La autora de esta columna reacciona a las palabras de la senadora Vanessa Kaiser, quien dijo que no era necesario un ministerio de la Mujer. Sostiene que «la discusión abierta por Kaiser, más allá de su intención o el tono de las declaraciones, toca un punto que el propio feminismo aún no resuelve del todo: la relación entre institucionalidad y transformación social. La existencia del Ministerio de la Mujer es, en el fondo, el resultado de que todavía hay mucho que corregir».

Imagen de portada: Cristóbal Escobar / Agencia Uno

Esperen. Les confieso algo: este título es un clickbait. Antes de que reaccionen, porque está pensado justamente para provocar y llamar su atención, quiero aclarar que no busca generar polémica. Más bien, intento abrir un espacio de reflexión a propósito de los comentarios de la senadora Kaiser, y hacerlo desde un lugar incómodo: como filósofa en proceso, como alguien que quiere tomarse en serio esta discusión, entrando en debate con otra filósofa, Vanessa. 

Esta semana, las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser generaron reacciones inmediatas entre feministas y sus adherentes, y reabren un debate que suele reducirse a lo ideológico, pero que en realidad es mucho más incómodo: ¿tiene sentido que hoy el Estado chileno organice su institucionalidad en torno a categorías como “mujer”? 

Por desgracia, frente a problemas complejos no hay soluciones simples. Y la discusión tiende a simplificarse rápidamente. De un lado, están quienes defienden el Ministerio de la Mujer como una conquista necesaria frente a desigualdades históricas. Del otro, quienes lo rechazan bajo la lógica de empate, como si, de existir uno para las mujeres, debería existir también uno para los hombres. Pero hay una tercera posición, menos visible y más incómoda que no encaja en ninguno de esos dos polos. 

Esa posición sostiene algo distinto, y no maten a la mensajera: no es una opinión sino una discusión que viene desarrollándose en la filosofía. No se trata de crear más ministerios identitarios, sino de preguntarse si el Estado debe, en absoluto, estructurarse sobre identidades que el propio feminismo busca superar. 

Y desde la filosofía, este debate conecta con discusiones que Kaiser podría reconocer fácilmente lo que autoras como Nancy Fraser, han formulado con claridad: la tensión entre redistribución y reconocimiento. Existe literatura filosófica que ha llevado esta discusión al terreno político. 

El feminismo contemporáneo enfrenta una tensión estructural propia de las democracias liberales: la necesidad de combinar redistribución, corrigiendo desigualdades materiales, con reconocimiento, valorar identidades históricamente despreciadas. El problema es que ambas dimensiones no siempre son compatibles. 

Para reducir desigualdades, el Estado puede operar con reglas generales o universales: por ejemplo, subir el salario mínimo o mejorar el acceso a la educación beneficia a todas las personas, sin distinguir entre hombres y mujeres. Pero cuando quiere abordar desigualdades específicas, necesita nombrarlas: identificar a quién afecta el problema y cómo. En este caso, “mujer”.

Y ahí aparece el dilema. 

Si el objetivo es avanzar hacia una sociedad donde el género no determine oportunidades ni valor, entonces construir instituciones en torno a esa categoría parece contradictorio. Pero si no se la nombra, las desigualdades concretas que nos afectan a las mujeres, como la violencia o las brechas laborales, corren el riesgo de diluirse en políticas generales que no logran abordarlas. 

Y aquí es donde entra en juego el Ministerio de la Mujer. 

Puede entenderse como una respuesta del Estado a esta tensión no resuelta. Es un intento de intervenir sobre una desigualdad histórica mediante herramientas institucionales, que al mismo tiempo, necesitan estabilizar la categoría que buscan cuestionar. 

En otras palabras, el Ministerio no es solo una estructura estatal: también es un dispositivo que desde cierta perspectiva nos ayuda a entender qué es “ser mujer”, mientras intenta corregir las desigualdades asociadas a su condición. 

Por eso, su existencia no es trivial. Es la consecuencia de un problema complejo, que viene de mucho tiempo atrás y que sigue afectando, de formas muy concretas a niñas, adolescentes y mujeres. 

Dicho en simple. En la práctica, esto se traduce en buscar reducir brechas materiales, como la participación laboral o la autonomía económica, y al mismo tiempo, intervenir en dimensiones culturales, como la violencia o los estereotipos de género. 

La pregunta clave, entonces, no es si el Ministerio debe existir o no, sino qué hace con esa categoría. 

¿La fija? ¿La convierte en un sujeto político permanente? ¿O la usa de manera estratégica, como una herramienta transitoria para corregir una desigualdad que, idealmente, debería desaparecer? 

En ese sentido, la discusión abierta por Kaiser, más allá de su intención o el tono de las declaraciones, toca un punto que el propio feminismo aún no resuelve del todo: la relación entre institucionalidad y transformación social. 

La existencia del Ministerio de la Mujer es, en el fondo, el resultado de que todavía hay mucho que corregir. 

Y lo digo también desde un lugar personal: siendo mujer, preferiría que no existiera. Esa es mi reflexión incómoda. Pero no se preocupen, tengo más.