Sicario en libertad y ex funcionarios FACh con drogas

Error o corrupción. Eso es lo que intenta dilucidar el Ministerio Público que comenzó una investigación para determinar por qué razón fue liberado el jueves 10, de este mes, el ciudadano venezolano Osmar Ferrer, un día después de ingresar a prisión preventiva acusado de ser uno de los autores del asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Ayer, tanto el Poder Judicial (PJUD) como Gendarmería publicaron sus respectivas líneas de tiempo de lo ocurrido, con una discrepancia sobre las instrucciones que se generaron desde el Tribunal de Garantía. Según el PJUD, la corte emitió una primera orden de ingreso que fue anulada por un error en la identificación del sujeto. Luego, emitió una segunda con el nombre corregido, instruyendo su ingreso al penal.

La versión de Gendarmería difiere en que ese segundo documento nunca habría llegado, sino que le fue reenviada la misma orden original, sin que se cancelara la instrucción que permitía su liberación.

La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, convocó a una reunión urgente con la directora y el equipo informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para realizar un informe preliminar de la causa. Inicialmente, se descartó una vulneración al sistema de seguridad de la entidad.

Tras la liberación de Ferrer, la que ocurrió la noche del jueves 10, la Policía de Investigaciones (PDI) activó una alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con una orden de captura en 196 países. A la par, la Corte de Apelaciones instruyó un sumario y ordenó la derivación de los antecedentes al Ministerio Público. Gendarmería también inició una investigación interna.

Formalización de Oscar Ferrer
(Fuente: Diego Martin / Agencia Uno)

El Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Tarapacá y decretó prisión preventiva para los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea imputados por tráfico de drogas. El tribunal consideró que los acusados constituyen un peligro para la sociedad, de fuga y para el desarrollo de la investigación. Los ex uniformados pertenecían a la 1° Brigada Aérea de Iquique y fueron dados de baja luego de intentar trasladar 400 gramos de ketamina desde Iquique a Santiago en un avión institucional.

La fiscal regional a cargo, Trinidad Steinert, señaló que los exfuncionarios habrían concretado tres traslados entre enero y julio de este año, aunque se desconoce la cantidad de sustancias ilícitas que fue enviada.

La persecutora afirmó que “seguimos esa línea investigativa para determinar si efectivamente correspondía también a ketamina, el valor de la misma y quiénes intervinieron, porque claramente aquí tenemos un núcleo base que son los tres imputados que les atribuimos, además del tráfico, la asociación criminal para realizar este delito. Sin embargo, entendemos como Ministerio Público que hay más personas involucradas, y por lo tanto, no hemos terminado nuestro trabajo”.

La causa está siendo llevada por el Juzgado de Garantía de Iquique luego de que el Juzgado de Aviación se declarara incompetente, dando por cerrada así una contienda de competencia entre la justicia civil y la militar.

(Fuente: Lukas Solis / Agencia Uno)