El autor de esta columna proyecta las medidas que anunciará el Presidente Kast y sostiene que «sin una estrategia clara que compatibilice reactivación, inversión y sostenibilidad fiscal, incluso las mejores iniciativas corren el riesgo de perder efectividad. La discusión que viene no debiera centrarse solo en qué políticas implementar, sino en aquello que, en beneficio del país, permita retomar el dinamismo que alguna vez tuvimos, pero al mismo tiempo sin comprometer desajustes de corto plazo que podrían profundizar la delicada salud fiscal del país».

El proyecto de ley misceláneo que agrupa las denominadas “40 medidas” del llamado plan de reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast busca articular una agenda amplia de reformas en un solo cuerpo legal. Si bien los detalles se conocen esta noche de miércoles, los ejes que han trascendido incluyen seguridad pública, reactivación económica, modernización del Estado, reformas tributarias y ajustes en políticas sociales. Este tipo de proyectos misceláneos suele utilizarse en contextos donde se busca acelerar la tramitación legislativa o coordinar múltiples cambios interrelacionados bajo una lógica de urgencia política o económica. Sin embargo, su uso también plantea interrogantes sobre la profundidad del debate legislativo y la evaluación individual de cada medida. En este contexto, cabe preguntarse: ¿se encuentra Chile hoy en una situación que justifique el uso de un instrumento de esta naturaleza?

La pregunta no es trivial. La economía chilena ha mostrado señales persistentes de estancamiento en su crecimiento en los últimos años, con tasas de expansión discretas considerando el desempeño de países emergentes con características similares a Chile. A ello se suma una desaceleración sostenida de la inversión, un mayor riesgo país y un deterioro en las expectativas económicas. Este escenario se ve además tensionado por mayores niveles de inseguridad, fragmentación política y un contexto internacional menos favorable. Todo ello ha contribuido a un entorno de incertidumbre que afecta tanto las decisiones de inversión como la capacidad del país para sostener un crecimiento robusto. En este contexto, la evidencia sugiere la necesidad de avanzar hacia políticas de largo plazo que otorguen certidumbre y permitan sentar las bases de un crecimiento sostenido, condición indispensable para financiar de manera estable las políticas sociales que el país demanda.

El proyecto se articularía en cinco ejes principales, aunque los detalles aún no son definitivos. En reconstrucción física, trascenderían medidas de apoyo tras los incendios como la ampliación del fondo de emergencia, una inyección cercana a $400 mil millones y un mecanismo transitorio de repatriación de capitales por nueve meses con una tasa del 8%. En economía, se incluirían incentivos proinversión como la eliminación del IVA a la vivienda por un año, la reducción del impuesto a las empresas de 27% a 23%, la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, la exención de impuestos a las ganancias de capital y subsidios al empleo formal. En el ámbito institucional, se propondrían reformas al sistema de evaluación ambiental, mecanismos de reembolso ante invalidaciones del Estado y eventuales esquemas de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. En materia fiscal, se contemplarían ajustes a la gratuidad y al sistema de cobro del CAE. Finalmente, en orden legal y seguridad pública, se considerarían medidas de inclusión financiera y un endurecimiento de sanciones para delitos como el contrabando de cigarrillos y el transporte ilegal de migrantes.

A pesar de que las distintas medidas pueden generar un rico debate en sí mismas, el foco de la atención mediática está en la propuesta de reducción de impuestos a las empresas, una medida que parece ser impopular en el debate público y resistida por algunos sectores políticos. Sin embargo, es razonable pensar que sistemas tributarios más eficientes y menos distorsionadores pueden favorecer la inversión y el crecimiento en el largo plazo. En este sentido, una rebaja de impuestos no necesariamente va en la dirección opuesta al fortalecimiento fiscal, especialmente si logra su objetivo de incentivar la inversión y dinamizar la actividad económica. De hecho, la experiencia reciente muestra que reformas tributarias orientadas en sentido contrario no han cumplido plenamente sus metas de recaudación: la última reforma, por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet proyectaba ingresos cercanos al 3% del PIB, pero terminó ubicándose aproximadamente un punto porcentual por debajo de dicha estimación.

En paralelo, la discusión no puede desligarse de la situación fiscal del país. Chile enfrenta un escenario de déficit fiscal persistente y un aumento sostenido de la deuda pública en la última década, lo que ha tensionado su tradicional reputación de responsabilidad fiscal. Más allá de la coyuntura, el desafío es estructural: sostener un crecimiento económico robusto en el largo plazo que permita financiar políticas públicas sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Esto requiere no solo disciplina fiscal, sino también reformas que impulsen la inversión, la productividad y el empleo. En este marco, la pregunta que emerge es inevitable: ¿cómo compatibilizar la urgencia de reactivar la economía con la necesidad de resguardar la sostenibilidad fiscal?

La inquietud surge entonces en el corto plazo, especialmente considerando el estrecho margen fiscal que enfrenta Chile. Este tipo de políticas tiene un carácter inherentemente gradual: sus efectos positivos sobre la inversión, la actividad económica y la recaudación no son inmediatos. En esta línea, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre los riesgos de implementar medidas que reduzcan los ingresos fiscales sin contar con mecanismos claros de compensación en el corto plazo. Esto resulta particularmente relevante si se considera que varios de los ejes del plan —como seguridad, inversión pública y políticas sociales— implican presiones adicionales de gasto. La duda razonable es entonces si este mayor gasto podrá ser financiado en el corto plazo en un contexto de menor recaudación, mientras se materializan los esperables efectos positivos sobre el crecimiento.

Entonces, el problema de fondo es que aún no se ha explicitado con suficiente claridad cómo se enfrentará este eventual descalce fiscal de corto plazo. Algunas propuestas, como incentivos para el retorno de capitales desde el exterior, apuntan en esa dirección, pero no se sabe si serán suficientes, a la luz de que no se han dado mayores detalles sobre sus magnitudes o efectos. Pareciera existir una intención de abordar este desafío, pero sin duda se requiere una discusión más profunda que otorgue mayor certidumbre tanto a la ciudadanía como a los mercados. Esa claridad, clave para el éxito de cualquier programa económico, se espera comience a delinearse en la anunciada cadena nacional del presidente Kast.

En definitiva, más allá del contenido específico de las medidas, el éxito del plan dependerá de su coherencia macroeconómica. Sin una estrategia clara que compatibilice reactivación, inversión y sostenibilidad fiscal, incluso las mejores iniciativas corren el riesgo de perder efectividad. La discusión que viene no debiera centrarse solo en qué políticas implementar, sino en aquello que, en beneficio del país, permita retomar el dinamismo que alguna vez tuvimos, pero al mismo tiempo sin comprometer desajustes de corto plazo que podrían profundizar la delicada salud fiscal del país.