Imagen de portada: Javier Salvo / Agencia Uno. 

El viernes 17 de abril de 2026, un informe de BioBioChile detalla una crisis en el Servicio Nacional de Migraciones caracterizada por más de 19.000 solicitudes de acceso a la información sin respuesta y multas inejecutables contra la exdirección. Este caso evidencia una inoperancia en los mecanismos de participación y control ciudadano, donde la parálisis administrativa y la falta de sanciones efectivas transforman la fiscalización a través de la participación ciudadana en un ejercicio meramente formal, dando indicios de la irrelevancia que la administración le asigna a la voz ciudadana. Este escenario no solo revela deficiencias operativas o una gestión deficiente; expone una realidad más cruda: una burocracia que se sabe superior al ciudadano y que, al no temer a sanciones, ignora con total impunidad el ejercicio de derechos fundamentales. Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que refleja tensiones estructurales en la relación entre ciudadanía y administración pública en Chile.

La  participación ciudadana como mecanismo de control ciudadano (o control social) es el derecho y deber de la población de vigilar y fiscalizar la gestión pública. Su objetivo es asegurar que los recursos y bienes del Estado se utilicen correctamente, previniendo la corrupción y garantizando la eficiencia en los servicios. La Ley N° 20.500,  sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada el año 2011,  reconoce el derecho de las personas a participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado. Entre las herramientas más conocidas para ejercer tal derecho podemos mencionar entre otros: los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), las cuentas públicas participativas, el acceso a la  información de interés público (Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública). Sin embargo, la existencia de leyes y cuerpos normativos es una condición necesaria, pero no suficiente para consolidar la participación ciudadana.

 Aún existen barreras que limitan una real participación: la desconfianza en la institucionalidad pública a la que se percibe capturada por la corrupción, la sensación de la ciudadanía de no ser escuchada y considerada, la inexistencia por parte de las autoridades de ceder algo de poder a la ciudadanía a través de procesos participativos, la interpretación de los funcionarios públicos de la participación como una mayor carga laboral, los gastos que involucra la participación, la incorporación de tecnología a procesos participativos que anulan o limitan la participación en ellos de personas mayores y la baja formación cívica y técnica para que la participación ciudadana sea una propuesta viable. Todo esto parece dar cuenta de brechas considerables entre el discurso político sobre participación ciudadana, la norma legal y la realidad del fenómeno, estableciendo brechas críticas entre la voluntad de participar y la efectividad percibida de los mecanismos institucionalizados para ello.

Además, pareciera no existir conexión entre el diseño y la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, viéndose afectados los espacios de participación normados por las debilidades que presenta el aparato público para hacer real un trabajo en esta línea. Así, los funcionarios públicos visualizan la participación ciudadana como una carga adicional de trabajo que representa uno de los tantos requisitos a cumplir para validar la ejecución de decisiones ya tomadas por la autoridad, con poca o ninguna incidencia del ciudadano en decisiones finales sobre política pública.

Así las cosas, nos encontramos con una gestión pública compartimentada con funcionarios públicos que priorizan, muchas veces, solo el cumplimiento estricto de la normativa legal sin llegar a gestionar para el cumplimiento del “espíritu de la Ley”, posicionándose desde una superioridad técnica para “proteger” la burocracia, tratando al ciudadano como un simple receptor pasivo de beneficios y servicios  (gestión asistencialista).

Finalmente el ciudadano queda relegado al arbitrio de la autoridad y de su mirada sobre la participación, transformando un derecho ciudadano en una dádiva administrativa; un favor que se concede desde el poder y que, por lo mismo, parece que estuviéramos obligados a agradecer.

En este contexto los mecanismos creados por ley para ejercer y fortalecer la participación ciudadana van perdiendo sentido y aumentando la burocracia pública: el COSOC suele ser tratado más como una «escuela de formación» que como un órgano de control o incidencia. Así también, aunque se presentan como espacios de representación técnica o ciudadana, su diseño y puesta en marcha suelen estar permeados por la lógica del poder de turno, situación que podría afectar su legitimidad. En el caso de las cuentas públicas, quedan reducidas a actos de comunicación unidireccional, el instrumento pareciera haber mutado hacia una especie de “propaganda política” de la gestión de la  autoridad de turno, que a un ejercicio de participación con la comunidad.

El acceso a información de interés público, en transparencia activa (TA), se publica en formatos difíciles de entender para el ciudadano promedio, lo que genera una barrera de acceso real. La información muchas veces se encuentra incompleta, desfasada o incluso desactualizada: el cumplimiento suele ser formal (subir el documento), pero no siempre asegura que la información sea útil para el control. El derecho de acceso a la información pública (TP) pareciera priorizar principalmente una visión formal legalista, asociada al cumplimiento de plazos legales de respuesta, más que a entregar información que cumpla lo requerido por el ciudadano o el utilizar el mecanismo como una herramienta que permita mejoras en la gestión interna que permitan vincular al ciudadano con la administración.

Si bien el marco legal chileno promueve la participación, esta opera con baja intensidad y carácter mayoritariamente consultivo, limitando su efectividad debido a la desconfianza que presenta la ciudadanía en la institucionalidad pública, dando muestras de una  desconexión profunda entre las élites políticas y las demandas ciudadanas. El estudio “Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile” (2024) señala que el 83,7% de los chilenos cree que el país se gobierna para beneficio de unos pocos grupos poderosos. Esta percepción alimenta la apatía: si el sistema se percibe como «arreglado», el ciudadano se retira del espacio público. Solo el 22% de los chilenos cree que el sistema político permite que personas como ellos tengan voz en lo que hace el gobierno, lo que crea un círculo vicioso, la ciudadanía no participa porque siente que su voz no cuenta y que el sistema no es confiable, lo que a su vez debilita los mecanismos de control social necesarios para mejorar la integridad de las instituciones y deja espacios en la institucionalidad pública al surgimiento del germen de la corrupción.

El desafío es  buscar canales y procedimientos más efectivos que permitan instaurar  una participación vinculante, que permita a la ciudadanía ser parte activa en la decisión de políticas públicas y no un trámite más en el flujo de un proyecto. Debemos superar la dicotomía entre la promesa del gobierno abierto y la realidad de un monólogo institucional que no escucha.