Parlamentarios de oposición oficiaron al Servel para saber si Fernando Cerimedo o su agencia Numen habían prestado servicios de campaña en Chile y si existían denuncias y sanciones por el uso de cuentas automatizadas o contenido falso en el último ciclo electoral. El servicio respondió que fiscalizar el contenido de la propaganda digital no estaba dentro de sus atribuciones, pero que registra 24 personas sancionadas –entre 2021 y 2025– por difusión de contenido que infringió la forma y plazo legal de campaña. Entre los sancionados figura Andrés Joannon Grezel, principal proveedor del servicio de campaña en redes sociales de la candidatura presidencial de José Antonio Kast y uno de los encargados de la estrategia comunicacional del “Rechazo”. Pese a que el Servel no se pronunció al respecto, CIPER revisó los mensajes que fueron sancionados por difundirse fuera de plazo, detectando que sí existe propaganda engañosa en el contenido generado por Joannon. Para la campaña del “Rechazo”, en 2022, él publicó que con la propuesta constitucional “me quitan mis ahorros” y habría “beneficios” para delincuentes.

El Servicio Electoral (Servel) informó que en el último ciclo electoral ha sancionado a 24 personas por difundir propaganda que infringió las normas sobre la forma y el periodo en que es legal hacer campaña. Entre los sancionados por difundir propaganda pagada fuera de plazo y en redes sociales hay principalmente candidatos que participaron en las elecciones de 2021 a 2025, incluyendo a parlamentarios como Pamela Jiles (PDG) y Francisco Orrego (RN), autoridades de gobierno como el ministro de Seguridad, Martín Arrau (PR) y reconocidas figuras de la política como el independiente Agustín Squella y la exfrenteamplista Karina Oliva. Pero, también figura una persona con bajo perfil público, aunque ampliamente conocido entre los estrategas del marketing político digital: Andrés Joannon Grez, uno de los responsables de la propaganda del “Rechazo”, junto a Felipe “Yeti” Costabal, y quien posteriormente fue el principal estratega de la última campaña digital del Presidente José Antonio Kast.

Tras la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo –conocido como el “Rey de los Bots” por diseñar campañas políticas de desinformación en redes sociales–, un grupo de diputados de oposición hizo distintas solicitudes al Servel. Uno de los requerimientos es si la agencia Numen, controlada por Cerimedo, prestó servicios de campaña en Chile. Los diputados también solicitaron cifras y registros de denuncias por el uso de cuentas automatizadas o perfiles falsos durante el último ciclo electoral, además de las sanciones del Servel a campañas digitales. 

En el oficio N°1.739, del 23 de septiembre de 2026, el servicio respondió que Cerimedo –como persona natural– no aparecía como proveedor en las campañas del último ciclo electoral, pero que su empresa Numen figuraba, en 2021, con servicios prestados por $25 millones a tres campañas de candidatos a convencional constituyente. 

Respecto al uso de cuentas automatizadas o perfiles falsos, el Servel contabilizó que –desde el 2021– recibió 321 denuncias por 270 hechos que aludían “expresamente a desinformación, noticias o información falsa, encuestas falsas, contenido manipulado, cuentas automatizadas, bots o perfiles, cuentas y páginas falsas”. Sin embargo, del total de estas denuncias, 269 resultaron archivadas por estar fuera de la competencia del Servel, porque ese servicio no tiene facultades para revisar la autenticidad o veracidad de los contenidos difundidos. Esto dice el servicio al respecto en su oficio: “La normativa electoral vigente no tipifica la difusión de información falsa, la operación de cuentas automatizadas ni la creación de perfiles falsos como infracciones de competencia de este Servicio”, dijo. También se señala que por esa razón, las denuncias que aluden a estas razones, fueron archivadas. Y que en 20 casos aplicó una sanción, pero no por contenido falso, sino por infringir el periodo legal de campaña.

A raíz de un reportaje publicado por CIPER en agosto de 2022, el diputado socialista, Juan Santana, también ofició al Servicio Electoral para conocer sobre las investigaciones y fiscalizaciones relativas a la propaganda electoral digital realizada para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. El Servel identificó 37 denuncias que incluían publicidad pagada en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, de ellas, 21 fueron archivadas por falta de antecedentes, 16 fueron declaradas admisibles y sólo tres resultaron en sanción. 

Uno de los sancionados fue Andrés Joannon Grez, representante ante META de la página de Facebook «Proyecto Voces Chile». El especialista en estrategia digital pagó 65 UTM en beneficio de la Municipalidad de Las Condes como sanción por pagar y difundir propaganda a favor del “Rechazo” entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2022, un mes antes del periodo legal de campaña. En sus descargos, Joannon dijo al Servel que no pretendía hacer campaña, pero reconoció que buscaba influir en los constituyentes y en la dirección que estaba tomando el borrador constitucional (vea aquí esa declaración). Agregó que los $19,5 millones que registraba “Proyecto Voces por Chile” en la biblioteca de META hasta julio de 2022, habían sido costeados con su patrimonio personal y un acotado aporte de amigos.

Joannon es uno de los dueños de Blue Marketing (antes conocida como Rebold), una conocida agencia que estuvo a cargo de la estrategia de campaña del “Rechazo” para el plebiscito de 2022. Según los registros del Servel, la empresa es la principal proveedora de la última campaña presidencial de José Antonio Kast, acumulando un total de $1.975 millones en facturas emitidas con cargo a la cuenta electoral del candidato y a la del Partido Republicano. El servicio prestado corresponde a la elaboración de la estrategia y difusión de material de campaña en redes sociales. 

CIPER revisó el contenido de las 46 publicaciones por las que el Servel sancionó a Joannon Grez, publicadas entre mayo y junio de 2022, e identificó que una parte de las imágenes y videos difundidos contenía información engañosa, imprecisa o falsa respecto del entonces borrador constitucional, incluyendo frases como: “Esta nueva Constitución le quitará poder a los Carabineros”; “Desaparecerán las isapres y los aportes de los seguros complementarios” y “No me arregla nada y me quita mis ahorros”. Todos estos anuncios fueron bajados de circulación por haber transgredido el reglamento de META.

CIPER se contactó vía mensaje con Andrés Joannon Grez, pero éste no respondió los mensajes. 

Créditos: Agencia Uno.

LA PRECAMPAÑA DEL RECHAZO EN 2022

En julio de 2022, Joannon debió declarar telemáticamente ante el Servel a raíz del procedimiento sancionatorio por la difusión de mensajes fuera de plazo. En este señaló que no hizo campaña por una opción, sino que “buscaba generar un impacto e influir en los constituyentes a fin de que modificaran la propuesta constitucional” (vea aquí la declaración).

Para hacer su investigación sobre los mensajes denunciados, el Servicio Electoral realizó un estudio lingüístico de los mensajes difundidos a través de imágenes y videos de la página en Facebook de “Proyecto Voces por Chile”, ligado a Joannon. Identificó que en 46 casos se hizo propaganda electoral con el fin de influir en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Entre los mensajes el servicio destacó frases como: “No me tinca”, “No me arregla nada” y “No le creo”, y usa el hashtag “#NOLAAPRUEBO”.

CIPER revisó los 46 avisos patrocinados por Joannon, que significaron más de $7,1 millones invertidos en META y que, en algunos casos, alcanzaron más de un millón de visualizaciones. Entre las imágenes y videos difundidos a través del “Proyecto Voces por Chile” aparece información que puede ser calificada como engañosa o imprecisa respecto a la propuesta constitucional, que para esa fecha aún estaba en construcción. 

Estos son los mensajes engañosos o falsos detectados por CIPER: 

• El 3 de junio de 2022, un video difundido por esta plataforma parte con una imagen de la machi Francisca Linconao y la frase “Chile en crisis”, para pasar luego a una noticia sobre el comercio ambulante en Barrio Meiggs. Con esas imágenes se señala:  “748 asaltos y hurtos, 3 homicidios y 2 violaciones, solo en el barrio Meiggs, hasta abril. Y esta nueva Constitución le dará beneficios a los delincuentes. Este nuevo borrador no te da derecho a la seguridad” (vea ese video).
• Otro video recuerda el caso de un joven que había sido asesinada en el terminal de buses de Estación Central en la Región Metropolitana. Esa frase se acompaña con la frase: “73 asesinatos solo en enero del 2022. Y esta nueva Constitución le quitará poder a los Carabineros” (vea ese video).
• El 30 de mayo de 2022, se publicó un video donde se señala que la nueva constitución tenía letra chica, porque “desaparecerán las isapres y los aportes de los seguros complementarios, obligando a las personas a atenderse en el sistema público, aumentado ya las filas existentes” (vea video).
• También se difundió una imagen que decía: “No la quiero porque aumenta las filas en el consultorio #HagamoslaBien”. Esta publicación registró un gasto de entre $600 mil y $700 mil.
• Otra imagen publicada hizo referencia al sistema de pensiones. Aseverando que la propuesta constitucional tenía las siguientes consecuencias: “No me arregla nada y me quita mis ahorros”. En este caso, el mensaje registra un importe por más de $1 millón.

El 18 de julio de 2022, Joannon debió entregar una declaración ante el Servel. En esta explicó que le causó mucha preocupación lo que se estaba redactando en el proceso constituyentes y que la idea era influir en el borrador constitucional. Además dijo, que su intención era que los constituyentes se dieran cuenta que las personas “no querían un texto como el que se estaba redactando”. 

El Servel le consultó también cómo había financiado los más de $19,8 millones de importe que registraba en la Biblioteca de Anuncios de META su “Proyecto Voces por Chile”. Joannon afirmó que fue él quien puso gran parte del dinero y que amigos le ayudaron.

Imagen de campaña “Proyecto Voces por Chile” Fuente: META

En agosto de 2022, un artículo de CIPER identificó a “Proyecto Voces por Chile” como una de las 36 entidades que operaron fuera de la fiscalización del Servel en el marco del plebiscito constitucional de salida. Esa investigación cifró gastos de, al menos, $119 millones en la difusión de mensajes fuera de la campaña legal. A la fecha de esa publicación, su fanpage en META figuraba a nombre de la agencia Rebold Chile. Y según un artículo del Diario Financiero, la cuenta del mismo nombre pero en la plataforma de Tik Tok, estaba siendo usada para probar contenido para la franja digital ligada al comando de los partidos de Chile Vamos y de La Coordinadora, de la que también estaba a cargo Felipe “Yeti” Costabal. Este último estuvo a cargo de la campaña digital presidencial de José Antonio Kast y actualmente es el jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda.

Según registros del Servel, en la última elección presidencial y parlamentaria, la agencia de Joannon Grez, Blue Digital, fue uno de los tres proveedores que más facturó en la última elección presidencial y parlamentaria de 2025. Su principal cliente fue el presidente José Antonio Kast y los candidatos del Partido Republicano. En total, $2.192 millones facturó esa empresa en esa campaña, cuyos servicios se describen como estrategia e inversión en redes sociales. 

La campaña de Kast concentró más de la mitad de esos recursos: un total de $868 millones pagados a Blue Digital. Otros $313 millones aparecen en las rendiciones del Partido Republicano, pero destinados a la campaña presidencial. El resto de las campañas para las que fue contratado Joannon corresponden a candidatos independientes como Rodolfo Carter y Bernardo Fontaine, ambos ligados al mundo republicano.  

LOS OTROS SANCIONADOS

En el oficio, el Servel señaló al diputado Juan Santana, que también cursó otras sanciones por propaganda fuera de plazo, las que incluyen multas de entre 20 a 90 UTM (de $1,4 millones a $6,4 millones de hoy).  Según ese escrito, el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau fue multado, así como también, la diputada del Partido de la Gente, Pamela Jiles; el diputado Francisco Orrego (RN); el exalcalde de Estación Central y exdiputado UDI, Gustavo Hasbún; y el exconvencional constituyente, Agustín Squella, entre otros.

Arrau fue sancionado por su campaña para convencional constituyente en 2021, instancia en que resultó electo. La multa fue de 20 UTM, y fue pagada a beneficio de la Municipalidad de Chillán. La sanción impuesta por el Servel detalla que esta se cursó por “efectuar propaganda electoral antes de plazo legal, mediante la mantención de ocho avisos patrocinados puestos en circulación en la red social Facebook, del fanpage ‘Martin Arrau’”. 

Durante el proceso sancionatorio, Arrau justificó la publicación de los videos argumentando que estos no tuvieron un fin propagandístico, sino de difusión de ideas, ya que “en ningún momento se habría realizado un llamado a sufragar ni comunicaría el número correspondiente de alguna candidatura particular”. Pero, siete de los ocho videos patrocinados fuera de campaña por Arrau incluían un logo con el mensaje “Martín Arrau Constituyente”. 

Al ser consultado por CIPER sobre esta sanción, el equipo de comunicaciones del ministro de Seguridad dijo: “Mi posición sobre estos contenidos ya fue expuesta ante la autoridad competente. En el procedimiento señalé que se trataba de publicaciones cuyo objeto era la difusión de ideas y la educación cívica, y no efectuar propaganda electoral. Esa alegación fue examinada y desestimada por el Servel en su resolución. No tengo observaciones adicionales respecto de un procedimiento ya concluido”.

En el oficio del Servel se señala que la diputada Jiles fue sancionada luego de que el 15 de mayo de 2021, día en que tuvo lugar la elección de gobernadores regionales (Gore), llamara a votar por su cónyuge, Pablo Maltés, candidato a Gore Metropolitano. En medio de una transmisión en vivo en la que participaban los medios CNN Chile, Chilevisión, 24Horas, Radio Biobío y Mega. En esa aparición televisiva, Jiles afirmó:

“Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, el abuelo Gobernador (…) eso significa votar por la abuela Pamela Jiles, tener un cuarto retiro, un quinto retiro, destruir las AFPs que nos han esquilmado, votar por Pablo Maltés significa fundamentalmente votar contra (…)”, consigna la resolución.

En el procedimiento sancionatorio donde se investigaron estas afirmaciones, la diputada declaró ante el Servel que en esa ocasión, ella no llamó a votar por Pablo Maltés, sino que se limitó a manifestar su intención de voto. Su argumento no fue acogido por los fiscalizadores y  fue sancionada con 20 UTM a beneficio de la Municipalidad de La Pintana.

CIPER contactó a la bancada del Partido de la Gente para tramitar consultas con la diputada. Desde el PDG indicaron que las consultas serían recibidas y tramitadas por Pablo Maltés, encargado de prensa de Jiles, por lo que enviaron su contacto telefónico. Hasta el cierre de este reportaje, Maltés no respondió los mensajes ni llamadas efectuadas.

El diputado RN, Francisco Orrego, fue sancionado por llamar a votar por él mismo para gobernador Metropolitano en el día en que se desarrollaron las elecciones a gobernador regional metropolitano, donde perdió ante Claudio Orrego (DC).

Durante una transmisión en vivo de Chilevisión, el ahora parlamentario, afirmó que había dos “orregos” en la papeleta, uno de derecha, “que soy yo”, dijo, y otro “que es un Orrego de izquierda”. El diputado agregó que Claudio Orrego es alguien que lleva 20 años en política, en contraposición a él, quien “está partiendo en política”.  

En sus descargos ante el proceso sancionatorio del Servel, Francisco Orrego afirmó que sus palabras buscaban promover la participación de los votantes. Con 50 UTM fue multado el entonces candidato, recursos que fueron en beneficio de la Municipalidad de Santiago.

CIPER intentó contactar al diputado Francisco Orrego para consultar sobre la sanción del Servel, sin obtener respuesta.

El exalcalde de Estación Central y exdiputado UDI, Gustavo Hasbún, fue sancionado en 2021, por la publicación de diez videos fuera de plazo de campaña. Esto, cuando postuló sin éxito para volver a ser alcalde de Estación Central. Durante el proceso sancionatorio, Hasbún no presentó descargos. El Servel lo multó con 90 UTM a beneficio de esa misma comuna.

Contactado por CIPER, Gustavo Hasbún afirmó no estar de acuerdo con la sanción interpuesta por el Servel, y aseguró que esta fue cursada porque no pudo defenderse de la acusación. «La abogada olvidó presentar los descargos», indicó.

Agustín Squella, abogado electo convencional constituyente en 2021, tras competir como candidato independiente bajo un cupo del Partido Liberal. El Servel lo sancionó por la publicación de 12 videos fuera de plazo de campaña. Cada uno de ellos venía acompañado con la frase “#Squella no está elegido, hay que elegirlo. Vota el 15 y 16 de mayo #nuevaconstitución #distrito7”.

Squella explicó al Servel que contrató una empresa digital para la realización de la campaña, con la cual tuvo una descoordinación a la hora de publicar los videos. Andrés Squella, en tanto, sobrino del ex convencional constituyente que lo asesoró en esa campaña, también declaró como testigo en el proceso, afirmando que los videos tuvieron una finalidad netamente informativa y no electoral.

El Servel lo sancionó con 31 UTM en beneficio de la Municipalidad de Viña del Mar. CIPER consultó a Squella por la sanción, quien explicó: “En mi campaña para constituyente se incurrió en un error involuntario. El Servel me lo hizo notar como una falta, me aplicó una multa y esta fue pagada hace dos o más años”.

A diferencia de las sanciones descritas hasta acá, las multas cursadas a la candidata a gobernadora metropolitana en 2021, Karina Oliva, no fueron por campañas digitales o por entrevistas dadas el día de la elección. Oliva infringió las normas de campaña al “efectuar propaganda electoral en espacios públicos no autorizados” mediante la instalación de cinco carteles en La Florida; “efectuar propaganda electoral en espacios públicos y privados, fuera del plazo legal habilitado al efecto” con dos carteles en Pirque e Isla de Maipo; y “efectuar propaganda electoral en espacios públicos y privados, fuera del plazo legal habilitado al efecto” con cinco carteles en La Florida, dos en San Ramón y dos en El Bosque. 

La entonces candidata no presentó descargos, y fue multada con 16 UTM, repartidas a beneficio de las municipalidades de La Florida, Pirque e Isla de Maipo; y 28 UTM a beneficio de La Florida, San Ramón y El Bosque. 

Pese a los antecedentes señalados en el oficio, Oliva respondió a CIPER que ella “no he sido sancionada en ningún caso por el Servel”, y que sus cuentas electorales se encuentran aprobadas por esta entidad.