Mi nombre es Matías Tomás Jorquiera Sotomayor y escribo toda vez que el reportaje de CIPER  del 31 de agosto de 2026, denominado “Corte de Talca sanciona a conservador Najle por emitir  certificados que permitieron vender inmuebles embargados”, me menciona de una forma que no  se ajusta a la verdad y que me ha causado un daño irreparable a mi honra. Ejerzo mi derecho de  aclaración y rectificación conforme al artículo 16 de la Ley N.º 19.733, el cual reconoce el  derecho a toda persona “ofendida o injustamente aludida” por un medio de comunicación social y  obliga a difundir gratuitamente su aclaración o rectificación. 

No puedo leer sin indignación la forma en que CIPER decidió mencionarme. Justo después de un  relato extenso sobre certificados falsos, embargos ocultados y una investigación por lavado de  dinero, el reportaje afirma que mi nombramiento como Conservador interino de Cauquenes “ya  había sido cuestionado por depósitos de $3 millones mensuales realizados a su antecesor durante  seis meses tras asumir”. Puesta ahí, en medio de hechos tan graves, esa frase no informa, sino que  insinúa. Deja al lector con la idea de que esos pagos tienen algo sospechoso, algo que ver con  cómo llegué al cargo, y esa idea es completamente falsa. A CIPER le habría bastado una sola  pregunta para saberlo, y no la hizo. 

Esos “depósitos” eran, sencillamente, el arriendo de la oficina donde funcionaba el Conservador  de Bienes Raíces y Archivo Judicial de Cauquenes. El inmueble, ubicado en calle Victoria N.º  415-A, segundo piso, el cual es propiedad del señor Najle, y yo lo arrendé para poder ejercer el  cargo, como consta en un contrato de arrendamiento debidamente autorizado. Tengo ese contrato,  tengo el certificado de dominio vigente que acredita que el inmueble es del señor Najle, y tengo  el respaldo de cada uno de los pagos mensuales. No hay nada oculto en esos $3 millones al mes,  es la renta de una oficina, pagada puntualmente y sin vínculo alguno con mi nombramiento. 

Lo que más me preocupa no es solamente que CIPER se haya equivocado, sino que tenía todo lo  necesario para no equivocarse. El propio reportaje reconoce que yo ya había explicado  públicamente el origen de esos pagos. Esa explicación está en El Mostrador desde el 16 de febrero de 2026, donde declaré, sin dejar espacio a dudas: “Descarto de manera categórica  cualquier vínculo con actos irregulares o ilegales relacionados con la situación que actualmente lo  afecta.” Ahí quedó claro, siete meses antes de este reportaje, que esos pagos correspondían al  arriendo del inmueble comercial donde trabajaba. CIPER no solo conocía esa aclaración, además  se comunicó conmigo directamente antes de publicar, y tuvo la oportunidad de preguntarme  sobre el punto y reitero, no lo hizo. 

El correo que me envió la periodista Catalina Olate para coordinar esta nota, lo deja en evidencia.  Contiene cuatro preguntas: si apelaría la censura por escrito, por qué no denuncié las  irregularidades que detecté, si sabía de una investigación penal en curso, y si tengo “algún tipo de  relación” con el ministro suplente Álvaro Saavedra, quien votó por absolverme y que meses antes  me dio uno de sus votos en una terna de notario. Ninguna de esas cuatro preguntas mencionó los  pagos al señor Najle, aunque la periodista sabía de su existencia y aunque el reportaje terminaría  destacándolos como si fueran sospechosos. En cambio, sí hubo espacio para preguntarme, sin  ningún antecedente que lo justifique, si tenía una relación indebida con un ministro, la cual  vuelvo a negar rotundamente. Me cuesta entender cómo un medio que dice guiarse por la  imparcialidad y la neutralidad decide no preguntar sobre lo único que finalmente publicaría de  forma insinuante, y en cambio dedica una de sus pocas preguntas a sugerir algo que nunca  existió. 

CIPER declara públicamente que su periodismo debe ser imparcial, independiente y neutral,  presentando los antecedentes “de manera equilibrada” para que el público forme su propio juicio.  En mi caso ocurrió lo contrario, omitiéndose la única pregunta pertinente, ya aclarada meses  antes, y se instaló en su lugar una insinuación de sospecha. Eso contradice, en los hechos, los  propios principios que CIPER dice defender. 

Por eso pido, formalmente, que CIPER publique esta aclaración de manera íntegra y gratuita,  conforme al artículo 19 de la Ley N.º 19.733, corrigiendo el párrafo sobre los depósitos y dejando  establecido con claridad que esos pagos correspondían al arriendo documentado del inmueble  donde funcionaba el Conservador de Bienes Raíces y Archivo Judicial de Cauquenes, hecho que  puedo acreditar con el contrato, el certificado de dominio y los comprobantes de pago, y que  además ya había sido aclarado públicamente por mí desde febrero de 2026. Pido que esta  rectificación se publique como nota visible al comienzo del reportaje, íntegra, sin cortes, en la  misma página y con un despliegue similar al de la información original, tal como exige la ley, sin  renunciar a ninguna acción constitucional, civil o penal que pueda corresponderme por el daño  causado a mi reputación y a mi honra. 

Atentamente, 

Matías Tomás Jorquiera Sotomayor