El autor de esta columna advierte que en las elecciones de la ANFP del 19 de noviembre está en juego si el fútbol chileno seguirá premiando el mérito deportivo, ante la idea, atribuida al entorno de Jorge Uauy, de convertir la Primera División y la Primera B en una liga cerrada, sin ascensos ni descensos. Sostiene que el modelo de la MLS no es trasladable a Chile, donde no existe un negocio común ni reparto centralizado de ingresos, y que avanzar en esa dirección abriría dos conflictos: una huelga de jugadores y una causa de libre competencia, considerando que la justicia ya condenó a la ANFP por cobrar una cuota a los clubes que ascendían. Plantea que, si se quiere copiar a Estados Unidos, «eso es lo que habría que copiar: el reparto, no el cierre».

Imagen de portada: Francisco Vicencio / Agencia Uno

El 19 de noviembre los presidentes de clubes eligen al sucesor de Pablo Milad en la ANFP. Lo que está en juego no es solo quién administra el fútbol chileno, sino si la competencia seguirá siendo una pirámide donde se sube y se baja por mérito deportivo. Y si la respuesta es no, el fútbol chileno tiene por delante dos conflictos que ya sabe cómo se ven: una huelga de jugadores y una causa de libre competencia.

El detonante es una idea atribuida a la candidatura de Jorge Uauy, expresidente de Palestino y quien encabeza el bloque con más apoyos declarados: convertir la Primera División y la Primera B en una sociedad anónima cerrada, sin ascensos ni descensos. La propuesta no figura en su programa formal, que ni la menciona ni detalla el futuro del Ascenso, y Uauy no la ha confirmado. Pero circula entre los presidentes, ya abrió un frente con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y nadie la ha desmentido.

LA LIGA CERRADA REQUIERE ALGO QUE CHILE NO TIENE

El modelo que se quiere imitar funciona en Estados Unidos, y conviene entender por qué. La MLS no es una asociación de clubes rivales: es una entidad única donde los equipos son franquicias de la propia liga, los ingresos se reparten centralizadamente y existe un tope salarial con excepciones acotadas, como la figura del jugador franquicia que permite hasta tres contratos fuera del tope. En esa arquitectura, lo que es bueno para un club es literalmente bueno para todos, porque todos son accionistas del mismo negocio.

El fichaje de Messi es la demostración perfecta. No fue una operación del Inter Miami contra el resto: fue una operación de la liga. El acuerdo incorporó a Apple, que pagaba 2.500 millones de dólares por diez años de derechos, y a Adidas, con Messi participando de los ingresos de las suscripciones de MLS Season Pass y de la venta de camisetas. Es decir, cada suscriptor que Messi sumaba engrosaba una bolsa que se repartía entre todos los equipos. Por eso ningún club se opuso a que el rival contratara al mejor jugador del mundo: el refuerzo ajeno era ingreso propio.

Ahora traslademos eso a Chile. ¿Alguien cree, honestamente, que Colo Colo celebraría un fichaje estelar de Universidad de Chile porque le conviene al negocio común? La pregunta se responde sola, y no por mezquindad de nadie, sino porque acá no existe ese negocio común: no hay entidad única, ni reparto centralizado de ingresos, ni tope salarial. Hay sociedades anónimas que compiten entre sí por los mismos auspicios, los mismos jugadores y los mismos puntos.

La evidencia de esa conducta no hay que buscarla lejos. En septiembre, tres clubes de Primera B —Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz— presentaron en conjunto una denuncia contra Deportes Puerto Montt por retenciones de impuestos no enteradas en 2025, a dos fechas del final y en plena pelea por no descender. En agosto, la propia ANFP denunció a San Marcos de Arica por inconsistencias en sus estados financieros, con riesgo de desafiliación inmediata. La tabla se disputa tanto en la cancha como en el Tribunal de Disciplina.

Ese es el dato que invalida la analogía. Una liga cerrada sin cooperación no produce la estabilidad de la MLS: produce un cartel de incumbentes que siguen peleándose entre sí, pero ahora sin la única sanción que los disciplinaba. Se eliminan los incentivos del descenso sin instalar los incentivos del reparto. Lo peor de los dos mundos.

EL PRIMER FRENTE: UN PARO QUE YA TIENE MANUAL

El Sifup no está reaccionando en abstracto. Según lo que el sindicato ha denunciado, el cambio de formato no sería únicamente una decisión de competencia sino una herramienta para reducir su poder: ante una eventual huelga, se instruiría a los clubes a jugar con futbolistas juveniles, bajo el cálculo de que esa presión terminaría desarticulando el paro.

Conviene medir lo que eso significa. En enero de 2025 el fútbol chileno estuvo detenido semanas, con la temporada en suspenso y mediación en la Dirección del Trabajo. Terminó con un acuerdo que recogió ocho de los once puntos del petitorio: rehabilitación médica financiada más allá del término del contrato, extensión de los torneos para evitar meses de cesantía, fin del tope de edad en Segunda División, pase entre clubes a mitad de temporada, garantía del 10% del jugador en los traspasos y sanciones a dirigentes cuyos clubes sean desafiliados por incumplimientos laborales.

Ese listado describe un sindicato con agenda propia y capacidad real de paralizar la actividad. Diseñar un formato pensando en cómo quebrar su próxima huelga no es astucia: es asegurar que la huelga ocurra, y que esta vez tenga un motivo estructural. Una liga cerrada debilita a los jugadores por una razón simple: reduce el número de empleadores posibles y elimina la movilidad entre categorías que hoy sostiene carreras. Y el frente laboral no se agota en el Sifup: en ese mismo enero, 11 de los 14 clubes de Segunda División amenazaron con no inscribir jugadores ni iniciar la temporada, reclamando apoyo financiero, reparto de ingresos y voto en el Consejo de Presidentes.

EL SEGUNDO FRENTE: EN CHILE YA ES ILEGAL COBRAR POR SUBIR DE DIVISIÓN

Aquí está el punto que la discusión pública no ha incorporado. La idea de que los cupos se compren y se vendan entre clubes —tal como la describió, en reserva, un presidente consultado: “Cada club, cuando quiera salir, otro le tiene que comprar el cupo”— es una versión extrema de algo que la justicia chilena ya declaró ilegal.

La ANFP cobraba una cuota de incorporación a los clubes que ascendían desde Segunda División a Primera B: inicialmente 50.000 UF ($2.053 millones), luego rebajada a 24.000 ($985 millones). La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento pidiendo eliminarla y en junio de 2020 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a la ANFP por abuso de posición dominante, por infracción al artículo 3° del Decreto Ley 211, razonando que el cobro operaba como una barrera que impedía la entrada de nuevos competidores. La Corte Suprema confirmó el fallo.

La secuencia cerró en 2024, cuando el tribunal ordenó a la ANFP pagar 23.000 UF a Deportes Melipilla. Unos mil millones de pesos, más intereses, por un cobro que el propio sistema ya había declarado anticompetitivo. Y la pregunta se impone: si cobrarle una cuota a un club que sí ascendió deportivamente es una barrera sancionable, ¿qué sería un sistema donde el ascenso deportivo no existe y el único acceso es comprarle el cupo a otro? La doctrina del TDLC no dependió del monto, sino del efecto exclusorio sobre quien quiere entrar.

México confirma que no es un temor teórico. Cerró su liga en 2020 y la eliminó del reglamento en julio de este año; en septiembre, su autoridad de competencia abrió una investigación por abuso de poder de mercado, con sanciones de hasta el 10% de los ingresos anuales. Y el saldo deportivo tampoco acompaña: un estudio del ITAM, la Universidad de Houston y la UCSD sobre más de 5.400 partidos encontró que el cierre concentró talento y degradó la competencia, con la brecha de valor de los planteles creciendo cerca de 48% a favor de la primera división.

DOS JUICIOS Y UNA HUELGA

El próximo directorio asume justo cuando entra en vigencia la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Avanzar hacia una liga cerrada en ese contexto, con un precedente firme de la Corte Suprema sobre barreras de entrada en el propio fútbol chileno y con un sindicato que ya demostró capacidad de paralizar la actividad, es comprar dos conflictos simultáneos.

Un histórico dirigente calificó la idea de “un anuncio populista, para solo captar votos” y la declaró imposible de implementar. Puede tener razón en lo segundo, y esa sería la mejor noticia. Pero una propuesta que no se puede ejecutar y que igual sirve para ganar una elección deja un costo: instala la expectativa entre los clubes grandes, tensiona al sindicato antes de cualquier negociación y envenena la relación con las divisiones de abajo.

La fragilidad financiera de los clubes de Primera B y Segunda División es real y merece respuesta. Hay herramientas que no exigen cerrar la competencia: pagos de paracaídas para descendidos, licenciamiento con requisitos de infraestructura y solvencia, reparto de derechos televisivos con solidaridad hacia abajo, control del gasto en planteles. Si de verdad se quiere copiar a Estados Unidos, eso es lo que habría que copiar: el reparto, no el cierre. Pero el reparto exige que los clubes acepten ceder algo, y esa conversación nadie la está proponiendo.