Señor Director:

A raíz de los graves hechos ocurridos recientemente en un liceo de Calama, quisiera compartir una reflexión desde mi experiencia de más de cuatro décadas en el ejercicio docente. No hablo como experto en políticas públicas, sino como testigo directo de los cambios que ha experimentado el sistema educativo chileno. Y desde ese lugar, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pasó?

Mi formación escolar transcurrió en Ancud, Chiloé. Estudié en la educación pública, en un contexto donde convivían estudiantes de distintos orígenes sociales sin que aquello marcara diferencias sustantivas en la vida cotidiana. Recuerdo a mis profesores como figuras de autoridad legítima: preparados, exigentes y respetados. La disciplina no era vista como un problema, sino como una condición para el aprendizaje.

Los valores fundamentales —respeto, responsabilidad, tolerancia— eran transmitidos principalmente por la familia. En ese escenario, la escuela podía concentrarse en su tarea central: educar. A pesar de las limitaciones materiales de la época, percibíamos una educación sólida, con formación integral y sin extensas jornadas que hoy parecen más orientadas a cumplir funciones de resguardo que pedagógicas.

Con el paso del tiempo, y ya desde mi ejercicio profesional, he sido testigo de múltiples reformas impulsadas por distintos gobiernos, todas bajo la promesa de mejorar la educación. Sin embargo, los resultados han sido dispares y, en muchos casos, contradictorios. La ampliación de la jornada escolar, la flexibilización de la promoción y los cambios en los marcos regulatorios han modificado profundamente el sentido de la escuela.

En este proceso, la educación pública ha experimentado un progresivo debilitamiento. La expansión del sistema particular subvencionado —resultado de decisiones estructurales— introdujo una lógica de competencia que no necesariamente fortaleció al sistema en su conjunto. Más bien, contribuyó a segmentarlo.

A ello se suma una transformación en el rol del docente. La autoridad pedagógica se ha visto tensionada por múltiples factores: cambios normativos, nuevas demandas sociales y una creciente complejidad en el aula. Si bien se han incorporado profesionales de apoyo —psicólogos, educadores diferenciales, trabajadores sociales—, estos esfuerzos no han sido suficientes para abordar integralmente los desafíos actuales.

También es necesario reconocer las debilidades del propio gremio docente, que en distintos momentos no ha logrado consolidar una posición cohesionada frente a las transformaciones del sistema.

Lo ocurrido en Calama no puede entenderse como un hecho aislado. Es expresión de un problema más amplio: un sistema que, pese a las múltiples reformas, no ha logrado responder adecuadamente a las nuevas condiciones sociales y educativas. La escuela, que debiera ser un espacio seguro y formativo, enfrenta hoy tensiones que exceden su capacidad de acción.

Esta carta busca, ante todo, expresar solidaridad con las familias afectadas y con la comunidad educativa golpeada por estos hechos. Pero también invita a una reflexión más profunda y necesaria sobre el rumbo de la educación en Chile.

Porque, finalmente, la pregunta sigue abierta: ¿qué pasó?