¿Más poder, menos responsabilidad? La reforma al mercado de capitales y su efecto en las sociedades anónimas
18.11.2026
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18.11.2026
La autora de esta columna advierte que la reforma al mercado de capitales, hoy en el Senado, cambia la Ley de Sociedades Anónimas a favor de los controladores: les da más votos, blinda a los directores que ellos eligen y permite que la propia sociedad pague el seguro de esos directores, a costa de los accionistas minoritarios. Concluye que «la Ley de Sociedades Anónimas merece su propio proyecto y debate, no ir de la mano de la «casa propia'».
Imagen de portada: Leonardo Rubilar / Agencia Uno
El pasado 9 de septiembre, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley bajo el lema de la “casa propia” (Boletín 18643-05). Además de la vivienda, el proyecto modifica 26 artículos de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas (LSA), y agrega uno nuevo. Se trata de una reforma profunda al derecho societario, tramitada con suma urgencia dentro de un proyecto misceláneo. La Cámara lo despachó el 27 de octubre, menos de siete semanas después de su ingreso, y hoy está en el Senado.
Algunas de estas modificaciones parecen razonables, como terminar con los títulos de acciones en papel o reemplazar la unanimidad exigida para repartir menos del 30% de las utilidades, que daba a cualquier accionista un veto desproporcionado. Pero hay tres cambios que, leídos en conjunto, preocupan. El proyecto fortalece a quien ya controla la sociedad, protege a los directores que ese controlador elige y permite que la propia sociedad pague el seguro que cubre la responsabilidad de esos directores.
El diagnóstico del Mensaje es correcto: nuestro mercado accionario está entre los más concentrados del mundo. Según la OCDE (Factbook 2025), en el 79% de las sociedades listadas chilenas los tres mayores accionistas reúnen más de la mitad del capital, frente al 44% en el mundo y al 17% en Estados Unidos.
Frente a ello, se propone la rebaja de los quórums para tomar decisiones de dos tercios a mayoría absoluta, sobre la base de que los controladores venderán lo que supere este umbral, pero nada en el proyecto garantiza que ello ocurra, por lo que es probable que conserven este control e incrementen su poder. La literatura comparada sugiere, más bien, que la propiedad se dispersa cuando la ley protege mejor al minoritario, pues las acciones se compran cuando el inversor confía en que el controlador no podrá apropiarse de sus dividendos.
La Cámara moderó la rebaja señalando que esta regirá para las sociedades nuevas, y las actuales solo quedarán sujetas a ella si lo acuerdan, por dos tercios, dentro de seis meses. Es un avance, aunque el controlador que hoy tiene dos tercios podrá adoptar ese acuerdo por sí solo.
Por otra parte, se permiten series de acciones con voto múltiple, es decir, acciones que valen más de un voto cada una, con carácter permanente. A modo de referencia, en otros lugares donde se contempla este instrumento, como Hong Kong, solo pueden usarlo las empresas que recién llegan a la bolsa, por regla general con un máximo de diez votos por acción, y esos votos se extinguen cuando las acciones se venden o el fundador deja el directorio. Aquí, una sociedad que ya cotiza podría crear una serie de este tipo para su controlador, diluyendo sin compensación a quienes invirtieron bajo la regla de “una acción, un voto”. La Cámara acertó al disponer que esas acciones valgan un solo voto en operaciones con partes relacionadas y en la elección del director independiente, pero en todo lo demás conservan su peso, sin plazo ni limitación.
La sociedad podrá mantener en cartera hasta un 15% de sus propias acciones (hoy, 5%). Como esas acciones no votan, el controlador con el 45% de los votos puede pasar a cerca del 53% sin comprar una sola acción. Si se crea una venta forzosa, quien supere el 90% de las acciones, por cualquier vía y sin oferta pública previa, podrá obligar a los demás a venderle, también en las sociedades existentes. Curiosamente, la Cámara eximió de la rebaja de quórums a quienes ya invirtieron, pero no de esta intervención, mucho más intensa.
Lo que se reparte, en suma, es la propiedad económica, no el poder de decidir. Las operaciones con partes relacionadas, donde el minoritario corre más riesgo, siguen aprobándose en junta por dos tercios, porcentaje que el controlador puede reunir por sí solo. Si para los dividendos se exigió el voto de los no controladores, ¿por qué no para los negocios en que el controlador está al otro lado de la mesa?
El proyecto agrega al artículo 41 LSA que los directores habrán empleado el cuidado debido cuando, en decisiones de negocios en que no tengan interés, hayan obrado de buena fe, con información razonablemente suficiente y en la convicción razonable de actuar en el interés social. Es una versión chilena de la business judgment rule (BJR) norteamericana, es decir, la regla por la cual los jueces no revisan el acierto de una decisión empresarial tomada de buena fe, informadamente y sin conflicto de interés. El Mensaje no dedica un párrafo a fundamentarla. Si esta equivale a juzgar por el resultado y no por cómo decidió (obligación de hacer), la idea no tiene asidero, pues nadie postula lo primero.
La regla protege las decisiones en que el director no tiene interés, pero nada indica de aquellas en que el interesado es el accionista que lo nombró, lo que no es menor si consideramos que en Chile el conflicto relevante no es el de agencia (administradores-accionistas), sino el de controlador vs. minoritarios, lo que se debe a la estructura de la propiedad societaria. En Delaware, de donde viene la idea, los tribunales solo concedían esa deferencia en operaciones con el controlador si las negociaba un comité de directores independientes y las aprobaba la mayoría de los minoritarios (caso M&F Worldwide, 2014). La reforma legal de 2025 flexibilizó ese criterio, pero exige al menos uno de esos resguardos, y ambos cuando se trata de excluir a los minoritarios. Aquí se importa el escudo sin ninguna de las protecciones.
He sostenido que esta regla exige elevar el estándar de diligencia. Nuestro artículo 41 todavía mide a los directores con la vara del Código Civil decimonónico, esto es, el cuidado que “los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios”. Las legislaciones que han incorporado esta norma lo han hecho sobre un estándar profesional. A modo de ejemplo, España exige la diligencia de un ordenado empresario (2014); Alemania lo hace sobre la diligencia de un administrador ordenado y concienzudo (2005). La reforma no considera esta modificación, sin entregar motivos.
El tercer cambio es una frase breve, pero no inocua. El artículo 41 declara nula toda estipulación estatutaria o acuerdo de junta que tienda a liberar o limitar la responsabilidad de los directores. El proyecto agrega que ello es “sin perjuicio de que la sociedad pueda contratar seguros de responsabilidad civil en beneficio de sus directores, gerentes, ejecutivos y trabajadores”, sin una sola línea que explique este resguardo en el Mensaje.
Este seguro, conocido como D&O (directors and officers), cubre las indemnizaciones que deban pagar los administradores por su gestión, pero si la sociedad paga la póliza, el costo de la negligencia del director recae en ella y, por tanto, en todos sus accionistas, incluidos los minoritarios. Cuando la sociedad demande al director, o lo haga un accionista mediante la acción derivada del artículo 133 bis (que le permite demandar en nombre y a beneficio de la sociedad), la indemnización saldrá de un seguro cuyas primas pagó la propia perjudicada. En otras palabras, lo que la ley prohíbe hacer por estatutos o acuerdo de junta se lograría mediante un contrato que deciden los propios beneficiados.
En este orden de ideas, se promueve el cambio de tres piezas estructurales de la LSA: el controlador gana votos (más control), sus directores quedan mejor protegidos y, si resultan responsables, paga la sociedad. El minoritario termina financiando la protección de quienes debían cuidarlo.
Nada de esto obliga a rechazar la reforma, pero sí a corregirla. Que las operaciones en que el controlador tiene interés las apruebe la mayoría de los accionistas sin ese voto; que el voto múltiple se admita solo al abrirse a bolsa, con tope y plazo de extinción; que la regla de la buena decisión venga con un estándar de cuidado más alto y no proteja al director cuando quien gana es el controlador, y que el seguro lo pague el propio director.
Esta reforma podría ser la oportunidad de reconstruir seriamente nuestro sistema de responsabilidad de los administradores, con un deber general de lealtad y un estándar de cuidado más alto; en cambio, se vuelve a parchar una ley enmendada innumerables veces desde 1981. El minoritario chileno, incluidas las AFP, que administran nuestros ahorros previsionales, no ha obtenido mejores condiciones en las grandes operaciones por la generosidad de los controladores, sino porque tenía votos que pesaban y directores que respondían. Quitarle estos bastiones lo empuja a otra plaza. El Senado todavía está a tiempo: la Ley de Sociedades Anónimas merece su propio proyecto y debate, no ir de la mano de la “casa propia”.