El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, corrigió nuevamente a la baja las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, dejando la cifra en 0,7%. Quiroz argumentó que esta nueva disminución se debería a factores como una baja en la producción del cobre y en la demanda interna del país. El gobierno ya había reducido su estimación inicial de crecimiento de 2,1% a 1,8% en julio, debido, principalmente, a una menor producción del sector minero.

En paralelo, el Banco Central también ha modificado sus proyecciones de crecimiento: en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo, definió un rango de expansión del PIB de 1,5-2,5%, pero en junio lo limitó a un alza entre el 1% y el 1,75%, producto de un bajo rendimiento tanto del sector minero como de la actividad agrícola y pesquera. El pronóstico más reciente del Banco Central lo sitúa debajo del 1%, entre 0,25% y 0,75%. El 2025, el último año de Gabriel Boric, el país creció 2,5%.

Estas cifras negativas se suman a la tasa de 9,6% de desempleo durante el trimestre de junio-agosto –la más alta desde marzo-mayo de 2021–, la caída de un 1% del Imacec de agosto y el incremento esperado de un 0,5% del IPC de septiembre (se entrega este jueves). A pesar de los resultados actuales, Hacienda prevé que la economía experimentará un alza de 3,3% para 2027, de la mano de un incremento en la inversión.

El ministro Quiroz anunció la nueva proyección (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tiene calidad de imputado en la investigación por los nombramientos judiciales irregulares que son parte del Caso Hermosilla, aunque aclaró que no ha sido formalizado. Perivancich fue consultada por esto a su salida de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se presentó por otra causa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que “nosotros somos absolutamente respetuosos de los procesos judiciales, de la independencia del Poder Judicial. Así que eso para nosotros es extremadamente importante”. Recalcó, además, que los cargos de confianza como los embajadores están siempre siendo evaluados. En junio, cuando se conoció la investigación, el canciller había sido más concreto en su respaldo a Zaliasnik, afirmando que el proceso “no modifica las decisiones que se han tomado”.

El abogado de Zaliasnik, Jorge Gálvez, señaló en una declaración pública que la calidad de imputado de su representado se originó en una denuncia de la senadora Daniella Cicardini y del diputado Daniel Manouchehri (ambos PS) y no de una decisión del Ministerio Público. Mencionó que “en las declaraciones judiciales que ha realizado el señor Hermosilla en los últimos días y que se han divulgado profusamente, no existe ningún antecedente diferente a los ya conocidos por el Ministerio Público desde hace más de dos años”.

La semana pasada T13 reveló la declaración de Luis Hermosilla ante la fiscalía. En esa diligencia, el abogado declaró que al menos desde 2019, junto a Zaliasnik y Samuel Donoso, eran consultados por el gobierno y también proponían nombres al Ejecutivo para el nombramiento de jueces en altos tribunales como la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, según sus propios intereses y los del segundo gobierno de Sebastián Piñera. De ese modo, interactuaban con altos funcionarios en una suerte de mecanismo al margen de la institucionalidad.

Gabriel Zaliasnik está siendo investigado por su eventual participación en nombramientos judiciales (Créditos: Francisco Flores / Agencia Uno)

Este martes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó de forma unánime el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto en la investigación en su contra por fraude al fisco que lleva la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por Hernán Libedinsky. Calisto ya anunció que acudirá a la Corte Suprema.

De confirmarse el desafuero, el Ministerio Público podría formalizar al senador y eventualmente solicitar medidas cautelares, además de que perdería su derecho a voto en el Senado mientras dure la investigación. Esta situación legal es relevante políticamente porque Calisto, a pesar de ser independiente (aunque forma parte del Comité Evópoli), vota alineado con el gobierno, que hoy tiene una mínima ventaja en el Senado.

A Calisto se le investiga por presunto fraude al fisco a través de asesorías parlamentarias que contrató cuando se desempeñaba como diputado y que no se habrían realizado. En esta causa, en la que el Ministerio Público estima que hubo un perjuicio para el fisco de más de $100 millones, ya había sido desaforado, pero ese proceso quedó invalidado cuando salió electo senador, por lo que la fiscalía tuvo que nuevamente pedir el desafuero.

El senador Calisto podrá ser formalizado (Créditos: Óscar Guerra / Uno Noticias)

En el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 el gobierno estableció un monto acotado que solo alcanzaría para el cierre el 31 de marzo y el finiquito de los funcionarios de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu). La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, atribuyó la decisión del gobierno a que la situación financiera de la fundación es irrecuperable y que esto tiene como origen la gestión de Irina Karamanos en el gobierno de Gabriel Boric, acumulando una deuda de $3.000 millones.

La ministra Marín señaló que “ella (Karamanos) toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios. De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria”.

En respuesta, Karamanos, quien lideró la fundación y fue coordinadora sociocultural de la Presidencia en la administración de Boric, señaló en sus redes sociales que “el financiamiento para Prodemu (viene) desde Indap y Sernameg venía hace años de la Ley de Presupuestos. Eso no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la presidencia de la fundación al @MinMujeryEG. Son temas diferentes, se puede revisar en los estatutos antes de dar cuñas falsas”.

Con esto, el gobierno le pondría fin a una institución creada por Leonor Oyarzún, la primera dama del gobierno de Patricio Aylwin. En la actualidad, Prodemu cuenta con 380 funcionarios repartidos en el país.

Irina Karamanos en un punto de prensa en 2022, mientras se refería a las fundaciones de Presidencia (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)