A pocos días de bajar su postulación a la secretaría general de la ONU, en entrevista con el Canal TVU de la Universidad de Concepción, la exmandataria Michelle Bachelet fue consultada si es que sería candidata presidencial nuevamente. La académica Paulina Astroza le preguntó: “¿No hay segunda sin tercera?”. Bachelet, tras unos segundos, respondió “yo creo que sí”.

La expresidenta señaló que «sea cual sea el caso, yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté en mis manos, para buscar que haya unidad de progresismo». Agregó que “de repente me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años. En particular las mujeres, por supuesto los hombres también, pero me refiero a las mujeres, porque ha sido más difícil, más lento”. Y luego agregó: “Entonces, yo no (me) voy a quedar tranquila tejiendo, por decirlo así. Bueno, la verdad que nunca he tejido… de seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Los dichos de Bachelet generaron la inmediata reacción del mundo político. El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, indicó que no tiene ningún temor ante una eventual candidatura de la expresidenta Bachelet. Sostuvo: “Es más, yo creo que el problema que va a tener la centroizquierda y la izquierda es que, mientras esos dos liderazgos se mantengan arriba de la mesa, van a asfixiar el surgimiento de nuevos liderazgos”. A la par, el diputado del PDG Javier Olivares dijo que “ojalá que la señora Bachelet se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos, que esté con ellos y que esté lo más alejada posible del debate político”.

Desde otro lado del hemiciclo, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, celebró la noticia: “Para nosotros obviamente que siempre va a ser rescatable que una lideresa como ella esté a disposición siempre en la construcción de ese trabajo”.

Bachelet en la entrevista a «De la Región al Mundo» de la Universidad de Concepción (Créditos: Canal TVU en Youtube)

Este miércoles, los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC) ingresaron un proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que reemplaza al que presentó el gobierno en agosto. A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, que fue retirada, el nuevo texto no incluye el estado de excepción de seguridad pública, que el presidente podía decretar sin acuerdo del Congreso por 120 días, prorrogables por otros 120, y que fue criticado transversalmente.

En su lugar, el proyecto modifica el actual estado de emergencia: incorpora como causal la amenaza de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la nación, y amplía de 15 a 30 días el plazo por el que el presidente puede decretarlo, tras lo cual necesitará el acuerdo del Congreso para renovarlo. El Parlamento, además, podrá dejarlo sin efecto en cualquier momento durante la prórroga.

La iniciativa propone equiparar el crimen organizado con el terrorismo. La razón “no descansa en afirmar que se trate del mismo fenómeno criminal; descansa en reconocer que determinadas manifestaciones del crimen organizado poseen capacidad suficiente para afectar sistemáticamente derechos fundamentales, penetrar instituciones, controlar territorios, debilitar el Estado de Derecho y generar estructuras de poder ilícito permanentes”, dice el documento ingresado esta jornada.

También, se proponen regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas o en prisión preventiva por delitos terroristas o de crimen organizado.

De izquierda a derecha, los senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Ivan Flores, Arturo Squella y Andrés Longton realizan punto de prensa a propósito de la reforma de seguridad (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias).

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento de algunos de los delitos que se le imputan al exfiscal Manuel Guerra por la investigación en su contra por cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto. Guerra se encuentra en prisión preventiva desde marzo pasado y su defensa sostenía que varios de estos hechos ocurridos entre 2016 y 2021 estaban prescritos.

El fiscal a cargo del caso, Mario Carrera, de la fiscalía regional de Arica, señaló que “el tribunal, luego de escuchar tanto a las partes solicitantes como a los distintos querellantes y al Ministerio Público, resolvió rechazar todas las solicitudes”.

Este jueves el tribunal revisará las medidas cautelares de Guerra. El fiscal Carrera dejó abierta la posibilidad de que Guerra salga del Anexo Capitán Yáber, donde se encuentra en prisión preventiva. Esto porque, según dijo, “en lo que se refiere a la investigación en sí, la verdad es que a esta altura el hecho de que él se encuentre privado de libertad o con arresto domiciliario total no marca ninguna diferencia (…) La gravedad de los hechos que fueron imputados es lo que lo podría mantener en prisión preventiva, pero eso es una decisión que mañana tiene que tomar el tribunal”.

La defensa de Manuel Guerra pidió el sobreseimiento de su representado (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

El Senado aprobó la tarde de este miércoles con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención el informe de la Comisión Mixta sobre las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas. La Cámara de Diputados lo había aprobado durante la misma jornada con 111 votos a favor, por lo que fue despachado del Congreso. Los partidos Comunista y Socialista anunciaron reserva de constitucionalidad.

El proyecto partió en 2023 y su despacho es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo del gobierno de José Antonio Kast.

La oposición rechazó el proyecto por considerar que amplía las hipótesis de uso de fuerza letal y debilita los controles y la responsabilidad de los agentes del Estado. El senador socialista Juan Luis Castro señaló que “quiero ser claro, respaldar a Carabineros, a la PDI y a las Fuerzas Armadas exige dotarlos de preparación, equipamiento, protección jurídica. Esa protección debe descansar en reglas precisas que permiten actuar con firmeza frente a una amenaza que se define hasta dónde puede llegar la respuesta proporcionada a ella”.

En tanto la senadora comunista Claudia Pascual indicó que “el texto final de la Comisión Mixta consolida una marcada asimetría que prioriza la discrecionalidad e inmunidad de las fuerzas de orden y de la defensa por sobre el resguardo efectivo de los derechos fundamentales y de garantías civiles”.

El Congreso despachó el proyecto sobre las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF) (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)