Señor director:

Septiembre es, en Chile, el mes de la salud mental, y más allá de la fecha, el llamado internacional sigue siendo el mismo: cambiar la narrativa. El estigma sigue siendo una de las principales barreras para que una persona en crisis pida ayuda a tiempo, y para que su entorno —familia, colegio, trabajo— sepa reconocer las señales y actuar. La sensibilización, sin embargo, no basta: en Chile el suicidio duplica a los homicidios —en 2024 murieron 1.984 personas por esta causa, frente a 1.207 homicidios— y aun así ocupa un lugar marginal en el debate público.

Estimaciones globales (IHME) reportan alrededor de 766 mil suicidios el 2023, con una carga asistencial de 4 y 6 internaciones por minuto en hombres y mujeres respectivamente. En Chile en 2024 los suicidios llegaron a casi dos mil muertes anuales, afectando desproporcionadamente a los hombres, con una razón de 4:1 respecto de las mujeres, y a los habitantes de las regiones del extremo sur del país, particularmente Aysén.

Si bien en Chile se ha observado un aumento del gasto en salud mental —26,5% entre 2022 y 2024, según el Ministerio de Salud, alcanzando $1,44 billones el 2024, equivalente al 4,41% del gasto total en salud— y se ha priorizado la formación de especialistas y la inversión en infraestructura, aún estamos lejos del nivel que destinan los países más desarrollados, que en promedio alcanza el 6,7% del gasto en salud (OCDE). Y esa brecha amenaza con ampliarse: en abril, la ministra de Salud debió salir a responder tras filtrarse un oficio de Hacienda que planteaba descontinuar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio dentro del ajuste presupuestario para 2027. Que ese programa esté en la mira justo cuando se conmemora este día revela cuán frágil sigue siendo el compromiso institucional con la materia.

De ahí la urgencia de seguir profundizando la inversión en salud mental y de propender a un abordaje integral que involucre a toda la sociedad, que es, en definitiva, lo que propone la ley que llevamos años esperando. Una política pública sólida no puede depender de la voluntad de cada gobierno: requiere un marco que financie con continuidad los programas y garantice que quien hoy pide ayuda no quede sin respuesta mañana.

La prevención tampoco es solo un asunto clínico: detección temprana, restricción del acceso a medios letales, redes de apoyo activas, capacitación de quienes están en primera línea y el acompañamiento a familias y comunidades después de un suicidio son tan relevantes como la atención psiquiátrica especializada.

Conmemorar este mes debiera ser un punto de partida, y no un hito aislado en el calendario, con compromisos concretos y sostenidos en el tiempo.