Su primer triunfo judicial se anotó este viernes el diputado (DC) Jorge Sabag, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidiera que sea el Juzgado de Cabrero el encargado de conocer la causa por “negociación incompatible” por la que se encuentra formalizado el parlamentario. La investigación se inició en la capital de la Quinta Región debido a que ahí se encuentra la Cámara de Diputados, pero Sabag desplegó con éxito una estrategia jurídica que buscó trasladar el caso a su distrito.

El Ministerio Público, que tendrá un plazo de cinco meses para investigar los posibles ilícitos, lo acusa de haber usado su asignación parlamentaria para arrendar una oficina distrital a una sociedad que es propiedad de sus padres en Cabrero y donde funcionan los negocios familiares de los Sabag. En el transcurso de los últimos meses hasta la fiscalía han llegado otras antecedentes y testimonios que podrían dar mérito para una acusación de fraude al fisco.

Cabrero es el corazón del imperio del clan Sabag. Ahí empezó sus negocios su abuelo Mohamed Sabag y hoy la familia cuenta con los actores más relevantes del mundo económico y político local. Su padre Hosaín Sabag (DC) es el principal empresario de la ciudad y senador de la zona (circunscripción de la Octava Región Norte). Con un patrimonio reconocido de más de $3 mil millones, tiene negocios madereros, de transporte y es dueño de 44 propiedades en la comuna, una de las cuales fue entregada en comodato a la Policía de Investigaciones.

El tío del diputado, Hasan Sabag, es alcalde de Cabrero desde 1992. Su hermano Patricio Sabag se dedica a los negocios familiares y es el presidente de la Asociación de Canalistas. Su hermana Gloria Sabag oficia de notaria suplente en la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Y su prima, Manife Soto Sabag, es oficial tercero del Juzgado de Letras y Garantía, el mismo que verá ahora la causa del diputado.

Así lo decidió la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en un fallo dividido ratificó la resolución en que el Juzgado de Garantía de Valparaíso se declaró incompetente y trasladó la causa a Cabrero. Los ministros Dinorah Cameratti y Hugo Fuenzalida estimaron que el principio de ejecución del delito tuvo lugar en Cabrero, donde se firmó el contrato de arrendamiento. El voto de minoría corresponde al ministro Jaime Arancibia, quien argumentó que la firma del contrato no tiene consecuencias penales y que el delito comenzó a ejecutarse en Valparaíso, cuando se presentó ante el Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Esta tesis había sido planteada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En el fallo se relata varios hechos que llaman la atención. El primero es que el diputado Sabag nunca intentó ocultar la relación familiar que lo unía con el arrendador de su supuesta sede parlamentaria. El contrato que presentó ante la Cámara de Diputados lleva su firma y la de su hermano Patricio Sabag, quien representa a la sociedad Inmobiliaria Nabatieh S.A., propiedad de los padres de ambos.

Además, el pronunciamiento de la Corte de Valparaíso reproduce parte del contrato, cuya cláusula 2ª establece claramente que la sede de Calle Río Claro Nº 1050 “no podrá ser dedicada por el arrendatario a otra actividad que no sea la parlamentaria”. Como publicó CIPER en agosto pasado, en dicho lugar no funciona una sede parlamentaria, sino que es la principal oficina de negocios de la familia Sabag. En esa oportunidad, el diputado explicó que la consideraba su “casa matriz”, pues ahí trabajaba antes y tenía el computador que le entrega la Cámara. Aseguró que a veces recibía gente, pero que en realidad el dinero del arriendo lo utilizaba su hermano para pagar otras sedes distritales.

De acuerdo al fallo de la corte, la fiscalía calculó que entre marzo de 2006 y julio de 2009, la Cámara de Diputados pagó a la sociedad de los padres de Sabag con cheques de la cuenta única fiscal un total de $22.699.830.

El padre del diputado y dueño de la oficina arrendada, el senador (DC) Hosain Sabag, ha dicho que el dinero no es de la Cámara sino del parlamentario, y por tanto puede gastarlo como estime conveniente. Tanto en el Congreso, como en la prensa, el senador ha insistido en que los parlamentarios no son funcionarios públicos y por lo tanto no pueden ser acusados por negociación incompatible, como lo es hoy su hijo.

Otro efecto relevante de la decisión de los ministros de Valparaíso y que favorece al clan Sabag, es que los recursos que vengan en esta causa serán vistos por la Corte de Concepción, corte que también deberá decidir su eventual desafuero.