Las autoras de esta columna abordan los complejos desafíos políticos, económicos y democráticos que impone la masificación de las redes sociales en el país. A partir de las directrices de la UNESCO, plantean la urgente necesidad de superar las respuestas reactivas y fragmentadas para abrir un debate multisectorial que siente las bases de una gobernanza integral de las plataformas digitales en el país.

Actualmente, más de un 80% de las personas en Chile reconoce usar redes sociales muchas veces o todos los días, de acuerdo con varias encuestas y estudios que abordan el impacto que tienen estas tecnologías en la vida diaria. Nos hemos acostumbrado a su existencia al punto que las percibimos como un objeto transparente, parte del paisaje.

Pero aquellas utilizadas para informarse o entretenerse, crear contenidos o facilitar las comunicaciones entre personas o grupos, constituyen en la actualidad un objeto complejo de análisis: si bien han facilitado el ejercicio del derecho a expresión y opinión, democratizando la posibilidad de generar contenidos personales, comerciales o informativos, también están mediadas tecnológicamente por corporaciones que definen su funcionamiento mediante el uso de algoritmos cuyo modo de operar es opaco y tienen políticas de moderación que tampoco son de fácil comprensión para las personas.

Este tipo de plataformas han dejado de ser solo son intermediarios neutrales de contenidos y han ido acumulando desafíos en torno a ellas: desinformación —especialmente en contingencias como elecciones, crisis sociales y/o sanitarias—, circulación de discursos de odio hacia comunidades o grupos de la población; la polarización del debate público; los desafíos al modelo de negocios de los medios; su impacto en la formación de niñas, niños y adolescentes, son algunas de las dimensiones que despiertan preocupación por su alcance en relación a cómo construimos una sociedad informada y que valora los principios de la democracia, en un contexto al cual hoy se agrega el desafío de la inteligencia artificial generativa que también comienza a poblar estas plataformas de contenidos y perfiles generados con ella.

El abordaje de estas problemáticas en Chile ha sido reactivo y cortoplacista, mediante comisiones temáticas como la Comisión Asesora contra la Desinformación, proyectos de ley fragmentados sobre la circulación de información falsa o la regulación de contenidos online que duermen en el Congreso y políticas públicas que no llegan a convertirse en políticas de Estado. Todo esto evidencia no sólo vacíos legales, sino también institucionales para abordar estos temas más allá de las contingencias.

A ello se suma que en América Latina y el Caribe las empresas tecnológicas, propietarias de las plataformas, operan en jurisdicciones carentes de marcos regulatorios integrales y tampoco cuentan con una representación legal o comercial bajo jurisdicción nacional, como es el caso de Chile.

En este contexto, desde el Núcleo Transdisciplinario de Regulación de la Convergencia Digital de la Universidad de Chile, se presentó el pasado 19 de junio el documento de política pública “Gobernanza de Plataformas Digitales en Chile: antecedentes y recomendaciones desde la evidencia”, para abrir y convocar un debate amplio sobre el tema: sociedad civil, academia, sector público, y representantes del sector privado, con el propósito de sentar las bases para establecer una hoja de ruta que permita identificar temas prioritarios, detectar desafíos y conectar voluntades.

Este Núcleo, compuesto por académicas y académicos de diversas disciplinas, articuló su trabajo de diagnóstico, recomendaciones y propuestas de acción para Chile basándose en los principios propuestos por las Directrices UNESCO en este tema, publicadas el año 2023, porque ofrecen un marco para proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión, la diversidad cultural y el acceso a la información desde una perspectiva multisectorial, y entendiendo que el cumplimiento de la gobernanza de las plataformas digitales requiere de tres mecanismos complementarios y no excluyentes: autorregulación, corregulación y regulación estatutaria, entendiendo la primera como normas que pueden ser supervisadas y aplicadas por agentes no estatales, incluidas las plataformas; la segunda como mecanismos donde el papel regulador es compartido entre la industria y demás partes interesadas y la tercera como aquella donde uno o varios reguladores independientes toman las decisiones finales sobre el establecimiento de normas para las plataformas.

Este debate y el avance en los distintos mecanismos de gobernanza ya está siendo desplegado en distintos países, siendo el caso del Estatuto de Menores y Adolescentes o  ECA Digital de Brasil, para para proteger a niñas, niños y adolescentes en línea, exigiendo a las plataformas digitales controles de edad estrictos y protección de datos, el caso más cercano y reciente. El policy paper muestra que los desafíos para Chile son urgentes y profundos en la materia. El llamado es a abrir el debate y conectar voluntades entre las diversas actorías sociales con interés en la temática.