El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló ante la Comisión de Seguridad del Senado que 22 alcaldes cuentan con protección policial tras haber sido amenazados. CIPER contactó a ocho de esos ediles y conversó además con otros ocho que, aunque no tienen custodia, denuncian haber sido amedrentados. Sus experiencias dan cuenta de un escenario preocupante: amenazas de muerte, advertencias de que sus casas serán quemadas, además de intimidaciones con cuchillos y disparos. En uno de los casos, los mensajes llegaron directamente a los hijos de la autoridad que los instaban a suicidarse.

Mensajes a sus hijos instándolos al suicidio, disparos en plena campaña, amenazas de barras bravas y destrucción de sus vehículos. Esas son algunas de las intimidaciones que alcaldes relatan haber vivido en los últimos nueve años. El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló ayer ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado que 22 alcaldes de todo el país cuentan actualmente con medidas de protección por amenazas o agresiones. CIPER constató que, de ese total, ocho reciben acompañamiento policial en forma diaria y todos representan comunas de la Región Metropolitana.

Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI) cuentan con efectivos policiales dedicados a la Protección de Personas Importantes o PPI. Estas divisiones especializadas, se encargan de brindar custodia permanente a personas con figuración pública que requieren resguardo en actividades públicas o privadas. 

Los amedrentamientos que enfrentan alcaldes en el ejercicio de su función pública, volvió a preocupar a las autoridades desde que el pasado 1 de septiembre, se dio a conocer que una banda criminal planeaba atentar contra la vida del alcalde PS de San Bernardo, Christopher White. Esto, luego de la captura del líder de la agrupación, Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”. Tras este hecho, White suma en total seis amenazas de muerte y, según consignó Ex-Ante, cuenta con protección policial desde 2025. 

Según información pública, al menos 16 alcaldes han hecho noticia en los últimos años por denunciar amenazas de distinto tipo. Al ser consultados, 13 de estos relataron a CIPER el tipo de amedrentamiento recibido. Y uno, Mario Desbordes, solo confirmó que tenía un PPI asignado. Del total, cinco señalaron que las intimidaciones fueron ejecutadas por personas vinculadas al crimen organizado o a asociaciones criminales. Cuatro ediles explicaron que las amenazas provenían por parte de barras bravas. Uno reportó que las amenazas llegaron a sus hijos. Y dos jefes comunales fueron amenazados por comerciantes ambulantes. Para hacerles llegar estos mensajes violentos, las personas involucradas recurrieron a las redes sociales, principalmente Instagram. Algunos explican que las intimidación se ejecutaron en actividades públicas.

Esta es la lista de 16 alcaldes amenazados y los ocho que mantienen protección policial: 

1) Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana. En 2017 fue amenazada mediante audios difundidos por grupos de WhatsApp por un funcionario de la Municipalidad de San Ramón. En marzo de este año fue amenazada por un grupo de aproximadamente 30 personas durante una fiscalización de inmuebles. Cuenta con PPI.

2) Miguel Concha, alcalde de Peñalolén. Fue amenazado en tres ocasiones: las primeras tras inhabilitar un canódromo ilegal de galgos, la segunda por demoler dos casas narcos y la tercera por borrar rayados de una barra brava. Todas fueron amenazas de muerte mediante redes sociales. Cuenta con PPI.

3) Gustavo Toro, alcalde de San Ramón. Desde 2017 ha recibido amenazas desde mensajes por redes sociales hasta intimidaciones en actos públicos. En tres ocasiones, estando en periodo de campaña, se han producido disparos cerca suyo para amedrentarlo, según informó la autoridad. Cuenta con PPI desde 2021.

4) Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura. Ha recibido amenazas de forma presencial y por redes sociales. En una ocasión una persona se presentó en la alcaldía gritando que portaba un cuchillo, además de ir a otras dependencias municipales en busca de la alcaldesa. En otra, recibió una corona de flores como forma de amedrentamiento. Cuenta con PPI desde hace 5 meses.

5) Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo. En febrero de este año informó que “entre varias bandas de narcotraficantes” ofrecieron $100 millones por su “cabeza”. Además, fue amenazada a raíz de una situación con una concejala vinculada al crimen organizado. Cuenta con PPI.

6) Mario Desbordes, alcalde de Santiago. El edil solo confirmó a CIPER que mantiene protección policial. Según información pública, en mayo de 2025 se difundió la imagen de un lienzo con su cabeza siendo apuntada por una pistola, en el marco del Día del Joven Combatiente. También se viralizó un panfleto con la frase: “Muerte a Desbordes y a el gobierno fascista $hileno”. En esa ocasión, Desbordes apuntó específicamente a «algunos grupos vinculados a algunos establecimientos emblemáticos» de la comuna. Cuenta con PPI.

7) Christopher White, alcalde de San Bernardo. En septiembre de este año la PDI dio a conocer que una banda criminal, liderada por el “Indio Juan”, planeaba atentar contra su vida. En total, suma seis amenazas de muerte. Cuenta con PPI.

8) Felipe Muñoz Heredia, alcalde de Padre Hurtado. La primera amenaza fue en agosto de 2025, tras realizar un operativo de allanamientos simultáneos en distintas casas de la comuna, junto a Carabineros. En julio pasado una persona amenazó con golpearlo “donde lo pillara”. Cuenta con PPI.

9) Fares Jadue, alcalde de Recoleta. Fue objeto de dos amenazas de muerte. La primera fue por redes sociales a pocos días de haber asumido. La segunda fue durante un acto público con vecinos del sector Bombero Mártir.

10) Felipe Muñoz Vallejos, alcalde de Estación Central. Al inicio de su gestión en 2021 y en febrero de 2026, recibió amenazas de personas que ejercen el comercio informal. Sin embargo, el alcalde ha “desdramatizado” las situaciones diciendo que “es parte de lo cotidiano”.

11) Agustín Iglesia, alcalde de Independencia. Recibió intimidaciones de la Garra Blanca tras oponerse a que se jugara un partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura, ubicado en Independencia. Amenazaron con quemar su casa. Los individuos tenían información personal como su dirección y su rut.

12) Rubén Méndez, alcalde de San Carlos. Hace dos meses le enviaron mensajes extensos a sus hijos a través de Instagram. El alcalde los calificó como cartas amenazantes y violentas que instaban a sus hijos al suicidio. No cuenta con PPI, pero Carabineros realiza recorridos fuera de su domicilio.

13) Renán Cabezas, alcalde de El Carmen. Recibió amenazas de un individuo que había sido detenido por Carabineros tras haber participado en un robo en lugar habitado. Tras salir de detención el imputado consiguió su número y le ha enviado mensajes amenazantes a través de audios de WhatsApp. No cuenta con PPI, pero funcionarios policiales lo visitan una vez al día, por un periodo de 30 días.

14) Héctor Muñoz, alcalde de Concepción. Al inicio de su gestión recibió amedrentamientos de una persona que se identificaba como hincha de Colo-Colo, quien también amenazó con disparar a la Municipalidad. Tras los hechos, interpuso una querella que aún no tiene respuesta.

15) Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique. Ha recibido amenazas de muerte dirigidas hacia él y su familia en cuatro ocasiones desde 2021. Una de ellas fue de un familiar de una persona detenida por vender licencias de conducir falsas, denunciada por el municipio. La más reciente fue la última semana de agosto. En tres ocasiones fueron personas directas a las que se les dio orden de alejamiento.

16) Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar. En 2025, una persona la amenazó, a través de Instagram, con atacarla con un arma de fuego luego de un operativo contra el comercio ambulante en el Muelle Vergara. 

Christopher White, alcalde de San Bernardo (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno).

LA PROTECCIÓN A LOS ALCALDES

En marzo pasado, la Asociación de Municipalidades de Chile ingresó al Congreso un proyecto que pretende modificar el Código Penal, con el objetivo de aumentar las penas para quienes amenacen a autoridades comunales en el ejercicio de sus funciones. Uno de los cambios propuestos por la asociación es reemplazar el artículo 267 del cuerpo normativo —que condena la violencia o fraude infringidos a un parlamentario, un miembro de los tribunales superiores de justicia o del Consejo del Estado con 61 a 540 días—  por uno que castiga con 541 días a 5 años de presidio a quienes empleen violencia o amenacen al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, autoridades regionales, fiscales y a todo funcionario público.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, condenó la amenaza al  alcalde Christopher White y mandó un mensaje para los amedrentadores: “A todos aquellos que osen amenazar a una autoridad, sepan que vamos a ir por ellos”. 

Tras cifrar en 22 alcaldes que hoy mantienen protección policial —y 18 los fiscales en ejercicio que también cuentan con custodia tras recibir amenazas— el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó algo preocupante: «Es lamentablemente esperable que la delincuencia organizada trate de controlar un territorio y que enfrente a quienes intentan evitar que tomen control de ese territorio”, dijo. 

La amenaza de que el crimen organizado intente cobrar víctimas en el mundo municipal, es una de las preocupaciones inmediatas del Estado. Y también lo es de los propios alcaldes. Según los relatos de los 13 alcaldes contactados por CIPER, al menos cinco señalaron que han recibido amenazas de individuos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, la Municipalidad de Peñalolén informó que una de las ocasiones en que el alcalde Miguel Concha recibió amenazas fue tras demoler casas de narcos. Asimismo, Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, señaló que los hostigamientos en su contra comenzaron luego de denunciar la contratación de funcionarios vinculados al narcotráfico. La situación de la alcaldesa Javiera Reyes de Lo Espejo,  alarmó no solo a su comuna cuando denunció haber recibido amenazas de bandas narcotraficantes que pusieron un precio para contratar sicarios y matarla.

Hasta el momento, existen dos casos reportados que involucran a familiares de un alcalde. Uno es el del jefe comunal de San Carlos, Rubén Méndez, cuyos hijos fueron blanco de amenazas de muerte. Según reconoció a Radio Contacto, el hecho generó angustia en el entorno cercano del edil luego de que el 27 de junio pasado, sus dos hijos recibieron extensos mensajes en sus cuentas personales de Instagram: “No era un mensaje breve. Eran verdaderas cartas. Se tomaron harto tiempo para redactar dos cartas distintas, uno cada uno, muy amenazantes, muy violentas. Los instaban a quitarse la vida, porque, si no lo hacían, la persona que escribe se la iba a quitar, que les iba a destruir la vida, por algo que supuestamente yo les hice como alcalde”. Después de denunciar, asignaron a funcionarios de Carabineros para patrullar en las afueras del condominio donde vive. El alcalde se quejó de la medida, porque no solucionaba las cosas: “A mí en realidad me preocupaban mis hijos, que estudian fuera, no viven acá permanentemente”, dijo. 

La familia del alcalde Carlos Gatica de Coyhaique también ha sido objeto de intimidaciones. El edil contó a CIPER que él y su familia recibieron amenazas en 2021, 2023 y 2025, después de que él denunció una red de fraude por licencias de conducir que terminó con la detención de dos funcionarios de la Dirección de Tránsito y un trabajador de la salud de la comuna. “En tres oportunidades fueron personas directas quienes me amenazaron y se les dio orden de alejamiento. Uno de ellos era familiar de los funcionarios que fueron arrestados por el caso de las licencias de conducir”, explicó el jefe comunal. No contó con protección policial, pero se dispusieron patrullas afuera de su casa para hacer rondas intensivas. Hace dos semanas recibió una nueva amenaza, pero no entregó más detalles al respecto.