Nuestro actual Código del Trabajo fue diseñado en 1979 por el entonces ministro José Piñera. La modificación de este estatuto no fue parte del grupo de reformas estructurales prometidas en el programa de gobierno. Consistente con ello, la ministra del Trabajo Javiera Blanco está auspiciando una reforma laboral que, si bien revisa algunas materias relevantes, mantiene inalterados los fundamentos del plan laboral de la dictadura[i].

La existencia de agrupaciones de trabajadores permea otros sectores de la sociedad, y tiene importantes efectos sobre quienes no están sindicalizados (…). La politización se extiende, en primera lugar, a las familias y vecinos de los trabajadores confederados.

¿Por qué es necesaria una reforma estructural a los mecanismos de negociación colectiva en Chile? La primera razón es, naturalmente, económica. La tasa de sindicalización tiene un efecto directo sobre la distribución factorial del ingreso, es decir, la manera en que este se distribuye entre trabajadores y dueños del capital. Al respecto, la literatura muestra renovada evidencia que correlaciona la desigualdad de factores con aquella personal del ingreso[ii]. El Plan Laboral fue diseñado justamente atendiendo estas consideraciones, pues en palabras del propio Piñera: “La negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o riqueza en el país”[iii].

En esta columna discutimos una segunda razón, menos atendida en el debate reciente, que sugiere superar la visión hostil que han mostrado las autoridades hacia el fortalecimiento sindical. Nuestra actual legislación laboral surgió con el propósito explícito de despolitizar el mundo del trabajo, lo cual se ha mostrado que genera importantes externalidades negativas sobre los niveles de participación formal de toda la sociedad. En un país donde los ciudadanos se alejan cada vez más de los canales institucionales de participación, una eventual reforma al mundo del trabajo también debiese evaluarse por sus efectos políticos.

PLAN LABORAL DESPOLITIZADOR

La institucionalidad diseñada por la dictadura tuvo el propósito explícito de crear un democracia despolitizada y con bajas tasas de participación formal, la cual según varios de sus ideólogos, había sido una causa central del quiebre democrático en 1973[iv]. En particular, dos de los cuatro caminos mediante los cuales se habría implementado la demagogia en Chile fueron, según consigna Jaime Guzmán: “La existencia de una legislación laboral que amparaba una negociación colectiva injusta y demagógica” y “la confusión entre la vida política y la actividad gremial, que transformó a los sindicatos en instrumentos al servicio de los partidos políticos”[v].

Por ello, el Código del Trabajo era un piedra angular del proyecto desmovilizador, y debía existir una “perfecta congruencia entre el proyecto constitucional y dicho Plan Laboral”. Según el propio José Piñera, el Plan Laboral, aparte de sus efectos económicos y sociales, “le despejó mucho el camino a la democracia liberal en la Constitución aprobada el año 1980”.

Los mecanismos fundamentales para despolitizar el mundo del trabajo fueron dos. Primero, la separación entre el mundo laboral y la política formal. Para ello, según Guzmán, “el proyecto dispone una nutrida nómina de inhabilidades e incompatibilidades que procuran la más tajante separación entre la vida política y la actividad gremial”. Segundo, concentrar la negociación a nivel de empresa. Este esquema, según Piñera, “contribuyó a personalizar las relaciones de trabajo de empresarios y trabajadores”, y a fortalecer el compromiso de ambas partes hacia la empresa y no entre ellos. Con esto, se obstaculizaban las pretensiones de generar esquemas asociativos más agregados, en particular la unión de los trabajadores como clase y su representación política como grupo. Estos objetivos fueron plenamente logrados.

En palabras de su creador, “el Plan Laboral no sólo puso de acuerdo en Chile el esquema sindical con la economía social de mercado, sino que su vigencia significó además despolitizar el movimiento sindical chileno en el más sano sentido de la palabra”.

SINDICALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA FORMAL

La despolitización sindical tiene consecuencias que van más allá del mundo del trabajo. En particular, afecta los modos de participación formal, es decir, aquellas formas de participación política que se inscriben dentro de los canales institucionales. Esta relación es bien conocida. La incorporación de los ciudadanos a los canales formales de la política requiere de la movilización de los mismos por una serie de instituciones intermedias, desde partidos políticos hasta clubes de fútbol. Históricamente, en Chile, los sindicatos y cooperativas cumplieron una importante función en el proceso de incorporación política. La dictadura disolvió estas estructuras intermedias, con consecuencias observables sobre la politización ciudadana.

Existen tres resultados conocidos que relacionan sindicatos y participación electoral, la más masiva de las formas institucionales de participación[vi]. En primer término, los sindicatos fomentan la cohesión social y la politización entre sus miembros. Consecuentemente, las tasas de participación son significativamente mayores entre los trabajadores sindicalizados. Estos resultados no están determinados por la selección previa sobre si pertenecer a un sindicato o no, dado que en muchas situaciones tanto la membresía como la no participación son exógenas al individuo y, por lo tanto, se ha podido controlar estos efectos de la selección.

En países con baja participación electoral, como el nuestro, esta tiende a estar desigualmente distribuida y a favorecer a los sectores más privilegiados de la sociedad. Los sindicatos tienen una influencia fundamental en promover la participación electoral de la clase media y baja.

En segundo lugar, la existencia de agrupaciones de trabajadores permea otros sectores de la sociedad, y tiene importantes efectos sobre quienes no están sindicalizados. Se trata de un “efecto chorreo” o, usando el término anglosajón, de spillovers. La politización se extiende, en primera lugar, a las familias y vecinos de los trabajadores confederados. En segundo término, las regiones con altas tasas de cobertura sindical tienen efectos multiplicadores sobre la participación electoral de otras áreas cercanas.

Finalmente, la sindicalización no solo implica más participación, sino que mejor participación en términos de igualdad política. Esto es importante, pues en países con baja participación electoral, como el nuestro, esta tiende a estar desigualmente distribuida y a favorecer a los sectores más privilegiados de la sociedad. Los sindicatos tienen una influencia fundamental en promover la participación electoral de la clase media y baja. Su poder de movilización es “igualizador”. Así, el sesgo de clase que acompaña a las democracias con bajas tasas de participación electoral se ve fuertemente moderado en países con una alta cobertura de la negociación colectiva[vii].

CRISIS DE LEGITIMIDAD POLÍTICA

Nuestro país sufre una crisis de legitimidad política y tiene una de las tasas de participación electoral más bajas del mundo. Este escenario no tiene ninguna posibilidad de revertirse en el corto plazo: participar en política es un hábito que se adquiere en los primeros años de adultez y, por lo tanto, la apatía y desafección política que muestran las nuevas generaciones ciertamente persistirá por largo tiempo. Esta desmovilización no es un asunto “normal” o “moderno”, dado que no se observa normalmente en países con similares niveles de modernidad. Por el contrario, es una singularidad chilena, cuya causa más probable es el marco institucional heredado de la dictadura militar.

En este contexto debe revisarse el Plan Laboral de 1979. El diagnóstico de sus diseñadores respecto a la actividad sindical es propio de la guerra fría, y requiere ajustarse a la visión más renovada que hoy prima en muchas sociedades democráticas. En los países de la OCDE, los sindicatos son organizaciones intermedias que contribuyen al proceso de representación y al aprendizaje de los valores ciudadanos. Volver a empoderar a los trabajadores chilenos no es solo un imperativo económico, sino que es esencial para la construcción de una democracia moderna e inclusiva.

[i] Declaración sobre el Proyecto de Reforma Laboral de los diputados Boric y Jackson, asociaciones de trabajadores y abogados laboralistas; cuadernillo Reforma Laboral ¿Pone fin al Plan Laboral de la Dictadura o lo Consolida?, Fundación SOL.

[ii] Glyn, A. (2009). Functional distribution and inequality. En Salverda, Nolan, and Smeeding (Ed.), The Oxford Handbook of Inequality, Capítulo 5, 201-226; Atkinson, A. B. (2009). Factor shares: the principal problem of political economy? Oxford Review of Economic Policy, 25(1), 3-16.

[iii] Las referencias a  José Piñera son todas de su libro de 1990,  “La Revolución Laboral en Chile”. Las cinco referencias a su obra están en las páginas 49, 70, 66, 66 y 70. La frase del epígrafe está en la página 64.

[iv] Ver, por ejemplo, Remmer, Karen. 1980. Political Demobilization in Chile, 1973–1978. Comparative Politics 12(3): 275-301; Posner, Paul. 2008. State, Market and Democracy in Chile: The Constraint to Popular Participation.  New York: Palgrave MacMillan;  Corvalán, A. (2011). Institutional Design against Electoral Participation: the case of Chile (wp UDP no. 32).

[v] Las referencias a Guzmán son todas de la compilación de Artuto Fontaine, “El Miedo y otros Escritos: el Pensamiento de Jaime Guzmán”. Estudios Públicos42 (1991). Las tres referencias a su obra están en las págians 403, 405 y 406.

[vi] Leighley, J. E., & Nagler, J. (2007). Unions, voter turnout, and class bias in the US electorate, 1964–2004. Journal of Politics, 69(2), 430-441.; Flavin, P., & Radcliff, B. (2011). Labor union membership and voting across nations. Electoral Studies, 30(4), 633-641.

[vii] Radcliff, B. and Davis P., 2000, “Labor Organization and Electoral Participation in Industrial Democracies”,American Journal of Political Science 44(1): 132-141.