El autor de esta columna plantea que la reciente visita de enviados de la FIFA y la Conmebol no vino a aprobar ni a vetar la ley SADP, sino a negociar quién conducirá su implementación, en momentos en que Gianni Infantino busca su reelección con el apoyo de federaciones como la chilena. Concluye que «el Ministerio (del Deporte) debiera seguir de cerca cómo y quiénes diseñan la nueva Federación, pues si este proceso queda en manos de quienes se opusieron a la reforma, la separación podría cumplirse formalmente mientras la dirigencia actual conserva el control».

Imagen de portada: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con Pablo Milad (ANFP)

El jueves 15 de octubre, dos enviados de la FIFA y la Conmebol se reunieron en el Ministerio del Deporte para revisar la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Desde entonces, la discusión pública se ha concentrado en si esta visita respalda la ley o, por el contrario, la condiciona. Mi lectura es que la FIFA no vino a aprobar ni a vetar la reforma, sino a negociar quién conducirá su implementación, y que lo hace en un momento particular, pues el plazo de candidaturas a su presidencia cierra el 18 de noviembre y Gianni Infantino busca la reelección con los votos de federaciones como la chilena. En ese contexto, la autonomía del fútbol, más que un principio, funciona como una moneda de cambio.

La FIFA no respalda leyes, pues su estatuto no contempla aprobar legislaciones nacionales. Lo que sí es de su incumbencia es exigir que las federaciones se administren sin influencia indebida de terceros. Esa exigencia está en sus artículos 14 y 19, y la sanción por incumplirla es la famosa amenaza de desafiliación. De hecho, en julio de 2025, la FIFA y la Conmebol advirtieron a la ANFP que la reforma chilena podía terminar en una suspensión. A pesar de esto, la ley se promulgó en mayo de 2026 y lo que llegó desde la FIFA no fue una suspensión, sino una visita de carácter protocolar (según explicó el ministro Francisco Riveros). Esto no significa que la FIFA haya perdido su capacidad de “ordenar la cancha”, ya que aún podría suspender a Chile con efecto inmediato (como ocurrió en febrero de 2025 con la federación de la República del Congo, por injerencia de terceros, y en junio de 2026 con la de Nepal). A mi entender, la amenaza solo quedó en suspenso mientras se negocia.

Que la FIFA y el Estado negocien, en vez de que alguno de los dos imponga su norma, se explica porque en el fútbol chileno chocan dos órdenes normativos. Por un lado, la legislación chilena, que regula a las organizaciones deportivas como a cualquier persona jurídica. Por el otro, los Estatutos de la FIFA, que funcionan como la constitución del fútbol mundial, con sus propios miembros, procedimientos y tribunales. Ambos órdenes se aplican a la misma organización, la Federación de Fútbol de Chile, y como no existe un tribunal que ambos reconozcan por encima de sí, lo único posible es que cada uno ajuste sus reglas para hacerlas compatibles con las del otro.

Esto es lo que explica que la FIFA haya enviado delegados a conversar y no una carta de suspensión. Como ninguno puede imponerse, el Estado no puede ordenarle a la Federación qué hacer, pero sí ofrecerle incentivos para que sea ella misma la que cambie sus reglas. La reunión en el ministerio, en este sentido, fue una negociación sobre los bordes de la ley, esto es, sobre qué parte de la reforma la FIFA está dispuesta a tolerar y qué parte el Estado está dispuesto a dejar en manos de los estatutos.

Ahora bien, para saber qué se transa en esos bordes hay que preguntarse qué protege realmente la autonomía. Si el interés de la FIFA fuera resguardar el juego, no habría nada que transar, debido a que la ley chilena no toca ese ámbito. Históricamente, el fútbol ha puesto su esfuerzo regulatorio en las reglas del juego, mientras dejó con pocas reglas la periferia administrativa y financiera por donde circula el dinero. Esa periferia es justamente la que regula la ley SADP. Sus pilares son la prohibición de la multipropiedad, la transparencia respecto de los controladores finales de los clubes y la separación entre la ANFP y la Federación. Ninguno de ellos toca las reglas del juego.

Lo que le importa a la FIFA, y lo que busca evitar su artículo 19, es que la política se meta en el fútbol para usar sus recursos y su popularidad. Sin embargo, en Chile el problema está dentro del propio fútbol, ya que los clubes que la Federación debería regular son los mismos que la controlan a través del Consejo de Presidentes de la ANFP. Por eso, más que politizar el fútbol, la ley busca corregir ese diseño. Así, cuando se invoca la autonomía para resistirla, lo que se protege no es lo que pasa en la cancha, sino quién administra los clubes, las selecciones y el dinero que generan.

La negociación de fondo es sobre la transición. Según el reporteo de los medios, los enviados habrían planteado que quien gane la elección de la ANFP del 19 de noviembre presida solo la liga, y que Pablo Milad siga a cargo de la Federación hasta el 28 de febrero de 2027 para aprobar sus nuevos estatutos. Más aún, ante los reparos de uno de los asistentes, habrían aclarado que esto “no era una opción, sino que era lo que sucedería”. Si fue así, la visita sí condiciona la implementación de la ley, pues si bien la FIFA no puede imponerse al Estado, sí puede hacerlo dentro de la Federación. Esto es importante porque la FIFA solo reconoce autoridades elegidas o designadas dentro de cada federación, de modo que el Estado puede exigir la separación, pero no decidir quién la conduce. Si bien Milad descartó repostular a la ANFP, en agosto declaró el “apoyo completo” de Chile a Infantino (y, según él mismo, la Conmebol vota en bloque). Esto no implica un intercambio de favores, pero sí que la transición quedaría en manos de una dirigencia que no es ajena a la elección de la FIFA.

La visita, entonces, no respalda la ley ni la condiciona formalmente, pero sí condiciona su implementación, al definir quién la conduce. La FIFA no llegó como un árbitro neutral, pues el proceso electoral que hoy la atraviesa le genera incentivos para llegar a acuerdos con la dirigencia chilena. Aunque la separación debe concretarse a más tardar el 6 de diciembre de 2027, la conducción de esa transición es precisamente lo que hoy se discute. Por esto, más allá del plazo, el ministerio debiera seguir de cerca cómo y quiénes diseñan la nueva Federación, pues si este proceso queda en manos de quienes se opusieron a la reforma, la separación podría cumplirse formalmente mientras la dirigencia actual conserva el control.