Señor director:

El proyecto de ley ingresado esta semana por parte del Ejecutivo tendiente a, entre otras cosas, postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 sobre Protección y Tratamiento de Datos Personales y que además crea la Agencia de Protección de Datos Personales, merece ser analizada no solo desde las dificultades prácticas que supone implementar una nueva regulación, sino también desde la señal que una decisión de esta naturaleza puede transmitir.

La reforma es el resultado de aproximadamente siete años de tramitación legislativa y de un esfuerzo sostenido de académicos, profesionales, autoridades y parlamentarios que, desde distintas perspectivas, contribuyeron a construir un nuevo estándar para la protección de los datos personales en Chile. A ello se han sumado, desde su publicación, importantes esfuerzos de preparación por parte de empresas, organizaciones y profesionales.

La Ley N° 21.719, además, trasciende la creación de nuevas obligaciones, facultades fiscalizadoras y sanciones. Expresa un cambio cultural en la manera en que comprendemos el valor de nuestros datos personales, los derechos de sus titulares y la responsabilidad de quienes los tratan.

Desde la academia también hemos acompañado este proceso con especial interés, preparando a nuestros estudiantes para desenvolverse bajo un estándar de protección sustancialmente más exigente.

Las dificultades que ha enfrentado la instalación de la nueva institucionalidad son atendibles. Sin embargo, cualquier postergación debiera ponderar también el valor de preservar el impulso generado durante estos años, el cual busca instalar en nuestro país un cambio cultural en la protección de nuestros datos personales, garantizados en la mismísima Constitución Política de la República.