de salud privada que cumplían 25 años de existencia. Romero representaba a Colmena como director de la Asociación de Isapres y en su presentación en el Encuentro Nacional de la Salud (ENASA) dejó plasmada su visión cuando delineó las debilidades del sistema, entre las cuales no se contempla autocrítica:

-Su imagen pública ha sido constantemente vapuleada y por ende no corresponde a la real percepción de sus usuarios.
-No han logrado como sistema posicionarse y ser aceptadas en el contexto nacional.
-El sistema constantemente ha sido coartado en su capacidad inventiva y de desarrollo de nuevos productos.
-Sus utilidades siempre han sido criticadas.

Entre las cuatro amenazas que describió hay tres que también son decidoras:
-Políticas. Permanente inestabilidad del mercado; énfasis en lo público-achicar las isapres; francotiradores.
-Regulatorias: Controles excesivos que incrementan los costos administrativos.
-Judiciales: Aumento de la judicialización de los conflictos, con interpretaciones “arbitrarias” de los hechos.

Romero es boliviano, nacionalizado chileno en agosto de 2009. Estudió ingeniería civil industrial en la Universidad Católica de Chile y tiene un master en Administración de negocios de la Universidad de San Francisco, California.

Además de sus funciones en Colmena, era director de la isapre Ferrosalud y de varias clínicas de la red de la Cámara Chilena de la Construcción. En dos de éstas tiene participación en la propiedad desde 2007, según los datos del Diario Oficial: Clínica Regional La Portada de Antofagasta y Clínica Regional del El Elqui.

En marzo pasado renunció a los directorios para asumir como gerente general de la Clínica de Salud Integral de Rancagua.

Una caída anunciada

El miércoles 24 se conoció la renuncia de Vito Sciaraffia, quien había sido designado como superintendente de Salud en marzo pasado. Su nombramiento fue un premio de consuelo, pues Sciaraffia, hasta entonces director del Instituto de Administración de Salud de la Universidad de Chile, había dirigido el grupo Tantauco que diseñó el programa de salud de Sebastián Piñera y era el más probable candidato a ministro del ramo. Pero apareció Mañalich, quien terminó siendo su superior. Quizás por eso la relación fue complicada.

La primera señal pública se dio a comienzos de junio, cuando Sciaraffia concedió entrevistas anunciando que el proyecto de la Ley Corta de Isapres II estaría listo a fin de mes y contemplaba una tabla de factores de riesgo para disminuir la brecha de precio en los planes entre jóvenes y viejos y entre hombres y mujeres. Aparecía como quien lideraba la propuesta, pero Mañalich no lo convocó cuando recibió al diputado Jorge Burgos y al antecesor de Sciaraffia, Manuel Inostroza, quienes le presentaron su proyecto de ley alternativo de fondo solidario. Le explicaron que la propuesta de Sciaraffia podría ser anticonstitucional, pues contemplaba la misma tabla que podría ser derogada por el TC. Poco después el ministro, que había anunciado el pronto envío de la reforma, dijo que esperaría el fallo para evitar problemas. Esta semana informó que el nuevo proyecto sería diseñado por un equipo de especialista y no por la superintendencia.

Pese al retraso de la solución a un problema que se ve como inminente, la pausa aununciada por Mañalich fue un alivio para diversos especialistas, que veían el proyecto de Sciaraffia demasiado parecido a la propuesta hecha poco antes por las isapres.

La intervención del TC había hecho trabajar contra el tiempo al gobierno de Sebastián Piñera, cuyo programa ni siquiera contemplaba la palabra isapre. La explicación podría encontrarse en que el tema había generado cierta polémica dentro del grupo Tantauco que lideraba Sciaraffia. Esto, porque en un comienzo el equipo estaba integrado Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres, cuyas propuestas eran pro industria privada y sin pudor defendió a su gremio en la comisión Tantauco.

Para explicar la salida de Sciaraffia, Mañalich dijo que se había respetado la institucionalidad, pues Luis Romero tenía el mayor puntaje en el concurso hecho a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Aunque el ministro podía elegir a cualquiera dentro de la terna e incluso declarar desierto el concurso, eligió a Romero. Los nombres de los tres candidatos son secretos, lo que ha alimentado la especulación. Los medios han señalado que Sciaraffia renunció porque estaba en el segundo lugar, pero otras fuentes aseguran que ni siquiera estaba en la terna.

El diseño del concurso no lo favorecía, pues es un académico experto en salud y en el perfil del candidato sólo se valoraba con un 10% los conocimientos técnicos, mientras que se premiaban características como visión estratégica, liderazgo, gestión y logro, relación con el entorno y articulación de redes, que en total sumaban 60% del puntaje. Este criterio, creen algunos, podría haber apuntado a perjudicar a Sciaraffia.

Fueron 125 los postulantes y Mañalich recibió la terna el 7 de junio, pero sólo anunció su decisión 16 días más tarde, cuando Sciaraffia estaba fuera de Chile de vacaciones. Fuentes cercanas a la superintendencia aseguran que él lo supo con anterioridad, pues habría retirado sus pertenencias de la superintendencia antes de viajar.

Las mismas fuentes señalan que existiría molestia debido a que Sciaraffia pese a no estar ratificado en su cargo por la ADP había descabezado la superintendencia, despidiendo a funcionarios que sí habían sido nombrados a través de dicho concurso.

Hoy la repartición pública no sólo no tiene un superintendente en funciones, sino que se rescindieron los contratos del intendente de prestadores José Concha, de la jefa de control y fiscalización Francisca Navarrete, del fiscal Ulises Nancuante, de la jefa del departamento gestión de clientes Rosana Pineta, y de la jefa de planificación y gastos, Cristina Gueneau.

El antecesor de Sciaraffia, Manuel Inostroza, se mostró preocupado por esta situación, pues a su juicio el descabezamiento del equipo directivo de la superintendencia transmite la sensación de que los ciudadanos no tienen quién proteja sus derechos.

No fue el único en criticar el nuevo escenario. Apenas se supo del nombramiento de Romero desde la oposición arreciaron las críticas. “Es como dejar al gato cuidando la carnicería”, sentenció el senador Guido Girardi.