Ante el debate por eventuales recortes presupuestarios en salud mental, el autor advierte que la evidencia muestra una creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica en Chile y el mundo, especialmente entre niños y jóvenes. A su juicio, reducir recursos en atención primaria no disminuye el problema, sino que posterga su abordaje y eleva sus costos humanos y económicos. Sostiene que «la pregunta pertinente no es cuánto cuesta atender a quienes sufren un trastorno mental. La pregunta es cuánto cuesta ignorarlos (…) La prevención y la atención primaria en salud mental no son lujos de épocas de bonanza, son las herramientas que evitan que el sistema colapse cuando la presión aumenta».

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

Hay cifras ante las que detenerse no es un gesto retórico: es una obligación. En Chile, el suicidio es la segunda causa de muerte no natural en la población general y la primera amenaza letal entre los jóvenes de 15 a 29 años. A nivel regional, un estudio reciente en The Lancet Regional Health – Americas confirma que en las Américas el suicidio es la tercera causa de muerte entre quienes tienen 10 a 24 años, con cerca de 18.000 defunciones anuales. No es una anomalía estadística, sino que una señal de alarma sistémica.

Un país que recorta salud mental mientras enfrenta una escalada documentada de suicidio adolescente no está tomando una decisión técnica difícil: está eligiendo no ver lo que los datos muestran con meridiana nitidez. Y los recortes que se discuten no reducen el gasto público: simplemente lo mueven. Desfinanciar equipos de atención primaria en salud mental no hace desaparecer la demanda; la desplaza hacia el nivel hospitalario, donde el costo por atención es incomparablemente mayor.

El contexto global amplifica esa inquietud. Una revisión publicada en The Lancet con datos de 200 países entre 1990 y 2023 muestra que la carga de los trastornos psiquiátricos ha crecido un 24% en tres décadas. La ansiedad lidera ese incremento con un 65%; la depresión lo sigue con un 41%. Cerca de 1.200 millones de personas viven hoy con alguna condición de salud mental. No es un efecto del mayor diagnóstico ni una moda clínica: la carga real de estas enfermedades lleva décadas creciendo.

Chile no observa esta tendencia desde la distancia. Los registros del Ministerio de Salud muestran que la demanda por atención en salud mental superó la oferta disponible incluso antes de la pandemia. El estallido social de 2019 y los años de confinamiento sumaron capas de malestar psicosocial que el sistema público no ha logrado absorber. Las listas de espera en psicología y psiquiatría en el nivel primario siguen abiertas. En ese escenario, la posibilidad de recortes presupuestarios en los programas que sostienen —de manera precaria pero real— a miles de personas sin otra alternativa, es inadmisible.

Pensemos en un caso como el siguiente —ficticio, pero construido sobre cifras reales: Valentina tiene 13 años y vive en La Pintana. Su profesora la derivó al centro de salud familiar después de notar marcas en sus antebrazos. La psicóloga del equipo atiende 420 pacientes activos. Valentina quedó en el lugar 94 de la lista de espera. Plazo estimado para su primera consulta: cuatro meses. En ese mismo centro, el presupuesto del año siguiente contempla eliminar una plaza de psicólogo clínico y reducir las horas del psiquiatra infantil a la mitad. Valentina no existe, pero los números que hacen posible su historia —la razón psicólogo-paciente, los tiempos de espera, la prevalencia de autolesiones en adolescentes— sí son reales. Los recortes que se discuten harían su historia más probable, no menos.

La pregunta pertinente no es cuánto cuesta atender a quienes sufren un trastorno mental. La pregunta es cuánto cuesta ignorarlos. El suicidio es la punta de un iceberg cuya base está hecha de consultas que no ocurrieron, de derivaciones que se perdieron, de horas profesionales que nunca se financiaron. La prevención y la atención primaria en salud mental no son lujos de épocas de bonanza, son las herramientas que evitan que el sistema colapse cuando la presión aumenta.

Las instituciones que formamos profesionales de la salud tenemos el deber de participar en el debate público con evidencia y con claridad. Las cifras publicadas recientemente en las principales revistas científicas del mundo no fueron escritas para quedar archivadas en bases de datos académicas. Son un diagnóstico de lo que ocurre cuando los sistemas de cuidado ceden. Recortar lo que queda de esas redes no es austeridad. Es abandono con presupuesto.