La oposición confirmó este miércoles que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sería la primera contra un integrante del gabinete de José Antonio Kast. El anuncio lo hizo la diputada Daniela Serrano (PC) después de la sesión especial de la Cámara, y la DC confirmó que se sumará al libelo.

En esa misma sesión, la Cámara aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones una resolución que pide la renuncia de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Este tipo de resoluciones no obliga al gobierno a hacerlo. Entre los votos a favor estuvieron los de los diputados Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos independientes de la bancada UDI, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y Flor Weisse, también de ese partido, se abstuvieron. La polémica comenzó por 56 decretos que redujeron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

Tras la sesión, Rabat aseguró: “No se me ha reprochado ni una sola infracción de ley”, aunque las críticas son por el criterio aplicado en la firma de los decretos, y no pelear en tribunales la opción de no hacerlo.

Rabat hoy en el Congreso, junto a los ministros Alvarado (izquierda) y García Ruminot (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contó este miércoles ante los empresarios reunidos en Enade que hace un par de semanas se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para plantearle el retraso de los fallos en los tribunales ambientales. Lo mencionó mientras hablaba de inversión y del avance de los proyectos, en una exposición centrada en la reactivación económica: anticipó que el Imacec seguirá en negativo los próximos meses por la minería, aunque se mostró optimista con la recuperación de cara a 2027. «Con el máximo respeto, hay que ir a hablar con el Poder Judicial, que es lo que yo hice», dijo.

Según el ministro, hay muchas sentencias que, estando en estado de fallo, llevan meses esperando. De acuerdo con La Tercera, en la reunión se le planteó que los tribunales ambientales necesitan más personal para despachar las causas pendientes, y Quiroz se mostró dispuesto a aportar recursos.

Consultada por la prensa en el Palacio de Tribunales, Chevesich precisó que fue Quiroz quien pidió la reunión. Recordó que los tribunales ambientales estuvieron mucho tiempo sin su dotación completa, problema que se resolvió hace unas semanas. También le planteó el atraso en los tribunales ordinarios y le dijo que el presupuesto del Poder Judicial «no era del todo suficiente».

La magistrada anunció que se reunirá con la ministra visitadora de estos tribunales y, después, con Quiroz y con la ministra del Medio Ambiente, para ver cómo apoyar su trabajo.

Quiroz hablando hoy en Enade (Créditos: Manuel Urzúa / Agencia Uno)

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, clausuró este miércoles la sede de la ANFP en avenida Quilín, porque funcionaba sin recepción definitiva de obras ni patente comercial. La medida obligó a desalojar a funcionarios, trabajadores del INAF y delegaciones deportivas, e interrumpió entrenamientos de la selección Sub 20.

«Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar», dijo el alcalde. Según el municipio, la asociación además debe cerca de $172 millones por haber funcionado 16 años sin patente municipal. Concha explicó que la clausura se levantará en cuanto la ANFP regularice sus trámites pendientes ante la Dirección de Obras Municipales.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, calificó el procedimiento como arbitrario e ilegal, sostuvo que el recinto tiene permisos y anunció acciones judiciales. «Vienen sin aviso, como una persecución directa que es totalmente ilegal», reclamó, y agregó que presentarán un recurso de protección.

La clausura golpea a una ANFP en plena crisis deportiva y económica, y a tres semanas de una elección que marca el inicio de un cambio de fondo. El jueves 19 de noviembre, en la propia sede de Quilín, los clubes elegirán al sucesor de Pablo Milad, el primer directorio que deberá conducir la separación entre la ANFP y la Federación que exige la Ley 21.824, publicada el 6 de junio.

Según la municipalidad de Peñalolén la ANFP tiene una deuda millonaria por patentes no pagadas durante 16 años (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La Corte Suprema removió este miércoles a tres jueces que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Revisó cinco casos pendientes, y con estas tres salidas ya son 18 los magistrados expulsados por esta razón. Entre ellos está el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, quien viajó a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022 con licencia médica. Con eso termina una carrera de 26 años en el Poder Judicial, salvo que recurra a instancias internacionales como la CIDH.

Urrutia arrastra una larga historia de sanciones y sumarios. En 2015, la Corte de La Serena lo censuró por escrito, sanción que la Suprema rebajó a amonestación privada; Urrutia acusó persecución y recurrió a la Corte Interamericana. La UDI lo tenía en la mira desde hace meses: en diciembre de 2025 pidió a la Suprema reabrir un cuaderno de remoción en su contra, y luego le pidió al Presidente Kast que solicitara su remoción, a semanas de que el juez dejara en prisión preventiva al exdiputado UDI Joaquín Lavín León. En junio, la petición sumó firmas de diputados del PNL, RN y Evópoli.

Antes, Urrutia ya había sido blanco del exministro Antonio Ulloa y del abogado Luis Hermosilla. Como reveló CIPER, en agosto de 2021 ambos criticaron en sus chats que la Corte de Apelaciones de Santiago no aprobara un sumario contra Urrutia que el propio Ulloa había pedido. «¡Esto hay que hacer con Urrutia!!», escribió Ulloa (puedes leer aquí el reportaje). Ulloa intervino además en la resolución que sacó a Urrutia de una querella contra Sebastián Piñera por violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Ese mismo año, Hermosilla le escribió a la exministra Verónica Sabaj: «A (Daniel Urrutia) quiero hacerle el mayor daño posible».

El abogado de Urrutia, Carlos Quezada, criticó con dureza la decisión y anunció que seguirá recurriendo a todas las vías legales para revertirla. La Organización de Trabajadores Judiciales, de la que Urrutia es dirigente, rechazó la remoción y denunció una disparidad con el caso de Ulloa: la Suprema no reunió el quórum para removerlo y finalmente fue el Congreso, vía acusación constitucional, el que lo destituyó en noviembre de 2025.

La defensa de Daniel Urrutia anunció que continuará luchando para revertir la decisión (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)