A 50 años del asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, y la asistente del dipomático, Ronni Moffitt, el gobierno realizó dos actos conmemorativos este lunes. Un primer homenaje se realizó en el lugar del fallecimiento de ambos, en Sheridan Circle, en Washington, Estados Unidos. Y contó con una ofrenda floral en un memorial instalado ahí.

El otro acto conmemorativo se llevó a cabo en la residencia de Letelier, donde también hay un sitio de memoria. El embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, encabezó ambas instancias. En paralelo, el canciller Francisco Pérez señaló que “con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política”.

En el homenaje realizado en Chile, el hijo del excanciller, Juan Pablo Letelier, apuntó contra el gobierno para acelerar la extradición de exbrigadier Armando Fernández Larios, quien está vinculado al asesinato. Dijo: “Presidente Kast, señor canciller Pérez Mackenna, den curso a la petición de extradición solicitada por los tribunales chilenos para que Armando Fernández Larios venga a cumplir con su obligación de presentarse ante la Justicia; que no sea cobarde“.

El 21 de septiembre de 1976, Letelier y Moffitt fallecieron por la explosión de una bomba instalada en el auto del excanciller por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Diecinueve años más tarde, el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, y el brigadier Pedro Espinoza, fueron condenados por su responsabilidad en el atentado. Aunque la CIA concluyó que el asesinato fue ordenado por Augusto Pinochet, el dictador no fue acusado por estos hechos.

El hijo del excanciller Orlando Letelier en a conmemoración de esta jornada (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó flexibilizar el régimen de visitas para los 93 condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar que están recluidos en Colina 1. Con esto, los reclusos podrán tener a más de diez personas enroladas para visitas, cifra que es el tope para los demás internos.

Gendarmería estableció la norma de las visitas en octubre de 2025, para regular el ingreso de personas y la entrega de encomiendas en los penales. Sin embargo, en febrero de este año, uno de los internos presentó un recurso para impugnar la medida. Luego de que el tribunal de alzada acogió la acción, otros 93 reclusos replicaron la acción judicial.

En total, son 200 las personas del “Pabellón Asistir” que serán beneficiadas con la excepción que ordenó la corte. Entre ellos se encuentra el coautor de los secuestros y homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, Juan Renán Jara Quintana. Como también, el exagente de la DINA Pedro del Carmen Parra Utreras, quien fue condenado por la Masacre de San Rosendo.

Frontis del penal Colina 1 (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó que realizarán una reducción en el valor del TAG en la Región Metropolitana y señaló que se dará a conocer “a la brevedad posible”.

De Grange indicó que durante los últimos años ha habido un incremento en el valor del peaje de las concesiones “de algunas autopistas en particular, que ha sido superior al aumento del ingreso per cápita y eso va generando una brecha que para el Gobierno ha sido prioridad en materia de impulsar una negociación con las empresas concesionarias de proporcionarles mayor plazo a cambio de una reducción en el peaje”.

El secretario de Estado precisó que priorizarán aquellas autopistas que cuentan con mayor tráfico e indicó que buscan que “el periodo de concesión que queda hacia futuro sea más bajo”.

Imagen referencial (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República (CGR) detectó a 485 funcionarios públicos de la Administración Central que permanecían suspendidos de manera preventiva por más de un año, mientras recibían sus remuneraciones, a raíz de sumarios administrativos abiertos entre 2020 y marzo de este año. La CGR informó además que el Estado ha desembolsado $671 millones en sueldos asociados “únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión”, según constató el organismo contralor.

Del total, 13 funcionarios estaban suspendidos hace más de cuatro años. Otros 17 acumulaban entre tres y cuatros años en la misma condición. Por ejemplo, un trabajador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) contaba con una suspensión de cuatro años y siete meses.

La CGR instruyó que los 30 sumarios que afectan a los funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron y pasarán a la Contraloría para su tramitación, de tal modo de evaluar si hubo negligencias en la demora de su resolución. También, se ordenó a los servicios informar en un plazo de 15 días hábiles las razones de la tardanza en resolver los sumarios de todos los funcionarios públicos que están más de un año en esa situación.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)