Mientras el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal trabaja para ir entregando los informes prometidos por el gobierno del Presidente Kast, el recientemente creado Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG) comienza su implementación con dudas que plantea la autora de esta columna. Ella advierte que «mientras el reglamento de la nueva Ley N° 21.769 (que creó el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno) no dote a los mil auditores de un verdadero blindaje laboral de inamovilidad y tecnología de interoperabilidad en tiempo real, las ventanas para las irregularidades seguirán abiertas».

Imagen de portada: Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregando un informe en La Moneda (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

En su primer discurso presidencial el 11 de marzo de 2026, el presidente José Antonio Kast anunció la realización de auditorías completas al Estado, confirmando semanas después el despliegue de más de mil auditores internos y la conformación de una fuerza de tarea conjunta para revisar la gestión pública.

Su mensaje apuntó a la contratación de una auditoría externa internacional. Sin embargo, su alto costo y el complejo escenario fiscal del país, obligó al gobierno a reemplazar esa idea por una revisión en manos de más de 1.000 auditores internos asociados a unas 500 instituciones del Estado. En esta línea, el 10 de abril, fueron presentadas las primeras ocho señales de alerta (traspasos irregulares de fondos, fragmentación de compras públicas, y anomalías en contrataciones masivas de última hora). 

El mensaje presidencial sobre la materia aclaró que el proceso “no era una persecución, sino una orientación a ordenar la gestión”

¿Cómo podemos interpretar este mensaje? Como un hecho político que busca afectar al gobierno anterior y restar responsabilidades al actual ante “irregularidades” que se mantienen a través de los últimos gobiernos, tanto de derecha como de centro izquierda, o como una real preocupación por la gestión e integridad pública en el aparato estatal.

Al entregar la misión de fiscalización a los auditores internos de los servicios se expone una grave vulnerabilidad estructural del aparato estatal que resta objetividad y validez a tal responsabilidad: el carácter político de sus contrataciones. Históricamente, tales cargos han respondido a cuotas de confianza de la autoridad de turno y no exclusivamente al mérito técnico. Ello resta objetividad e imparcialidad a las fiscalizaciones, desplazando el incentivo desde la detección de irregularidades hacia la protección del capital político del gobierno en ejercicio, transformando las revisiones en trámites meramente formales cuando se ven involucradas responsabilidades de cargos de confianza política y finalizando normalmente ante la detección de irregularidades con la persecución de responsabilidades exclusivamente de funcionarios del nivel técnico profesional. 

No hay duda de que la precariedad del empleo público arrastra graves consecuencias para la gestión del Estado. Mientras no se busquen soluciones estructurales que superen el discurso político y reformen el empleo público, cualquier auditoría no pasará de ser un mero maquillaje gubernamental.

¿Cómo se puede esperar de un auditor interno que denuncie irregularidades si su estabilidad laboral depende exclusivamente del jefe de servicio al que debe fiscalizar? ¿Cómo ese auditor denunciará posibles irregularidades asociadas a los equipos de confianza de la autoridad de turno, jefes de departamentos, de división, asesores de gabinete y otros que son de la confianza política y algunas veces amigos del jefe de servicio que finalmente debe decidir e instruir tomar acciones respecto de tales situaciones?

La “fuerza de tarea” de mil auditores anunciada por el gobierno de Kast operará bajo el mismo miedo institucional, el temor a perder el empleo si los hallazgos incomodan a la autoridad de turno, por lo que el riesgo latente es que su base sea buscar errores del pasado para golpear al adversario político en lugar de transformarse en una herramienta de “mejora continua”. 

Para transformar la gestión pública es imperativo romper con la inercia histórica ante los hallazgos de auditoría. Hasta ahora, el Estado ha priorizado un enfoque punitivo y cosmético basado en sumarios administrativos interminables, despidos masivos justificados por la “pérdida de confianza” y titulares efectistas. Esta dinámica no solo satura el aparato institucional, sino que elude las soluciones estructurales, dejando intactas las vulnerabilidades del sistema, persiguiendo solo el castigo sin preocuparse de la solución y obviando muchas veces las responsabilidades jerárquicas (jefaturas).

El único hito que asoma como un avance sustantivo frente a la inercia histórica del control interno es la reciente creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG) mediante la Ley N° 21.769. Al estructurarse como un órgano descentralizado bajo la tutela técnica del Ministerio del Interior, el SAIG introduce un nuevo diseño institucional para el empleo de sus auditores, buscando sacarlos de la precariedad tradicional a través de la creación de una planta de personal propia, el resguardo de sus años de servicio y la entrega de incentivos económicos de modernización que pretenden homologarlos con otros entes fiscalizadores. No obstante, este avance institucional convive con severos factores negativos y tareas pendientes: la ley aún amarra el destino del servicio al gobierno de turno a través de una dependencia directa del Poder Ejecutivo, y todavía queda por definir el reglamento que determine si los más de mil auditores desplegados en los ministerios contarán con un verdadero blindaje laboral de inamovilidad o si seguirán expuestos a la discrecionalidad política y a las represalias administrativas de sus jefes de servicio directos al momento de denunciar.

El principal catalizador de este problema radica en la distorsión de la discrecionalidad administrativa (Dictamen N° 3.837 CGR). Aunque esta prerrogativa fue diseñada normativamente para otorgar flexibilidad técnica, con frecuencia es malentendida o instrumentalizada por la autoridad de turno para gestionar las instituciones según su conveniencia y plazos arbitrarios, postergando la eficiencia. Esta desnaturalización del marco legal abre una compuerta directa hacia la corrupción administrativa. Cuando este escenario se combina con la ausencia de un control interno vinculante y la persistencia de un empleo público precarizado —donde el personal a contrata y honorarios se ve forzado a acatar ciegamente cualquier instrucción superior para resguardar su fuente laboral—, la institucionalidad se sitúa en el peor de los mundos posibles: un sistema donde el miedo desplaza a la probidad.

Es precisamente en este escenario donde el discurso político se contrapone de forma radical a la realidad imperante, evidenciando un claro fenómeno de desacoplamiento institucional. Quienes mejor visualizan esta contradicción son los funcionarios de nivel técnico-profesional, quienes constatan que, más allá de la retórica gubernamental, no existe un interés real por solucionar los problemas estructurales del sector público. Ante esto, el profesional del Estado se queda sin margen de maniobra para gestionar o proponer mejoras, cayendo en una inmovilidad forzada. Esta parálisis se agudiza cuando, ante cualquier hallazgo de irregularidad, el sistema corta el hilo por lo más delgado: se buscan responsabilidades exclusivas en el analista o ejecutor técnico, tratándolo de manera aislada como si fuera un actor autónomo y no el eslabón de una cadena jerárquica donde las jefaturas y las autoridades políticas —quienes ostentan el verdadero poder de decisión y cuyas omisiones normativas suelen desestimarse— eluden sistemáticamente su responsabilidad.

En este escenario, las auditorías anunciadas por el Presidente Kast podrían ser un efectivo instrumento de control de daños fiscales y de confrontación política hacia el pasado; muy probablemente se lograrán detectar y masificar comunicacionalmente los errores y posibles irregularidades de la administración del expresidente Gabriel Boric; podrán utilizar los hallazgos como respaldo técnico y legal para desvinculaciones masivas de personal en calidad jurídica de contrata y honorarios del gobierno anterior; se podría llegar a instruir una gran cantidad de procesos sumariales que demorarán años en resolverse y que, como en muchas oportunidades, sus resultados se verán influenciados por la jerarquía que ocupan los inculpados dentro de la organización y por su cercanía al jefe de servicio, que es la autoridad que decide una posible medida disciplinaria o su sobreseimiento. Los funcionarios públicos optarán por el cumplimiento formal estricto («hacer solo lo que el papel dice») y evitarán proponer mejoras, innovaciones o denunciar fallas por temor a que la discrecionalidad de la autoridad de turno ponga en riesgo su empleo precario.

Con todo ello, es muy probable que las auditorías anunciadas por el actual gobierno fracasen en incorporar una cultura real de integridad y modernización de la gestión pública.

Mientras el reglamento de la nueva Ley N° 21.769 (que creó el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno) no dote a los mil auditores de un verdadero blindaje laboral de inamovilidad y tecnología de interoperabilidad en tiempo real, las ventanas para las irregularidades seguirán abiertas.

Mientras persista el desinterés transversal de los gobiernos por erradicar la precariedad de las contratas y honorarios, y mientras la discrecionalidad administrativa se use para la comodidad de la autoridad y no para la eficiencia, las fuerzas de tarea serán solo un paliativo cosmético. El Estado chileno seguirá atrapado en el peor de los mundos: un sistema que gasta millones en perseguir la falta una vez cometida, pero que es estructuralmente incapaz de encontrar e implementar soluciones y proteger al funcionario técnico que quiere prevenirla.