El Ministerio Público indaga un depósito en efectivo de $13 millones a Gonzalo Migueles realizado por un cliente de Eduardo Lagos que declaró lo hizo a petición del penalista. La transacción ocurrió a cuatro días de que la exministra Ángela Vivanco destrabara un proyecto de Inmobiliaria Fundamenta que los abogados Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber asesoraban. Según dio a conocer CIPER en 2025 -publicación por la cual se abrió esta investigación- la inmobiliaria Fundamenta pagó a esos penalistas más de $600 millones para obtener un fallo favorable. La fiscalía tomó declaración a funcionarios del Poder Judicial que describen cómo Vivanco apuró la causa de manera inusual, que sumó al entonces ministro Diego Simpértigue saltándose normas y que presionó para que el fallo se redactara en cuatro días y quedara listo el 1 de marzo de 2023. El ejecutivo de la inmobiliaria, Pablo Medina, reveló ante la fiscalía que el acuerdo con los abogados implicaba que si el fallo salía el 2 de marzo, los honorarios se reducían a la mitad.

El 8 de junio pasado, el Séptimo Juzgado de Garantía dio autorización para que el Ministerio Público accediera a un alzamiento de secreto bancario clave en la arista Fundamenta del caso Hermosilla. La Fiscalía Regional de Los Lagos detectó que un cliente del abogado de esa inmobiliaria, Eduardo Lagos, había hecho un depósito en efectivo de $13 millones en la cuenta de la pareja de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La transacción ocurrió cuatro días después de que Vivanco, junto al exministro Diego Simpértigue, fallaran a favor de la Inmobiliaria Fundamenta y destrabaran un recurso que implicaba una inversión de US$300 millones de la empresa.    

En el escrito que el fiscal Marco Muñoz envió a tribunal -al que tuvo acceso CIPER- se señala lo siguiente: 

“Nos encontraríamos frente a un pago efectuado por interpósita persona por encargo del imputado Eduardo Lagos a Victor Gonzalo Migueles, pareja de la entonces Ministra de la Exma Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez, por su intervención en la resolución de la causa en que se falló a favor de Plaza Egaña SPA [empresa de Inmobiliaria Fundamenta], dinámica similar a la que se verificó en la tramitación de la causa que se investiga, relacionada a la tramitación y fallo sobre recurso de protección caratulada ‘Consorcio Belaz Movitec con Codelco’, en que se encuentran formalizados por delitos de soborno, cohecho y lavado de activos”.

En noviembre de 2025, CIPER dio a conocer que, a parte del caso denominado trama bielorrusa, existía otro con mismas características y protagonistas, y que se relacionaba con un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta. También, que según las cuentas de la sociedad de Lagos, Vargas y Silber, esa empresa pagó más de $600 millones a esos abogados para que, entre otras cosas, sacaran del caso al exministro Sergio Muñoz, y con ello se destrabara el caso (vea esas investigaciones).  

Hoy, el Ministerio Público no solo detectó un presunto pago a Gonzalo Migueles, la pareja de Vivanco, que vincula al fallo favorable que obtuvo ese proyecto, también acumuló en su investigación testimonios de funcionarios del Poder Judicial que describen cómo la exjueza apuró la causa y solicitó de manera inusual que ese fallo saliera lo antes posible. 

Esas declaraciones tienen un correlato con lo que también describió Pablo Medina, uno de los ejecutivos del proyecto: que el pago de 16 mil UF a los abogados solo se haría si el fallo favorable en la Suprema salía antes del 1 de marzo de 2023, porque en abril debían seguir las obras o se iban a quiebra. Y de salir a partir del 2 marzo, los honorarios bajaban a 8 mil UF. 

La relatora Sandra Araya, que estuvo en la sala cuando el fallo quedó en acuerdo y solo faltaba redactarlo, señaló a los fiscales que Vivanco ordenó sacar la resolución inmediatamente. Y que recibió presiones para apurar eso de parte de la secretaria del ministro Mario Carroza, quien había quedado a cargo de redactarlo. 

Carroza también entregó su testimonio en la causa el 24 de junio pasado, y señaló lo siguiente:  

“Recuerdo que luego de la vista de la causa, Sandra Araya me dijo que la Ministra Vivanco le instruyó que el fallo tenía que salir rápido, no recuerdo las palabras precisas, si fue breve, mañana o rápido, y como era yo el redactor y en tal calidad tenía que revisarle el borrador o proyecto de fallo a Sandra, una vez que ella me lo entregó por medios electrónicos a través de mi secretaria era Elvira Lineros, yo lo reviso y devuelvo a la relatora para que distribuya a los demás Ministros. Este fallo salió muy rápido, el 1 de marzo de 2023, días después de la vista de la causa, y eso no es usual, no es normal esta rapidez, por esta materia”, dijo.  

En su escrito ante el tribunal, la fiscalía expone las contradicciones que plantea la versión de Migueles y la persona que le depositó los $13 millones en su cuenta y que coinciden con el fallo que Vivanco había impulsado en el Caso Fundamenta. 

Esto porque el depositante, Martín Peña, aparte de señalar que fue Lagos quien le pidió depositar esa plata en la cuenta de la pareja de la ministra, explicó que lo hizo porque, también a petición de Lagos, le vendió una retroexcavadora a un tipo llamado Sebastián Subiabre. Y que ese dinero fue el que depositó a Migueles. Pero, este último dijo algo totalmente distinto cuando la fiscalía le preguntó el 24 de abril pasado por ese depósito: 

 “No sé quién es Martín Peña, no me acuerdo de qué pudo haber sido ese depósito… Ahora que recuerdo, ese depósito corresponde a la venta de un comedor que tenía heredado, antiguo, de madera fina con enchapado precioso, la mesa se alargaba, era para ocho comensales y se podía alargar hasta 10, las sillas estaban impecables. No recuerdo qué madera era, pero era café, se lo despaché y después me lo pagó. El comedor lo ofrecí a la venta en una página de internet donde uno ofrecía productos, no recuerdo cual, y por esa vía Martín Peña me ubicó, esto es por Internet, había una página donde uno ofrecía productos, no me acuerdo cómo se llamaba. Él nunca vino a ver el comedor”, declaró. 

Estos antecedentes se suman a otra información publicada por CIPER: el exministro Simpértigue, cercano a Lagos y Vargas, y quien integró la Tercera Sala de la Corte Suprema para el fallo clave gracias a la intervención de Vivanco, se fue junto a los abogados de Fundamenta y sus parejas, a viajar por Europa en un crucero financiado por Vargas (vea esos reportajes acá y aquí ).

CIPER tomó contacto con Marcelo Abujiar, abogado de Eduardo Lagos, quien declinó referirse al tema, señalando que aún quedan recursos pendientes en la causa. El gerente de Fundamenta, Pablo Medina, no respondió ni los mensajes ni los llamados de CIPER. Tampoco hubo respuesta del abogado de Gonzalo Migueles, Álex Carocca.    

LOS 13 MILLONES Y LA TRAMA DE LA RETROEXCAVADORA

El 27 de febrero de 2023, el abogado Eduardo Lagos vendió una máquina retroexcavadora. Lo hizo a través de un intermediario, Martín Peña, un antiguo cliente suyo, quien a cambio de una comisión se hizo cargo del proceso. La operación le reportó $13 millones a Lagos, pero, el dinero nunca ingresó a sus cuentas bancarias: según declaró ante la fiscalía el propio Peña, este fue depositado a Gonzalo Migueles, pago realizado cuatro días después de que la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por su pareja Ángela Vivanco y el exministro Diego Simpértigue, fallaran a favor de Fundamenta. 

“Al día siguiente, es decir, el día 28 de febrero del año 2023, fui a la Sucursal del Banco Chile en la comuna de Castro a cobrar el cheque, retirando el dinero en efectivo, para luego trasladarme hasta la sucursal del Banco BCI de la misma comuna a objeto depositar $13 millones a una cuenta bancaria que don Eduardo Lagos me solicitó, recuerdo que el sujeto era de apellido Migueles”, declaró Peña el 14 de mayo de 2026.

La transacción es descrita en la solicitud de autorización de levantamiento de secreto bancario interpuesta por el fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marco Muñoz, quien pidió el pasado 6 de junio al 7° Juzgado de Garantía de Santiago acceder a las cuentas bancarias de Los Leones SpA, sociedad de Sebastián Subiabre, el empresario que compró la maquinaria a Lagos.

En el escrito se acompañan chats donde, por un lado, Martín Peña negocia con Subiabre el precio de la retroexcavadora y, por otra, recibe instrucciones de Lagos, quien le indica que el pago se hará con un cheque, el cual Peña debe depositar. Además, en la solicitud de levantamiento de secreto bancario se acompaña la boleta de un depósito en efectivo por $13 millones a Gonzalo Migueles, realizado el 28 de febrero por Martín Peña. 

Para el Ministerio Público, este podría configurar un pago efectuado por interpósita persona de Lagos a Migueles, pareja de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su presunta intervención en la resolución de la causa en que se falló en favor de Plaza Egaña SpA, empresa controlada por Fundamenta, clientes de Lagos. Más todavía cuando Migueles señala sobre esos pagos otra versión, y apunta a que le estaba vendiendo a Peña -de quien inicialmente no se acordaba- “un comedor de madera fina”.

EL TESTIMONIO DE LAS RELATORAS 

A partir de las declaraciones de ministros de la Corte Suprema —entre ellos Mario Carroza—, del exministro Sergio Muñoz, de las relatoras de la Corte Suprema y de un funcionario de la Secretaría del máximo tribunal encargado de la integración de salas, el Ministerio Público logró reconstruir la secuencia de movimientos judiciales que terminaron por destrabar el millonario proyecto de Plaza Egaña SpA, empresa controlada por Inmobiliaria Fundamenta. Esos testimonios permiten seguir, paso a paso, una cadena de acciones de la entonces ministra Ángela Vivanco. 

En su solicitud ante el tribunal para realizar diligencias destinadas a seguir la trazabilidad de los $13 millones que llegaron a la cuenta de Migueles, el Ministerio Público relató también cómo Vivanco inicialmente demoró el envío del proyecto de fallo donde la Tercera Sala ya había acordado rechazar el recurso de Plaza Egaña SpA junto a otros requerimientos. 

El atraso permitió la inhabilitación del exministro, Sergio Muñoz, a partir de que su hija, Graciel Muñoz, había firmado una promesa de compraventa en el edificio Egaña, pero, de la que habría desistido gracias al consejo de su padre.   

“Durante el tiempo que la ministra Vivanco tardó en emitir su fallo (requiriendo gestiones de obtención de información por fuera de la causa ante otros servicios públicos antes de fallar y luego con el tiempo de retardo de la digitadora), se estaban interponiendo acciones procesales destinadas a inhabilitar al ministro Muñoz y anular la vista de la causa, así como también asumir nuevos abogados por Plaza Egaña SPA, el abogado Marco Fuentes, quien con fecha 28 de noviembre de 2022 en representación de Plaza Egaña SPA, ingresa en la Corte de Apelaciones de Santiago, recusación en que se solicita la inhabilidad del Ministro Sergio Muñoz”, describe.  

Las declaraciones también muestran que la ministra desplegó una serie de gestiones que incidieron en el ritmo de tramitación de la causa cuando Muñoz ya no estaba. Pidió consultar el estado de la recusación del ministro Sergio Muñoz en la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Según la relatora Romina Oliva, Vivanco se lo pidió personalmente y bajo el argumento de que Muñoz no lo pasara mal: “La Ministra Vivanco me dice que hay una recusación que se está planteando respecto del Ministro Muñoz en la Corte de Santiago, y me pide que le haga un seguimiento, averiguar en qué sala se iba a ver y la conformación de ésta y que yo debía procurar que se tramitara con la máxima rapidez para se vea pronto, lo que yo realizo. Para justificar ella por qué me estaba pidiendo eso, era para don Sergio Muñoz no lo pasara mal y no se viera afectado”. 

Otra gestión anómala que retratan funcionarios, fue cuando Vivanco hizo que Diego Simpértigue integrara su sala para el fallo clave de ese proyecto. En ese entonces, la opinión pública no sabía que Simpértigue, Lagos y Vargas, tenían una estrecha amistad.  Para que él votara en esa causa, citó a una reunión al funcionario de la Secretaría de la Corte Suprema encargado de confeccionar la integración de las salas, Sergio Quiroz, para pedirle la integración de Simpértigue. Según ese testimonio, Vivanco le dijo a Quiroz que el caso se había convertido en un problema tras su exposición mediática -a causa de la salida de Muñoz- y que era necesario volver a verlo, procurando evitar nuevos inconvenientes con la integración de la sala. 

El funcionario también contó que Vivanco quería una sala integrada solo por ministros, con al menos tres titulares. Al consultarle quiénes debían integrarla, respondió que por antigüedad, le correspondía a la ministra Soledad Melo. Según su relato, Vivanco le dijo que ella tenía un problema personal con Melo y que a su juicio la ministra «no tenía idea sobre derecho público». Quiroz hizo una reflexión final en su declaración: «Mirando hacia atrás, entiendo que ella quería que saliera de la lista la Sra. Melo e integrara la sala el Sr. Simpértigue. No me lo pidió expresamente, pero según lo que me dio a entender no quedaba otra alternativa más que esa», declaró.

Los testimonios también reconstruyen cómo la ministra aceleró la vista de la causa y la dictación de la sentencia para que esta fuera pronunciada antes del 1 de marzo de ese año. Otra relatora también contó que recibió presiones para apurar eso de parte de la secretaria del ministro Mario Carroza, quien había quedado a cargo de redactarlo. 

La fecha era importante: desde el día siguiente, el pago que la inmobiliaria había comprometido con los abogados se reducía a la mitad. “Fue inusual relatar la causa el 24 de febrero de 2023 y que el fallo saliera el primero de marzo, en una causa de esa envergadura”, señaló la relatora Sandra Araya en su declaración. 

Araya también contó al Ministerio Público que la primera vez que supo de la causa fue el 15 de septiembre de 2022, cuando recibió un llamado de la ministra Vivanco en el que le cuenta “que los abogados del proyecto estaban reclamando ya que estaba paralizado el proyecto y que esto estaba generando una pérdida millonaria”. Según declaró el gerente de la inmobiliaria, Pablo Medina, por esas mismas fechas él se reunió por primera vez con Lagos y Vargas, a partir de que ya había tomado contacto con Silber: “No recuerdo fecha exacta, pero debe haber sido antes del 18 de septiembre de 2022. En esa reunión estaba Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber. Les hablé del proyecto, el problema con los vecinos, les hice presente las pérdidas millonarias con la paralización y que esto no podía ser indefinido y que teníamos recursos para aguantar hasta abril de 2023”, contó Medina al Ministerio Público.

EL CRUCERO DE SIMPÉRTIGUE

En abril de 2023, un mes después de fallar a favor de Fundamenta, el entonces ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, zarpó en un crucero junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para recorrer el Mediterráneo en Europa. 

El Ministerio Público acumula en la causa una serie de correos y comprobantes de pagos que dan cuenta de que el ministro y los abogados no solo realizaron la travesía juntos, sino que parte del viaje fue pagado por Mario Vargas. 

El 8 de marzo de 2023, un ejecutivo de la agencia de viajes Goes Travel World envió por correo la confirmación de las cabinas de Simpértigue, Lagos y Vargas en el crucero Costa Smeralda, quienes viajarían con sus parejas. El asunto del correo fue: “Urgente confirmación Carlos [Eduardo] Lagos x6”, y fue enviado a una ejecutiva que se encargó de tramitar el viaje. En el correo se detallan las características de cada una de las habitaciones que utilizarían: una cabina “Grand Suite” para Lagos, una “Suite” para Simpértigue, y una cabina “Balcon Premium” para Vargas. La ruta incluía pasos por Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo, Savona y Marsella. 

Al día siguiente del envío del correo, el abogado Mario Vargas realizó dos transferencias a la agencia Goes Travel World: una por $7 millones y otra por $5,4 millones. 

Semanas después, el 4 de abril, la agencia envió a la ejecutiva los vouchers correspondientes de la reserva. Los seis partirían desde Barcelona el 10 de abril, para regresar una semana después al mismo puerto, e incluían los mismos servicios extra: un día de termas y un paquete de bebidas “de etiquetas premium”. 

Eduardo Lagos declaró ante el Ministerio Público que, junto a su cónyuge, han viajado en múltiples ocasiones con Simpértigue y su esposa, la notario Gilda Miranda: “Tenemos una relación muy cercana, somos muy amigos. Hemos viajado una docena de veces a Europa, Medio Oriente, a África, Perú, Argentina, Brasil, diversos viajes, no recuerdo cuántos”, relató el abogado ante la fiscalía.

La comisión del Congreso que revisó la acusación constitucional en contra de Simpértigue estimó que la documentación que acompañó Felipe Lizama, el abogado que representó al entonces ministro, no fue suficiente para comprobar que el ministro pagó su viaje con Lagos y Vargas. 

Consultado al respecto, el abogado aseguró en esa comisión: “Respecto del pasaje, respecto del crucero, los antecedentes que yo tengo en mi poder, o sea, la relación que yo tengo, es que Mario Vargas tenía los pasajes, compró con su tarjeta y el ministro después le pagó. Solamente el crucero”. Ante esto, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, le preguntó por qué no acompañó pruebas de esto. Lizama aseguró que tuvo que armar la defensa de Simpértigue en solo 10 días, por lo que hay documentos que puede que no haya tenido a la vista. “Estamos trabajando para poder obtenerlos”, aseguró (vea un artículo de CIPER al respecto).