Contribuciones: el problema no es la compensación, es la autonomía municipal

El autor de esta columna cuestiona la aprobación de la compensación a los municipios a propósito de la exención de contribuciones a los mayores de 65 años. Sostiene que «lo más preocupante es que convierte los recursos que tienen su origen en el Fondo Común Municipal o en la recaudación propia de los municipios -permanentes, autónomos, no sujetos a negociación- en transferencias fiscales anuales, condicionadas a metas de gestión definidas centralmente y expuestas a la discusión de cada Ley de Presupuestos. Un municipio compensado al 100% este año no tiene garantía alguna de estarlo el próximo. Lo que hoy es un derecho fiscal municipal pasa a ser una glosa presupuestaria».

Imagen de portada: Francisco Castillo / Agencia Uno

El proyecto de reforma de emergencia que el gobierno presentó a trámite legislativo fue aprobado esta semana. Se trata de un éxito del Ejecutivo que, dada la magnitud y la diversidad de asuntos incluidos en el proyecto, logra aprobarse en un tiempo relativamente breve y con apoyos adicionales al bloque oficialista.

El conjunto de iniciativas tiene como telón de fondo un diagnóstico sobre el país que heredó del período de Gabriel Boric que sostiene que estamos en una situación que justifica medidas de carácter excepcional. Esto fue muy claro en las primeras semanas del gobierno de Kast en donde las declaraciones sobre el «estado de quiebra» de las finanzas públicas fue muy notorio.

Entre las medidas presentadas, se encuentra la exención del pago de contribuciones para todos los propietarios mayores de 65 años, independientemente de cualquier otra consideración. Cabe señalar que ya existe un mecanismo a través del cual los contribuyentes pueden solicitar al SII una rebaja de las contribuciones que puede llegar hasta el 100% dependiendo del rango ingresos. (Ingresos anuales ≤ 13,5 UTA (≈ $11.120.814 en 2026); rebaja del 100%; Ingresos entre 13,5 y 30 UTA (≈ $25.110.360); rebaja del 50%; la rebaja es automática si se cumplen los requisitos)

Esta fue una de las medidas que más controversia generó. El mundo municipalista, tanto oficialista como de oposición, se opuso a las primeras propuestas que no incluían la compensación o que, más adelante, incluían un porcentaje de compensación. El 16 de julio Hacienda presentó una indicación de compensación total (ingresos propios + Fondo Común Municipal –FCM-), y la Comisión Mixta la aprobó el 22 de julio.

Además, abrió otro frente en el debate: el de la desigualdad de recursos de que disponen cada uno de los municipios del país. El argumento de fondo defendido por un grupo de alcaldes opositores (Vodanovic, Delfino, Castro) es distinto y representa la necesidad de reformar el FCM y sus criterios de distribución: solicitan que los ~US$70 millones de ingresos propios se inyecten al FCM y se distribuyan con criterios redistributivos, en vez de reponerse comuna por comuna. Es decir: la compensación congela la estructura actual de ingresos y le resta al FCM su función igualadora hacia adelante. Ese argumento es más fino y sigue vivo.

Es importante comprender la relevancia de las contribuciones para los municipios del país. Desde la aprobación de la Ley de Rentas Municipales durante la dictadura (1979) existe el Fondo Común Municipal (FCM) que es un mecanismo de distribución solidaria entre los municipios que permite transferir recursos desde municipios más ricos hacia municipios más vulnerables. Los recursos propios de los municipios son diversos; incluyen los permisos de circulación, las tasas por servicios, multas, patentes comerciales y las contribuciones. En lo que respecta específicamente a este último ingreso, todos los municipios aportan al FCM el 60% de lo recaudado por concepto del impuesto inmobiliario a excepción de Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia que aportan 65%. Los recursos del FCM se distribuyen 25% en partes iguales entre todos los municipios y 75% en función de criterios de vulnerabilidad socioeconómica y territorial.

Dada la concentración de la riqueza y la desigualdad socio territorial que esta genera, las viviendas de más valor que pagan más contribuciones están en muy pocas comunas y la mayoría de las municipalidades recaudan comparativamente mucho menos dado que allí se ubican viviendas que están exentas del pago de las contribuciones. Cabe recordar que las viviendas con un valor fiscal inferior a $60.030.710 (2026) no pagan contribuciones.

La ley aprobada exime del pago de las contribuciones a todos los propietarios mayores de 65 años generando una merma en la recaudación que se estima en aproximadamente 190 mil millones de pesos. Desde la perspectiva de los municipios, esta medida tiene una doble afectación: por un lado, en la propia recaudación (el 35% para los municipios que más aportan y 40 para todos los otros; por otro lado, en lo que reciben por la vía del FCM). Y dado que los criterios de distribución del FCM privilegian los factores socioeconómicos entregando más recursos a los municipios más vulnerables, la exención perjudica más a los municipios más pobres. Es interesante destacar que 51 mil millones de ese total proviene de tres municipios (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea)

Y se trata de un monto a compensar que, con el envejecimiento de la población, solo irá creciendo de manera permanente. Los datos de Hacienda muestran que en Vitacura el 24,1% de los inmuebles habitacionales quedará exento; La Reina 19,1%; Las Condes 18,8%. Con el envejecimiento de la población, esa proporción crecerá cada año: la base del FCM se contrae estructuralmente y la compensación fiscal crece sin techo.

Desde mi punto de vista, este componente de la ley aprobada tiene tres flancos cuestionables. Por un lado, es evidente que el país requiere más recursos. Durante los últimos días el país se ha visto afectado por fuertes temporales que han dejado en evidencia las fragilidades de los municipios; veo en la tele a la alcaldesa de La Serena (oficialista) declarando que solo cuenta con siete generadores eléctricos para enfrentar la crisis.

Por otro lado, el no pago de contribuciones a los mayores de 65 años compensado con cargo al presupuesto general implica una transferencia regresiva de recursos. El principal ingreso del país es el IVA, un impuesto regresivo que pagamos todos los consumidores (bueno, no todos porque existen mecanismos de elusión que permiten evitar el pago del IVA). En la práctica, a través de la alquimia tributaria, el IVA que pagará la persona con la compra del supermercado y que gana el salario mínimo terminará subsidiando mejoras en las propiedades de las personas de más altos ingresos del país.

Finalmente, la medida afecta la autonomía de los recursos provenientes del FCM. La ley establece que los recursos de la compensación serán entregados a los municipios en tanto cumplan con dos requisitos: a) mantener actualizada ante Dipres la información sobre personal municipal; b) reducir en al menos 30% los tiempos de tramitación de determinados permisos, respecto del período 2023-2025.

La compensación repara la merma inicial de ingresos, pero cambia la naturaleza del ingreso municipal. Además, recarga con trabajo adicional a equipos municipales ya sobrecargados.

Pero lo más preocupante es que convierte los recursos que tienen su origen en el Fondo Común Municipal o en la recaudación propia de los municipios -permanentes, autónomos, no sujetos a negociación- en transferencias fiscales anuales, condicionadas a metas de gestión definidas centralmente y expuestas a la discusión de cada Ley de Presupuestos. Un municipio compensado al 100% este año no tiene garantía alguna de estarlo el próximo. Lo que hoy es un derecho fiscal municipal pasa a ser una glosa presupuestaria.