El autor de esta columna plantea que la expansión de la inteligencia artificial obliga a replantear el concepto de soberanía digital, poniendo el foco en la gobernanza, el control de los datos y la regulación de los sistemas que ya influyen en decisiones clave para la ciudadanía. Concluye que «no se puede permitir que las decisiones que moldean a la sociedad que van desde la asignación de recursos públicos hasta la evaluación de créditos o el acceso a la salud, sean tomadas en «cajas negras» bajo jurisdicciones ajenas a los intereses y leyes ciudadanas. Reclamar y ejercer una soberanía digital es, en última instancia, la mejor manera de defender los derechos civiles y garantizar la autonomía en esta prometedora era de la información».

En la vertiginosa carrera hacia la adopción tecnológica global, la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una lejana promesa de ciencia ficción para convertirse en el motor invisible que impulsa nuestras instituciones, empresas y, cada vez más, las decisiones que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, en medio del entusiasmo por las nuevas capacidades tecnológicas, un concepto fundamental está quedando de un lado en el debate público: la verdadera soberanía digital.

Durante años, tanto en Chile como en el resto de América Latina, se ha operado bajo la premisa incompleta de que la soberanía digital se limitaba estrictamente a la geografía; es decir, a la simple ubicación física de los servidores que almacenan nuestros datos. Hoy, esa visión ha quedado obsoleta.

La soberanía digital en el siglo XXI trasciende las fronteras de los centros de datos. Se trata de un control demostrable, del cumplimiento regulatorio estricto y de una autonomía operativa real. En donde se puede saber con exactitud quién tiene acceso a la información, quién opera los sistemas subyacentes y, lo que es más crítico para nuestras democracias, bajo qué jurisdicción legal y ética se están tomando las decisiones.

Para entender oportunidad, debemos redefinir el concepto. La soberanía digital ya no es solo ubicar geográficamente los servidores, sino garantizar una independencia integral, lo que exige un control absoluto sobre la administración de los entornos (soberanía operativa), protección total de la información (soberanía de datos) y el uso de infraestructuras abiertas que eviten depender de un solo proveedor corporativo (soberanía tecnológica).

A esto se suma hoy la soberanía sobre la Inteligencia Artificial, que requiere dominar dónde operan los modelos y bajo qué lógica actúan. En la práctica, significa que las leyes dejan de ser promesas en papel para ser una realidad operativa demostrable: lo que se traduce en la capacidad de adoptar tecnología avanzada sin entregar a terceros el control de los sistemas críticos.

En esencia, la soberanía digital es la capacidad irrevocable de un país, una organización o un individuo para ejercer un dominio efectivo sobre sus datos, sus modelos de IA y su infraestructura.

El debate se vuelve aún más urgente cuando se observa que la tecnología empresarial ha evolucionado hacia la «IA agéntica». Ya no se habla solo de algoritmos que analizan texto o generan imágenes, sino de sistemas con la capacidad de actuar, orquestar tareas y tomar decisiones de forma autónoma. En este escenario, la gobernanza tecnológica debe convertirse en la máxima prioridad para la generación de políticas públicas.

La falta de control y supervisión no es solo una vulnerabilidad teórica o un riesgo futuro, sino una realidad con costos inmensos: a nivel global, las corporaciones con valores superiores a los 20 mil millones de dólares pierden hasta 140 millones de dólares anuales por irregularidades de inteligencia artificial, según el estudio Orquestación de la IA a gran escala para la soberanía y la resiliencia. Esto evidencia que se está construyendo una infraestructura crítica para la sociedad sobre cimientos sumamente frágiles.

Si observamos la región, nos encontramos ante una oportunidad histórica para revertir esta tendencia y marcar el rumbo. A medida que crece el consenso entre los líderes sobre la necesidad de implementar arquitecturas seguras desde su diseño, América Latina tiene el potencial de pasar de las buenas intenciones a una ejecución ejemplar. El verdadero valor de la innovación se materializará cuando las organizaciones den luz verde a sus operaciones, logrando mapear y gobernar con precisión qué herramientas de inteligencia artificial utilizan en su día a día. Al apostar por plataformas centralizadas y una supervisión clara, se puede transformar la actual incertidumbre tecnológica en confianza ciudadana creando así un ecosistema digital que prevenga los sesgos, proteja proactivamente la privacidad y garantice el respeto absoluto a los derechos fundamentales de las personas.

Para consolidar esta visión, se debe sumar un factor que ninguna política pública puede dejar atrás: el talento humano. Hoy, la adopción individual avanza a una velocidad fascinante que sobrepasa cualquier marco regulatorio existente. Una inmensa mayoría de los empleados ya utiliza herramientas de IA en su entorno laboral cotidiano y reconoce que esta tecnología será el eje central de su trabajo en el futuro cercano. En respuesta a este gran interés, la mayor parte de las organizaciones ha comenzado a explorar el uso de la IA. Sin embargo, para que esta integración alcance su máximo potencial, es fundamental acompañar a los equipos: una proporción significativa de los trabajadores aún percibe dificultades para acoplar estas nuevas herramientas a los sistemas existentes y siente que sus empleadores podrían aprovechar estas tecnologías de una manera mucho más estratégica.

Todo esto revela una dimensión fundamental de la soberanía digital: la tecnología no se gobierna a sí misma, sino que exige capacidades humanas avanzadas para operar, auditar, supervisar y escalar sistemas digitales complejos con ética y responsabilidad.

Y, para abordar esta oportunidad con éxito, se deben entender múltiples dimensiones integradas: en el ámbito tecnológico, requiere un dominio claro sobre los datos y los modelos de IA; en materia de gobernanza, exige el diseño de políticas públicas transparentes, un cumplimiento regulatorio estricto y una auditabilidad continua que permita a los reguladores entender exactamente por qué un algoritmo tomó una determinada decisión. En cuanto al talento, demanda la formación activa de profesionales capaces de liderar esta histórica transición.

Las proyecciones globales son claras y alentadoras: la gran mayoría de las empresas está avanzando hacia la consolidación de una estrategia de soberanía digital para el cierre de esta década. La pregunta sería ¿cómo Chile se puede subir a esta ola de tecnología?

Por ello, el debate público debe girar urgentemente hacia la exigencia de marcos normativos que garanticen una verdadera soberanía. No se puede permitir que las decisiones que moldean a la sociedad que van desde la asignación de recursos públicos hasta la evaluación de créditos o el acceso a la salud, sean tomadas en «cajas negras» bajo jurisdicciones ajenas a los intereses y leyes ciudadanas. Reclamar y ejercer una soberanía digital es, en última instancia, la mejor manera de defender los derechos civiles y garantizar la autonomía en esta prometedora era de la información.