RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
Inhabilidad del juez Daniel Urrutia; cambian nombre de Av. Salvador Allende y cierran investigación por Caso Convenios
12.08.2007
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RADAR DE CIPER: LA SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LA ÚLTIMA JORNADA
12.08.2007
Estas son las noticias de la última jornada seleccionadas para ti por CIPER: el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), presentó una solicitud que terminó con la inhabilidad del juez Daniel Urrutia; la Avenida Salvador Allende en San Miguel volverá a llamarse “Avenida Salesianos” y la fiscalía prepara la acusación del Caso Democracia Viva luego que se comunicara el cierre de la investigación.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió inhabilitar al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, para revisar una querella presentada por la Municipalidad de Santiago por delitos registrados en las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Esto, luego de una recusación presentada por la municipalidad liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN).
En julio pasado, la Municipalidad de Santiago interpuso una querella por delitos de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones por la quema de un bus RED, a las afueras del mencionado liceo emblemático. Sin embargo, el juez Urrutia declaró inadmisible la acción penal porque, según explicó, la municipalidad no tenía facultades para querellarse por delitos comunes.
En su escrito, los representantes de la comuna alegaron que el magistrado no había señalado lo mismo cuando la administración comunal antecesora se había querellado por similares delitos, lo que a su juicio evidenciaba una animadversión personal hacia el alcalde Mario Desbordes. En su argumento además recordó que Urrutia había presentado una querella previa contra el edil por calumnias.
El fallo de la Corte determinó que los antecedentes demuestran que podría existir imparcialidad, por lo que “corresponde que la inhabilidad deducida, sea acogida”. Y pese a que Desbordes buscaba que Urrutia fuera inhabilitado de todas las causas relacionadas con la municipalidad que dirige, la Corte solo acogió el recurso de la causa sobre la quema del bus.
Juez Daniel Urrutia
(Créditos: Victor Huenante / Agencia Uno)
El Concejo Municipal de San Miguel aprobó por cinco votos a favor y cuatro en contra, que la Avenida Salvador Allende ubicada en esa comuna, volviera a su antigua denominación, Avenida Salesianos. El cambio ocurre a solo dos años desde que su nombre fuera reemplazado por el del expresidente.
La iniciativa fue impulsada por la alcaldesa elegida en 2024, Carol Brown (UDI), luego de un proceso en que, de los 5 mil residentes que viven en la calle consultada, 702 participaron y de ese total, el 82% de estos apoyaran el cambio. “La municipalidad activará los procesos administrativos y de coordinación interinstitucional necesarios para implementar este cambio”, señaló la edil, agradeciendo además que el Concejo Municipal haya demostrado “respeto y sano diálogo democrático”.
Los votos de los concejales se dividieron exactamente en partes iguales. Porque mientras los concejales Felipe Guevara (RN), Eva Merino (Republicano), Claudia Rojas (UDI) y Luis Sanhueza (RN) aprobaron la restitución del nombre, los ediles oficialistas Claudio Escobar (independiente), Viviana Llambias (FA), Carla Santana (PC) y Gabriel Zúñiga (PS) votaron en contra. El voto de la alcaldesa a favor del cambio fue el que inclinó la decisión.
Alcaldesa Carol Brown
(Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)
Tras dos años desde que estalló el Caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta comunicó al Juzgado de Garantía de esa ciudad el cierre de la investigación de la causa agrupada en solo una arista y que se relacionan con las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.
Con esto, el Ministerio Público cuenta con diez días para presentar la acusación en contra de siete imputados en la causa. Esa presentación incluye la solicitud de penas por parte del Ministerio Público para cada uno. Entre estos se encuentra la diputada Catalina Pérez (ex FA); el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras (ex RD); el ex representante de Democracia Viva, Daniel Andrade (ex RD) y la exconcejala de Antofagasta, Paz Fuica (ex RD).
El fiscal a cargo del caso, Juan Castro Bekios, señaló que el ente persecutor imputará «un total de 12 convenios involucrados que implican montos de aproximadamente $1.200 millones».
La causa comenzó en 2023 cuando el medio Timeline reveló que la fundación Democracia Viva -liderada por Daniel Andrade- recibió convenios del Estado por más de $426 millones. Esto, para la ejecución de proyectos de habilitación de campamentos.
Créditos: Pablo Ovalle Isasmedi / Agencia Uno