Gendarmería destituye a altos mandos por fuga de dos reos; Boric y Kast pactan tercera reunión y verán tema del cable submarino a China; SEC suma nueva multa millonaria por mega apagón

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció este jueves fuertes sanciones a raíz de la fuga desde la ex Penitenciaría de dos peligrosos reos disfrazados de gendarmes. El director regional de la institución, el coronel Héctor Labrín, será reubicado en otras funciones, mientras que fueron destituidos con efecto inmediato el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del penal.

El escape se produjo el miércoles al mediodía cuando Tomás González Quezada, alias “Pela’o”, condenado a 16 años por varios delitos, y Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, con cadena perpetua por femicidio, vulneraron todas las medidas de seguridad de la cárcel y salieron caminando de ella vestidos con el uniforme institucional. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que se investigará la posible participación de personal del recinto.

Aparte, La Tercera publicó ayer que dos de los imputados por la red de corrupción en Santiago 1 a raíz de la “Operación Apocalipsis” (lee aquí un reportaje de CIPER sobre el caso), realizada en diciembre pasado, todavía se encuentran vinculados a la institución debido a que tienen fuero por ser dirigentes gremiales. Hay un sumario en curso que podría apurar su salida de Gendarmería.

(Crédito: Lukas Solís / Agencia Uno).

El Presidente Gabriel Boric y su sucesor desde el 11 de marzo, José Antonio Kast, tendrán un tercer encuentro antes del cambio de mando, según informó este jueves Emol, citando fuentes de la presidencia de la República. Kast dijo ayer públicamente que había solicitado una reunión y, si bien no se anticipó la fecha, los temas a tratar serían el cable submarino entre China y Chile, además de materias relativas a inmigración y cuentas fiscales, entre otros.

En cuanto a la polémica surgida por el proyecto del cable submarino, a raíz del cual Estados Unidos revocó la visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de esa cartera, La Tercera informó que el 17 de febrero recién pasado la empresa China Mobile, a través de su filial chilena, inició ante el Ministerio de Defensa el proceso de solicitud de concesión marítima para desarrollar el proyecto. Esto fue seis días después de una reunión entre el embajador estadounidense, Brandon Judd, con la ministra Adriana Delpiano, en la que el primero le habría manifestado las aprensiones de su gobierno respecto de la iniciativa.

Esta concesión marítima, junto con el decreto de concesión desde Telecomunicaciones, serían dos de las 13 etapas que debe cumplir un proyecto de este tipo como para ser aprobado.

(Crédito: Sebastián Beltrán / Agencia Uno).

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció este jueves una nueva multa a una empresa eléctrica debido al mega apagón de febrero del año pasado que dejó a gran parte del país sin energía eléctrica. Esta vez se trata de la generadora AES Andes, la que deberá pagar 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es $3.480.550.000.

Según comunicó el ente fiscalizador la responsabilidad de esta empresa estuvo en que no contaba con sistemas de respaldo plenamente operativos por deficiencias en los planes de mantenimiento de dichas instalaciones.

Las multas aplicadas por la SEC por el apagón ya suman alrededor de $33.400 millones, entre empresas transmisoras y generadoras, como Transelec, CGE y otras, además de sanciones a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

(Crédito: Diego Martin / Agencia Uno).

La Tercera informó este jueves que se declaró admisible una demanda de nulidad de derecho público de la Municipalidad de Santiago en contra del Estado en el 13° Juzgado Civil de Santiago. La acción legal busca detener el traspaso de los 35 colegios propiedad de la municipalidad al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, que comenzó a operar este 1 de enero. El alcalde Mario Desbordes ha sido un fuerte crítico a este proceso y según el medio lo que se busca es frenar la cesión de los recintos o eventualmente recibir una indemnización que podría alcanzar aproximadamente unos $259 mil millones.

La argumentación municipal es que estos inmuebles representan casi el 30% de su patrimonio en infraestructura y que se estaría realizando una expropiación que, solo en el valor de de la tasación fiscal, alcanzaría los $140 mil millones.

(Crédito: Hans Scott / Agencia Uno).